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HOJAS INFORMATIVAS
18 de septiembre de 2009 En libertad ocho de los diez detenidos de Unión Popular El pasado miércoles, día 16, fueron puestos en libertad ocho de los diez detenidos, militantes de Unión Popular, a los que se acusaba de complicidad en el asalto del 17 de febrero en Malabo. Permanecen en prisión Marcelino Nguema y Santiago Asumu.
No hay cargos contra ellos Como decimos, han sido puestos en libertad provisional sin fianza diez de los detenidos de Unión Popular. Permanecen en Black Beach los otros dos, Marcelino Nguema y Santiago Asumu (los dos contra los que se prodigaron las torturas en el periodo de la instrucción policial). Sin embargo, a día de hoy, no se han formulado cargos contra ninguno de ellos, ni contra los que han sido puestos en libertad, ni contra los que permanecen en prisión. Tal como se recordará, se les detuvo por constituir la "conexión guineana", los cómplices opositores imprescindibles en el asalto al palacio presidencial de Malabo del 17 de febrero. "Se trata de un caso único en la historia reciente de la justicia en Guinea" nos dicen fuentes de la defensa. Cómo se recordará, realizada la instrucción del caso por parte de la policía y durante el interrogatorio de los detenidos por parte del juez, pudo comprobarse la inconsistencia de los cargos que se formulaban contra ellos y, en realidad, la falta de pruebas que justificasen su detención. En esa fase de la instrucción, los jueces y los fiscales, auxiliados por la defensa, emitieron un primer escrito solicitando que se ampliaran las investigaciones porque "no había materia sobre la que juzgar". Aunque en un primer momento se produjo una reacción airada y amenazante por parte de los responsables de la Seguridad (recién instalados en sus cargos), lo cierto es que los jueces llevaron a cabo una primera ampliación de las diligencias revisión sobre el terreno (en el Palacio Presidencial objeto del asalto del 17 de febrero). En las semanas siguientes, Fabián Nsue, abogado defensor de todos los detenidos de UP solicitó directamente su puesta en libertad por falta de pruebas. Ante esta solicitud, los jueces ordenaron nuevas investigaciones (en este caso en el puerto de Malabo) que tampoco permitieron avanzar en la inculpación de los militantes de UP. Se había procedido, mientras tanto, a interrogar a los detenidos originarios de Nigeria, "supuestamente implicados" en los hechos. Tampoco de su testimonio pudo desprenderse prueba de responsabilidad alguna. Finalmente el pasado mes de agosto, el fiscal general se trasladó a Bata para informar personalmente a Obiang de la inexistencia de pruebas que justificase la detención de los militantes de UP. El dictador habría montado en cólera y habría exigido una reunión de todos los que eran responsables de la seguridad en el momento de las detenciones (encabezados por Manuel Nguema Mba) para que justificasen "porqué se había detenido sin pruebas a los militantes opositores". En aquellos momentos, segunda quincena de agosto, llegó inclusive a hablarse de la posibilidad de tomar medidas contra Nguema Mba cosa que "naturalmente" no se ha producido. El resultado, por el momento, ha sido la puesta en libertad provisional, sin fianza, el pasado miércoles, día 16, de diez de los detenidos de Unión Popular. Las fuentes de la defensa insisten que, en cualquier caso, el resultado final sólo puede ser el reconocimiento de la inocencia de todos ellos y la puesta en libertad sin cargos de todos ellos.
La situación de Rodrigo Angüe Nguema La organización Asolpegue-Libre nos envía la nota siguiente: "Diecisiete días después y coincidiendo con el tercer mes de su detención, el periodista Rodrigo ANGÜE NGUEMA continúa en prisión a pesar de haber sido absuelto por un Tribunal de Malabo de un presunto delito de difamación. Cuando se cumplen tres meses del encierro injustificado de nuestro compañero, la ASOLPEGE llama la atención de las organizaciones regionales e internacionales de lucha por la libertad de prensa y de expresión sobre la situación del periodista detenido en Guinea Ecuatorial, cuya vida se expone a un grave peligro cada día que pasa en las mazmorras de un régimen y gobierno muy habituados a torturar y asesinar a disidentes y ciudadanos molestos. ASOLPEGE JUEVES 17| SEPTIEMBRE | 2009 ¿En qué país del mundo y con una Constitución pluralista puede un ciudadano permanecer en prisión más de dos semanas después de que la Justicia no ha hallado en él culpable del delito que se le imputa? La vida y la libertad de Rodrigo ANGÜE NGUEMA, un humilde periodista que ejerce de corresponsal en Guinea Ecuatorial desde hace once años para Agence France Presse y Radio France International, está en manos del general Teodoro Obiang, un insaciable tiranosaurio que dirige su país con puño de hierro y del que dependen los tres poderes del Estado.
El 17 de junio, un juez instructor de Malabo, siguiendo las consignas del ministro de Transportes, el multimillonario Enrique Mercader Costa, ordenó prisión preventiva contra el periodista, acusado de un presunto delito de difamación contra el director de la compañía aérea estatal Ceiba Intercontinental, Mamadou Jaye.
El primero de septiembre, un tribunal de Malabo desestimó la acusación durante el juicio oral y público, en lo que pareció una provocación al régimen que mantiene a sus pies a los tres poderes del Estado. El Fiscal, por ‘distracción’ o por ‘desobediencia’, no formuló ninguna acusación contra el procesado, al no hallar indicios constitutivos de delitos a raíz de la información publicada por el periodista sobre rumores de fuga y desaparición del director de la compañía estatal Ceiba Intercontinental, desatados en la capital guineana durante el primer trimestre del presente año [Mamadou Jaye no estuvo en el país entre finales de enero y mediados de abril de 2009 y desde la propia compañía corrieron rumores de que se habría fugado con 3.500 millones de Francos CFA]. Tras el juicio, se esperaba que el Juez dictaría de inmediato la sentencia de puesta en libertad del periodista. Todo ha sido en vano y el periodista sigue preso en una de las cárceles más peligrosas de África negra, esperando desesperado a una justicia que en última instancia depende de la voluntad del autócrata Teodoro Obiang, notorio predador de la libertad de prensa. El corresponsal de AFP y de RFI es víctima, desde luego, del mayor Estado liberticida de África negra; un país que a pesar de haber decretado oficialmente la democracia pluralista en 1991, en la práctica no tolera la libertad de prensa, de información, opinión, expresión y manifestación. En la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang, el uso de las libertades públicas y fundamentales está catalogado como delito de sedición.
El castigo puede ser aún mayor para el periodista, considerado de estorbo por un régimen que en quince años de cuasi pluralismo político ha hecho limpieza en casa silenciando a los partidos políticos más molestos, cuyos dirigentes están confinados, exiliados o simplemente han sido obligados a servir de comparsas al régimen y el partido gobernante.
En medio de esa limpieza en casa contra líderes políticos y ciudadanos capaces de enarbolar la libertad de expresión y de opinión, el periodista Rodrigo era la única figura que se había escapado del control gubernamental, lo cual le convertía en un blanco privilegiado de la maquinaria represiva. Cuando se cumplen tres meses del encierro injustificado de nuestro compañero en el penal de Black Beach, la Asociación para la Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial, llama la atención de las organizaciones regionales e internacionales de lucha por la libertad de prensa y de expresión sobre la situación del periodista detenido en Guinea Ecuatorial, cuya vida se expone a un grave peligro cada día que pasa en las mazmorras de un régimen y gobierno muy habituados a torturar y a asesinar a disidentes y ciudadanos molestos. La prisión de Black Beach, es una de las más peligrosas de África y del mundo, y tiene una larga tradición de asesinatos a hijos ilustres del país centroafricano, desde su accesión a la independencia en 1968. Dicha prisión siempre ha sido utilizado por los regímenes en plaza no sólo para torturar y asesinar sino para humillar y ejercer presiones psíquicas y psicológicas contra la disidencia y los ciudadanos descontentos, una especie de lavado de cerebro para forzar su arrepentimiento. Black Beach es famoso por los tratos inhumanos y degradantes que dispensa a los reos, máxime de aquellos que son víctimas de la ira del poder político, como es el caso del periodista de Rodrigo, quien venía ejerciendo su profesión bajo eterna vigilancia desde 2002. “Cuando el régimen de Teodoro Obiang se prepara para los próximos plebiscitos presidenciales es lógico que no quiera tener testigos molestos en casa que puedan contar al mundo y a los cuatro vientos de cómo funciona el mayor santuario de fraudes electorales de África negra”, ha dicho desde el exilio el presidente de la Asociación para Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial, Pedro Nolasco. La ASOLPEGE exige la inmediata puesta en libertad del corresponsal de AFP y de RFI y responsabiliza al régimen de cualquier cosa que pudiera afectar la moral, seguridad e integridad física de Rodrigo Angüe Nguema durante y después de su salida en prisión".
A: Agradecemos la nota que nos envía ASOLPEGUE. Según fuentes legales solventes del interior del país, el fiscal no formuló acusación alguna contra Rodrigo en la vista oral, hecho que "debe ser tomado en consideración por el tribunal" pero que no supone la automática puesta en libertad del acusado. La puesta en libertad queda condicionada a la sentencia del tribunal que deberá ser absolutoria, pero que todavía no se ha dictado. En cualquier caso, nos unimos a Asolpege en la petición de libertad de Rodrigo y en la consideración claramente injusta que, en nuestra opinión, ha tenido toda la actuación policial y judicial llevada contra él.
Obiang cambia de de empresa de lobby en Estados Unidos "Tras estar respaldada durante cinco años por la empresa Cassidy & Associates, Guinea Ecuatorial ha cambiado este verano de empresa de lobby en Washington. A partir de ahora Qorvis Communications, el gabinete cofundado por Doug Poretz y Michael Petruzzello, es quien defiende los intereses del país ante la administración norteamericana y ante el Congreso. Dentro de Qorvis, es Esther Thomas Smith, una de las fundadoras del gabinete quien actúa como lobbysta de Malabo. Qorvis Communications trabaja también para la Arabia Saudita y es uno de los numerosos gabinetes que defiende los intereses del Kurdistan". Fuente: Africa Energy Intelligence, nº 611, 9 de septiembre 2009
"El baile cruzado de las empresas" Les Afriques, Dossier Guinea Ecuatorial, 3 de septiembre 2009 "Unas llegan y otras se van. Ese es el baile cruzado de las empresas en Malabo. Las primeras, seducidas por el milagro, se precipitan sobre el país. Las otras, desilusionadas, prefieren marcharse. En 2004, según el World Investment Report (de la CNUCED), el país recibió 1.650 millones de dólares de inversión directa extranjera. Los inversores no parecían demasiado exigentes respecto al ambiente de los negocios existente en el país dado que la edición 2008 del informe Doing Bussines del Banco Mundial lo situaba en el puesto número 165 a nivel mundial. El índice de protección a los inversores es de 3,7, inferior a la media africana que es de 4,3. Los Estados Unidos están en el 8,3. Pese a ellos, las empresas nacionales y sobre todo las extranjeras, quieren beneficiarse de los mercados públicos adaptándose a "la lentitud y a la complejidad de los procesos administrativos, a la escasez de personal cualificado y a la ausencia de un sistema de información fiable". Empresas decepcionadas Cada vez son más numerosas la empresas deseosas de tirar la toalla. Y no son las menores. Además de las tres empresas de inspección aduanera, SGS, Veritas y COTECNA, hay otras que han rendido las armas, cansadas de la guerra. Es el caso de, a principios de este año, de Tractafric. La venerable distribuidora de maquinaria de obras públicas que tenía ya la representación de Caterpillar en el África Central y hoy es filial del grupo marroquí ONA, y que ha conseguido una cifra de negocios de 417 millones de euros en 2006. O también el grupo gabonés Sogafric, que celebra sus cincuenta años de existencia, con 1050 empleados y una cifra de negocios anual de 119 millones de euros, con actividades diversificadas en la distribución y el mantenimiento de vehículos, maquinaria forestal y camiones, construcción metálica, frío comercial, electrodomésticos, mobiliario y explotacion forestal, con participación en la banca, seguros y nuevas tecnologías. No ha podido sobrevivir en Guinea Ecuatorial. France Telecom mantendría, por su parte, tensas relaciones con el gobierno. La canadiense SNC Lavallin, encargada del control técnico del puerto, una de los líderes mundiales de la ingeniería y de la construcción, con 9.900 órdenes de compra en 2009, que trabaja actualmente en un centenar de países, estaría también pensando en dejarlo. Grandes atrasos Las empresas que se quedan, cualquiera que sea su notoriedad o su peso financiero, Bouygues, Arab Contractors u otras incluso, han de aceptar condiciones leoninas. Plazos de pago extraordinariamente largos y "paso obligatorio" cada mes ante una "comisión de pagos" a las que deben entregar exorbitantes "dietas por asistencia" [jetons de présence]. Todo esto no evita malas sorpresas. Así, el 27 de febrero, un decreto del ministro de Minas, Energía e Industria anulaba sin preaviso "todos los contratos mineros y de explotación de canteras suscritos hasta la fecha. Todas las empresas cuyos contratos queden cancelados, están obligadas a negociar y suscribir nuevos contratos conforme a las exigencias judiciales actualmente en vigor". El decreto ministerial "ofrece", eso sí, un "periodo transitorio de 60 días para la firma de nuevos contratos. Transcurrido ese plazo, se aplicará una sanción de 50 millones de FCFA (más de 76.200 euros) a las empresas que contravengan esta norma". Alquileres forzosos Solo el sector petrolero parece librarse, relativamente también, de este tipo de practicas impresentables ["ubuesques"]. Sin embargo, , las empresas petroleras deben aceptar, además del porcentaje contractual sobre sus ingresos, algunas "contribuciones forzosas". EXXON- Mobil pagaría cada mes un alquiler de seis millones de dólares por un terreno a la empresa Abayak, que gestiona ... los bienes privados del Presidente Nguema. Esta práctica de alquiles forzosos, particularmente elevados, parece aplicarse a todas las grandes empresas con sede en el país".
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