El pasado 11 de octubre Oxfam Internacional publicó los resultados de un estudio realizado junto a otras dos ONG, Safeworld e IANSA (International Action Network on Small Arms), titulado Africa's Missing Billions: international arms flows and the cost of conflict. La noticia fue publicada por los periódicos internacionales por el excepcional resultado del informe. Es la primera vez, de hecho, que un estudio no sólo evidencia que los conflictos constituyen uno de los mayores obstáculos al desarrollo de las economías africanas sino que también cuantifica, según determinados parámetros, el daño económico que éstos han causado a los países africanos desde 1990 hasta el 2005.

   El estudio se concentra en 23 países que han sido, durante este período, escenario de conflictos armados (guerras, guerras civiles o insurrecciones). Comparando las economías de tales países en los períodos a estudiar con otros países no bélicos que tuvieran un mismo nivel de desarrollo, los investigadores han reconstruido a través de proyecciones el PIB que tales países tendrían en caso de haber mantenido la paz, y calculando la diferencia, saber cuál ha sido la pérdida económica. La cifra calculada reflejaría una ligera aproximación a la baja, excluyendo una serie de factores como son los costes de las ayudas internacionales y las tareas de pacificación, el impacto que una guerra puede tener en los países fronterizos no necesariamente involucrados en el conflicto y también la economía tras el fin de las hostilidades. La cifra obtenida sobrepasa las estimaciones, sorprendiendo a los propios investigadores: 284 mil millones de dólares (casi 18 mil millones al año), que equivalen a la suma de las ayudas que los grandes donantes han destinado a los países africanos en el mismo período de tiempo. Se estima que dicha cifra equivaldría a la que serviría para resolver el problema del SIDA, prevenir la tuberculosis y la malaria o proporcionar agua potable, servicios sanitarios y educativos a esos mismos países.

   La investigación dedicó un apartado especial al problema del armamento. Las tres ONG estimaron que la mayor parte de las armas usadas en los conflictos africanos fueron de tipo ligero, sobre todo pistolas y fusiles Kalashnikov. El 95% de estas armas y sus municiones no fueron elaboradas en el continente africano sino que provienen del exterior, violando en muchos casos embargos o leyes sobre el control del armamento. Los grupos armados las obtenían generalmente mediante el tráfico interno dentro del continente o a través de robos de los almacenes militares, aunque seguramente una parte de ellas fueron compradas ilegalmente.

El general Kalashnikov diseñador del famoso fusil

   El estudio ha realizado un cálculo aproximativo de las pérdidas en términos del PIB durante los conflictos. Mas allá de esta nueva evidencia que demuestra que cualquier forma de conflicto ejerce una influencia negativa sobre la economía (se calcula una reducción de casi el 15%), existe toda una serie de gastos ligados a los conflictos armados que inciden sobre la economía incluso años después de firmar la paz, y que han sido resaltados por Oxfam. Entre estos gastos se encuentran por ejemplo el coste sanitario por curar a los heridos por armas de fuego, cuyo número continúa siendo elevado aún después del finalizar el conflicto por la difusión de las armas que la guerra trae consigo, la frecuente suspensión de proyectos de desarrollo en las áreas de conflicto y por último, aunque no menos importante, los enormes gastos que no son cuantificables en cuanto al deterioro de la sociedad civil, erosión de la creencia en las instituciones –en muchos casos ya de por sí escasa–, o la instalación de una cultura de la violencia difícil de erradicar, entre muchos otros factores. En cuanto a las estadísticas elaboradas por Oxfam acerca de los gastos militares y de la defensa de los países en vías de desarrollo, la cuantía se sitúa en una media del 2,8% del PIB. Esta cuota aumenta hasta el 5% durante un conflicto, pero baja solamente hasta el 4,5% en los diez años posteriores al fin de las hostilidades. Por tanto Oxfam, intenta con su informe, crear un vínculo entre los daños aportados por los conflictos y la difusión, y por lo tanto el comercio de armas. Sostiene que el flujo de armas alimentan la escalada de violencia y que ésta disminuye desde el momento en que el suministro de armas y municiones comienza a escasear.

   La lucha contra el problema de la violencia armada es compleja, requiere soluciones concertadas a la hora de realizar legislaciones nacionales. Se necesita ir más allá de la propia prevención de los conflictos. Algunos gobiernos africanos se han esforzado a tal efecto, pero el control del flujo de armas es aún problemático. Uno de los instrumentos puestos en marcha recientemente a nivel regional es la ECOWAS, Convention on Small Arms and Light Weapons, their Ammunition, an other Related Materials (Convención sobre Armas y Armamento Ligero, su Munición, y otros Materiales) de 2006, además del Nairobi Protocol for the Prevention, Control and Reduction of Small Arms and Light Weapons, (Protocolo de Nairobi para prevenir, controlar y eliminar las armas y armamento ligero) que juntas regulan el comercio de armas ligeras en toda África. A pesar de estos instrumentos los países africanos dieron su conformidad a la elaboración del ATT (Arms Trade Treaty), votada en Asamblea General en diciembre de 2006, 42 países africanos votaron a favor de la medida (casi el 91% de los países africanos presentes). Un grupo de expertos de las Naciones Unidas comenzará a trabajar en enero de 2008 en un proyecto que deberá cristalizar y reafirmar los esfuerzos realizados por los Estados miembros en diversas convenciones, incluyendo las principales reglas elaboradas en la convención ECOWAS y del Nairobi Protocol. La ATT deberá presentar una regulación para prevenir la difusión de las armas. Obviamente será necesaria la implicación de productores y exportadores, que deberán verificar a quién están vendiendo realmente el cargamento, además de un mayor nivel de transparencia y de control que impidan el comercio ilegal de armas.

   Este aspecto podría implicar una paradoja: si las estadísticas ya muestran cómo el presupuesto militar de los países africanos que han afrontado un conflicto continúa siendo elevado durante un decenio después del final de las hostilidades, la posibilidad de que se tenga que aumentar los controles para asegurar la puesta en marcha de la ATT, conllevaría el aumento de los gastos militares destinados a controlar el territorio y sus fronteras.

   Existe una prueba que confirma la veracidad de los resultados del informe de Oxfam. Actualmente se llevan a cabo las negociaciones entre las tropas rebeldes lideradas por el general Laurent Nkunda y el gobierno central de la República Democrática del Congo (RDC) del presidente Joseph Kabila. La guerra en el Congo terminó oficialmente hace cuatro años, pero los combates aún no han finalizado. Las consecuencias del país son las descritas anteriormente: la situación es inestable, no se respetan los derechos humanos, y hay enormes migraciones de refugiados que huyen de las zonas en conflicto (Véase República Democrática del Congo: las implicaciones de la war economy). En un ultimátum fijado para el 15 de octubre: los rebeldes tendrían que deponer las armas y unirse al ejército regular, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) después de que las tropas rebeldes tutsis fieles a Nkunda rompieran el anterior alto el fuego.

Laurent Nkunda

   Nkunda y los suyos, declarando proteger a la minoría tutsi del Congo, han acusado a la FARDC de ser cómplice de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). Según la MONUC (la misión de las Naciones Unidas en el Congo) seis mil unidades de rebeldes hutus que participaron en el genocidio de 1994 se encuentran todavía en suelo congoleño. Nkunda y los suyos afirman que no depondrán las armas mientras las milicias del genocidio continúen en el Congo, aunque no se muestran hostiles en cuanto a su integración en el ejército regular. La situación corre el peligro de desembocar en una ofensiva de gran alcance, que resuelva de una vez por todas la situación. Por el momento se está en fase de espera, pero fuentes de Kinshasa han declarado la disponibilidad del presidente a conceder una prórroga del ultimátum hasta final de mes.

   Según el estudio realizado por Oxfam, la RDC podría haber tenido una tasa de crecimiento de 5,4%, sin embargo creció sólo un 0,10% anual durante el conflicto, perdiendo a causa de la guerra el 29% anual de su PIB (cerca de 18 mil millones de dólares al año). Además presenta todas las características negativas de un país post bélico, donde continúan los enfrentamientos, no sólo en la región occidental del Kivu del Norte, donde se produjo el conflicto, sino también en la región de Ituri. Continúan en el país las consecuencias clasificadas como 'inmateriales' por parte de Oxfam: el nivel de violencia continúa siendo elevado, no se respetan los derechos humanos (continúan siendo excesivamente altos los casos de violencia sexual, tal y como denuncia un informe del pasado junio del UN Human Right Council), escasa fiabilidad de las instituciones debida a la alta tasa de corrupción frente a un bajo nivel de justicia y el elevadísimo número de refugiados internos (la ONU calcula que 750 mil personas abandonaron la región, el 70% del total de los refugiados del país) y el fenómeno no parece disminuir. La situación también desestabiliza a los países cercanos, en este caso por ejemplo, las acciones de los rebeldes contribuyeron a reavivar las tensiones entre las autoridades congoleñas y las ruandesas.

   La posibilidad de una última y definitiva intervención armada contra los rebeldes forma parte del cuadro dibujado por Oxfam en una paradoja donde los esfuerzos militares para obtener la estabilización dependerían de instaurar la violencia. Tal condición sería necesaria para la recuperación económica del país que, en el caso de la RDC, puede contar con grandes riquezas, que no será capaz de aprovechar hasta que se consiga un cierto nivel de seguridad.

   Por primera vez se ha querido cuantificar cuánto ha perdido África por las guerras. Al hacerlo, Oxfam ha elegido resaltar cómo no sólo las guerras influyen en la economía, sino también cómo las consecuencias pueden ser igualmente graves, tanto en términos económicos como sociales. Como primer paso para acelerar la recuperación económica se ha colocado el control del comercio armamentístico con la convicción de que sin el abastecimiento de instrumentos que provoquen la violencia, la velocidad de crecimiento será mayor. Queda la incógnita de saber cómo se hará efectiva esta nueva legislación, que en suelo africano amenaza con necesitar una serie de instrumentos militares que impidan la difusión de armas entre los civiles.

Traducción de Diana Quintero