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Esta madrugada ha muerto en el Hospital de Malabo Presentación Mdja, esposa de Fabián Nsue a consecuencia de las quemaduras padecidas en un accidente doméstico ocurrido el pasado día 18. Fabián Nsue estaba en la noche de ayer con mucha fiebre y padecía convulsiones

La Conferencia de UP ha dado comienzo esta mañana en Malabo (Banapa). En principio se había revisto que concluyese en la tarde de hoy. Las últimas noticias indican que se prolongará hasta mañana.

Informamos sobre los principales debates habidos en el último perido de sesiones del parlamento ecuatoguineano.

1. Interpelación sobre "desarrollo asimétrico", Fondos de Desarrollo Social y desalojos forzados

Celestino Bacale acusó a Ricardo Mengue Obama Nfubea de que su Gobierno estaba construyendo un país asimétricamente.

EL PRIMER MINISTRO RESPONDIÓ CON EVASIVAS A LA PREGUNTA SOBRE EL POR QUÉ DE LAS CUANTIOSAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS QUE BENEFICIAN SOBREMANERA AL DISTRITO DE MONGOMO EN COMPARACIÓN A LAS QUE REALIZA EL GOBIERNO EN EL RESTO DE LAS DEMÁS

El pasado 24 de septiembre inició la comparecencia ante la Cámara de los Representantes del Pueblo de los miembros del gobierno el primer ministro Ricardo Mengue Obama Nfubea para responder a las preguntas de los portavoces del Grupo CPDS, Plácido Micó Abogo y Celestino Bacale, respectivamente.

El Grupo Mixto, como mal se le llama, envió previamente a la Mesa de la Cámara veintiuna preguntas de las que se rechazó una. El primero en intervenir fue el portavoz adjunto Celestino Bacale para pedir explicaciones al jefe del gobierno sobre los criterios que seguía su gobierno a la hora de decidir la distribución territorial de las inversiones estructurales, y por qué muchas de éstas se concentraban en Mongomo y pocas en distritos cercanos como Añisok y Nsok Esebecang, por poner un ejemplo. Este modo de hacer las cosas demostraba con nitidez que se estaba construyendo un país a dos velocidades, acusó Bacale, además de que con ello se creaba un islote de riqueza en medio de un magma de miseria, y así dentro de un mismo país se daba el bochornoso caso de haber zonas con rentas per cápitas superiores a los 100.000 dólares anuales, y otras con cero posibilidades de acceder siquiera a los umbrales mínimos exigibles de renta.

De igual manera, el diputado de CPDS destacó que se discriminaba a distritos que tenían mayor número de habitantes como Bata o Ebibeyín, con independencia del abandono en que se encontraban el resto de los demás núcleos poblacionales de Guinea Ecuatorial, y que con el tiempo podría ser foco de problema entre las regiones. Celestino Bacale ejemplificó sus afirmaciones informando que por la construcción de dos iglesias en Akoakam, localidad natal del presidente Obiang, el gobierno se había gastado 2000 millones de F.CFA contra sólo 300 que se habían invertido por la edificación de una en Akurenam, que era capital de distrito. Así las cosas, el diputado socialdemócrata pidió que se invirtiera la tendencia y que, por tanto, se realizaran inversiones en otras zonas de la nación.

En otro orden de ideas, el mismo representante del pueblo preguntó al Primer Ministro sobre la implementación del Fondo de Desarrollo Social creado entre los gobiernos de Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, si se tenía en cuenta que hasta el propio Presidente Obiang tenía sus dudas sobre la ejecución de ese proyecto.

El portavoz titular del citado grupo parlamentario, Plácido Micó, a su vez le preguntó si existían planes de urbanización de las ciudades del ámbito nacional, dónde estaban, qué decían y que preveían. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, que explicara si se tenía un programa de expropiaciones, o mejor dicho de apropiaciones, de los terrenos y fincas de las personas en cada uno de los distritos de la geografía nacional. Si era así, concluyó, debería darlo a conocer a toda la población. Micó hacía estas preguntas porque le preocupaba el derecho sobre la propiedad. Su enfoque, dijo, era directo habida cuenta de que si el gobierno expropiaba debía de existir un plan al respecto, pero a Micó no le constaba de la existencia de alguno y sí de la ampliación de las ciudades sin previo aviso de la población. Es más, el líder de la oposición parlamentaria afirmó que el gobierno expropiaba y amenazaba a quienes objetaban sobre las maneras como se les quitaba sus propiedades, por lo que recomendó al primer ministro que hiciera previsiones y no tener en vilo a la indefensa población, porque eso significaba inseguridad jurídica, física y psicológica.

En respuesta a la preguntas de los dos diputados de CPDS, Ricardo Mengue Obama Nfubea manifestó en primer lugar a Celestino Bacale que los criterios a los que se atenía su gobierno tenían un carácter global, y en este sentido especificó que había inversiones de naturaleza pública y otras de índole privada. Además, el primer ministro adujo que las inversiones se cifraban en el programa con el que ganó las elecciones el PDGE. Existía también el criterio de oportunidad, las fiestas nacionales eran ocasiones para realizar importantes inversiones en las capitales de provincia, además de los de población, rentabilidad, igualdad y descentralización. Malabo y Bata, indicó, absorbían más del 50% de las inversiones.

En relación al Fondo de Desarrollo Social, Obama Nfubea resaltó que el gobierno de Guinea Ecuatorial y el de los Estados Unidos, a través de la agencia USAID que aportaba 15 millones de dólares y la asistencia técnica, idearon los Fondos citados. Guinea Ecuatorial, se vanaglorió, dedicaba 5 millones de dólares y estaba realizando la parte que le correspondía cumpliendo con los objetivos de mejorar la educación y sanidad entre otros, amén de citar una extensa lista de realización y de cifras.

A Plácido Micó dedicó la otra parte de las respuestas explicando que las expropiaciones, que no apropiaciones, se realizaban por razones de fuerza mayor para beneficiar al conjunto de la sociedad pero pagando las correspondientes indemnizaciones. Se construían carreteras, ampliaciones de ciudades y obras de carácter social siempre con el objetivo de desarrollar el país, enfatizó, además de pedir el necesario consenso entre todos sobre el particular. Sobre el Plan de Ordenación Urbana, el jefe del gobierno guineoecuatoriano explicó que su gabinete contrató a una empresa francesa para la elaboración de la cartografía de la ciudad de Malabo. Otro tanto se ha hecho para el resto de las ciudades de la nación y la isla de Corisco.

En el turno de réplicas, Celestino Bacale dijo sentirse insatisfecho por las respuestas del primer ministro que, por otra parte, lo había hecho con evasivas, como quien pisa huevos "cuidado que no se rompan". El representante de CPDS manifestó que no tenía la intención de crear sentimientos de "antialgo", pero que la realidad era tozuda y allí estaba el hecho de que el distrito de Mongomo era beneficiario de infraestructuras valoradas en cientos de miles de millones de francos cefas. Aeropuerto en Mongomeyen, nichos para los cementerios de Mongomo o traída de agua en la misma ciudad, y Bata y Malabo no tenían agua corriente en las casas a pesar de ser las dos ciudades más grandes de Guinea Ecuatorial. Bacale le remitió al jefe de gobierno a las partidas presupuestarias que reflejaban lo que decía. Mongomo parecía otra ciudad distante y distinta a las demás del territorio nacional, por consiguiente era recomendable cambiar de tendencia y buscar un mínimo de equilibrio entre las ciudades y regiones del país.

Respecto del Fondo de Desarrollo Social, Bacale resumió las respuestas de su interlocutor como un glosario de proyectos, "Gobierno´Proyectos", que no se veían por ningún lado. En realidad, el diputado cepedesista consideraba que todo se reducía a una política de propaganda del régimen con pocas ganas de cambiar nada en concreto.

El Secretario General de CPDS, Plácido Micó, por su parte, replicó diciendo que las respuestas carecían de convicción, porque no se había indemnizado a nadie y si se habían hecho algunas eran a beneficio de jerifaltes del sistema con cantidades que excedían incluso del valor de las propiedades expropiadas. Una forma de regalar dinero a los amigos, vamos. Porque ¿cuánta gente se había beneficiado de las indemnizaciones aparte de las ya citadas? El gobierno se había apropiado lisa y llanamente de las propiedades de la gente de a pie: si no construían edificios de dos o tres pisos en un plazo reducido de tiempo se pintaba una X en el portal de sus pobres viviendas y los terrenos pasaba a ser propiedad del gobierno. Sin embargo, recordó Micó que la Constitución consagraba la propiedad privada como un bien protegido. Para mayor INRI, el portavoz del Grupo Mixto indicó que el ejecutivo obviaba olímpicamente en sus planteamientos a los ayuntamientos que, por ley, tenían las competencias sobre los planes de ordenación urbana. En definitiva, Micó resumió que el gobierno actuaba al margen de la ley, y de los propios planes urbanísticos de que hablaba sólo existían en proyectos mientras la gente sufría un día sí y otro también.

El Primer Ministro respondió por turnos de intervención, replicando a Celestino Bacale que su discurso lo había construido poniendo por montera la cuestión Mongomo. Su gobierno, matizó, no creaba ciudades por razones económicas como en la época colonial sino que estaba por la labor de desarrollar en su integridad a todos los núcleos urbanos del Estado. Obama Nfubea consideró injustas las apreciaciones del diputado de CPDS porque no se ceñían a la verdad. En relación al Fondo de Desarrollo Social, se extrañó de que Bacale diera ahora credibilidad a las palabras del Presidente Obiang y solo porque le interesaba. No obstante, le aseguró que para antes de fin de año se verían las realizaciones que acababa de enumerar.

Del discurso de Micó, el primer ministro extrajo las conclusiones de que obedecía a meras cuestiones personales por estar afectado por una expropiación, además de sorprenderle su invocación a la Constitución de la que, a su juicio, pensaba que Micó no creía en ella. Las indemnizaciones, puntualizó, a gente del PDGE se debían a que su partido representaba el 97% de la población guineoecuatoriana, y terminó diciendo que su gobierno no confiscaba ni se apropiaba de las propiedades de nadie, sino que expropiaba y luego indemnizaba.

El Primer Ministro también respondió a las preguntas del portavoz de Coalición Democrática, David Nguema Meñana, sobre el grado de cumplimiento de los precios de los alimentos, bebidas alcohólicas y de los transportes de áridos que los camiones de diversas empresas vertían en las carreteras de las ciudades, además de pedir la explicación de las razones de la privatización del Aeropuerto de Malabo, los transportes y telecomunicaciones. Obama Nfubea contestó que el control sobre los precios de los alimentos había traído consigo efectos colaterales perniciosos y desequilibrios que el gobierno trataría de subsanar en la mayor brevedad posible; pero quiso subrayar que el decreto fue producto de un consenso entre el ejecutivo y las empresas. Destacó, además, que si los precios de los alimentos subían en los países de origen, lógicamente tenían que subir en Guinea Ecuatorial así como que los precios obedecían también a las leyes del mercado: si la demanda era superior a la oferta, los precios subían inevitablemente. Sobre las bebidas alcohólicas, explicó que la aplicabilidad de las medidas sobre éstas era cuestión de tiempo pero que se había reducido su importación y que la abundancia que todavía se veían en los mercados obedecía a la ya existentes en los stocks de las empresas importadoras.

La privatización de las empresas de transportes y de telecomunicaciones se debía a unas resoluciones de las naciones Unidas que recomendaban la privatización de estas empresas en base a la mejor gestión del sector privado. De los vertidos de áridos en las calles y carreteras, el Primer Ministro asumió su responsabilidad, e informó que el gobierno había instado a las empresas a limpiar los vertidos en las carreteras e invitó a que el diputado David Nguema un hiciera seguimiento exhaustivo de las medidas tomadas respecto del tema. El portavoz de la CD replicó reconociendo las muestras de sinceridad del jefe del ejecutivo, pero no le satisfizo la respuesta sobre el crecimiento de los precios de los alimentos locales. De los efectos colaterales, David Nguema manifestó que el gobierno debería haberlos previsto, además de preguntar de las medidas que iba a tomar sobre el encarecimiento de los alimentos de producción local, porque en la actualidad se tenían que adquirir en el Camerún por ser más asequibles para los bolsillos de los guineoecuatorianos. De la privatización del aeropuerto de Malabo, David Nguema aseguró que ésta no había dado los resultados esperados. No era rentable, matizó, además de que la gestión era deficiente. El Estado, propietario de los inmuebles del aeropuerto poseía sólo el 5% y no se sabía el monto del capital aportado por los actuales socios mayoritarios.

El Primer Ministro respondió a las inquietudes del portavoz de la CD asegurándole que el decreto sólo se refería a los artículos de importación y no a los locales, pero que el gobierno promovía la diversificación de la producción local alimentaria y esperaba que en la Conferencia Económica próxima a celebrarse se tomaran las medidas pertinentes, para terminar tranquilizando a su oponente que no se había privatizado el aeropuerto sino su gestión.

El viceministro de Educación reconoce en el Parlamento la escasez de vocaciones para ejercer la docencia en Guinea Ecuatorial.

MICÓ DUDA DE LA VERACIDAD SOBRE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES PARA MAESTROS EN LAS ESCUELAS DEL PAÍS COMO ASEGURA QUE HACE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Como en cada sesión ordinaria de la Cámara de los Representantes del Pueblo, el Grupo Mixto, suele solicitar la comparecencia de algunos ministros del gobierno para que expliquen determinados asuntos de sus respectivos departamentos. En esta ocasión, y a solicitud del portavoz del Grupo Mixto, Plácido Micó, abrió el turno de estas comparecencias el viceministro de Educación, el titular se hallaba ausente, para que diera explicación sobre las razones por las que en determinados poblados del ámbito nacional existían escuelas sin maestros, y que era de dominio público la designación por el departamento de maestros a dedo. En este mismo orden de ideas, preguntó asimismo al viceministro si le constaba el hecho de que numerosos maestros (unos 900 aproximadamente) abandonaban sus lugares de destino durante largos períodos de tiempo superiores a los 5 meses, cobrando regularmente sus salarios, mientras que los niños se quedaban abandonados a su suerte; o lo que es lo mismo, sin derecho a recibir educación. El viceministro Carlos Nsue Otong excusó en primer lugar la ausencia de la cartera de Educación para luego reconocer que “objetivamente existía una escasa vocación docente en el país, pero que no se designaban a dedo maestros” como había acusado el portavoz del Grupo Mixto Plácido Micó. Además, añadió que el ministerio exigía a los nuevos maestros nombrados una declaración jurada de ejercer en sus lugares de destino so pena de no percibir los correspondientes salarios. Presentó una lista de expedientes resueltos y otros en curso por estas prácticas fraudulentas. Algunos maestros se habían visto obligados a abandonar ya la profesión docente. Las medidas adoptadas por su ministerio por el abandono de las escuelas, repitió, eran severas y se velaría por que no volvieran a repetirse casos de la misma naturaleza en el futuro. Sobre el particular, citó el caso de cerca de 200 maestros que no desempeñaban sus funciones y que iban a ser expedientados, pero que en cualquier caso invitaba al diputado del Grupo Mixto a que denunciara este tipo de prácticas.

Por otra parte, el viceministro evocó la Conferencia sobre la Enseñanza y las resoluciones emanadas de la misma como la guía por la que se inspiraba la política de su departamento ministerial para la promoción de una adecuada educación para la población escolar: formación de docentes en centros especializados en el exterior y por también organismos internacionales del sector de la educación.

Las explicaciones del viceministro dejaron asombrado al Secretario General de CPDS, por cuanto que suponían un reconocimiento público de que existía el problema expuesto por su grupo parlamentario. No obstante, no se conformaba con esas respuestas y sí quería que se paliaran de una vez por todas las disfunciones detectadas y no quedarse las cosas como siempre en meras promesas de arreglos sempiternos. Asimismo, Micó expresó al viceministro sus dudas sobre la convocatoria de plazas de maestros para cubrir las muchas vacantes que había en las escuelas sin personal docente, además de exigir que los maestros egresados de las Escuelas de Magisterio obtuvieran las plazas que les correspondían y sancionar a quienes contravenían con sus obligaciones de docentes, y que se incrementaran los emolumentos a los maestros.

El viceministro, a su vez, dijo que el para nombramiento de maestros el ministerio se ceñía a unos procedimientos exhaustivos y se comprometió a tomar las disposiciones necesarias para subsanar las irregularidades; amén de informar que se estaban formando alrededor de unos 200 cuadros, que su gobierno hacía mucho por estar a la altura de las circunstancias y que los maestros recibían ya sustanciales incentivos.

3. Interpelación al Ministro de Información sobre la presencia de políticos opositores en los medios de titularidad estatal

Al ministro de Información, como a tantos otros de su gobierno, no le consta que exista disposición alguna que vete la presencia de los partidos políticos de la oposición en RTVGE.

PLÁCIDO MICÓ PREGUNTA EN EL PARLAMENTO AL MINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA OMNIPRESENCIA DEL PDGE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO Y, POR CONTRASTE, LA NULA EN LOS MISMOS DE CPDS Y OTROS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz del Grupo Mixto, Plácido Micó, hizo la pregunta invocando el artículo noveno de la Constitución de Guinea Ecuatorial que en uno de sus apartados consagra que los partidos políticos son la expresión de la pluralidad política y de la democracia; que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, como instrumentos fundamentales para la participación política. Estos fundamentos constitucionales, dijo Micó, no parecen decir nada a quienes deberían ser los garantes del cumplimiento de la Ley de leyes de Guinea Ecuatorial. No parecen entender que el pluralismo político se extiende también a los medios de comunicación de todos los guineoecuatorianos, y al socaire con esta exigencia el portavoz de CPDS le instó al ministro de Información, Santiago Nsobeya Efuman, a que explicara las razones de la nula presencia de los partidos políticos en RTV.GE que no fueran el PDGE, amo y señor de toda la información que se producía en el país. Micó le pidió a Nsobeya Nfum que no le interesaba la lectura de proyectos sino los verdaderos motivos de ese apagón informativo para los partidos políticos que opinan diferente y que se hace extensivo incluso a los informativos de los debates parlamentarios. El ministro, verdadero espécimen de los aparachik del sistema, afirmó desconocer que existiera normativa alguna que impidiera esta presencia en los medios de información, replicándole Micó que efectivamente no la había por ninguna parte, pero que en la práctica se hacía lo imposible para que no se escuchara a los partidos políticos diferentes del PDGE. El ministro se mantuvo incólume en su respuesta: no le constaba.

Sin embargo, a preguntas del diputado del Grupo de la Coalición Democrática David Nguema sobre la galopante corrupción de su departamento, Santiago Nsobeya se explayó sobre la corrupción que encontró en el ministerio y que consistía en la desviación de fondos de un proyecto del FNUAP a paraderos insólitos: saldos a teléfonos móviles donde no había cobertura, bonos de combustible para coches inexistentes o nóminas fantasmas pero con libramientos de dinero a personas sí bien vivas. El Presidente de la Cámara tuvo que reprenderle, es ministro de su partido, que los trabajos sucios del gobierno se lavaban en el seno del ejecutivo y no en el Parlamento (sic) .

4. Interpelación a la Ministra de Trabajo sobre misteriosas deducciones en las nóminas de los trabajadores

A la ministra de Trabajo no le consta la existencia de deducciones obligatorias con destino desconocido en las nóminas de los trabajadores del país.

EL SECRETARIO GENERAL DE CPDS DESTAPÓ EN EL PARLAMENTO LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MAFIOSAS EN LAS DEDUCCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS NÓMINAS Y QUE SE HACEN SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS PROPIOS TRABAJADORES

El martes 25 de septiembre continuaron las comparecencias de miembros del gobierno con un denominador común entre todos ellos: respondían a las preguntas comprometedoras con un escueto “ no me consta” como si se hubieran puesto de acuerdo para recitar la misma letanía.

Evangelina Oyó Ebule, ministra de Trabajo, no se escapó a esa tónica, y se limitó a responder al líder de Convergencia para la Democracia Social con banalidades ya escuchadas en anteriores comparecencias de antecesores suyos en el departamento. La pregunta decía que gran parte de las empresas que operaban en el país deducían de los salarios de sus trabajadores de forma coactiva, como de impuestos se tratara, considerables sumas de dinero en concepto de deducciones obligatorias, en muchas ocasiones sin ofrecer detalle alguno, y consecuentemente el trabajador desconocía los motivos, el concepto y el destino de lo que se le quitaba. La citada práctica, resaltó Micó, era ilegal y podía ser constitutiva de varios delitos, por lo que le preguntaba a la ministra si los servicios competentes de su departamento le habían puesto al corriente de tal situación, qué se había hecho al respecto, y en el supuesto de que desconociera lo que sucedía, qué pensaba hacer y cuándo iba a hacerlo para erradicar esas prácticas mafiosas. La ministra Oyó Ebule respondió que no conocía la existencia de las supuestas deducciones obligatorias de que hablaba el diputado del grupo parlamentario de CPDS, y en el caso de que las hubiera, de lo que dudaba, trataría de erradicarlas.

Micó dijo sentirse sorprendido por la ignorancia de la ministra de un asunto de tal calibre cuando era de dominio público. Este desconocimiento era, acusó Micó, una muestra de incompetencia supina y puso el ejemplo de la cuota que todos los trabajadores del país pagaban al PDGE fueran o no sus militantes, y en este sentido el portavoz del Grupo Mixto le dio a la ministra dos opciones a elegir: o sabía y cerraba, por tanto, los ojos a lo que veía convirtiéndose en ciega voluntaria y cómplice obviamente, o que desconocía todo lo que pasaba, lo que era igual o peor que lo anterior, y consecuentemente, debía dimitir de su cargo. Otro ejemplo de lo que decía era la empresa SEAWELD, que deducía de los salarios de sus trabajadores enormes cantidades que no tenían un destino conocido y exhibió una nómina de dicha empresa que entregó a la Mesa del Parlamento como prueba. El representante Micó finalizó su intervención calificando la conducta de los inspectores de trabajo como de asalariados complacientes con la conducta de las empresas. La ministra replicó pidiendo que Micó retirara el tratamiento de asalariados a sus funcionarios, además de añadir que los conceptos en las nóminas eran claros y que las deducciones al PDGE sólo se hacían a sus militantes.

Al portavoz de la Coalición Democrática, David Nguema, respondió que retirara el término asalariado que éste había adjudicado, como Micó, a los funcionarios de Trabajo, para luego decir que no le constaba el fenómeno de los trabajadores expatriados carentes de categoría laboral reconocida y que cobraban enormes cantidades de dinero cuando en su lugar podían hacerlo los nacionales. Necesitaba pruebas para obrar en consecuencia. De lo que sí tenía constancia era de la existencia de trabajadores extranjeros en un número no superior al 30$ en el sector de los hidrocarburos. De los otros, pertenecientes al sector no petrolero, se contrataban cuando no los había en el mercado nacional y citó el número de trabajadores nacionales, más de 3000, y de extranjeros, sólo 200, contratados en la actualidad. Sobre los accidentes laborales, la ministra se vanaglorió de haber resuelto el 95% de los casos habidos.

David Nguema se negó a excusarse ante la ministra y se reiteró en sus calificativos a los funcionarios de trabajo a los que esta vez llamó corruptos porque recibían dádivas de los empresarios. Además, insistió en que los expatriados recibían trato de favor de las empresas del país algunas de ellas propiedad de diputados asistentes al pleno, pero claro no le constaba a la ministra como a muchos de sus colegas.

5. Interpelación al Ministro de Sanidad sobre la falta de voluntad política para que haya un sanidad pública adecuada en Guinea Ecuatorial

El portavoz adjunto del Grupo Mixto consideró que no había voluntad política por conseguir una adecuada sanidad pública para nuestra población

BACALE RECHAZÓ LAS BONDADES DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA QUE PRECONIZÓ EL MINISTRO DE SANIDAD EN SU COMPARECENCIA Y DIAGNOSTICÓ QUE EUROPA ESTABA CERCA PARA LOS PODEROSOS DEL PAÍS Y NO PARA EL 97% DE LA POBLACIÓN GUINEANA

El Representante del Pueblo por Convergencia para la Democracia Social, Celestino Bacale, presentó al titular de Sanidad y Bienestar Social el pasado 25 de septiembre una batería de preguntas para que diera respuesta ante el Pleno de la Cámara a los numerosos interrogantes que planteaba el deficiente funcionamiento de la salud pública de nuestro país. Las 7 preguntas abarcaban los sectores que tenían incidencia en la sanidad nacional así como las políticas del departamento y los remedios para reconducir la desastrosa situación de los hospitales y personal técnico que se encarga de su funcionamiento. De este modo, Bacale quiso saber la razón por la que los centros sanitarios no estaban bien equipados en comparación con los privados y cuándo habría un banco de sangre en Guinea Ecuatorial como los había en todo el mundo. En esta misma línea, preguntó también las medidas adoptadas para alcanzar la cobertura de vacunación deseada para superar el fracaso del año pasado; con independencia de exigir la realización de autopsias en el país para así esclarecer las cusas de las muertes misteriosas que ocurrían a diario. Pidió las fechas. En otro orden de ideas, el portavoz adjunto del Grupo Mixto se interesó por conocer el comienzo del funcionamiento de los Centros de Salud que financió, construyó y equipó además de formar a profesionales del sector el Banco Africano de Desarrollo (B.A.D.). ¿Por qué se culpaba a los profesionales del deficiente funcionamiento del sector sanitario, cuando las condiciones en que realizaban su trabaja no eran las adecuadas. ¿Por qué se seguía exigiendo el pago previo para la recepción de las atenciones facultativas en las urgencias médicas en los centros hospitalarios públicos, pese a la existencia de una resolución del primer Ministro contra esa práctica? El problema llevaba un lastre de hace años y CPDS quería ayudar para que Guinea Ecuatorial tuviera un servicio de salud digno de tal nombre.

El ministro de Sanidad, Señor Nchuchuma, contestó que los centros privados sanitarios estaban siempre mejor equipados que los públicos en los países más desarrollados. No obstante, el gobierno proveerá para que nuestro sistema de salud esté a la altura de las circunstancias. Sobre el banco de sangre, el responsable de nuestra sanidad manifestó que existían unidades de transfusión sanguínea en Malabo y Bata y que en breve se creará un banco de sangre. Sobre el particular, el ministro subrayó que su departamento tenía elaborado un proyecto apoyado por el B.A.D ; y que en la actualidad el gobierno estaba llevando una campaña de vacunación a nivel nacional.

De las autopsias, en respuesta a Bacale, dijo que su ministerio preveía poder llevarlas a cabo en un período de tiempo relativamente corto. Primero se realizarían en Bata y más tarde en Malabo. El material, afirmó, estaba ya comprado y que se instalaría próximamente. Los centros de salud a los que el diputado Bacale hacía referencia se habían construido algunos dentro del Proyecto B.A.D. en Rebola (Baney), Río Campo(Bata), Bitika (Mbini), Nkimi (Niefang), Ayene (Añisok), Nsang (Mikomeseng), y Bidjabidján (Ebibeyín).

Por otra parte, el ministro negó rotundamente de que se menospreciara al personal técnico sanitario. Todo lo contrario: se les había incrementado los incentivos económicos y todos los hospitales estaban dirigidos por personal técnico nacional. Por último, el ministro Nchuchuma negó categóricamente que exigiera el pago previo antes de recibir la asistencia facultativa. Si existiera ese tipo de prácticas, pidió que fueran denunciadas, pero, terminó, no le constaban. ¿Les suena a algo?

El portavoz adjunto del Grupo Mixto replicó al ministro que no le había dado soluciones y sí una lista de proyectos que a día de hoy no funcionaban en ninguna parte. Reconoció que efectivamente existían unidades de transfusión de sangre, pero él, personalmente, había acudido a donar sangre sin pasar por los imprescindibles análisis de sangre previos de V.I.H SIDA. No había ninguna voluntad de hacer las cosas bien y los centros sanitarios públicos eran los lugares de referencia de la salud pública en los países más avanzados contrariamente a las afirmaciones del ministro en sentido contrario. Y Bacale puso rúbrica a su intervención diagnosticando que el sector sanitario público tenía un gran problema, pero Europa estaba muy cerca para los poderosos y no para el 97% de la población que tenía soportar los pésimos servicios de la sanidad nacional.

El ministro huyó de la confrontación dialéctica y se emperró en afirmar que había seguridad en las transfusiones de sangre que se hacían en el país y que el gobierno estaba por conseguir en hacer realidad una sanidad preventiva. Se construirían psiquiátricos, se realizarían autopsias y aquí paz y después gloria. Todo iba bien en nuestro país.

6. Interpelación al Ministro de la Seguridad Nacional sobre cobros irregulares a los ciudadanos por parte de funcionarios de su departamento

El ministro de la Seguridad Nacional asegura en el Parlamento que su departamento forma a los policías y gendarmes sobre la defensa de los derechos humanos

EL PORTAVOZ DE CPDS EN LA CÁMARA PREGUNTA A MANUEL NGUEMA MBA SOBRE QUÉ POLÍTICAS TIENE SU MINISTERIO PARA ERRADICAR LOS COBROS ILEGALES DE FUNCIONARIOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO A LA CIUDADANÍA POR LOS SERVICIOS DE LOS QUE RECIBEN UN SALARIO DEL ESTADO

La presencia en el hemiciclo de la Cámara de los Representantes del Pueblo de uno de los más significativos halcones del régimen del general-presidente Obiang a instancias del Grupo Mixto, despertó las indudables expectativas como era de esperar. Manuel Nguema Mba es la faz representativa de la represión a destajo de los servicios de seguridad del Estado, y llevarlo al Parlamento para que dé explicaciones sobre las políticas de su departamento significa un auténtico hito.

Celestino Bacale era un principio el encargado de hacer primero las preguntas al ministro de la Seguridad Nacional, y por cuestiones de técnica parlamentaria delegó en el portavoz de su grupo, Plácido Micó, para que las hiciera en primer lugar al responsable de la Seguridad del Estado que, seguramente por desconocimiento de los mecanismos del Parlamento, manifestó sus reticencias a responder al Secretario General de CPDS. El Presidente de la Cámara Salomón Nguema tuvo mucha cintura y le indicó que el cambio de un diputado por otro del mismo grupo en el orden de intervenciones no alternaba en absoluto lo que se pretendía: su obligación de responder a las preguntas que se le dirigía.

Así las cosas, Micó preguntó por las motivaciones por las que los policías y gendarmes, todos los grados confundidos, seguían cobrando para el lucro de sus bolsillos por los servicios a ellos encomendados que prestaban a la población, y por los que el Estado de la República de Guinea Ecuatorial les pagaba religiosamente cada final de mes. Porque, argumentó el portavoz del Grupo de CPDS en la Cámara Baja, la práctica del cobro a los ciudadanos era generalizada y de dominio público por hechos como por ejemplo intervenir en un altercado público (multas de hasta 50.000 F.CFAs por persona), en una disputa familiar o una pelea entre rivales (multas de 40.000 F.CFAs por cabeza), en la investigación y recuperación de objetos robados (comisiones que se cifraban hasta en un 10% del valor de los objetos recuperados), etc… ¿Qué ley permitía a estos funcionarios cobrar estas cantidades de dinero a la población que, supuestamente, debían de servir y proteger? ¿Pensaba el ministro hacer algo para poner coto a este estado de cosas?

El ministro, no precisamente ducho a la hora de hablar y menos ante oradores tan perspicaces e incisivos como los portavoces de CPDS, respondió con voz queda e insegura que los policías y gendarmes no estaban autorizados a realizar estos cobros, además de informar que se habían abierto expedientes y sancionados a agentes de policía y gendarmes incursos en casos como los denunciados por Plácido Micó. Citó casos de expulsiones de los cuerpos de la seguridad a varios miembros de los servicios de seguridad a su cargo, asegurando, por otra parte, que en cuanto a la intervención en altercados y mantenimiento de Orden Público no le constaba a su departamento el cobro de multas por policías y gendarmes. En el caso de que se dieran situaciones de tal naturaleza, era obligatorio denunciarlos.

Plácido Micó, en su turno de réplica, le manifestó al ministro que no le habían convencido sus respuestas porque éstas se habían limitado a mencionar algunos ejemplos de policías supuestamente expedientados o expulsados de los cuerpos de seguridad. Micó insistió en que su denuncia se ceñía estrictamente a los comportamientos generalizados de los miembros de la seguridad y a la manifiesta impunidad con que actuaban, es decir, como si se sintieran respaldados por sus superiores jerárquicos. El ministro aseguraba que no estaban autorizados los cobros, ¿pero qué solía pasar si el ciudadano en situación de ser expoliado se negaba a pagar?

No existía ninguna voluntad política por frenar o acabar con estos desaguisados que se sucedían a diario, y uno de los remedios, recomendó Micó, estaba en la subida salarial de los policías y gendarmes porque la población no debía de sufrir en sus carnes las carencias económicas de los agentes de la seguridad nacional. El ministro, de nuevo, se contentó con afirmar que el gobierno procuraba poner al día a sus cuerpos de seguridad sobre la defensa de los derechos humanos y pidió la colaboración de todos empezando por los partidos políticos.

7. Interpelación al Ministro de la Seguridad Nacional sobre el retraso en las entrega del DNI

La demora en la consecución de los Documentos de Identidad Personal la achaca el ministro de la Seguridad Nacional a la inexistencia en el País de un equipo moderno de reproducción de documentos

BACALE RESPONDIÓ A MANUEL NGUEMA MBA QUE NO SE PODÍA EXIGIR A LA POBLACIÓN LA TENENCIA DE UN DOCUMENTO QUE SU MINISTERIO NO ESTABA EN DISPOSICIÓN DE OFRECER CON DILIGENCIA

Inmediatamente después de las preguntas del portavoz del Grupo Mixto al ministro de la Seguridad Nacional, Celestino Bacale cogió el testigo y solicitó del máximo responsable de la seguridad guineana las explicaciones por las que seguía habiendo retrasos en la expedición y entrega del Documento de Identidad Personal, pese a las numerosas promesas hechas en el Parlamento por altos funcionarios del ministerio en el sentido de resolver ese problema, pero las demoras se situaban en torno a los seis meses por término medio. El portavoz adjunto del grupo de CPDS en la Cámara narró una experiencia personal con unos funcionarios del servicio de documentación de la Dirección General de Seguridad que le exigieron 20.000 F.CFAs para la entrega inmediata del carnet de identidad, porque “era su petróleo”.

El apesadumbrado ministro pidió disculpas por las molestias que causaba a la ciudadanía el retraso en la entrega de los D.I.P, pero añadió que el problema radicaba en que no existían en Guinea Ecuatorial equipos de reproducción de documentos. El gobierno, informó Nguema Mba, estaba negociando con empresarios alemanes y canadienses para la instalación en el país de una maquinaria moderna susceptible de satisfacer con rapidez las necesidades de los ciudadanos. El diputado Bacale le recordó que esta respuesta ya se había escuchado en el parlamento en boca del viceministro de seguridad. Además, el afán por privatizarlo todo, y obtener cuantiosos beneficios de un servicio público, traía consigo estas servidumbres: había que esperar que empresarios de otras latitudes trajeran la maquinaria para hacer su agosto en un servicio que el Estado debía prestar a los usuarios. Y le preguntó para cuándo la llegada de los alemanes o canadienses de referencia, con independencia de que no se debía exigir un documento que el gobierno no estaba en disposición de ofrecer. O lo que es lo mismo: no se puede pedir si no se prestaba un servicio, concluyó.

8. Interpelaciones al Ministro del Interior sobre la libertad de desplazamiento por el país y sobre la delimitación del término municipal de Malabo en detrimento del de Rebola

El ministro del Interior niega que exista en el país una normativa que obligue a tener credenciales para viajar por el país

MICÓ RECUERDA AL MINISTRO DEL INTERIOR QUE SÓLO EN LA ÉPOCA COLONIAL, EN EL RÉGIMEN DE TRISTE MEMORIA O SIMPLEMENTE EN SISTEMAS DICTATORIALES SE EXIGEN A LOS CIUDADANOS LOS MOTIVOS POR VIAJAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

Dentro de las sesiones parlamentarias de control al gobierno, el portavoz del Grupo Mixto de CPDS, solicitó la comparecencia del titular de la cartera de Interior y Corporaciones Locales Clemente Engonga Nguema Onguene, para que diera respuesta a tres preguntas y en este orden: ¿Cuáles eran las razones por las que se seguía exigiendo credenciales a los guineanos para desplazarse dentro del territorio nacional, habida cuenta que estas prácticas pertenecían al período colonial de nuestra historia, al régimen de la llamada triste memoria, o simplemente de sistemas dictatoriales? ¿Cuál era el departamento u órgano del Estado que expedía las mencionadas credenciales, y por qué se debían de dar explicaciones sobre los motivos del desplazamiento a los policías en las numerosas barreras de seguridad que jalonaban la geografía nacional? ¿ Y quiénes eran los ciudadanos guineanos obligados a solicitar la referida credencial para desplazarse en nuestro país?

Al ministro del Interior, como a todos sus antecesores en el hemiciclo, no le constaba la existencia de la necesidad de tener credenciales para viajar por el interior del país, porque, por el artículo 13 de la Constitución, todo ciudadano guineano era libre de circular por todo el territorio nacional. Las giras de los partidos políticos sólo debían ser notificadas y a la autoridad competente, pero nunca pedir su autorización, según los Acuerdos del IV Encuentro de Mbini entre el gobierno y las formaciones políticas legalizadas, recitó el ministro del Interior a la pregunta de Micó sobre qué haría para que se respetaran estas disposiciones legales, además de asegurar que haría que se cumplieran estas disposiciones.

Micó le contestó que la respuesta dada era la esperada, porque efectivamente no existía en el ordenamiento jurídico del país una normativa que exigiera la tenencia de una credencial para viajar por Guinea Ecuatorial. Sin embargo, Micó recordó que la realidad era diferente al discurso teórico del ministro y que en todo caso debería traducirse en resultados prácticos. Al respecto, el portavoz de CPDS le tomó la palabra sobre su promesa de hacer respetar la legalidad, y le pidió al ministro que aleccionara a los gobernadores, delegados de gobierno y otras autoridades periféricas para que dejaran de incordiar a la población. El responsable de Interior se reafirmó en su disposición de ser consecuente con su discurso, pero pidió que los líderes políticos cumplieran también los pactos.

A Clemente Engonga Nguema Onguene, ministro del Interior, no le consta tampoco que se hayan cambiado los límites municipales del municipio de Malabo en perjuicio del de Rebola al construir el barrio de la Buena Esperanza

EL PORTAVOZ ADJUNTO DE CPDS EN EL PARLAMENTO ESPERA QUE CON LA CREACIÓN DE LA NUEVA BARRIADA NO SE MODIFIQUE LA CARTOGRAFÍA ELECTORAL EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MALABO

Celestino Bacale, en la segunda tanda de preguntas del Grupo Mixto al ministro del Interior, pidió que el ministro le respondiera los motivos por los que su gobierno había cambiado sin apoyarse en normativa legal alguna los límites del municipio de Malabo en perjuicio del de Rebola, si se tenía en cuenta que el barrio de la Buena Esperanza se encuentra ubicado en el término municipal de Rebola. Para más señas, indicó Bacale, el nuevo barrio cuenta ya con un teniente de alcalde del Ayuntamiento de Malabo y un delegado de gobierno adjunto también de Malabo. En la misma línea de intervención, el portavoz adjunto del Grupo Mixto quiso saber del ministro el “cuando” de la expedición definitiva de los carnés de conducir en Guinea Ecuatorial, porque el hecho de que se tuvieran que cambiar cada año obedeciera única y exclusivamente podría deberse a prácticas corruptivas ( son 75.000 F.CFAs cada año, sin factura y sin sufrir examen de conducir alguno), y así lo creía la gente de la calle. El ministro Engonga Nguema Onguene, como no podía ser de otra manera, manifestó que su gobierno era consciente de que los cambios de los lindes de un municipio se tenían que hacer por ley, y consecuentemente, no podía fomentar problemas territoriales entre los municipios del país. En este sentido, exigió que Bacale citara los nombres del teniente de alcalde del nuevo barrio y del delegado de gobierno adjunto.

Respecto de la segunda pregunta, el ministro del Interior reconoció que existían problemas en el tema denunciado por el diputado de CPDS, pero los obstáculos para la obtención por los ciudadanos del carnet de conducir definitivo los endosó, y valga el término, a la inexistencia en Guinea Ecuatorial de maquinaria moderna para la reproducción de documentos. Igual que su colega de la Seguridad Nacional. ¿Son gemelos univitelinos? Celestino Bacale replicó informándole que el teniente de alcalde del nuevo barrio pertenecía a la Coalición Electoral PDGE, y que el barrio antes citado estaba en los lindes de la Comunidad de Vecinos de Fishtown, del término municipal de Rebola. Sobre los carnés, Bacale dijo que su grupo iba a esperar hasta la llegada de la maquinaria y de los famosos socios extranjeros. Y en cuanto se convoquen las elecciones, se vería dónde se ubicaba en la cartografía el Barrio de la Nueva Esperanza. El ministro, por su parte, replicó que el teniente de alcalde era de la oposición ( se olvidó voluntariamente que el concejal de referencia pertenecía a un partido de la mayoría gubernamental) y que no existía ningún delegado de gobierno adjunto. No obstante, y se le vio el plumero al ministro, no le importaba la cuestión de la territorialidad y sí el desarrollo del programa electoral de su gran movimiento de masas, el PDGE. De las elecciones y la configuración de la cartografía de las circunscripciones, Engonga Nguema Onguene remitió a Bacale para cuando éstas se celebraran.