Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de expresión mediante el encarcelamiento de personas por motivos de conciencia y mediante el acoso, las detenciones y las reclusiones breves de activistas políticos. A pesar de la entrada en vigor de una ley que prohibía la tortura, la policía continuó torturando a detenidos, sobre todo en la región continental. Se detuvo a varios agentes de policía en relación con casos de muertes bajo custodia. Al menos tres personas fueron ejecutadas. Se desalojó forzosamente de sus viviendas a decenas de familias, y cientos más corrían el peligro de ser desalojadas.

Información general

En enero, una ola de incendios arrasó varios barrios de Malabo, cuya demolición estaba prevista, y destruyó un centenar de casas, con lo que otras tantas familias quedaron sin hogar. Algunos barrios se vieron afectados por varios incendios. Uno de los incendios del barrio de New Building (también conocido como Campo Yaundé) tuvo lugar dos días después de que el primer ministro informara a los residentes de que se iba a demoler la zona a fin de construir nuevas viviendas sociales. Las autoridades afirmaron que los incendios habían sido fortuitos pero, a mediados de enero, la policía comunicó que había detenido a 20 personas sospechosas de haberlos provocado. No se proporcionó más información al respecto.

En julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria visitó las prisiones y otros centros de detención del país. Sus integrantes pudieron hablar con la mayoría de las personas presas, pero no consiguieron reunirse con cuatro presos trasladados desde Benín y Nigeria en 2005 a los que las autoridades negaban tener recluidos, a pesar de la existencia de indicios dignos de crédito según los cuales se encontraban en la prisión de Black Beach, en Malabo.

En agosto, las autoridades reconocieron que el 60 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, y que sólo el 33 por ciento tenía acceso a agua potable y electricidad, a pesar del crecimiento económico del 21,5 por ciento experimentado por el país durante el año anterior, uno de los más rápidos del mundo.

En octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para reorganizar el sistema de justicia. Una de las medidas previstas fue el establecimiento de un Consejo Superior del Poder Judicial, que estaría presidido por el presidente del país.

Detenciones y reclusiones arbitrarias

Continuaban recluidos 14 presos de conciencia, uno de ellos sin cargos ni juicio desde octubre de 2003.

El personal de seguridad, las autoridades civiles y miembros del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial hostigaron, detuvieron o dieron la orden de detener, y recluyeron durante breves periodos a opositores políticos. La mayoría de estos incidentes tuvieron lugar en la región continental.

• En febrero, Ireneo Sialo Sialo, vicesecretario general del partido político Convergencia para la Democracia Social, fue detenido, sin la correspondiente orden judicial, en su domicilio de la localidad de Sampaka (isla de Bioko). Al parecer, la detención se llevó a cabo a instancias del presidente del Consejo de Poblado, quien acusó a Ireneo Sialo Sialo de haberlo insultado públicamente, al haber cuestionado su gestión en una reunión pública. A Ireneo Sialo lo sometieron a trabajos forzosos, y quedó en libertad al día siguiente, tras el pago de una multa.

• Secundino Boleko Brown, empresario residente en España desde el año 2000, fue recluido en abril en la Comisaría Central de Malabo, junto con el administrador local de sus negocios, al día siguiente de su llegada al país. El administrador quedó en libertad sin cargos dos semanas después. Sin embargo, Secundino Boleko continuó recluido en la comisaría, sin cargos ni juicio, hasta julio. No se le informó de los motivos de su detención, aunque se comunicó informalmente a su abogado que la policía lo acusaba de haber entrado en el cuartel de policía y haber dibujado un mapa de la zona. Secundino Boleko admitió haber visitado el cuartel, donde vivía su administrador, agente de policía en activo, pero negó haber dibujado el mapa, que nunca se le mostró. El Tribunal de Apelación desestimó una petición de hábeas corpus presentada por su abogado en abril. 

Tortura y otros malos tratos

Pese a la entrada en vigor, en noviembre de 2006, de una ley que prohibía la tortura y otros malos tratos, continuaron recibiéndose informes sobre casos de tortura. La mayoría de ellos tuvieron lugar en comisarías de policía de Bata y de otras localidades de la región continental. Al menos dos personas murieron a consecuencia de torturas infligidas por la policía. Si bien se detuvo como mínimo a tres agentes en relación con dichas muertes, no se tenía constancia de que se hubieran presentado cargos en su contra o se los hubiera enjuiciado.

• Salvador Ndong Nguema murió en el hospital de Bata el 6 de octubre, a consecuencia de los golpes que le había asestado un militar en la prisión de Evinayong cuatro días antes. En 2006 había sido declarado culpable de complicidad en el homicidio de una mujer cometido en diciembre de 2005 por José Nzamyo «Tipú», que a su vez fue ejecutado el 22 de octubre de 2007. El 2 de octubre, un soldado que estaba de servicio en la prisión le propinó una paliza en su celda. Dos días más tarde, su hermana lo encontró allí, tumbado en el suelo y con el abdomen hinchado. Murió tras ser sometido a una operación para reparar las lesiones intestinales que sufría, con roturas en varios lugares. El soldado responsable fue detenido en noviembre.

• En febrero, un agente de policía detuvo brevemente en la comisaría de Acurenam, en la región continental, a 16 menores de entre 5 y 16 años, a los que, a continuación, golpeó en las plantas de los pies. El agente cumplía órdenes del viceministro de Agricultura y Bosques, quien sospechaba que los menores le habían robado el reloj y la ropa cuando fue a bañarse. El agente responsable no fue procesado.

Juicios injustos

En julio, cuatro hombres que habían sido «extraditados» desde Libreville (Gabón) en junio de 2004 y acusados de terrorismo y rebelión en junio de 2006 fueron juzgados por un tribunal civil de Bata, que los declaró culpables de los cargos. En noviembre se les impusieron condenas de entre 10 y 17 años de prisión, basadas exclusivamente en declaraciones obtenidas mediante tortura, ya que la fiscalía no presentó ninguna prueba más para sustentar los cargos. Tras su «extradición» desde Libreville, habían permanecido unos dos años recluidos en régimen de incomunicación y esposados en la prisión de Black Beach (Malabo), donde los torturaron varias veces. En julio, antes del juicio, los trasladaron a la Cárcel Modelo de Bata, y los obligaron a efectuar trabajos no remunerados en domicilios de militares y autoridades civiles.

Pena de muerte

Durante 2007, al menos tres personas fueron ejecutadas. Según informes, las ejecuciones se llevaron a cabo de forma semiclandestina en la Academia Militar de Ekuku, situada en la ciudad continental de Bata, sin informar previamente a las familias de los condenados. El 18 de mayo fueron ejecutados Salvador Ncogo, detenido en diciembre de 2006 por el homicidio de un joven con discapacidad mental, y Benedicto Anvene. No se pudo acceder a información sobre su juicio. Según informes, ambos habían pasado varios meses recluidos y encadenados en la Cárcel Modelo de Bata. José Nzamyo «Tipú» fue ejecutado el 22 de octubre. En 2006 lo habían declarado culpable del homicidio de su novia, cometido en diciembre de 2005.

Desalojos forzosos

Se efectuaron desalojos forzosos en Malabo y en Bata, aunque en menor escala que el año anterior. Cientos de familias de ambas ciudades seguían corriendo el peligro de ser desalojadas forzosamente de sus viviendas. En la mayoría de los casos no se llevaban a cabo las debidas consultas o negociaciones, y no se indemnizaba a las personas afectadas por sus pérdidas.

• Una mañana de julio apareció un tractor en Ikunde, barrio de las afueras de Bata, y, sin previo aviso, abrió un camino entre el río y la carretera, destruyendo casas y huertos a su paso. Unas 10 familias quedaron sin hogar. Según informes, el camino tenía por objeto facilitar el acceso a un hotel que se encontraba a unos 6 kilómetros de distancia, en la localidad de Ntobo, y era propiedad de un familiar del presidente. No se siguió el proceso debido, ni se avisó o consultó previamente, y las familias afectadas no recibieron ninguna indemnización ni fueron realojadas.