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HOJAS INFORMATIVAS
5 de octubre de 2006 Denuncias de la situación en Guinea Ecuatorial ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas La Organización no gubernamental Nord Sud XXI ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuatro documentos en los que se denuncia la situación en Guinea Ecuatorial desde el punto de vista del derecho a la educación, del derecho a la sanidad y en general de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que finaliza en estos días el tercer periodo de sesiones de este año, se está limitando en este primer ejercicio a analizar los temas pendientes de la anterior Comisión. La organización Nord Sud XXI presentó los documentos que ahora reproducimos en el mes de marzo, razón por la cual algunas de las denuncias están desactualizadas a día de hoy (en concreto, la relación de personas encarceladas sin causa judicial alguna). A continuación incluimos el texto de los documentos presentados en Naciones Unidas. Pueden verse también en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?c=60&su=68 (pinchar S). El texto de los documentos presentados es el siguiente:
GUINEA ECUATORIAL: LA EDUCACIÓN, UN DERECHO ESCAMOTEADO En Guinea Ecuatorial se concibe habitualmente la educación como un simple medio de acceso a la escolarización formal y no como un derecho fundamental cuyo objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los demás derechos humanos. La vigente Ley de Educación, promulgada en 1994, establece que el Sistema Educativo de Guinea Ecuatorial se estructura en los siguientes niveles: 1. Enseñanza preescolar, de 3 años. 2. Enseñanza primaria, de dos ciclos (1º- 2º- 3º y 4º - 5º). 3. Enseñanza media de 7 años. 4. Formación profesional reglada, con dos ciclos. 5. Enseñanza superior o universitaria. En esta misma ley se recoge que la enseñanza es obligatoria y gratuita hasta el nivel de primaria. Las modificaciones introducidas en dicha ley, aun sin publicar, amplían la enseñanza primaria a 6 años y la enseñanza es obligatoria y gratuita hasta los 16 años, incluyendo los 4 primeros cursos de la enseñanza media. Sin embargo, la realidad es otra. Se constata un abandono de la enseñanza pública por parte de la Administración, incumpliendo la obligación que tienen los Estados de hacer efectiva y justiciable la educación en toda la población. Este abandono e incumplimiento de la ley se manifiestan en: 1.- En todo el ámbito nacional no hay centros públicos de enseñanza preescolar. Todos los centros de este nivel son privados, con unos gastos anuales que oscilan entre 30 000 y 75 000 Francos CFA (unos 46 – 115 €) por niño/a. Esta suma, aunque parezca irrisoria, se sitúa fuera de las posibilidades económicas de muchas personas. Y sin embargo, la ley recoge esta enseñanza como gratuita. En cuanto a la Formación Profesional reglada, solo se registran dos centros en todo el país, uno en la capital Malabo y otro en Bata, segunda ciudad del país. Estos centros no reciben el necesario y suficiente apoyo económico y logístico de la Administración para llevar eficazmente a cabo su misión, y malfuncionan prácticamente abandonados a su suerte. 2.- El estado deplorable de los centros, aulas sin mobiliario, sin iluminación ni ventilación y con un elevado número de alumnos, en ocasiones hasta cien. Tampoco se está haciendo esfuerzos por hacer evolucionar esta situación, es decir mejorar la infraestructura de los centros escolares existentes y construir nuevos, y equiparlos, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda de puestos escolares. 3.- El deficiente número de docentes, su idoneidad y sus penosas condiciones laborales son factores que alientan la corrupción. El docente guineoecuatoriano tiene un salario mensual neto de 110 000 F CFA (unos 168 €), cuantía insignificante si se tiene en cuenta el coste de vida en el país. Con estos salarios que no dan de comer a una persona durante 15 días, los docentes, generalmente jefes de familias numerosas, recuren a prácticas de corrupción como la venta de notas, el trueque de notas contra relaciones sexuales, el abandono de las clases durante varios días para buscar qué comer o para atender su pequeño negocio, etc., para que pueda resistir hasta el fin del mes. La formación permanente del docente no se realiza con frecuencia; el material didáctico es escaso y en muchos centros inexistente. Para solventar el problema del déficit de personal docente, la Administración recurre al nombramiento y contratación de personal docente según criterios ideológicos y fa miliares, sin tener en cuenta ningún mérito académico, convirtiéndolos así en unos verdaderos “asesinos pedagógicos”. Estos falsos docentes son especialmente peligrosos en los niveles preescolar y primario, ya que son niños/as cuyo aprendizaje depende exclusivamente del enseñante. 4.- Pese a que en la ley se determina que la enseñanza es gratuita, al menos hasta el nivel de primaria, las tarifas por derecho de matrícula en los centros públicos son abusivos, cambiantes, generalmente ascendentes, sin clarificación de los conceptos, variables de un centro a otro, de un año a otro, desde los 12 500 F CFA (unos 19 €) en la primaria hasta los 20 000 F CFA (unos 30 €) en la enseñanza media. La forma de pago de la matrícula tampoco es única. En ocasiones se hace en la Tesorería y otras veces en el mismo centro, a través de un miembro del equipo directivo. La Administración, consciente de la existencia de estas prácticas, tampoco hace nada por erradicar la corrupción. 5.- La última resolución del Ministerio de Educación, publicada el presente enero de 2006, no ha hecho más que empeorar la situación. En esta resolución, se faculta a los centros escolares la venta de libros de texto; esta medida perjudica enormemente a la clase desfavorecida, además de alentar la corrupción en los centros, y muchos alumnos/as no podrán acceder a dicho material. 6.- La supervisión educativa, que debería velar, entre otras cosas, por el cumplimiento de los planes de estudios, la realidad en el aula y la práctica docente, se preocupa más bien, en realidad, del control de las afinidades ideológicas de los alumnos y docentes de su jurisdicción; o sea, que los supervisores de la educación se comportan en realidad como auténticos comisarios políticos de la enseñanza. La tendencia observada en consecuencia es que en las zonas rurales y en muchos centros escolares de las zonas urbanas, el rigor de los docentes en su cometido es menor, la calidad de la enseñanza baja, lo que significa que se va a promocionar a cursos superiores a alumnos con grandes lagunas. 7.- Las estadísticas educativas revelan un alto porcentaje de deserción y/o abandono de las adolescentes y un número importante de repetidoras, datos a los que las autoridades educativas de nuestro país no parecen dar ningún tipo de consideración. 8.- No se garantiza el derecho a la educación de las personas inmigrantes. Uno de los obstáculos para una buena y rápida integración es el dominio del idioma vehicular. Nuestro sistema educativo no garantiza la enseñanza del español para los extranjeros; normalmente son atendidos en centros privados, como los centros culturales españoles. Por eso, por regla general, no hay extranjeros en los centros públicos de nuestro sistema educativo. Este grupo minoritario prefiere los centros con sistemas educativos homologables dependientes de las legaciones diplomáticas como el colegio nigeriano, el liceo francés y los colegios españoles. El sistema educativo nacional no se ha dado todavía cuenta de que una buena integración de los inmigrantes favorece la convivencia intercultural. 9 - El acceso a las becas de estudios superiores al extranjero queda abierto prioritariamente para los hijos y familiares de los grandes dignatarios del régimen, incluyendo algunas becas de la cooperación bilateral y las concedidas por las multinacionales del sector petrolífero. Los hijos de los pobres ni siquiera se enteran. Ante este panorama, se insta a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que pongan mecanismos para garantizar este derecho fundamental. La educación no debe restringirse para algunos. Se sabe que la enseñanza privada es habitualmente privilegio de una minoría social, de aquellos que puedan soportar la carga económica que supone dicha enseñanza. La educación es un derecho fundamental que el Estado tiene la obligación de promocionar y proteger; es decir, trascender la concepción de la educación como negocio. La interacción de los derechos humanos nunca es más evidente que en los procesos educativos, de modo que el derecho a la educación es a demás una garantía individual y un derecho social cuya máxima expresión es la persona en el ejercicio de su ciudadanía. La educación va más allá del acceso a la escolarización formal, para abarcar el derecho a una calidad específica de educación y el amplio rango de experiencias de vida y procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten a las niñas y a los niños, individual y colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y habilidades y vivir una vida completa y satisfecha en la sociedad. Por todas estas razones estimamos que es fundamental que la Comunidad Internacional vuelva a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando, a través de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, a un nuevo Experto Independiente encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en este país así como la asistencia técnica que se preste al gobierno. Es indiscutible que tal designación representaría un factor de mejora en el respeto y en el cumplimiento de dichos derechos.
GUINEA ECUATORIAL: TORTURA Y DETENCIÓN ARBITRARIA, UNA PRACTICA TRADICIONAL La ONG Nord Sud XXI expresa su inquietud ante la Comisión de derechos humanos por la persistencia de prácticas de tortura y detención arbitrarias en Guinea Ecuatorial después de que el 19/04/2002 esta Comisión decidiera suprimir el seguimiento de la situación de los derechos humanos en este país. Esta supresión se producía después de 23 años de seguimiento continuo por esta Comisión de la violación sistemática e impune de los derechos de la población en aquel país, sin progreso significativo, como invariablemente lo apuntaban los informes de absolutamente todos los relatores enviados sucesivamente a ese país desde 1979: Fernando Volio Jiménez (1979-1993), Alejandro Artucio Rodríguez (1993-1999) y Gustavo Gallón Giraldo (1999-2002). Desde entonces, los atropellos a la población siguen produciéndose con el mismo carácter sistemático e impune. Destacaremos algunos casos de tortura y detención arbitrarias para ilustrar el clima que vive la población de este país: Mariano Esono, más conocido por Nenuco, taxista en la ciudad de Bata, fue encarcelado en la comisaría local de Policía de Mondoasi en marzo de este año, a petición de su empleador, Don Esteban Ela, hombre poderoso asociado a la empresa SOEGUIBE fabricadora de cerveza en Guinea Ecuatorial, por una historia de deuda que el señor Ela no quería pagar a su empleado y que declaró al revés a sus amigos policías. El encarcelamiento de Nenuco, acusado de haber robado a su jefe, pasó por la previa detención de su amante como rehén, hasta que él mismo se entregara y reconociera la deuda. Para que escarmentara, Nenuco fue sometido a duras sesiones de tortura: esposado en posición de rueda, dos alicates sujetando ambos maxilares, otro par de alicates aplicados a los genitales y conectados con cables eléctricos. No contentos de tales hazañas, le aplicaron además varias veces una plancha eléctrica sobre el cuerpo. Ante la persistente negativa de la victima a reconocer la falsa deuda, decidieron llevarlo al juzgado, pero el juez se negó a juzgar a un moribundo y aconsejó que fuera conducido con urgencia al hospital; sin embargo lo llevaron de nuevo a la comisaría local de Mondoasi donde falleció poco después. Para camuflar el cuerpo, decidieron ir a enterrarlo en la playa, en las inmediaciones del restaurante Nnom Abong. Allí es donde fueron sorprendidos por unos transeúntes que desencadenaron la alarma. Se supo que Mariano Esono permaneció siete días en la comisaría de Mondoasi. Su cuerpo fue enterrado el 28/03/2005. Prosper DIFFO, súbdito camerunés residente en Bata, Guinea Ecuatorial, mecánico jefe en la empresa SEGAMI, fue severamente torturado el 18/05/2005 por tres gendarmes de la gendarmería central de Bata y encarcelado el mismo día. El motivo fue que el gobernador de Litoral, Don Silverio Baca Mba, tenía en SEGAMI piezas de recambio para su vehículo, compradas por el gobierno, que él deseaba retirar y hacer montar en su vehículo. Sin embargo, el estado real de su vehículo no le permitió al técnico montar piezas nuevas sobre unos engranajes oxidados que tenían que ser cambiados previamente. El gobernador entendió que el camerunés le faltaba al respeto, que no había querido montarle las piezas y que se merecía un correctivo. Por eso lo envió a la gendarmería. Y por eso el señor DIFFO recibió más de 150 porrazos en el trasero y patadas en todo el cuerpo antes de ser encarcelado y, más tarde, hospitalizado. Estella Ilesamni, súbdita nigeriana de unos 37 años, fue detenida en el mercado central de Bata el 13/04/2005 mientras vendía su pescado, alegando que iba indocumentada. De la multitud de vendedoras presentes, solo ella y dos nigerianas más fueron detenidas. Estuvo encarcelada en la gendarmería de Bata hasta el 23/05/2005, realizando gratuitamente trabajos de recogida de basura en el cuartel central de Bata. No sufrió maltratos físicos. Estella Ilesamni, como su esposo Wesco Ilesamni, son humildes pescadores de origen nigeriano que llevan viviendo varios años en Guinea Ecuatorial., donde Estella ha tenido a dos de sus cuatro hijos. El 08/05/2005 la policía guineana detuvo en el aeropuerto de Malabo a trece miembros de las Juventudes del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) que querían viajar a Madrid donde la próxima semana iban a recibir un curso de formación de cinco días organizado por la Fundación Pablo Iglesias. Los trece jóvenes fueron golpeados dentro del aeropuerto y algunos de ellos resultaron heridos. Dos chicas que formaban parte del grupo fueron desnudadas en público. Además de las agresiones anteriores, la policía les decomisó toda la documentación que llevaban acusándoles de viajar a España "para recibir instrucción militar". CPDS es un partido legal que cuenta con dos diputados en el Parlamento guineano. Diez de estos jóvenes, Marcial Abaga Barril, Cirro Bapori, Anselmo Santos Eko, María del Carmen Veritas Nchama, Salvador Boichiché, Susana Nandung, Bienvenido Bibang, Valentín Esono, Fidel Abeso y Juan Ebozoa Ndong permanecieron varios días detenidos en la comisaría de Malabo tras de los cuales fueron puestos en libertad sin cargos. En la madrugada del 12/04/2005, fue detenido y torturado en Niefang, Benito Biyang, responsable de la organización de CPDS en esta zona. Se le acusaba de "esconder personas en su casa". Al parecer, la policía perseguía a militantes del partido gubernamental PDGE que abandonan esta formación para pasar al partido opositor CPDS. Las autoridades policiales habrían llevado esta política de intimidación a la detención y tortura de Benito Biyang. El 04/09/2005, fue detenido en la ciudad de Nsork Jaime Ndong Edú, responsable de la organización distrital de CPDS. Ndong Edú tuvo un incidente con un grupo de militares de reciente recluta. Fue puesto en libertad poco después. El 09/09/2005, fueron detenidos en Baho Grande, en la isla de Bioko, el jefe de poblado y otras siete personas más acusadas de militar en el MAIB (Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko). Días antes, ese mismo jefe de poblado había sancionado a dos de los jóvenes que viven en Baho por no participar en las actividades de trabajo público para la limpieza habituales en Guinea Ecuatorial. En venganza, los jóvenes acudieron al campamento militar de Riaba y denunciaron que el jefe del poblado y otras personas de Baho eran militantes del MAIB. Las autoridades ordenaron la inmediata detención de todos ellos y su traslado a Malabo donde fueron interrogados y objeto de palizas. La policía se convenció ulteriormente de que la denuncia era falsa y los detenidos inocentes, pese a lo cual, todos ellos, el jefe del poblado y los otros siete, debieron de pagar 25.000 francos CFA (unos 38 €) para ser puestos en libertad. Florentino Nguema fue detenido arbitrariamente por el delegado del gobierno de Kogo el 31/10/2005 porque su vecino, Ncogo Osa, le denunció como opositor político después de que tuvieran un conflicto de orden común en el poblado de Miguala, lugar de residencia de ambos. Se le impuso a Florentino una multa de 25.000 F CFA y estuvo encarcelado en Kogo del 31/10 al 03/11/2005. Fue puesto en libertad por intervención del ministro del interior. La persistencia de estos hechos aconseja que la Comunidad Internacional vuelva a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando, a través de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, a un nuevo Experto Independiente encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en este país así como la asistencia técnica que se preste al gobierno. Tal designación representaría un factor de atenuación de las violaciones y realizaría un seguimiento del respeto y cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno.
GUINEA ECUATORIAL: RICOS SIN SALUD El Informe del senado americano ha revelado al mundo en 2005 cómo los principales dirigentes de Guinea Ecuatorial, encabezados por su Presidente, su esposa y sus hijos, y sus familiares se estaban enriqueciendo desmesuradamente gracias a los ingentes ingresos económicos generados en el país por la producción del Petróleo. El presidente de Guinea Ecuatorial y sus próximos manejan en el Banco Riggs de Washington más de 60 cuentas bancarias en las que se depositaron más de 700 millones de dólares entre 1995 y 2004. Por otra parte, el gobierno de Guinea Ecuatorial financia programas de publicidad en grandes canales de TV internacionales (Canal Plus Horizons) sobre la riqueza del país y lo bien que se vive en Guinea Ecuatorial. En el mismo orden de hechos, los habitantes de Guinea Ecuatorial también acaban de informarse, perplejos, de la reciente orden ministerial imponiendo que los taxis de las grandes ciudades del país fueran exclusivamente Mercedes Benz nuevos. Mientras tanto, en Guinea Ecuatorial, la población sigue careciendo de las mínimas condiciones sanitarias. No se nota preocupación por parte de los dirigentes del país por ofrecer a la población un mínimo de garantías para el goce del derecho a la salud, ya que ellos mismos y sus familias se tratan en los grandes hospitales extranjeros cuando enferman. Se puede afirmar y se debe llevar al conocimiento del mundo que las deficiencias del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial, tercer productor de petróleo del África subsahariana, son casi totales y generalizadas. Los datos publicados sobre los principales indicadores sanitarios del país no se corresponden con la realidad. La organización básica del sistema falla por la ausencia de política propia, la corrupción institucionalizada, el personal inadecuado, la politización del sistema y el olvido total del ejercicio libre de la Medicina en las consideraciones del gobierno, a pesar de su incidencia en los gastos de salud. La estructura técnico-administrativa de base se caracteriza por un gran desorden, voluntariamente entretenido por el régimen, en el que todos los técnicos se confunden y se mezclan en una amalgama difícilmente concebible: enfermeros con licenciados y doctores; generalistas con especialistas; técnicos superiores con medios, etc., y en el que las calificaciones universitarias pierden su valor universal a favor de valores extrauniversitarios, habitualmente políticos o familiares, explicando la imposibilidad de practicar en el país el arte médico tal como se supone que debiera aplicarse. La grave deficiencia en el equipamiento médico gangrena este caótico panorama sanitario: ningún hospital ofrece comida, ni siquiera desayuno, al enfermo; ni sábanas en sus vetustas camas; los medicamentos muchas veces se deben comprar por contrabando, lo mismo que los consumibles médicos y los reactivos de laboratorio. En los grandes hospitales de Malabo y Bata, faltan compresas, esparadrapo, desinfectantes, hilos de sutura, etc., y muchas veces es imposible obtener una simple radiografía del tórax. No hay en el país un solo laboratorio capaz de ofrecer el análisis citológico o histológico de un tejido patológico o el análisis bioquímico de un líquido biológico. Ninguna mujer en Guinea Ecuatorial puede obtener una citología cervical ni una radiografía del útero o de las trompas. En toda la República de Guinea Ecuatorial no es posible disponer de un simple hemograma fiable, un ionograma sanguíneo correcto y ya no se hable de exploraciones mínimamente complejas. Los actos de cirugía constituyen una verdadera proeza: condiciones de asepsia deplorables, falta de instrumentos adecuados, anestesias generales sin oxígeno ni equipos de reanimación. El aprovisionamiento en medicamentos conoce grandes dificultades y su adquisición es excesivamente onerosa. La generalización de las prácticas de corrupción gangrena gravemente el sistema, con la constitución de verdaderos feudos en los hospitales y de grupos organizados con claros objetivos de lucro personal. La politización de la actividad sanitaria colma el panorama, con exclusión de los opositores al régimen, el empleo en los hospitales de familiares sin formación sanitaria y el sistema de información y de vigilancia introducido entre el personal generando una situación de desconfianza entre el mismo. Y para coronarlo todo, el 11/04/2005 la Presidencia de la República autorizaba al Ministro de Sanidad, por escrito Nº 802, a suscribir un contrato con la empresa de vigilancia SONAVI, propiedad de Armengol Ondo Nguema, hermano del Presidente de la República, para asegurar la seguridad y la vigilancia de los 18 hospitales del país, contra el pago de 15.960.000 Francos CFA (unos 24.330 €) mensuales. El contrato, Nº 05-1146-150, se firmó en Malabo el 30/05/2005, para la vigilancia de unos hospitales que no cumplen con su principal cometido: garantizar la salud. La Seguridad social de Guinea Ecuatorial sirve de caja negra a los miembros del régimen. La inmensa mayoría de la población ignora lo que significa este nombre. Las empresas, que sufren una verdadera extorsión en esta institución, se ven en la imperiosa necesidad de recurrir a otros sistemas para garantizar un mínimo de cobertura real para sus empleados. En relación con la pandemia del VIH-SIDA, la enfermedad está progresando de forma absolutamente inquietante, silenciosa y masiva en Guinea Ecuatorial. El pequeño esfuerzo que se puede atribuir al gobierno queda muy por debajo de la necesidad real y de la incomparable capacidad económica que los propios dirigentes del país reconocen gustosamente tener. La información y la educación a la población, base de la prevención, son prácticamente inexistentes. Gran parte de la población sexualmente activa sigue dudando de la realidad del SIDA en Guinea Ecuatorial. Interpelado ante el Parlamento sobre la profunda ignorancia de la población sobre la problemática del VIH-SIDA, el ministro de sanidad respondió afirmando que los países que habían invertido en la información no habían llegado a ninguna parte. El país carece de datos fiables porque la gestión del programa nacional, que no involucra a todos los actores que luchan contra el SIDA en Guinea Ecuatorial, se lleva según criterios familiares y políticos, y porque no hay ningún registro nacional de datos serio. No existe esfuerzo visible por establecer un programa de vigilancia de los casos que se producen en el país, no se conocen todos los casos hospitalarios y se ignoran todos los casos extrahospitalarios, abrumadoramente superiores, que abarrotan las curanderías tradicionales. Los datos oficiales no concuerdan con la realidad. En diciembre de 2005, algunas series privadas rozaban el 20% de seropositivos en la población general de Bata, segunda ciudad del país, siendo las mujeres y los jóvenes las principales víctimas. Por todas estas razones estimamos legítimo y fundamental que la Comunidad Internacional vuelva a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando, a través de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, nombrando a un nuevo Experto Independiente encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en este país así como la asistencia técnica que se preste al gobierno. Es indiscutible que tal designación representaría un factor de atenuación de las violaciones y de respeto y cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno.
GUINEA ECUATORIAL: EL VICIO DE LA VIOLACIÓN La ONG Nord Sud XXI expresa su preocupación por el estancamiento que se registra en el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial desde que se retirara la figura del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos para Guinea Ecuatorial en 2002. Esta situación, lejos de mejorarse, empeora. Independientemente del hecho de que las violaciones siempre denunciadas en aquel país en el ámbito de la Comisión de derechos humanos desde 1979 siguen perpetrándose con carácter sistemático, debemos señalar que en 2005 ha habido innovaciones, y muy graves, en las formas de violación de los derechos humanos por parte de las autoridades guineanas: se ha generalizado la práctica de mantener durante meses a detenidos en las cárceles, en muchos casos en condiciones de aislamiento, sin presentarlos ante la justicia y por tanto sin que se haya formulado contra ellos acusación alguna; se han generalizado también los intentos de secuestro y de agresión, y los secuestros y las agresiones, contra exilados ecuatoguineanos en distintos países de África y en España. La responsabilidad última de todos estos hechos corresponde a la "Seguridad" ecuatoguineana. Y como consecuencia de estas prácticas se empieza a hablar de la existencia de "desaparecidos" en Guinea Ecuatorial. Ya, el 4/08/2005, el Alto Comisariado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas informaba que había aceptado los casos de los desaparecidos ecuatoguineanos Celso Mba Esono, José Ndong Ntutumu y Emilio Ndong Nguema. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, "había examinado estos casos y decidido transmitirlos al Gobierno de Guinea Ecuatorial solicitándole que investigase estas desapariciones y le comunicara los resultados que obtuviera". La denuncia sobre estas desapariciones fue presentada en marzo de este año por "personas cercanas a la formación política Fuerza Demócrata Republicana y la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE)" basada en Madrid. En los términos de la denuncia, "Celso MBA ESONO, de 25 a 30 años, casado, subinspector de policía; sin antecedentes políticos, desapareció el 16 de diciembre de 2003 cuando intentaba huir del país. Fue interceptado a las 21 horas de ese día por la “Seguridad” dirigida por Diosdado Nguema Eyí, comisario de policía y Subdirector de la Seguridad Nacional, Liborio Mba Obama, capitán de la policía y José Mba Esono, Adji-Nana, teniente de la policía y conocido torturador, en el poblado de Milong-Milong a 6 kilómetros del puerto pesquero de Bata. Mba Esono intercambió disparos con quienes intentaban detenerlo. No ha vuelto a saberse nada de él y tampoco se ha entregado el cadáver a su familia". "José NDONG NTUTUMU, de 25 a 30 años, soltero, militar sin graduación, residente en el Cuartel General de Bata. Sin antecedentes políticos, desapareció después del día 12 de octubre de 2004. Se sabe que fue detenido en la ciudad de Mongomo. No se tienen más datos sobre su situación. Fue detenido por un capitán de la policía y administrador de los bienes personales del presidente Teodoro Obiang Nguema, apellidado Ndong Moló". "Emilio NDONG NGUEMA, de 17 a 19 años, vecino de Bata, militar sin graduación, desapareció en agosto de 2004. Detenido desde finales de 2003. Recluido en la Cárcel Pública de Bata, fue juzgado y condenado en el juicio “a puerta cerrada” celebrado en esta ciudad el 17 de febrero de 2004. Permaneció en la Cárcel Pública de Bata hasta agosto de 2004; en esa fecha fue sacado de este establecimiento por el general Antonio Obama Ndong, “Antonito”, primo de Obiang. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada de él". Debemos recordar la presencia de numerosas personas encarceladas desde varios meses en los siniestros penales de Black Beach y Evinayong, generalmente por razones ideológicas, sin haber sido jamás presentadas ante un juez y sin razones para pensar que esto vaya a producirse de manera imparcial. Entre estas personas, y lejos de ser exhaustivos, se puede citar a Carmelo Ncogo Mitogo, Jesús Micha Micha, Juan Maria Itutu Méndez, Juan Pedro Ncogo Abang y Juan Bestue Santander, residentes en Gabón, secuestrados y traídos ilegalmente a Guinea Ecuatorial el 14/06/2004, sin haber mediado ningún tipo de extradición, acusados de haber participado en una pretendida invasión de la isla de Corisco sin armas; Bienvenido Samba Momesori (desde el 23/10/2003); Weja Chicampo Puye (desde el 19/03/2004); Salvador Bibang Esono (desde el 19/03/2004), Antonio Mba Nguema (desde enero 2004); Pedro Mba Ndong, muy enfermo, (desde el 19/03/2004); Jerónimo Mba Obama (desde el 27/06/2004); Marcelino Nguema Esono (desde el 27/06/2004); José Antonio Nguema (desde el 27/06/2004); Leoncio Micha (desde el 27/06/2004); Vidal Bomabá, muy enfermo (desde enero 2005). Más recientemente, a estos hechos vienen a añadirse secuestros e intentos de asesinatos en países extranjeros, introduciendo una inquietante dimensión internacional al terrorismo que siembra el régimen que gobierna Guinea Ecuatorial dentro de su marco territorial. En este registro se inscriben los casos del ex-teniente coronel Juan Ondo Abaga, refugiado en Benin, secuestrado en enero 2005, drogado y traído clandestinamente al penal de Black Beach; del ex-teniente coronel Florencio Ela Bibang, de Antimo Edu y de Felipe Pancho Esono, secuestrados en Nigeria y extraditados ilegalmente a Black Beach entre junio y julio de 2005; de Manuel Osa Mba, Rufino Eyene Nse, José Esono Nsue, Jesús Sima y Miguel Obama Ndong, víctimas de intentos de secuestros entre agosto y septiembre de 2005 en Libreville, denunciados ante las autoridades gabonesas. Las personas así extraditadas, particularmente Juan Ondo Abaga, Florencio Ela Bibang, Antimo Edu y Felipe Pancho Esono, cuya presencia en el país es confirmada por fuentes locales y por organismos como Amnistía Internacional, corren además el riesgo de desaparecer ya que el gobierno de Guinea Ecuatorial niega oficialmente su presencia dentro del territorio nacional. Es elocuente por fin, en este mismo orden de hechos, el caso de Manuel Moto Tomo, gravemente herido en Alcorcón, cerca de Madrid, el 20/06/2005 cuando unos asesinos a sueldo lo confundieron con su hermano Germán Pedro Tomo al que el régimen de Guinea Ecuatorial habría encargado eliminar en territorio español. Nos consta que los cuatro ciudadanos españoles responsables de esta agresión se encuentran en manos de la justicia española (Juzgado de Instrucción nº 4 de Alcorcón). También en 2005 se ha vuelto a registrar episodios de muertes de ciudadanos ordinarios por miembros del régimen galvanizados por la impunidad, entre los que destacamos los siguientes: Miguel Angel Ndong Ondo, conocido por Chatín, unos 27 años, disparado por un militar sobre las 05h de la madrugada del 03/05/2005 en el barrio de San Pedro de Lea de Bata y fallecido el 13/05/2005 en el mal llamado policlínico Loeri Comba de Malabo sin que se le hubiera extraído el proyectil. Mariano Esono, conocido por Nenuco, taxista en Bata, murió en la Comisaría de Policía de Mondoasi, en Bata, por instigación de Don Esteban Ela, hombre poderoso asociado a la empresa SOEGUIBE fabricadora de cerveza en Guinea Ecuatorial. Su cadáver fue enterrado el 28/03/2005, después de haber intentado camuflar el cuerpo en la playa. Plácido Ndong Anvam, 36 años, guineano ordinario, murió el 20/01/2005 por consecuencia de la paliza que le infligieron los militares en la plaza del reloj de Bata pocos días antes. Se puede destacar también en este apartado la muerte misteriosa del Reverendo Padre Tomás Esono Abeso en Acurenam en octubre 2005 cuyo franco hablar no era secreto para nadie. Antes del Padre Tomás, ya había muerto en similares circunstancias el Reverendo Padre León Mba Ncogo, personaje carismático, el 01/01/2004. Por todas estas razones estimamos que es fundamental que la Comunidad Internacional vuelva a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando, a través de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, a un nuevo Experto Independiente encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en este país así como la asistencia técnica que se preste al gobierno. Es indiscutible que tal designación representaría un factor de atenuación de las violaciones y realizaría un seguimiento del cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno.
"La verdad sobre Mbañé" Max Liniger-Goumaz, Mundo Negro, nº 476, julio-agosto 2003 “Los Estados petroleros del golfo de Guinea empiezan a tener un destino desigual. Mientras Gabón vive su ocaso, Guinea Ecuatorial está en pleno esplendor y superará en este año el volumen de producción de su vecino francófono, que tiene una extensión diez veces mayor. No es de extrañar, por eso, que Libreville esté explotando sus últimas reservas en una concesión otorgada - a principios de este mismo año – a la empresa británica Tullo Oil en la zona marítima Kiarsseny (5442 kilómetros cuadrados), colindante con Guinea Ecuatorial. Es una zona que en el s. XIX la Francia colonial quiso arrebatan a España. En 1955, Francia trato, una vez más, de apropiarse de la isla de Mbañé, izando la barrera tricolor. Poco después, una patrullera española la descolgó, y las autoridades galas de Gabón se disculparon, diciendo que la bandera sólo señalizaba una zona rocosa, peligrosa para la navegación. Las autoridades españolas respondieron que para ello era idónea la bandera española. Mucho antes de su acceso a la soberanía, la ONU había reconocido la pertenencia de la bahía de Corisco a la Guinea española. Ya en 1869, el señor Benedetti, cónsul francés en las islas españolas del Golfo de Guinea, especificaba, aludiendo a la isla de Corisco que “los únicos europeos de la isla son unos misioneros jesuitas” (Boletín de la Sociedad Geográfica de París). Sin embargo, estos jesuitas eran españoles. Después de su independencia, en 1960, Gabón codició, imitando al colonizador francés, los territorios españoles, transformados en 1968 en ecuatoguineanos. Rl pasado 13 de marzo Alí Bongo, primogénito del presidente gabonés Omar Bongo y ministro de Defensa, llegó a la isla de Mbañé acompañado por el Comandante en Jefe de la Marina gabonesa, así como por un destacamento de gendarmes de élite. Declaró que el islote pertenece a Gabón y que reforzaría su presencia con más dotación policial. Más tarde, el presidente Bongo reafirmaba la soberanía gabonesa sobre las 30 hectáreas de Mbañé. Ante el enviado especial de Obiang Nguema a Libreville, capital de Gabón, el Primer Ministro gabonés manifestó su “total asombro” ante las afirmaciones ecuatoguineanas de violación del territorio nacional, tildándolas de “lamentables e inoportunas”. Pretendió demostrar que la presencia gabonesa en Mbañé se remontaba a principios del S. XX. El Primer Ministro guineano, Muatetema Rivas, replicó denunciando una “ocupación ilegal”. Poco después, Obiang Nguema llegaba a Libreville, en visita amistosa y de trabajo para examinar el contencioso de Mbañé. Se acuerda una pronta reunión de la Comisión de Fronteras, con el fin de facilitar la cooperación entre los dos países; esa Comisión se reunió por primera vez en 2001. Durante la entrevista Bongo-Obiang , este último presentaría unos viejos mapas españoles que autorizaban a Guinea Ecuatorial para extender sus reivindicaciones a las ciudades de Medounou y Sam (Monte Cristal), fronterizas con Guinea Ecuatorial. En esta región, los geólogos de la compañía De Beers habrían detectado unas minas de diamantes. El presidente Bongo presentó un documento firmado por Macías Nguema, en el que el primer dictador ecuatoguineano cedía Mbañe a Gabon. Malabo cuestionó la autenticidad de dicho documento, ya que no tenía encabezamiento oficial y la firma no correspondería a la habitual de Macías. Según la agencia canadiense Science Press, se trataría de una disputa entre la petrolera francesa TotalFinaElf que controla el petróleo gabonés y las empresas norteamericanas, todopoderosas en Guinea Ecuatorial. El pasado colonial En marzo de 1843, un enviado especial de Madrid, el Comisario Real Plenipotenciario Juan José Lerena, llegó a la isla de Corisco, en donde izó la bandera española ante numerosos jefes locales. Su autoridad se extendía a las islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico, así como a los islotes de Leva y Mbañe. Por cortesía, Lerena envió un comunicado a los franceses de Gabón, en el que describía la extensión de las posesiones españolas de Rio Campo al cabo Santa Clara. Incluidas las bahías de Corisco-Elobeyes, del Muni y de Munga. No hubo reacción ni objeción por parte francesa. En 1849, Francia reforzó su posición en la zona que le concedió España, fundando la ciudad de Libreville. Ya en 1844, el misionero americano Wilson denunció “la agresión francesa en Gabón”, denunciando que el negociante Amouroux habría firmado unos tratados con algunos jefes locales emborrachando al jefe Glass. Curiosa anécdota de la historia, ya que en febrero de 1980, con la finalidad de hacerse con una parte de la bahía de Corisco y su potencial petróleo, los gaboneses actuaron de la misma forma con el presidente Obiang Nguema: en una larga noche de orgías, le hicieron firmar un documento en el que cedía parte del territorio nacional. La hispanidad del islote En 1861, Paul du Chaillu denominó al islote Banian. Un Comité de la iglesia presbiteriana americana, relatando una visita llevada a cabo en los territorios españoles de la bahía de Corisco, en 1876, la llamó Mbangwe. En sus Estudios geográficos (Madrid 1908), León Martín Peinador hizo alusión a la isla de Corisco y destacó que “al S. están los islotes de Leva o Laval y otros varios… Más al S. hay otro nuevo banco con el islote de Mbanyé o Mbañe, que forman parte de la misma formación de la isla de Corisco”. En 1912, refiriéndose a las colonias españolas del Golfo de Guinea, Luis Ramos Izquierdo escribió, “A media milla de la isla de Corisco, y al S. de la misma, se encuentra el islote Leva y al S.O., a más de seis millas, el islote Mbañe; el primero de ellos despoblado y el segundo ocupado tan solo por un plantón de la Guardia Colonial a fin de hacer en él efectiva nuestra soberanía”. El año de la llegada de los misioneros claretianos a Guinea Ecuatorial, concretamente al sur de Río Muni, se publicó el 10 de octubre de 1884, en Libreville, bajo los auspicios de Asuntos Exteriores franceses, un acuerdo dudoso que consagraba la soberanía francesa en la bahía de Corisco. El historiador y geógrafo Abelardo de Unzueta en sus Islas del Golfo de Guinea(Madrid, 1945), precisa lo siguiente: “Rodean completamente a Corisco una serie de bancos arenosos y rocosos de igual composición que el suelo de la isla, emergiendo algunos en forma de pequeños islotes. Tales son el de Leva o Levan (llamado Laval por D´Almonte), peñasco rocoso… Más al sur del islote Leva, el banco de su nombre y el Bañe, Banye o Banian y el Congo o Cuga… El islote o cayo de Bañe está al norte del banco de su nombre, riquísimo en pesca. En este islote los franceses de Gabón, sin advertir a las autoridades españolas, pusieron una boya con los colores franceses, sin duda, con el ánimo de tomar posesión del mismo e intentar ejercer luego derechos sobre Corisco, pero el Padre misionero español Sorinas avisó al Subgobernador de Elobey Chico y ambos marcharon al lugar, quitando la bandera francesa, siendo este mismo Padre felicitado posteriormente por el Senado español con motivo de su presencia en el mismo y de quien fue conocido este hecho…” En 1911, la prestigiosa Enciclopedia Británica siguió calificando la isla Bana de española, al igual que Corisco y los dos Elobeyes. Treinta años de tergiversaciones A finales de 1971 tuvo lugar en Bata un encuentro guineo-gabonés, para tratar las aguas territoriales. No se llegó a ningún acuerdo. En su tesis sobre Guinea Ecuatorial (Neuchatel, 1976) el suizo A. Kabel, - muchísimo antes del nacimiento del “Kuwait del África Central”- que el fracaso de las negociaciones “no era ajeno a la política de algunos círculos económicos. En efecto, la plataforma continental en la zona en litigio es, según las estimaciones de las empresas petroleras concesionarias (concretamente Chevron), la más ideal para contener petróleo”. No es de extrañar que desde enero de 1973 la Revue française d´études politiques abriera sus páginas con el contencioso insular. A finales de octubre de 1972. el New York Times, refiriéndose al mismo (islotes Mbañe y Cocoteros), subrayó que el 23 de agosto, Gabón, para hacerse con los posibles yacimientos petroleros offshore, acaba de ampliar unilateralmente sus aguas territoriales a 70 millas (la norma internacional es de 20 millas). El primer presidente de Guinea Ecuatorial, Macías Nguema, denunció entonces aquella agresión. En septiembre unos soldados ecuatoguineanos abrieron fuego contra unos pescadores gaboneses activos en la zona en disputa, a lo que Libreville respondió enviando dos barcos con 40 soldados para ocupar Mbañe, Conga y Cocoteros. Congo y el entonces Zaire invitaron a Macías y a Bongo a Brazzaville. Un comunicado hizo alusión al deseo de una solución pacífica del conflicto de Mbañe bajo los auspicios de los conciliadores Marien Ngouabi y Mobutu Sese Seko, presidentes, respectivamente, de Congo y del entonces Zaire. Sin embargo, desde la crisis de 1972, la isla ha estado ocupada por los gendarmes gaboneses. En enero de 1993, un decreto presidencial gabonés anexiono los islotes Mbañe, Cocoteros y Conga. A pesar del mismo, una Guía Informativa oficial del Ministerio francés de Cooperación sostuvo en noviembre que los islotes Belobi, Conga, Corisco, Elobeyes, Mbañe y Ukoko dependen de la autoridad administrativa ecuatoguineana. Al considerar la persistencia del conflicto fronterizo, Bongo y Obiang crearon, en 1999, una Comisión del Golfo de Guinea, con la finalidad de prevenir eventuales conflictos, iniciativa que no ha resuelto nada. El US Geological Survey Mineral Yearbook, de 2000 (Washington) afirma claramente que la isla de Mbañe pertenece a Guinea Ecuatorial. Al igual que el informe Guinea 2000 publicado por Malabo, que especifica que forman parte de Río Muni los numerosos islotes de la Bahía de Corisco. Así, no solo lo recoge el mapa del Ministerio ecuatoguineano de Minas y Energía, sino también el mapa suministrado en febrero de 2002 por la compañía petrolera Vanco de Houston que sitúa Mbañe en el área ecuatoguineana. Según el diario estatal gabonés L´Union (Libreville 2-2-2001), la Comisión ad hoc de las fronteras habría anunciado notables avances en las negociaciones entre Gabón y Guinea Ecuatorial. Los instrumentos jurídicos e históricos necesarios para la equitativa delimitación serían: - La Convención franco española de 27 de junio de 1900. - La Carta de Naciones Unidas. - La Carta de la OUA. - La Convención Internacional sobre el Derecho Marítimo. En el año 2001, varias fuentes hicieron ver que Corisco llegaría a ser un centro económico y financiero para las operaciones de inversión en África, con un régimen fiscal ventajoso. Las agencias de viaje gabonesas organizaron unas visitas a Corisco y submarinismo en la zona en disputa. La dictadura nguemista sacudida A pesar de las tensiones políticas entre el Gobierno ecuatoguineano y la oposición democrática, son unánimes las protestas en Malabo contra la nueva provocación gabonesa. El pasado 14 de marzo, el partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) reclamó a Mbañe como “parte irrenunciable del territorio nacional”. El Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), se manifestó en el mismo sentido, denunciando la incapacidad del ejército para responder a la ocupación militar gabonesa de Mbañe y su entorno. La oposición democrática puso el dedo en la llaga. Obiang Nguema, dueño en Libreville de varias propiedades inmobiliarias, hoteles – Reendam, Inter, Atlantique – y lujosos chalés en los barrios residenciales - Batterie IV y Owendo -, no quiere reconocer ante el pueblo ecuatoguineano su terrible desliz en la famosa “noche de orgía” de febrero de 1980. Lo cierto es que su firma en el documento de cesión de una parte del territorio nacional no tiene ningún valor jurídico. De hecho, incluso una dictadura como la suya debe contar con el aval del Poder Legislativo en temas como ése. A finales de mayo, en una de las sesiones de la Comisión de Fronteras, el segundo viceprimer ministro gabonés, Antoine Mboumou Miyakou, propuso la explotación conjunta de Mbañe, propuesta que fue rechazada por su homologo ecuatoguineano Jeremías Ondo Ngomo. El gobierno ecuatoguineano argumentaba que “no se tomará ninguna decisión, si no se hacía previamente un examen de los antecedentes históricos que atribuyen esa zona a Guinea Ecuatorial”. La edición original de Mundo Negro puede verse aquí
Obiang volvió de Bucarest France Press decía ayer lo siguiente: "Hemos estado en Ginebra para tomar parte en las negociaciones con Gabón sobre Mbañe. Pero la parte gabonesa no ha podido acudir por problemas internos, esta es la razón por la que la reunión tuvo que aplazarse" declaró la noche del martes el presidente Obiang a su regreso de la Cumbre de la Francofonía que tuvo lugar la pasada semana en Bucarest (Rumania)"
Comunicado oficial tras la reunión Micha-Moratinos
El Ministerio español de
Asuntos Exteriores publicó ayer el comunicado siguiente: "Esta
mañana, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha
reunido con el Ministro de Asuntos Exteriores, de la Cooperación y
de la Francofonia de Guinea Ecuatorial, Señor Pastor Michá, para
tratar temas relativos a las relaciones bilaterales y cuestiones
internacionales de interés común.
Amnistía Internacional condena los desalojos forzados en varios países africanos, Guinea Ecuatorial entre ellos Amnistía Internacional publicó ayer el comunicado siguiente con el título "África: Los desalojos forzosos alcanzan niveles de crisis". El comunicado dice: "Investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE), con sede en Ginebra, revelan que la práctica de los desalojos forzosos ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde más de tres millones de personas han sufrido esta práctica desde 2000. Las dos organizaciones pidieron hoy, 4 de octubre, a los gobiernos africanos que pongan fin a los desalojos forzosos y cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. "Las cifras se están disparando realmente e indican a las claras que los desalojos forzosos son una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos reconocidas que se producen en África", ha dicho Kolawole Olaniyan, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. Aunque la práctica del desalojo forzoso ha sido reconocida como violación grave de los derechos humanos por el derecho internacional y, en particular, por la Comisión Africana, gobiernos de toda África siguen desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año. Muchos de estos desalojos vienen a menudo acompañados de otras violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes los llevan a cabo, con detenciones arbitrarias, palizas, violación, tortura e incluso homicidios. Jean du Plessis, director ejecutivo en funciones de COHRE, ha declarado: "Muchos gobiernos africanos justifican los desalojos forzosos basándose en que son fundamentales para el ‘desarrollo’ y, por consiguiente, de interés para el bienestar de la población general. Sin embargo, el desarrollo que genera desalojos forzosos es básicamente contraproducente, porque los desalojos dejan a las personas sin hogar, destruyen bienes y activos productivos y obstruyen el acceso al agua potable, los servicios sanitarios, la atención a la salud, los medios de vida y la educación. Al llevar a cabo desalojos forzosos, los gobiernos africanos empujan a la gente hacia la pobreza, no la sacan de ella". Kolawole Olaniyan, de Amnistía Internacional, ha declarado: "Al no poner fin a la práctica de los desalojos forzosos, los dirigentes africanos están violando su obligación de proteger los derechos humanos y desvirtuando su compromiso expreso hacia imperativos de desarrollo tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Nueva Asociación para el Desarrollo de África." Los ejemplos de desalojos forzados en todo el continente son tan numerosos como penosos. Éstos son algunos ejemplos recientes: Se calcula que dos millones de personas han sido desalojados a la fuerza de sus domicilios y muchos miles se han quedado sin hogar desde 2000 en Nigeria. Más de 12.000 personas fueron desalojadas a la fuerza del campo de Dar Assalaam en Sudán en agosto de 2006. La mayoría eran personas previamente desplazadas por el conflicto de Sudán que habían sido asentadas en campos situados en la capital, Jartum, o sus alrededores. Las autoridades han llevado a cabo el desalojo forzoso de miles de personas de estos campos, reasentándolas en zonas del desierto sin acceso a agua potable, alimentos ni otros servicios esenciales. Actualmente hay más de cuatro millones de personas desplazadas en Sudán. El gobierno de Zimbabue sorprendió a la comunidad internacional en 2005 cuando, en una operación tipo militar, obligó a unas 700.000 personas a dejar sus casas, sus negocios o ambas cosas. Hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para ocuparse de la difícil situación que atraviesan estas personas desplazadas. En Luanda, capital de Angola, al menos 6.000 familias han sufrido desalojo forzoso y la destrucción de sus casas desde 2001. Muchas de estas familias, que no han recibido indemnización, sufrieron el robo de sus propiedades por parte de quienes las desalojaron, y aún están sin hogar. En Kenia, aproximadamente 70.000 personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en zonas de selva desde 2005, mientras que al menos 20.000 lo han sido de barrios de Nairobi o de sus alrededores desde 2000. En Ghana, más de 7.000 personas quedaron sin hogar cuando fueron desalojadas por la División de Caza y Fauna del Parque Nacional de Digya, en marzo y abril de 2006. El desalojo se interrumpió en abril, sólo después de que volcara una embarcación que transportaba a más de 150 personas desalojadas, accidente en el que murieron al menos 10 personas. Quienes quedan en el Parque siguen viviendo bajo la amenaza del desalojo forzado. Además, en Legion Village (Accra), en mayo de 2006, fueron destruidas las casas de unas 800 personas, mientras que unas 30.000 de la comunidad de Agbogbloshie, también en Accra, están bajo la amenaza del desalojo forzoso desde 2002. Al menos 300 familias en Guinea Ecuatorial han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares desde 2004, cuando el gobierno se embarcó en un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata. Estas familias tenían título de propiedad. Hay miles de personas más en situación de riesgo. Información general En octubre de 2001, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana), en una decisión histórica sobre desalojos forzosos en Nigeria, señaló que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos garantizaba el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluía la prohibición de los desalojos forzosos (véase SERAC and CESR v. Nigeria, ACHRP 2002). En este caso, la Comisión Africana incorporaba el fundamento y la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre la prohibición del desalojo forzoso al derecho implícito a una vivienda adecuada que recoge la Carta Africana. Sin embargo, esta importante decisión aún no se ha visto reflejada en la jurisprudencia del continente ni en las prácticas de los gobiernos. Según el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye la Carta Africana, ratificada por Estados miembros de la Unión Africana, los desalojos sólo pueden considerarse legítimos si se juzgan necesarios en "las circunstancias más excepcionales". Aun dándose estas circunstancias, es necesario cumplir ciertas protecciones de procedimiento y requisitos de debido proceso, como que los Estados garanticen, antes de cualquier desalojo previsto y especialmente de los que afectan a grandes grupos, que se estudian todas las alternativas viables en consulta con las personas afectadas. Además, y en cualquier caso, la consecuencia del desalojo no debe ser que los particulares queden sin hogar o vulnerables a la violación de otros derechos humanos. Los gobiernos están legalmente obligados a garantizar que las personas afectadas reciben una vivienda alternativa y una indemnización por todas las pérdidas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tal y como están definidos en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 2000. El objetivo 7.11 pide a los gobiernos "[p]ara el año 2020, haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios". La Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) es una visión y un marco estratégico para el desarrollo de África. Dentro de sus objetivos fundamentales declarados está, entre otros, "erradicar la pobreza" y "situar a los países africanos, tanto individual como colectivamente, en una vía de crecimiento y desarrollo sostenibles". Uno de sus principios es "[a]segurar que todas las asociaciones con NEPAD están vinculadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos y fines de desarrollo acordados".
Editado y distribuido por ASODEGUE
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