La ausencia de Estado de derecho en Guinea Ecuatorial denunciada por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, en su reciente visita, tiene su base, entre otros factores, en la corrupción endémica de los encargados de velar por el cumplimiento de la ley y de la buena administración de la justicia.

   Un ejemplo de esa corrupción lo ofrece de manera continuada el Fiscal General de Guinea Ecuatorial, José Olo Obono, animado por un afan desordenado de enriquecimiento. Según fuentes de toda solvencia, Oló Obono habría extorsionado a la familia del mercenario Simon Francis Mann. Les habría solicitado la cantidad de doscientos millones de francos CFA (equivalentes a casi trescientos mil euros) que la familia le habría entregado a través de José Pablo Nvo Owono, designado a última hora abogado defensor de Mann. 

José Oló

   Este sería uno de los motivos por los que el Fiscal General presionó a la familia para que sustituyera al abogado designado inicialmente, Ponciano Nbomio, que aseguraba una defensa independiente.

   No es la primera vez que Oló recurre a estos medios. Extorsionó también al procesado guineano del juicio de 2004, el médico Antonio Javier, de quien consiguió la suma de veinticinco millones de francos CFA.

   Por su parte José Pablo Nvo Owono ha seguido mostrando su docilidad política renovando su compromiso con el PDGE el pasado 8 de octubre.

   José Oló parece querer prolongar indefinidamente el "caso de los mercenarios". Se sirve para ello de la ilimitada voluntad de venganza del dictador y quiere plantear, una y otra vez, procesos judiciales internacionales que le proporcionan cuantiosos ingresos en viajes, dietas, extorsiones y otros ingresos extraordinarios.

   Otras fuentes, sin embargo, apuntan indicios de desafección de Obiang hacia su ambicioso pupilo que podría ser desplazado de su puesto en un plazo relativamente corto...