HOJAS  INFORMATIVAS

15 de octubre de 2010

"El modelo económico colonial y sus contradicciones: Fernando Poo 1900-1936"

Jordi Sant Gisbert, Centre d’Estudis Africans de Barcelona

Afro-Hispanic Review, volumen 28, nº 2 (2009)

            En su exhaustivo estudio sobre la remodelación imperial española en la segunda mitad del siglo diecinueve, Josep M. Fradera define el colonialismo como un espacio de conflicto que no puede ser descrito únicamente a través de dos grandes mundos contrapuestos (el colonial y el metropolitano), sino que debemos entenderlo como el resultado de múltiples y ambiguas relaciones de poder entre los actores que participan en la escena descrita (Fradera 2005: 687). Cuando analizamos, desde un punto de vista económico, los primeros pasos del dominio colonial español en la actual Guinea Ecuatorial nos encontramos trabajos que resaltan el auge de la actividad económica, basada esencialmente en la producción y comercio de cacao, al mismo tiempo que describen las crisis recurrentes del modelo de explotación, causadas por problemas tales como la escasez de mano de obra, el déficit de capital privado, la falta de infraestructuras, o la relación arancelaria entre colonia y metrópoli.[1] La gran mayoría de estos trabajos han aportado grandes luces sobre un período olvidado por la historiografía española y ponen de relieve el innegable componente explotador del colonialismo. Sin embargo, no prestan la necesaria atención a las tensiones constantes entre los actores que participan en el proyecto colonial, conflictos que, a nuestro modo de ver, acaban configurando el modelo colonial establecido. Por este motivo, nuestro propósito en este artículo es presentar un análisis de los objetivos de los distintos actores económicos (productores, comerciantes y consumidores) y su influencia sobre las políticas coloniales en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea (principalmente Fernando Poo) durante las tres primeras décadas del siglo veinte. Gran parte de la información utilizada para esta investigación se encuentra en el Archivo Nacional de Catalunya (ANC), que guarda extensa documentación sobre los intereses empresariales coloniales y sus organizaciones de defensa mutua. Esperamos que los testimonios que aún siguen guardando muchos archivos en España y Guinea Ecuatorial permitan configurar en los próximos años nuevos análisis y discursos sobre el pasado colonial.

Este ensayo se divide en dos partes. En la primera se analiza de forma sintética el proceso de institucionalización de comerciantes y agricultores en los albores del siglo veinte, así como la aparición de los primeros conflictos dentro del sector privado que afectaron sobre todo aspectos como el modelo arancelario. Comerciantes, agricultores y fabricantes de chocolate lucharon por establecer un sistema impositivo más favorable a sus intereses sobre el cacao, ante un gobierno que buscaba sufragar los gastos de su presencia en los Territorios españoles del Golfo de Guinea a través de la fiscalización del principal producto de la isla. En la segunda parte analizaremos las iniciativas que estas organizaciones de agricultores y comerciantes emprendieron ante un problema concreto, el de la escasez de mano de obra. Estos proyectos, si bien no destacaron por su éxito, demuestran que aunque el gobierno colonial tenía como principal objetivo favorecer los intereses de los agricultores promoviendo un sistema de reclutamiento efectivo, la resistencia de los trabajadores y la necesidad de mantener un mínimo orden social, llevaron a los agricultores a vulnerar los marcos legales existentes y a organizar sistemas de reclutamiento privados al margen de las autoridades.

La lenta aparición de los capitales españoles en el Golfo de Guinea

 Durante la mayor parte del siglo diecinueve el exiguo dominio territorial español sobre Fernando Poo, unido a la falta de capitales de relevancia dispuestos a invertir en la aventura colonial, dejaron el control económico en manos de casas comerciales inglesas y de una nueva clase social formada por ex esclavos liberados (fernandinos) que, si bien en un primer momento actuaron como intermediarios entre las poblaciones autóctonas que extraían aceite de palma y los comerciantes ingleses que ofrecían productos europeos, rápidamente se adaptaron al cultivo de cacao como la actividad principal.[2] La presencia de capitales procedentes de España no dejó de ser embrionaria hasta la década de 1880, aunque ciertas dinámicas favorecieron su aumento progresivo. Entre ellas destacan el establecimiento de conexiones marítimas regulares a través de los vapores de la Compañía Trasatlántica que unían Barcelona y Fernando Poo.[3] La actividad africanista, a pesar de que no tuvo una fuerza relevante para convertir el “caso de Guinea” en una preocupación nacional, dejó un sustrato apreciable de intereses comerciales, y los buenos resultados que empezó a ofrecer el cultivo de cacao en Fernando Poo. A estos factores de índole económica hay que sumar un progresivo dominio más efectivo del territorio y la presencia, a partir de 1883, de los misioneros claretianos, agente colonizador básico sobre todo en la zona extraurbana.[4]

La relación entre Barcelona y Fernando Poo no debe parecernos fortuita. Desde las primeras décadas del siglo diecinueve y coincidiendo con el inicio de la caída del imperio español en América, las redes comerciales que unían los puertos catalanes, África y América cobraron gran importancia gracias al fin del monopolio comercial que Cádiz había ostentado. El impulso económico que Cataluña experimentó durante todo el siglo dieciocho (mejoras agrícolas, especialización vitivinícola y producción de manufacturas algodoneras) obligó a los comerciantes catalanes a buscar nuevos mercados y, en esta coyuntura, fueron muchos los que lo aprovecharon para participar activamente en el lucrativo comercio de esclavos. En este aspecto, Fradera apunta que gran parte de la revitalización económica que se produjo en Cuba y Puerto Rico fue debido a “la penetración de casas comerciales catalanas en las rutas negreras que unían las costas occidentales africanas y las plantaciones azucareras de las Antillas” (Fradera 1996: 24). Estas casas catalanas, entre las que destacan los Samá, Baró y Martí, intentaron conectar sus negocios negreros con Fernando Poo. Sin embargo, los intentos de convertir los territorios africanos bajo soberanía española en un puerto esclavista fracasaron por dos motivos. En primer lugar su anacronismo, pues los ingleses, desde 1807, prohibieron el comercio de esclavos y pretendieron que el resto de los países europeos siguieran el mismo camino. En segundo lugar, por la incapacidad y el desinterés material de los gobiernos españoles de dominar un territorio poco conocido (Fernando Poo), que entre 1821 y 1843 pasó a estar bajo control efectivo de los ingleses. Sin embargo, aunque el tráfico de esclavos estuviera legalmente prohibido, ciertas casas comerciales catalanas (Vidal y Ribas o Montagut y Cia) no abandonaron las rutas comerciales esclavistas y mantuvieron un ambiguo comercio (entre legal e ilegal), demostrando una pronta readaptación a las nuevas directrices internacionales, al tiempo que su predisposición para introducirse en el comercio del cacao.[5]

Una vez establecidas las primeras exportaciones de cacao a España, otro escollo que tuvo el todavía exiguo comercio fue la relación arancelaria entre metrópoli y colonia. Desde 1898 el cacao que entraba a los puertos españoles procedente de Fernando Poo era gravado fiscalmente como una mercancía extranjera (y no colonial), aunque disponía de una ventaja respeto al cacao de otras procedencias. Tal inverosimilitud se explica por la pérdida de los territorios del Caribe y Filipinas, que suponía el abandono de cualquier proyecto colonial de envergadura y que se tradujo no sólo en la incapacidad de establecer unos presupuestos coloniales que ayudaran al desarrollo de la economía colonial, sino también en la voluntad de sufragar parte de los gastos que ésta ocasionaba a través de las cargas fiscales sujetas al comercio (Díaz Matarranz 204). Ante esta situación, la explotación del cacao y su comercio, ejes centrales de la economía colonial española en esta parte de África, desarrollaron un doble proceso de cambio durante los primeros años del siglo veinte. En primer lugar, las trabas fiscales unidas a los problemas estructurales de las explotaciones agrícolas (carencia de mano de obra y de inversión estatal y privada) convirtieron las pequeñas explotaciones de la isla de Fernando Poo en poco rentables, acabando mayoritariamente en manos de los grandes propietarios como resultado del crédito usurero que facilitaban (De Castro y De la Calle 253). En segundo lugar, esta desigualdad generó una reconfiguración socio-económica sobre la cual sólo un número reducido de empresas (las que poseían una mínima inversión o llevaban suficiente tiempo establecidas en el territorio) aguantaron dicha situación y se perfilaron como el futuro económico de la isla. Entre éstas, convivieron hasta la década de 1920 un número no despreciable de casas fernandinas (Kinson, Vivour, Barleycorn, Balboa, Collins, entre muchas otras), con otras de capital español (Antonio Pérez e Hijos, Rius i Torres, Roig, Huelín), alemán (Moritz), inglés (Ambas Bay) y portugués (Viuda Da Cunha). Todas ellas formaron una restringida élite económica. Pero dentro de este grupo destaca la importancia de las firmas procedentes de Barcelona que sin duda aprovecharon el privilegio que las conexiones marítimas entre Barcelona y Santa Isabel les otorgaban, combinando la adquisición de tierras (para la producción de cacao) con la exportación (de la producción propia y ajena).[6]

Además de la reconfiguración socio-económica, el segundo proceso relevante lo conforman las estrategias de unión que urdieron agricultores y comerciantes en aras de influir en la política económica colonial española y eliminar las trabas que impedían una mayor rentabilidad para sus negocios. Estas maniobras no sólo son fruto de las clásicas luchas entre el interés público o estatal y el interés privado, sino que nos sitúan en un plano mucho más complejo donde se abrieron un abanico de rivalidades entre productores, comerciantes y consumidores que entrelazaron Fernando Poo, Barcelona y Madrid, presentándonos un corolario de tensiones y contradicciones, con victorias parciales y resultados inciertos, hasta el estallido de la Guerra Civil española en 1936.

Juegos de alianzas y choque de intereses entre productores, comerciantes y fabricantes de chocolate

Las primeras iniciativas de presión significativa por parte de comerciantes y agricultores nacieron en 1901 como respuesta a lo que se consideró una doble carga fiscal contra el comercio de cacao. Los comerciantes se negaron a enviar la producción a España debido a un aumento arancelario (de 0,45 a 0,90 Pesetas/Kg.), y a la obligación de certificar el origen del cacao importado, medida que perseguía reducir la entrada de cacao procedente de Sao Tomé como si fuese procedente de Fernando Poo, pero que se hacía casi imposible de comprobar debido a la desorganización de la propiedad que reinaba en Fernando Poo (Díaz Matarranz 202). Estas presiones se articularon a través de asambleas de comerciantes y agricultores que, amenazando en cortar el flujo comercial entre Guinea y España, consiguieron una reducción arancelaria por parte del Ministerio de Hacienda español y una suavización de las condiciones de certificación.

Este primer éxito sentó las bases para que, en 1906, apareciera la primera institución de defensa de los intereses agrícolas y comerciales: la llamada Cámara Agrícola de Fernando Poo, establecida en Santa Isabel, y que pretendía amplificar la voz de agricultores y comerciantes para conseguir del poder legislativo metropolitano “cuantas resoluciones estimen convenientes para el desarrollo y mejora de la agricultura”.[7] Aunque tanto observadores de la época como autores contemporáneos hacen hincapié en los pocos frutos logrados en sus primeros años, la Cámara Agrícola Oficial (CAO) deja entrever algunos elementos esenciales de acciones futuras a causa, en primer lugar, de la dependencia de esta institución de las decisiones tomadas desde Barcelona, donde residían la mayoría de los propietarios y donde se estableció un comité (subsidiario, en un principio) que debía ejercer de interlocutor con el gobierno español. El hecho es que, el Comité de Barcelona, formado por un número poco representativo de comerciantes, acabó dictando las estrategias de presión de toda la CAO (Pereira Rodríguez 247).[8] En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, con el establecimiento de esta institución de carácter dual –Santa Isabel y Barcelona—, podremos comprobar cómo los intereses defendidos en Barcelona no eran armónicos con los defendidos en Fernando Poo. Esto se debía a que miembros del Comité de la CAO representaban simultáneamente a las firmas comerciales que acaparaban la importación de cacao hacia España. Muchos de ellos no tenían grandes explotaciones y se dedicaban a comprar el producto de otras firmas agrícolas. Por consiguiente, sus principales objetivos fueron establecer el marco arancelario adecuado y no tuvieron en cuenta, en algunas ocasiones, las demandas de la Asamblea General de la CAO en Fernando Poo, más encaminadas a atender a problemáticas agrícolas locales.[9]

Dentro del marco arancelario, el principal objetivo de comerciantes y agricultores era conseguir una rebaja impositiva que convirtiera a España en un mercado reservado para el cacao procedente de Fernando Poo. Aunque esta ventaja existía, la poca competitividad del cacao de esta isla con respeto a otros de territorios colindantes hacía del mercado español el único posible, por lo que era necesario anular cualquier competencia externa. Con este preciso objetivo se creó en 1910 el Comité de Defensa Agrícola, con sede en Barcelona y con  protagonistas muy similares a los del Comité de la CAO. Su intención era plantear una reforma arancelaria que fuera incontestable para el Gobierno central de Madrid, es decir, demostrar que se podían rebajar los impuestos al cacao de Fernando Poo para favorecer un mercado totalmente reservado, sin que el Estado viera reducidas de manera considerable sus rentas que, posteriormente, serían el eje principal del presupuesto.[10]

La propuesta planteada por el Comité fue realizada bajo el asesoramiento de miembros de la alta burguesía catalana (Frederic Rahola, Joan Antoni Güell e Ignasi Girona entre otros) que defendían, a nivel industrial, la doctrina proteccionista.[11] La petición se caracterizaba por solicitar una rebaja arancelaria al cacao procedente de Fernando Poo, pero no en la totalidad de la producción sino solamente para una parte proporcional de la misma, o sea, el cupo. Dicha parte, 2.000 toneladas en un principio, era la cantidad que se calculaba que se consumía en España, mientras que la que superara tal cantidad tributaba como cacao extranjero.[12] El gobierno aceptó dicha medida entendiendo que la producción que sobrepasara el cupo también entraría en la metrópoli y las arcas del estado recuperarían el margen impositivo perdido.

Resumen de los cálculos de la propuesta

Situación en 1910

Propuesta del Comité

Sin embargo, esta propuesta no buscaba solamente una rebaja arancelaria sino que escondía la voluntad de sus precursores de limitar, y consecuentemente controlar, la importación, anhelando que el cupo aumentara paulatinamente en función del crecimiento del consumo metropolitano español. Era un vestido hecho a la medida de las principales firmas de Barcelona que, con una mayor capacidad de compra y almacenamiento, pasaban a monopolizar el comercio a unos precios verdaderamente remunerativos, siendo el cacao de Fernando Poo el más económico que se pudiera comprar, aunque a un precio superior al que le correspondería si no gozara de esta ventaja arancelaria con respeto al cacao procedente de otras regiones africanas. La evolución del precio del cacao en los primeros años del establecimiento del cupo dio la razón a sus promotores.

Evolución del precio del Cacao (1911-14)[13]

Sin embargo esta nueva situación desembocó en un doble conflicto: entre comerciantes de cacao y fabricantes de chocolate por un lado, y entre agricultores y comerciantes por otro. Primeramente aparecieron las quejas, a través del Círculo Mercantil de Madrid, de los fabricantes de chocolate españoles que, al ser los únicos compradores de este producto, se veían perjudicados por el aumento de los precios. Éstos emprendieron dos estrategias para subvertir la situación: alterar la composición de la masa del chocolate, reduciendo la cantidad de cacao por debajo de los límites permitidos, y ejercer presión sobre el gobierno para que el cupo fuera aumentando por encima del consumo, hecho que dejaría fluctuar el precio del mismo.[14]

Los primeros intentos de liberalizar el mercado se produjeron en 1915, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial minimizó sus efectos al aumentar considerablemente el consumo de chocolate nacional debido a la reducción de la competencia por parte de los países beligerantes. Sin embargo, una vez terminada la contienda mundial, el conflicto reapareció con toda su fuerza. La lucha entre estos dos sectores se concentró en la actividad de sus distintas organizaciones de defensa. Por parte de los comerciantes, en 1923, se creó la Unión de Agricultores de la Guinea Española, que recogiendo el bagaje del Comité de la CAO, buscó un nuevo paraguas institucional independiente de los intereses de la misma. La labor de la Unión era la de velar para el mantenimiento de un cupo que se ajustara al consumo peninsular y calcular una fijación de precios según la calidad del producto, la situación del mercado mundial y la ventaja arancelaria que el cupo les otorgaba. Durante sus primeros años de trabajo el éxito de la Unión fue considerable y en torno al 70% de la producción era introducido por comerciantes adscritos a ella, hecho que la convirtió en una voz autorizada. Esto fue posible, en gran parte, porque el cupo de entrada se mantuvo entre 1923-24 y 1926-27 en 6.300 toneladas y todo el cacao que entraba a la metrópoli era consumido sin problemas, ajustándose la producción al consumo. Consecuentemente la Unión fijó unos precios al alza y si en el año 1923 el precio medio fue de 3,37 Ptas./Kg., en 1924 llegó a fijarse en 4,33 Ptas. (Sanz 1979: 69).

Arribos de cacao y adscripciones a la Unión

La Unión realizó también una ingente tarea de denuncia sobre la adulteración del chocolate para promover el aumento del consumo, y presionó al gobierno para establecer un marco legal que situara el porcentaje de cacao en la elaboración del chocolate, primero en un mínimo del 18% y más tarde entre el 25% y el 30%, aduciendo como argumento los porcentajes que cumplían los demás países europeos.[15] Pero los fabricantes de chocolate, por su parte también se movilizaron. Agrupados en torno a la Asociación de Fabricantes de Chocolate (AFC), buscaron el reconocimiento de nuevas clases de chocolate como el “familiar”, con un bajo porcentaje de cacao, y cuando la ley les obligó a utilizar uno de mayor contenido de cacao volcaron sus acciones en conseguir del gobierno una liberalización del mercado a través de un aumento sustancial del cupo, situándolo por encima del consumo y permitiendo así una devaluación de los precios.[16] Para conseguir sus objetivos la AFC no dudó en buscar la desacreditación de la Unión de Agricultores, a la que consideraba una institución puramente comercial, monopolizadora, y que no defendía los intereses agrícolas de la colonia. En aras de que su discurso tuviera más fuerza, la asociación buscó aliados en Fernando Poo y los encontró en importantes empresas agrícolas dedicadas básicamente a la producción de cacao, cuyos propietarios residían en Madrid (Amilivia, Pittaluga, Mallo). Estas firmas agrícolas fueron sensibles a las demandas de la AFC, principalmente por su oposición al sistema proteccionista de la Unión. Tal alianza hizo mucho daño a la Unión que, a finales de la década de 1920, veía cómo su sistema monopolista empezaba a resquebrajarse. En su contra también jugaba el aumento de concesiones de tierras y las mejoras agrícolas que dispararon la producción y la aparición de nuevas casas agrícolas y comerciales. Gracias a la diversificación de puertos en España que recibían los vapores de la Compañía Trasatlántica, muchas de las nuevas empresas ya no eran de capital catalán y parte de la producción empezó a entrar por otros puertos españoles (Alicante, Valencia, Bilbao) (Sanz 211).

importancia del puerto de Barcelona en el comercio del cacao (Sanz 1979: 69)

Las luchas entre agricultores, comerciantes y productores de chocolate tuvieron un final incierto. En 1933 los ecos de la crisis mundial provocaron un período inflacionista que encareció indirectamente el producto. Junto a esto, la producción del cacao se situó por encima del consumo. Con un cupo situado en las 10.500 toneladas (reducido en 500 toneladas por la presión de la Unión) y un consumo nacional inferior (estimado en las 9.000-10.000 toneladas)[17], la competencia convirtió los precios fijados por la Unión en irreales. Muchos comerciantes empezaron a vender cacao por debajo de lo establecido y la competencia entre éstos amenazaba no sólo el negocio comercial sino también la rentabilidad de las explotaciones.

Evolución de los precios: 1931-34 (Cotizaciones en el Puerto de Barcelona)[18]

Sin embargo las cosas no andaban mucho mejor en cuanto a lo que a los fabricantes de chocolate se refiere. Muchos de los pequeños productores se lanzaron a una ávida lucha por elaborar un producto de bajo coste asequible para las clases populares españolas que, a su vez, habían visto reducida su capacidad adquisitiva fruto de la crisis económica que azotó España durante los primeros años de la década de 1930. Como consecuencia, algunos grandes fabricantes vieron en la elaboración de un chocolate de calidad destinado a las clases acomodadas, la única salida a su negocio. Por este motivo, los sectores enfrentados parecían estar dispuestos a acercar posiciones e intentar armonizar sus intereses en aras de mejorar su situación: los fabricantes de chocolate se comprometían a aumentar su consumo de cacao a cambio de establecer un precio medio sustancialmente inferior al que marcaba la Unión, que consideraban especulativo.[19] Pero las nuevas propuestas por ambos lados (escenificadas con reuniones en Madrid)[20] sobrepasaron estas voluntades y el sector agrícola-comercial emprendió nuevas estrategias de unión. Esta vez apelaron al gobierno directamente para que salvara la economía colonial. Como consecuencia de estas peticiones, en 1935 nacía el Comité Sindical del Cacao, con la mediación del Ministerio de Industria y Comercio español, y el apoyo de gran parte de comerciantes y agricultores, tanto del sector residente en Barcelona (adscritos a la Unión) como de los de Madrid. Esta nueva institución se encargaría de marcar unos precios mínimos de obligado cumplimiento sancionados por el propio Ministerio. También establecía la creación de almacenes cooperativos para almacenar la producción sobrante y buscar mercados extranjeros donde colocar el producto.[21]

El sector industrial español volvió a mostrarse contrario a la solución propuesta, pues entendía que los precios fijados, aún contando con la mediación del gobierno, eran excesivamente altos y perjudicaban la industria chocolatera. Aunque el estallido de la Guerra Civil española en 1936 paralizó los trabajos del Comité Sindical del Cacao, deberíamos apuntar que, de haberse consolidado esta institución, el modelo comercial proteccionista ideado desde Barcelona habría triunfado sobre las visiones librecambistas de Madrid, pues aunque desconocemos el futuro del cupo, la fijación de unos precios mínimos y el mantenimiento de unos aranceles altos para el cacao extranjero aseguraban al cacao de Fernando Poo la exclusividad del mercado español.

En 1940, una vez terminada la Guerra Civil española, los representantes de la Unión volvieron a reunirse para debatir cuáles tenían que ser sus funciones con el cambio de régimen. Aunque la mayoría apostaron por recuperar el Comité Sindical del Cacao, la legalidad franquista cortó de raíz con esta idea. Un año más tarde se fundó la Casa de la Guinea Española cuyo objetivo principal fue el de colaborar con el Gobierno en la labor colonial.[22] Pero el margen de actuación de comerciantes y grandes agricultores disminuyó frente a un gobierno mucho más omnipresente. La verdad es que los primeros años de la dictadura franquista significaron un fuerte impulso económico para Guinea, principalmente debido a la desastrosa política autárquica que “convirti[ó] las colonias en piezas esenciales para la economía estatal” (Nerín 1998: 25). Muchos de los nombres que dominaron el mundo del cacao hasta entonces seguirán con un importante protagonismo. Sin embargo, las instituciones de defensa a las que nos hemos referido quedaron totalmente modificadas reduciendo notablemente su margen de actuación.

La lucha por la mano de obra y las estrategias del gobierno colonial

La escasez de mano de obra en Fernando Poo fue uno de los problemas principales con que se toparon los proyectos de colonización. La baja densidad de población de la isla era insuficiente para el gran número de trabajadores que las explotaciones de cacao y los trabajos de infraestructura necesitaban (Nerín 2007: 120). Al mismo tiempo, la población bubi manifestó resistencia, a menudo militar o armada, que llegó a poner en entredicho la capacidad de la administración española de mantener el orden social (Sundiata 1994: 552). Las primeras explotaciones de cacao en la segunda mitad del siglo diecinueve, bajo una escasa regulación y en su mayoría en manos de finqueros fernandinos, se servían  de mano de obra procedente de diferentes puntos de la costa occidental y central africana, y en condiciones laborales que poco distaban del esclavismo,[23] aunque de forma recurrente se ha utilizado la expresión “trabajo forzado” para referirse al nuevo modelo de trabajo que defendieron las potencias coloniales después de la Conferencia de Berlín, una vez terminado el tráfico legal de eslavos.

En la última década del siglo diecinueve el gobierno británico empezó una serie de investigaciones que concluyeron que los trabajadores de las islas de Sao Tomé y Príncipe y de Fernando Poo estaban mal pagados y mal alimentados (Sundiata 1996: 137). Éste esgrimía su lucha a favor de un trabajo más digno, no sólo por motivos filantrópicos e influenciado por las denuncias de las atrocidades que sucedían en algunas colonias africanas (como en el Congo de Leopoldo II), sino por los beneficios que los abusos de  la mano de obra podían comportar a la explotación de cacao, sobretodo en la vecina Sao Tomé, que ofrecía precios de venta inferiores respeto a las colonias británicas (Cantús 61-72). En 1900 entre 350 y 450 trabajadores procedentes del oeste de Nigeria y de Ghana se negaron a trabajar en  las plantaciones de cacao de Fernando Poo por los abusos de los propietarios de las fincas agrícolas. Este hecho, juntamente con las denuncias británicas, llevó a una parálisis momentánea del movimiento de mano de obra procedente de territorios británicos. Ante esta situación, la administración colonial española se vio obligada a mediar entre un conjunto de intereses: por un lado tenía la obligación y la necesidad de favorecer el reclutamiento de mano de obra para los propietarios, principalmente españoles, por encima de los africanos o extranjeros. Al mismo tiempo, debía crear un marco legal mínimo tanto para eludir posibles revueltas de los trabajadores africanos, y finalmente evitar las denuncias procedentes del exterior. El mantenimiento del orden social y  de un cierto prestigio internacional obligaba al Gobierno español a emprender algunas reformas.

La fórmula escogida queda reflejada en la creación de la Curaduría Colonial, institución creada en 1904 con la finalidad de “proteger a los niños o indígenas remontados y a los trabajadores, fomentando la cultura y moralización de los naturales del país y su adhesión a España” (Ndongo 115), y que  se encargaba de dar conformidad a las contrataciones de los braceros. Dos años más tarde se publicó el Reglamento de Trabajo Indígena, definido por Donato Ndongo como “la pieza central en la regulación de las relaciones laborales entre colonos y nativos” (Ndongo 130). Pretendían fomentar la supuesta civilización del indígena (impulsándolo al trabajo) y facilitar de paso, tanto al gobierno de la colonia como a propietarios y comerciales, la mano de obra necesaria para realizar sus actividades. Sin embargo, también era un objetivo prioritario defender los intereses del indígena, no tanto por su dignidad sino más por su “escasa cultura”. Con este marco normativo también se autorizaba el reclutamiento particular de braceros en Río Muni, a la vez que se estipulaban unas condiciones económicas, sanitarias y alimenticias que querrían desvanecer cualquier posible denuncia de malas condiciones laborales. Pero estos preceptos no consiguieron solucionar la situación. En primer lugar porque generaron un proceso predativo que desembocó en un abuso contra la libertad de parte de la población fang de Río Muni y una rivalidad conflictiva entre reclutadores que, ávidos ante las grandes posibilidades económicas de su negocio, no dudaban en engañar y maltratar a los futuros trabajadores, a la vez que especulaban con el precio de sus transacciones. El marco legal, entonces, fue desbordado por la avaricia colonial (Ndongo 134). Además, aunque el Reglamento de Trabajo Indígena intentó procurar unas pautas laborales que asegurasen un “trabajo legalizado” en Fernando Poo, no solucionó la falta de trabajadores en las plantaciones. No es una casualidad, en este sentido, que fuera el mismo año 1906 cuando se creó en Santa Isabel la CAO. Para los agricultores, si bien esta disposición reafirmaba su poder y supremacía, no solucionaba la escasez de braceros y hacía falta crear un grupo de presión para conseguir de forma estable la mano de obra necesaria.

Otra estrategia gubernamental utilizada fue la de insistir de nuevo en el reclutamiento entre la población bubi la cual, mayoritariamente, se había refugiado en zonas más interiores de la isla, alejadas de la costa, desboscando la selva y, en algunos casos, creando pequeñas plantaciones propias de cacao. Los bubis se quedaban fuera de la obligatoriedad de trabajar expuesta en el Reglamento de Trabajo Indígena de 1906, por lo que se recurrió a una vieja fórmula utilizada 50 años antes: la prestación personal. Ésta obligaba a trabajar en fincas de propietarios españoles a todos los indígenas que no fueran ellos mismos propietarios de una o más hectáreas. Antes de que la prestación personal fuera oficialmente legalizada en agosto de 1907, ya se habían realizado expediciones al interior de la isla para obligar a cierto número de hombres de cada poblado a desplazarse hacia las plantaciones de los colonos. La CAO, recién fundada, tuvo un papel clave en este sistema de reclutamiento. Por ejemplo, el Gobernador General Diego Saavedra (1906, 1908)[24] patrocinó una campaña que, dirigida por los propietarios fernandinos Kinson y Balboa, se encargaron de reclutar bubis para la prestación personal. Estas expediciones reclutaron un total de entre 1500 y 1800 trabajadores bubis. Díaz Matarranz concreta que los métodos utilizados para establecer la prestación personal fueron deliberadamente violentos (237). Pero, en 1909, la CAO, aún estando satisfecha tanto del reclutamiento libre del continente como de los primeros resultados de la prestación personal bubi, prosiguió en su presión política intentando optimizar esta situación, promoviendo medidas más severas: estipular el número de trabajadores sujetos a la prestación personal según un porcentaje fijo respeto a la población de cada poblado, disponer que los castigos a los trabajadores se tradujeran en días de trabajo sin remunerar en obras públicas, o medidas  que proponían “amparar a las tribus débiles del continente, ofreciéndoles trasladarse gratuitamente a la isla dándoles allí albergue y protección” (Díaz Matarranz 237).

Estas presiones ejercidas directamente desde Barcelona surtieron efecto y Luís Daban (Gobernador interino en agosto-septiembre de 1909), aceptó endurecer las condiciones de reclutamiento. Como consecuencia, las poblaciones afectadas  de la isla se rebelaron. La revuelta en el poblado de Balachá, en 1910, fue quizás la más contundente, donde bubis con armas de fuego acabaron con la vida de tres guardias coloniales. El episodio terminó con el encarcelamiento de los insurgentes bubis, la destrucción de sus poblados y la muerte de su jefe, el botuku de Luba. Este acontecimiento, considerado un hito en la resistencia bubi (aunque no fue el primero), también fue un punto de inflexión para la administración española que vio cómo el sistema de prestación personal era inviable. Aunque el déficit de trabajadores disminuyó durante los primeros años de la aplicación de la prestación personal, los costes sociales de la misma hacían necesario volver a buscar nuevas fórmulas (Sanz 231).

Una tercera estrategia que se llevó a cabo fue la de intentar crear una corriente migratoria de mano de obra estable. El principal problema que tenía el gobierno español era su poca credibilidad a nivel internacional en cuanto al trato a los braceros (sobre todo frente a Gran Bretaña) y la rivalidad territorial con Alemania y Francia en la parte continental, hecho que reducía enormemente su campo de acción para encontrar una política receptiva a las propuestas españolas. Había una salida: Liberia. Existían antecedentes de acuerdos entre el gobierno de Liberia y potencias coloniales europeas como Francia y Alemania en materia de mano de obra. Casas comerciales alemanas, con el permiso del gobierno liberiano, transportaban trabajadores a importantes firmas agrícolas de Fernando Poo. Las principales trabas que obstaculizaban la elaboración de un contrato estable entre el gobierno español y el liberiano eran que Liberia exigía el pago de un depósito por trabajador, para asegurarse de que éste regresaría una vez finalizado el contrato. Aunque posteriormente estas condiciones se flexibilizaron, la descapitalización de la mayoría de los colonos finqueros en aquellos primeros años de siglo impidió ratificar cualquier acuerdo (Díaz Matarranz 227). Pero la necesidad de mano de obra fue tan grande que la propia CAO, en 1908, volvió a presionar al Gobernador General para que se hiciera efectivo un tratado que obligara a los propietarios a pagar el 50% del salario del bracero en Liberia y se hizo efectivo el 5 de marzo de 1909, aunque la contratación de braceros procedentes de Liberia fue escasa hasta 1915, año en que un nuevo tratado  aumentaba los puertos por los cuales se podía embarcar a los trabajadores, a la vez que implicaba más a la administración colonial como garante de las condiciones del tal tratado. Algunos estudios cifran entre 1.200 y 1.300 el contingente de trabajadores liberianos que anualmente emigraron a Fernando Poo para estancias laborales de entre dos y tres años. El Tratado entre España y Liberia, aunque se interrumpió  bastantes veces (1919, 1923 y 1925) tuvo vigencia hasta 1927, y los acuerdos a nivel privado perduraron hasta 1930 (Sanz 1983; Sundiata 1996).

Con la llegada del Gobernador Núñez de Prado (1926-31) y el fin del tratado un año más tarde, se reafirmó la necesidad de asegurar mano de obra procedente de Río Muni. El sistema de reclutamiento fue fruto de una doble acción: por una parte, la de los reclutadores libres al servicio de los propietarios de Fernando Poo y, por otra, la de los miembros de la Guardia Colonial que, a cambio de suculentas propinas, aprovechaban su status de fuerza para obligar a los jefes de poblado fang a ceder hombres (Nerín 2006). El reclutamiento en la parte continental de la colonia, el tratado con Liberia y otros hechos más coyunturales como la llegada de trabajadores procedentes del Camerún alemán durante la I Guerra Mundial, ayudaron sensiblemente al desarrollo de la agricultura colonial. Sin embargo, dos fueron las principales consecuencias del proceso de búsqueda de mano de obra en la configuración económica de Fernando Poo. En primer lugar, la consecución de mano de obra aceleró el proceso de transformación socio-económico que vivía la isla. Los pequeños propietarios (fernandinos o españoles), por su falta de capital, fueron los que más presionaron a la mano de obra e infligieron mayores abusos contra los trabajadores africanos. Este hecho aumentó la conflictividad social, puso en peligro las diferentes corrientes migratorias de trabajadores y fue uno de los motivos por los que el gobernador Ángel Barrera, durante su segundo mandato (1914-25), declaró que no quería fincas de 1 a 100 hectáreas, favoreciendo así a los grandes propietarios que, a su vez, con más recursos económicos, eran capaces de cumplir las disposiciones económicas, alimenticias y sanitarias de los contratos (Sundiata 1996).

Sin embargo, no podemos considerar que la preeminencia de grandes propietarios a partir de la década de 1920 significara una mejora de las condiciones laborales para el bracero. Si bien los abusos y la utilización de trabajos forzados podía ser una herramienta de los pequeños propietarios para mantener sus plantaciones de forma rentable, los derechos laborales de los trabajadores africanos eran simplemente inexistentes. Tanto los grandes propietarios como los pequeños trataron a los trabajadores como una mercancía más, como un elemento básico en el proceso de producción del cacao. Seguramente los malos tratos, a partir de 1920, respondían tanto a la voluntad de lo capataces españoles de reafirmar su superioridad y autoridad frente a los trabajadores africanos, como al interés en rentabilizar al máximo el trabajo de la mano de obra. En este aspecto ha quedado constancia, a través de varias denuncias realizadas ante la Curaduría Colonial, de que una de las firmas agrícolas más importantes de la colonia, Pérez e Hijo, y en concreto su encargado, Antonio Fernández, recibió periódicas acusaciones de malos tratos hacia los trabajadores.[25]

Finalmente, la dependencia extrema de la mano de obra exterior dejó en una situación de extrema vulnerabilidad a la agricultura colonial española en Guinea. Por este motivo, entre 1925 y 1927, cuando el tratado con Liberia peligraba, la CAO y la Delegación de Barcelona pusieron en marcha una serie de intentos particulares para reclutar mano de obra de otros territorios.

 Las estrategias de la CAO y la Junta Peninsular

En 1925 un informe de José Ligero, Presidente de la CAO, nos muestra las preocupaciones de los grandes propietarios acerca del problema de la mano de obra. Les inquietaba, en primer lugar, cómo se estaba desarrollando el reclutamiento de trabajadores en Río Muni, donde la extrema rivalidad entre agentes y casas productoras provocaba un “encarecimiento del producto”.[26] Durante la década de 1920 la mano de obra procedente de la parte continental alcanzaba aproximadamente un 65% del total, aunque todavía era insuficiente para cubrir las necesidades de las plantaciones de Fernando Poo. Además, ese mismo año, el tratado con Liberia se ponía en peligro como consecuencia del establecimiento de la firma Firestone que, establecida cerca de Monrovia y con el monopolio de la recolección y transformación del caucho, presionaba para evitar que los trabajadores liberianos emigraran a Fernando Poo (Sundiata 1996). La CAO propuso la creación de una sección dentro de la misma que se encargara específicamente de gestionar el reclutamiento en el continente, pero esto tenía el peligro de contradecir los intereses de las propias firmas agrícolas porque, como recordaba el propio Ligero, “no debemos olvidar que muchas de las casas comerciales establecidas en nuestro continente africano tienen por base de su riqueza el negocio que nos ocupa”.[27] El proyecto del Presidente de la CAO será finalmente aprobado un año más tarde, incluyendo importantes modificaciones que, seguramente, debían responder a los intereses de las casas que poseían reclutadores propios.

 Las bases de la Sección de Recluta de la CAO, que así se llamaba, establecían que los reclutadores privados pertenecientes a las casas agrícolas podían adquirir hasta un total de 75 hombres por cada 100 hectáreas. El resto de reclutadores, si querían seguir con su actividad, debían integrarse como trabajadores de la Sección de Recluta, la cual pagaría como mucho 120 pesetas por trabajador. La bases también denotan un intento de los grandes agricultores por regular una situación que en muchos casos se les escapaba de las manos, y exigía a los agricultores una declaración jurada de cuántas hectáreas (cultivables y de bosque) poseían. Sin embargo, el discurso de equidad dentro de la CAO, apostando para que “el débil tenga tan definidos los derechos como los poderosos”, parece contradictorio. El mismo año de su creación la Sección de Recluta gestionó la llegada de 2.300 braceros la mayoría de los cuales fueron a parar solamente a 7 de las 59 casas peticionarias (Sanz 242). Con este desequilibrio no es de extrañar que esta institución se diera de baja poco después de ser creada.[28] En cualquier caso, este primer intento va a definir las futuras acciones de la CAO. Entre los años 1925 y 1936 la Delegación de Barcelona emprenderá distintas acciones para reclutar a mano de obra fuera del territorio español, acciones que fueron lideradas por la élite de Barcelona y en busca del beneficio de las grandes firmas agrícolas. Las principales casas agrícolas sufragaron las expediciones con el objetivo de nutrir solamente a los principales agricultores. De hecho los grandes propietarios intentaron paralelamente arruinar a los pequeños, exigiendo a la administración que prohibiera la contratación de mano de obra a pequeños propietarios que tuvieran menos de 5 hectáreas. En cualquier caso, todas estas tentativas terminaron igualmente en el fracaso. La Delegación de Barcelona no fue capaz de gestionar unos proyectos que implicaran algo más que solvencia económica. La negativa del gobierno español de colaborar directamente en estas iniciativas, necesaria para tratar con gobiernos de otras naciones, fue clave en este aspecto. Debemos suponer que esta pasividad del gobierno colonial respondió a la poca capacidad económica, y por tanto voluntad, para costear los altos gastos de transporte, frente a la comodidad que suponía permitir que fueran los propios agricultores y comerciantes quienes realizaran este trabajo.

Uno de los intentos de la CAO para conseguir mano de obra extranjera se gestionó entre los años 1927 y 1929. Se negoció con las autoridades chinas la llegada de 2.000 trabajadores procedentes de este país. Los trabajadores no llegaron nunca. Desconocemos las razones últimas por las cuales no se materializó este trasvase migratorio, aunque todo apunta a que en Fernando Poo ya existía una pequeña presencia china que no era bien acogida por los colonos españoles. Así, con un discurso contundentemente racista, desde la propia CAO se desestimó el tratado por considerar a los potenciales trabajadores chinos personas de “hábitos viciosos y con idiosincrasias chocantes con las costumbres de los pueblos occidentales [...]. Apasionados por el juego y por el uso de estupefacientes, arteros en el arte social, dados a la intriga, a la conspiración y el contubernio”.[29] Además, según los informes conservados, había muchas dificultades para acreditar que los trabajadores que se querían contratar procedían de la zona sur de China, que por razones climáticas era la única que guardaba semejanzas con Fernando Poo y posibilitaba una mejor aclimatación de los trabajadores.[30]

Las siguientes negociaciones se realizaron en Cabo Verde, donde la CAO intentó reclutar braceros, en primer lugar, para realizar obras de infraestructura que debían desarrollarse después del presupuesto extraordinario de 1926, donde los colonos consiguieron de la administración estatal española una asignación económica sin precedentes destinada a mejorar infraestructuras, pero carecían de una adjudicación empresarial para realizar las obras. Las negociaciones empezaron a través de la relación entre un agricultor portugués residente en Cabo Verde, Costa Rodríguez, que puso en conocimiento a uno afincado en Fernando Poo, José Pinto Guimaraes de la crisis agraria que azotaba a la isla portuguesa, y que disponía de medios para facilitar la emigración de muchos trabajadores caboverdianos a Fernando Poo.[31] Guimaraes, aunque no formaba parte de la CAO por su condición de extranjero, informó de la situación a los principales agricultores de Barcelona. Las primeras negociaciones se llevaron a cabo entre la Junta de Barcelona y el agricultor portugués, quien les facilitó aproximadamente el precio del bracero y las condiciones laborales que debía reflejar el contrato y que, en el fondo, no diferían mucho de las que se habían establecido para la mano de obra procedente de Liberia. Costa ofrecía dos posibilidades a la Delegación: intentar convencer a las administraciones portuguesa y española de su voluntad, proceso que que podía ralentizar la llegada de trabajadores, o intentar realizar los contratos como emigración libre, de manera más fácil y viable. La Delegación decidió no involucrar a las autoridades estatales españolas, por las que siente una total desconfianza, y realizar por sí misma todas las gestiones. El proceso se alargó hasta finales de 1927 por las dificultades de Costa Rodríguez, como apoderado de la CAO, para convencer a los agentes de inmigración de Cabo Verde, y por las dificultades de encontrar un transporte marítimo con garantías. Éste también pidió más dinero a la Delegación para sufragar los gastos propios de sus gestiones, hecho que despertó ciertas sospechas en el seno de la Delegación. Las negociaciones se paralizaron cuando Costa exigió de la Delegación una garantía bancaria para realizar el pago de las aproximadamente 400 pesetas que se calculaba que costaba cada bracero. En vista del posible fraude al que Costa había llevado a la Delegación, la CAO le suspendió de sus poderes y decidió enviar a Cabo Verde a un representante influyente en Barcelona (Gabriel Cardona, el responsable de las oficinas de la Delegación), junto con el agricultor portugués Pinto Guimaraes que había propiciado el origen de este trato. A principios de 1928, ante la obligación real impuesta por las autoridades portuguesas de presentar una garantía bancaria, la Delegación remitió a los agricultores una carta pidiendo que “anticiparan a la Cámara las cantidades que ésta no poseía en el actual momento, pues sin ellas resultaba imposible llevar a feliz término las gestiones iniciadas en beneficio de todos ellos”[32]. Los principales agricultores (Pérez e Hijo, Rodríguez Barrera, Potau, Ligero, etc.) pusieron el dinero necesario aunque, finalmente, de nada sirvió. El segundo intento particular de crear emigración laboral fracasaba, esta vez, por el coste que significaba el transporte de los braceros. Los agricultores pretendían que fuese a cuenta del propio trabajador, pero realmente éste no estaba en condiciones de pagarlo. La memoria de la CAO refleja que finalmente sólo 81 trabajadores procedentes de Cabo Verde llegaron a Fernando Poo, 24 de los cuales fueron a parar a las fincas de Pérez e Hijo. El informe concluye así: “Ciertamente que los esfuerzos desplegados por la Delegación  en la emigración referida, hasta el presente, no han dado el máximo rendimiento que cabía esperar”.[33] El caso es que a principios de los años treinta algunos agricultores todavía reclamaban a la Delegación de la CAO el dinero prestado.

Desanimada por un nuevo fracaso y con quejas recurrentes de ciertos agricultores por haber avanzado dinero para las gestiones, la CAO realizó algunas tímidas prospecciones para conseguir mano de obra de otros territorios portugueses como Angola, Mozambique o incluso en Haití, pero que tampoco terminaron de prosperar.[34] Otra vez se puso la mirada en Liberia para solucionar los problemas de mano de obra. Las instancias presentadas por la Delegación de la Dirección General de Marruecos y Colonias recibieron una respuesta contundente y de poca colaboración por parte de Liberia: si querían reanudar el tratado a nivel particular y no estatal (como organización, o como propietarios individuales) tendrían que sufragar los gastos extraordinarios que significaba mantener la delegación diplomática liberiana en la Guinea española. Aunque algunos agricultores respondieron airados ante el hecho de que la CAO tuviera de pagar el sueldo de un  funcionario, la medida fue aprobada. Lo cierto es que, en años anteriores, la CAO había retribuido al Cónsul español en Liberia con cantidades de hasta 6.000 Ptas., como gratificación por los servicios prestados, por lo que debemos interpretar que estas prácticas no eran nuevas, aunque ahora se institucionalizaban.

La reanudación de tratados con Liberia, lejos de solucionar los problemas de la CAO, todavía complicó más la situación. En junio de 1929 la Real Orden española 456 modificaba el Reglamento de Trabajo Indígena, básicamente en el apartado de las multas que los patronos debían pagar por los malos tratos a los braceros, multas que podían llegar a la expulsión de la colonia del propietario o capataz en caso de reincidencia. En el origen de estos cambios radica otra vez la relación entre la colonia española y Liberia. Como hemos dicho, aunque el tratado se suspendió formalmente en 1927, la emigración de mano de obra procedente de Liberia prosiguió a nivel particular. Aunque las relaciones se realizaron principalmente con el Sindicato Agrícola de Guinea (Sundiata 1996), la CAO también debía estar implicada, hecho que explicaría que el gobierno español le exigiera el pago del sueldo del cónsul español.

En 1929, un libro de Kathleen Simon, Slavery, que narraba las prácticas de reclutamiento de la mano de obra en Liberia, prácticas que distaban muy poco de la situación de esclavitud, tuvo un profundo impacto en la opinión pública anglosajona.[35] Consecuentemente, el gobierno de Estados Unidos presentó la situación a la Sociedad de Naciones, órgano que dos años antes había promovido la Convención sobre la Esclavitud y que tenía como objetivo denunciar ante la Comunidad Internacional aquellos países que obligaran a trabajos forzosos. La Sociedad de Naciones abrió una amplia investigación sobre los hechos y, aunque la acusación recaía sobre los sistemas de recluta en Liberia, al tener los trabajadores reclutados como destino Fernando Poo, la colonia española apareció como cómplice de esta situación, con el agravante de los precedentes de malos tratos que ya acarreaba. Estas acusaciones, aunque en todo momento fueron indirectas, explicarían el endurecimiento de las sanciones a propietarios y capataces que marcaba el nuevo reglamento. Los propietarios no tardaron en reaccionar y, a través de la CAO, protestaron enérgicamente contra la desconfianza de su propio gobierno respeto a lo que llamaban “observadores simplistas”.[36] La investigación de la Sociedad de Naciones, realizada por una comisión formada por un ex-presidente liberiano y dos delegados designados por la Liga (uno británico y otro afroamericano) demostró que el reclutamiento realizado en Liberia era forzoso y en condiciones infrahumanas. Sin embargo, aunque dentro del informe se recogían entrevistas con algunos africanos que ponían en duda el buen funcionamiento de la Curaduría Colonial en Fernando Poo, la única acusación directa que recibió España del informe resultante era que algunos trabajadores no habían recibido la segunda mitad del sueldo que les correspondía.[37]

Las luchas entre los diferentes actores económicos del colonialismo español en Fernando Poo son una muestra de la complejidad del sistema en sí mismo. Lejos de ser homogéneos, sus intereses colisionaron hasta un punto que se convirtieron en poco viables y hasta incompatibles. Hubo choque de intereses, en primer lugar, en el seno del sector privado. La complementariedad del sector comercial y productivo quedó truncada por distintas trabas comerciales que amenazaron con convertir estas actividades económicas en poco rentables. Sin embargo, lejos de ser una ruina generalizada, la elite agrícola-comercial superó los obstáculos e hizo de la explotación del cacao una actividad lucrativa. Los éxitos y fracasos de esta élite se fundamentaron, en gran parte, por la  capacidad de sus organizaciones de defensa de incidir de la forma más directa posible en la política económica colonial del Estado que, vistos los resultados, no demostró tener un rumbo claro ni decidido. En este sentido hay que destacar el papel jugado por los principales propietarios residentes en Barcelona que marcaron gran parte de las políticas a seguir por las instituciones en cuestión. En segundo lugar, las estrategias de las asociaciones de agricultores y comerciantes para incidir en la política de recluta de mano de obra abren el debate sobre las contradicciones entre el poder público y poder el privado.[38] Aunque no podemos considerar que exista una divergencia de intereses premeditada, los abusos constantes sobre la mano de obra africana obligaron a reformular las estrategias de recluta. La creación de un marco legal, aunque racista, insustancial y sistemáticamente incumplido por los colonos, demuestra que el interés del poder público para garantizar un mínimo orden social entró en conflicto constante con la voluntad del sector privado, donde la rentabilidad económica de sus explotaciones justificaba cualquier abuso sobre la mano de obra. Es dentro de este marco de relaciones complejas que podemos afirmar que, en definitiva,  el modelo colonial resultante fue fruto del encuentro de este corolario de intereses.

Notas

Editado y distribuido por ASODEGUE

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