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10 de septiembre

SIETE AÑOS DE PRISIÓN PARA SIMON MANN PRESUNTO CEREBRO DEL COMPLOT DE MALABO

    Con este título la agencia France Press  ha difundido el siguiente despacho fechado en Harare a las 13horas 44 minutos de hoy: "El británico Simon Mann, detenido en marzo en Zimbabwe y acusado de ser el cerebro de un intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial ha sido condenado a siete años de prisión por un tribunal de Harare.

   Los 65 presuntos mercenarios que comparecían junto con Simon Mann han sido condenados a doce meses de prisión y los dos pilotos del avión inspeccionado en el aeropuerto internacional de Harare adonde el grupo acudió a cargar armas, han sido condenados a 16 meses.  

   Simon Mann fue reconocido culpable el 27 de agosto de haber intentado comprar ilegalmente armas en la manufactura de armas de Zimbabwe que, según la acusación, iban a servir para derrocar al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. 

   "El acusado era responsable de toda la transacción. Ha sido detenido cuando intentaba sacar lar armas del país"  manifestó el juez Mishrod Guvamombe, al pronunciar la sentencia. 

   Añadió que los delitos que se imputan al acusado " han sido bien planeados y bien ejecutados y eso debe reflejarse en la sentencia".

   Hasta aquí el despacho de AFP. Una primera valoración, cuando aún no conocemos muchos detalles de la sentencia, nos lleva a precisar que Siman Mann no ha sido condenado por toda una biografía dedicada a violar leyes, desestabilizar países y, en general, a agredir de maneras diversas a distintos pueblos del continente africano. La justicia de Zimbabwe le condena, paradójicamente, por comprar armas destinadas a derrocar a uno de los regímenes más detestables de África. Pero Mann y sus compañeros no buscaban la democracia para Guinea. La riqueza petrolera hace de muchos países del llamado "Tercer Mundo" una pieza codiciada para grupos de aventureros como Mann. La desproporción entre las riquezas que almacenan estos países y la debilidad de sus estados ofrece supuestas facilidades para este tipo de operaciones. Nos parece justa la sentencia de Harare y reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y, en especial, al gobierno español para que actúe en el sentido de no tolerar que se considere a Guinea Ecuatorial como un país en subasta, a que se reconozca al pueblo guineano el derecho a ser dueño de su propio destino y de las riquezas que guarda su país. 

 

NINGUNA DELEGACIÓN GUINEANA HA VISITADO, O VISITA, ARMENIA

   Estamos en condiciones de afirmar que no ha habido, ni hay, en Armenia delegación alguna de la judicatura guineana.

   Autoridades armenias informaron ayer que no conocían la presencia en su país de ninguna delegación de la justicia guineana a la búsqueda de nuevos datos sobre la implicación de seis ciudadanos armenios en el intento de golpe de estado del 7 de marzo.

   Como se recordará, el juicio contra catorce "supuestos mercenarios" detenidos en Malabo y sus "cómplices" guineanos se suspendió "sine die" el pasado día 31 a petición del fiscal con el pretexto de que había circunstancias nuevas que exigían ampliar la información sobre las implicaciones de los acusados. En fechas inmediatas las autoridades guineanas anunciaron sendos viajes, a Armenia y a Suráfrica. Hemos informado sobre el viaje a Suráfrica, pero el viaje a Armenia simplemente no existe.

   Al analizar lo sucedido cabe preguntar, en primer lugar, si  puede suspenderse un juicio que había llegado ya a su fase de "conclusiones definitivas". Tanto el fiscal como los defensores habían presentado ya estas conclusiones ante le tribunal, aunque no las habían leído. Por otra parte, una de las características exigibles a la justicia en cualquier país del mundo es que las acusaciones sean claras, concretas, basadas en hechos. Sólo cuando no se dan estas condiciones mínimas es posible ampliar indefinidamente el tiempo de instrucción a la espera de encontrar alguna evidencia que posibilite la condena de los encausados. 

   La "justicia" guineana no ha podido ni podrá demostrar la implicación en los hechos de marzo de los seis armenios ni de los cuatro (o cinco) guineanos. Sencillamente porque son inocentes. Mantenerlos en la cárcel (en condiciones vejatorias además) es otra muestra de la crueldad del dictador y del servilismo de los funcionarios que le acompañan. Armenios y guineanos deben ser puestos inmediatamente en libertad.

   Es distinto el caso de los ocho surafricanos, sobre todo a partir del reconocimiento por Nick du Toit de algunos de los cargos que se formulaban contra él. Tienen derecho, sin embargo, a un juicio justo. El fiscal no consiguió demostrar la participación en hechos delictivos de siete de ellos y es difícil que encuentre las pruebas (contra esos siete) preguntando a Mark Thatcher. 

   La justicia guineana es más una tragedia cruel que una comedia. Los funcionarios que la ejecutan la entienden como un atributo del dictador y no como un derecho de los ciudadanos. Pocas cosas exigen en Guinea un cambio más radical y más urgente.

 

 

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