DE LA MUERTE DE JUAN ASUMU A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

 La muerte el pasado día 31 de agosto de Juan Asumu marca el claro empeoramiento de las condiciones a las que se ven sometidos los presos de Black Beach. Habíamos informado que su comida venía siendo una ración de arroz cocido con chicharros; en las últimas semanas se ha reducido a una barra de pan (diaria) y agua. Cuando las autoridades guineanas decidieron impedir que los presos fueran alimentados por sus familias (después de una visita a Black Beach del Presidente del Parlamento guineano, Salomon Owono) quedaron pocas dudas sobre cuales eran sus intenciones. Los últimos acontecimientos evidencian su carácter criminal. Las decisiones sobre este tema parecen tomarse en la "mas alta jefatura de la nación". Nadie en Guinea se hace responsable de la seguridad de los presos. El silencio o la "huida" es la respuesta habitual ante las gestiones de sus familiares o amigos.

    La denuncia de las condiciones que padecen los presos de Black Beach debe convertirse en una tarea fundamental de la solidaridad con Guinea Ecuatorial. Existe legislación internacional de obligado cumplimiento sobre los derechos de los presos en cualquier parte del mundo. Las autoridades guineanas deberán cumplirla o responder por ello.

    La eliminación física (el asesinato) de los presos políticos de Black Beach pesaría como una losa sobre el futuro de Guinea. Hemos venido diciendo que la paz y la reconciliación son patrimonio de la oposición democrática. Obiang y los suyos representan los grandes negocios del petróleo (resulta sorprendente el numero de dirigentes, representantes de países o de organizaciones internacionales, que visitan últimamente Guinea), las "oportunidades" de una gestión multimillonaria y sin control, pero es también un futuro de odio y de violencia para su país.

    El pasado 12 de agosto anunciaba el dictador el comienzo de los trabajos del censo electoral que deberán estar finalizados en las primeras semanas de diciembre. Conforme a las leyes guineanas las elecciones presidenciales podrían celebrarse 45 días después (a partir de febrero de 2003). La intención de Obiang es concurrir como candidato único y en tal sentido van las presiones que se ejercen sobre los partidos guineanos, buena parte de los cuales se ha sumado a la campaña oficial para hacerle "presidente vitalicio". Convergencia para la Democracia Social (CPDS) mantiene su intención de concurrir a esas elecciones con Celestino Bacale (responsable de Relaciones Internacionales de esa formación) como candidato. El dictador confía en que reteniendo en Black Beach a Placido Micó (su Secretario General), CPDS acabará por retirarse. Las opciones de CPDS, en la actualidad el principal partido de la oposición democrática guineana, son firmes. Opinan que participar en las elecciones no es hacer un favor a Obiang, sino contribuir a la organización del pueblo guineano en una perspectiva democrática. Abstenerse sería dejar un amplísimo campo político al dictador y los suyos que sería sin duda aprovechado por su marketing político. La proximidad de los procesos sucesorios en Guinea hace mas necesaria aún la presencia política de la oposición democrática.

    En la actualidad hay dos comisiones interpartidarias que están recorriendo la región continental (Río Muni) una de ellas para la preparación del censo y otra para la "sensibilización" de los ciudadanos cara el proceso electoral. En ambas participan miembros de la Comisión Ejecutiva de CPDS. El aparato de propaganda gubernamental propugna el carácter único de la candidatura de Obiang y empieza a anunciar el "voto público" (no secreto). El gobierno podría intentar que la actualización del censo se hiciese no a través de agentes censales de los partidos sino a través de los "jefes de poblado" o instituciones similares. Estás instituciones, muy cercanas a la población, tuvieron durante muchos años un cierto carácter democrático; Obiang las ha convertido en meros elementos de control y en su inmensa mayoría están ocupadas por militantes del gubernamental PDGE.

    En su comunicación del día 12 de agosto el dictador guineano se mostró dispuesto a aceptar "observación internacional" sobre todas las fases del proceso (incluida la elaboración del censo), aunque rechazó cualquier financiación exterior para llevarlos a cabo. La Unión Europea (con la iniciativa de la administración española) debe reconocer la importancia de las elecciones guineanas, estar presente en todas sus fases y plantear claramente las condiciones democráticas mínimas para su reconocimiento.