La tarea del tribunal francés será intentar probar las responsabilidades y ramificaciones de un vasto negocio de venta ilegal de armamento a Angola, entre 1993 y 1998, por un valor estimado de 790 millones de dólares.

   El juicio al "Angolagate" comenzó el 6 de este mes y su primera semana se ha limitado a la lectura de un rosario de acusaciones punibles con entre cinco y 10 años de prisión por comercio ilegal de armas, abuso de confianza, fraude fiscal y tráfico de influencias.

   Entre los más conocidos indagados en el proceso se cuentan el ex ministro de Interior de Francia, Charles Pasqua (1993-1995), ahora con 81 años, y su más cercano colaborador, Jean-Charles Marchiani, el hijo del fallecido presidente francés François Mitterrand (1981-1995), Jean-Christophe Mitterrand, Jacques Attali, ex consejero presidencial, y el empresario Pierre Falcone.

 

De izquierda a derecha: Falcone, Arcadi Gaydamak, Charles Pasqua y Jean-Christophe Mitterrand

   El proceso involucra en total a 42 personas, entre políticos y empresarios franceses y el multimillonario israelí de origen ruso Arcadi Gaydamak, que recibirán, en presencia o en ausencia, la sentencia que será dictada el 4 de marzo de 2009.

   El juicio presidido por el magistrado Jean-Baptiste Parlos se desarrollará en 58 sesiones para analizar el caso, sin la comparecencia de Gaydamak, uno de los principales acusados, refugiado en Israel, donde se acogió a las leyes de ese país que no permiten la extradición de judíos desde su territorio.

   Sin embargo, se considera que el mayor responsable es Falcone, quien pese a ser francés fue designado en 2003 por Luanda como representante de Angola ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

   Por entonces, artículos de la prensa portuguesa interpretaron el nombramiento de Falcone ante la Unesco, que tiene su sede en París, como un intento de evitar su prisión con el recurso de la inmunidad diplomática.

   Pese a que ningún ciudadano angoleño consta en la lista de los convocados a dar explicaciones ante el juez francés, el libelo acusatorio de la fiscalía asevera que cerca de tres decenas de altas personalidades de Angola, incluido el propio presidente José Eduardo dos Santos, recibieron sobornos.

   En 1993, Luanda necesitaba carros blindados y municiones para enfrentar a las disciplinadas fuerzas de la Unión Nacional para la Liberación Total de Angola (Unita) del líder rebelde Jonas Savimbi, en momentos en que Portugal, principal socio en cooperación militar, se veía forzado a mantenerse equidistante debido a las fuertes criticas internas por su apoyo al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) de Dos Santos.

   Las acusaciones de parcialidad contra Portugal se remontaban a 1975, cuando el MPLA había recibido el poder del último gobernador portugués designado por los militares revolucionarios que habían tomado el poder en Lisboa, al derrocar al régimen corporativista-colonial en abril del año anterior.

   El gobernador Antonio de Alba Rosa Coutinho, conocido como "El almirante rojo" por sus simpatías por los comunistas, había sido muy criticado en la época por haber desestimado a la Unita debido a los apoyos que Savimbi recibía, principalmente de Sudáfrica y de Estados Unidos, lo que desembocó en el estallido de la primera guerra civil angoleña (1975-1992).

   Ante ese escenario, en 1993 el gobierno de Angola recurrió a Francia, que sin embargo se negó a venderle armas debido al embargo internacional decretado al inicio de la segunda guerra civil angoleña (1992-2002).

 

Angola, campos minados

   Las negociaciones encubiertas se centraron en Falcone, empresario considerado muy próximo a Pasqua y asociado a Gaydamak, que realizó los contactos necesarios con Moscú para proporcionar el material bélico requerido por Luanda.

   Por lo que consta en la acusación, el arsenal comprado no se redujo a 420 carros blindados de combate. La lista incluyó seis navíos de guerra, 12 helicópteros, 150.000 obuses y 170.000 minas antipersonales, entre lo más destacado.

   Los contratos se realizaron con un margen de lucro de 50 por ciento, con el obvio resultado de que los diferentes socios de las varias empresas, algunas de ellas fantasma, acabaron convertidos en multimillonarios con el negocio sucio de la guerra, que en Angola causó cerca de un millón de muertos.

   El dinero angoleño era depositado en cuentas que diversas empresas francesas tenían en París, en Ginebra (Suiza) y Tel Aviv, antes de proseguir viaje hacia paraísos fiscales en las Islas Vírgenes o en Mónaco.

   La acusación también indica que la empresa Brenco International, perteneciente a Falcone, proporcionaba "jóvenes señoras" que en París se encargaban de "atender" a militares angoleños de alto grado.

   La defensa del empresario argumenta que el juicio es ilegal, ya que las armas no pasaron por Francia, una teoría recogida con agrado por el actual ministro de Defensa de Francia, Hervé Morin, según la interpretación de la agencia de noticias portuguesa Lusa.

   "Para el gobierno francés, el juicio no surge en el mejor momento, dado que las autoridades galas han intentado una aproximación con Luanda, y una prueba de esto es la visita que el presidente Nicolas Sarkozy efectuó en mayo a Angola, país rico en petróleo, que es ya el mayor productor de África", sostiene un comentario de Lusa firmado con las iniciales JSD.

   Al parecer, el juicio podría proyectar algunas sombras sobre los logros del viaje de Sarkozy a Angola, "conseguidos sabe Dios cómo", dijo a IPS el magíster en ciencias políticas angoleño Eugenio Costa Almeida, columnista habitual de varias publicaciones portuguesas.

   El analista citó las palabras de Jacques Marraud des Grottes, director para África de la empresa petrolera francesa Total, con motivo de la visita de Sarkozy: "El continente africano es cada vez más importante en términos de reserva y de producción".

   Los franceses se limitan a corroborar el hecho de que "África representa más de 10 por ciento de las reservas mundiales, y Angola es cada vez más importante en este contexto", añadió Costa Almeida.

   "Y para la francesa Total, África representa 34 por ciento de la su producción, a lo que se añade que el próximo año, Angola, el mayor productor de petróleo de la región subsahariana, va a presidir la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)", acotó el politólogo.

   El desarrollo del juicio por el "Angolagate" puede no ser el mejor para los intereses políticos y económicos franceses, pero surge en un país con fuerte tradición de autonomía del Poder Judicial.

   "Esto de que haya países que quieran mantener la autonomía del Poder Judicial frente al poder político y económico es una manía", comentó Costa Almeida con ironía destinada al gobierno del MPLA.

   "¡En un país serio, donde el que manda es el partido, que es el pueblo y el pueblo es el partido, esto sería inimaginable!", concluyó".

   Fuente: Agencia IPS. Autor: Mario de Queiroz

 

Los países emergentes (Brasil, India y Suráfrica) critican a los ricos a causa de la crisis

   "NUEVA DELHI (AFP) — Los líderes de Brasil, India y Sudáfrica han criticado duramente a los países ricos por haber provocado la crisis financiera mundial, tras mantener una reunión este miércoles en la ciudad india de Nueva Delhi.

   El primer ministro indio, Manmohan Singh, recibió al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y al nuevo jefe de Estado sudafricano, Kgalema Motlanthe, para la tercera conferencia anual India-Brasil-Sudáfrica (IBSA), que normalmente sirve para fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales, pero que este año se ha convertido en una tribuna contra el capitalismo financiero occidental.

   Para Lula, es injusto que los países pobres sean "víctimas de una crisis financiera mundial generada por los países ricos" y que tengan que "pagar por la irresponsabilidad de los especuladores que han convertido al mundo en un gigantesco casino".

   Lula alertó que la crisis podría afectar a las economías de países en desarrollo "si hay una recesión en la Unión Europea y en Estados Unidos" porque "ellos son los compradores y nosotros los vendedores".

  

El presidente sudafricano criticó las "malas decisiones de unos pocos que llevaron al sistema financiero internacional al borde de la bancarrota".

   En un discurso más moderado, el anfitrión indio, Singh, estimó que los tres países "tienen un gran papel que desempeñar para garantizar un crecimiento mundial equitativo y contribuir a la estabilidad internacional".

   En una declaración final, los tres países han reclamado una nueva iniciativa internacional para resolver el problema, diciendo que ésta debe tener en cuenta "el hecho de que la ética también debe aplicarse a la economía". Las reformas deben incluir "sistemas más fuertes de consultas y vigilancia multinacionales".

   El ministro de Finanzas indio, Palaniappan Chidambaram, ha repetido varias veces que la economía y el sistema bancario del país son "sólidos" y están al abrigo de la tormenta financiera internacional. Pero la bolsa india y la rupia se están hundiendo, el crecimiento se ha desacelerado y las empresas se inquietan porque ya no pueden acceder a los créditos de los bancos.

   Durante la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers a mediados de septiembre, el ministro indio de Comercio, Kamal Nath, recordó que "los que nos enseñaron las mejores recetas financieras fueron incapaces de salvar su propio sistema".

   India, cuyo desarrollo debe mucho a la globalización, se jacta de estar "protegida" de la crisis bancaria gracias a una economía que no esta completamente liberalizada, a sus importantes reservas en divisas y a un crecimiento impulsado por su mercado interno y no por exportaciones.

   Brasil, Sudáfrica e India, con una población combinada de 1.300 millones de personas, acordaron también elevar su volumen anual de comercio de 10.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares para 2010.

   Los tres líderes discutieron también el alza de los precios de los alimentos y del petróleo, el estado de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde aspiran a tener escaños permanentes".