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25 de mayo de 2005

Plácido Micó afirma que Guinea sufre un "estado de sitio" en el que los violadores de los derechos humanos "presumen de serlo".

   MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) - El diputado ecuatoguineano y secretario general de la opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Micó, afirmó hoy que Guinea Ecuatorial vive en un "estado de sitio no declarado formalmente" en el que los violadores de Derechos Humanos "son conocidos por todos e includos presumen de serlo".

   En Guinea Ecuatorial se "violan los Derechos Humanos de forma flagrante, permanente", afirmó Micó en Madrid durante la presentación del Informe 2005 de Amnistía Internacional sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo.

   El país vive en un "estado de sitio no declarado formalmente", con una "visible militarización de la vida política" y en el que "los violadores de los Derechos Humanos son conocidos por todos, e incluso presumen de serlo", denunció Micó.

   "El sistema consiste en hacer ostentación de su capacidad para violar Derechos Humanos, para que los ciudadanos sepan que ese poder es capaz, en cualquier momento, de violar esos derechos sin que le pase nada", prosiguió el parlamentario guineano.

   El régimen de Malabo "no acepta que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus dirigentes", aseveró Micó. El presidente Teodoro Obiang, su familia y su partido, el Partido para la Democracia en Guinea Ecuatorial (PDGE), "creen que el Gobierno les corresponde y que el resto no tiene derecho a participar en el poder y no tiene derecho a cambiar a un dirigente", añadió.

   Es por ese motivo que "no hay libertad de expresión, no hay medios de comunicación independientes, hay detenciones arbitrarias, se practica la tortura", denunció el secretario general de CPDS. "En Guinea Ecuatorial, se tortura públicamente", y "desde el momento en que es detenido alguien, en su casa o ante el público, ya es sometido a torturas, a patadas, y lo que hace la Policía después es sólo una continuación", aseguró.

   En los últimos años, la situación se ha agravado a causa del petróleo --Guinea es el tercer exportador de África--, afirmó Micó. "Muchos países que de alguna manera presionaban de forma activa, cesaron en sus esfuerzos, por no perder el espacio conquistado para sacar beneficios del petróleo", denunció.

   Este hecho se reflejó incluso en la ONU, explicó el dirigente opositor, quien recordó que, en 2002, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió poner fin al mandato del relator especial de Derechos Humanos para Guinea Ecuatorial, el colombiano Gustavo Gallón, cuando el país vivía una "oleada de detenciones" de opositores que fueron "salvajemente torturados".

   La lucha contra el terrorismo también "ha influido en el empeoramiento de la situación de los Derechos Humanos", ya que se ha utilizado para justificar detenciones arbitrarias, sin mandato judicial, en régimen de incomunicación y sin informar del lugar de reclusión, denunció Micó.

   Plácido Micó y Celestino Bacale son los dos únicos diputados de CPDS en el Parlamento, frente a 98 parlamentarios afines a Obiang. Según Micó, a pesar de su situación de minoría, su presencia en la Cámara "les causa incomodidad, y eso se nota". "Nos aplauden muchos de los propios responsables del régimen, que saben que son esclavos del sistema y que decimos la verdad", aseguró. Aparte, la población también apoya la presencia de CPDS porque aporta "un cauce para presentar denuncias en una institución como el Parlamento", concluyó.

 

Paciencia Toboko declara a Europa Press que "no tiene donde llorar" por la libertad de su marido, Weja Chicampo.

   La agencia Europa Press difundió ayer, día 24, el despacho siguiente: "Paciencia Toboko Tare, esposa del activista bubi Weja Chicampo, encarcelado sin cargos y sin juicio en el penal de Black Beach desde marzo de 2004, aseguró hoy a Europa Press que no tiene "dónde llorar" por la libertad de su marido, ya que "nadie, ni de aquí ni de allí", se ha ofrecido a ayudarla para liberarlo.

   Chicampo, coordinador general del ilegal Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), fue encarcelado en marzo del año pasado después de que un grupo de encapuchados asaltara su vivienda, en Malabo. Fue "un diluvio lo que hicieron" en la casa, afirmó su esposa. Según Amnistía Internacional, los encapuchados resultaron ser policías que llevaron al dirigente bubi a la comisaría central de la capital, para trasladarlo posteriormente a Black Beach.

   Según Paciencia Toboko, bubi y residente en Madrid, desde entonces no tiene ninguna información sobre su marido. Por ello, todos los días abre el ordenador para ver si consigue alguna noticia por Internet. "Abro el ordenador y lo busco, pero no tengo a nadie, ni de aquí ni de allí", aseveró. "Me llama gente preguntando, pidiéndome mis datos, pero no se quiere identificar, y no se los doy", añadió. "Yo no tengo miedo por mí, pero sí lo tengo por mis tres hijos, que están aquí conmigo", aseguró Toboko a Europa Press.

   La otra fuente que regularmente utiliza para obtener noticias es una de sus hermanas, residente en Malabo, que le tiene más o menos al tanto de las novedades. Por ella sabe que Weja Chicampo sufrió torturas, que le seccionaron dedos y una oreja, que le amputaron algunos dientes, que tuvo (o tiene) "los pies y la cara muy hinchados", e incluso que padeció malaria, pese a lo cual no se le ha dado ninguna atención médica en la cárcel.

   "A través de mi médico de cabecera, a quien le pedí medicamentos, le mandé kilos de medicinas", pero su hermana le dijo, posteriormente, que las autoridades "no se las dejaron pasar". Según Paciencia Toboko, las últimas noticias de su hermana indican que su marido ha sido trasladado recientemente de la celda de dos por 1,8 metros en que se encontraba en Black Beach, donde se han comenzado obras de reformas, a otra dependencia del mismo penal.

"DÓNDE LLORAR"

   Paciencia Toboko afirma que no sabe qué hacer y que no consigue apoyos suficientes para actuar por su marido. "Soy su mujer, pero no puedo hacer nada, tengo a los hijos aquí", afirmó. Además "la gente tiene miedo", añadió. "¿A dónde voy a llorar?", se preguntó.

   "Desde aquí, cuando alguien hace algo, le torturan más, por eso es mejor callar la boca", explicó Paciencia Toboko, quien recordó que recientemente llegó a proponer a varios amigos suyos la convocatoria de una manifestación en favor de Weja Chicampo en la Puerta del Sol, de Madrid, y al final desistió por temor a que resultara perjudicial.

   "Me dijeron que no la hiciera, que si la hacíamos el Gobierno (de Guinea Ecuatorial) lo iba a matar". "Esta gente lo coge y si quiere le corta la cabeza", añadió. Pero "si no se hace nada, no lo sueltan", añadió.

   Paciencia Toboko no tiene duda de que su marido fue detenido por sus actividades políticas, pero hasta la fecha no ha recibido cargos, no ha sido juzgado ni ha tenido acceso a abogados, según las organizaciones de Derechos Humanos y la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), con sede en Madrid. "Mi marido es político, pero no sé de qué le han acusado", afirmó su esposa.

   El MAIB es un movimiento creado en 1993 que reivindica la democracia y el autogobierno de la isla de Bioko, de mayoría bubi. El encarcelamiento de Chicampo ha levantado la solidaridad del resto de partidos de la oposición, desde el legal Convergencia para la Democracia Social (CPDS) hasta el resto de formaciones ilegales, como Unión Popular (UP) o Fuerza Demócrata Republicana (FDR). Según ASODEGUE, la puesta en libertad de Weja Chicampo "debería figurar entre las exigencias del Gobierno español al régimen guineano".

SAMBA MOMESORI

   Weja Chicampo es uno de los dos presos políticos bubis encarcelados en Guinea Ecuatorial sin cargos ni juicio. El otro es el pastor protestante Bienvenido Samba Momesori, detenido en octubre de 2003, antiguo militante de MAIB y, quien tras un primer momento en Black Beach, fue trasladado al penal de Evinayong (continente), "sin cargo conocido y sin jamás haber sido presentado ante un juez", según denunció CPDS el pasado 5 de abril ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

 

Guinea Ecuatorial en el Informe de Amnistía Internacional 2005

Guinea Ecuatorial

 
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Información general

Las autoridades afirmaron que había habido intentos de golpe de Estado en marzo, mayo y octubre.

En enero, unos 100 soldados y ex soldados detenidos a fines de 2003 fueron juzgados por un tribunal militar de Bata. Ochenta de ellos fueron declarados culpables de intentar derrocar el gobierno y condenados a penas de prisión de entre 6 y 30 años.

Unos 1.000 migrantes que vivían en la capital, Malabo, algunos de los cuales habían entrado ilegalmente en el país, fueron detenidos, golpeados y en algunos casos encarcelados antes de ser expulsados del país en marzo.

En abril, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el partido gobernante, ganó las elecciones legislativas con el 95 por ciento de los votos. El grupo opositor Convergencia para la Democracia Social logró dos escaños en el Parlamento.

En julio, una investigación llevada a cabo por el Senado de Estados Unidos sobre los poco estrictos controles para el blanqueo de dinero de un banco de Washington, Estados Unidos, reveló la malversación, por parte del presidente de Guinea Ecuatorial y sus familiares, de al menos 35 millones de dólares estadounidenses procedentes de los ingresos petroleros. El presidente negó la acusación y amenazó con demandar a los medios de comunicación extranjeros por informar sobre este asunto.

Juicios injustos

En noviembre, 11 ciudadanos armenios y sudafricanos y 9 guineoecuatorianos fueron declarados culpables de delitos contra el jefe del Estado y contra el gobierno y condenados a penas de prisión de entre 14 y 63 años. Los ciudadanos extranjeros habían sido detenidos en marzo en relación con una presunta conspiración para derrocar al presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y sustituirlo por Severo Moto, dirigente en el exilio del proscrito Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial.

Severo Moto y ocho miembros de su “gobierno en el exilio” fueron acusados a mitad del juicio y juzgados in absentia. Fueron declarados culpables de traición. Otros dos ciudadanos de Guinea Ecuatorial detenidos en marzo y abril y juzgados por los mismos cargos fueron condenados a 16 meses de prisión por “imprudencia temeraria”.

El juicio careció claramente de las debidas garantías. En el tribunal no se presentó ninguna prueba para respaldar los cargos, aparte de las propias declaraciones de los acusados, presentadas en español, idioma que no entendían, y que, según afirmaron los acusados, habían sido obtenidas mediante tortura. El tribunal hizo caso omiso de las reclamaciones de los encausados y no permitió que los abogados defensores plantearan la cuestión de la tortura. Los acusados no pudieron acceder a sus abogados hasta dos días antes del juicio, que comenzó el 23 de agosto, y éstos no recibieron suficiente tiempo para preparar la defensa. Los acusados denunciaron que sus declaraciones no se las había tomado un juez de instrucción, conforme exige la legislación nacional, sino el fiscal general, que actuaba para la acusación en el juicio. Los abogados de la defensa presentaron un recurso que continuaba pendiente al concluir el año.

Desde el momento de su detención, los ciudadanos extranjeros habían estado recluidos en régimen de incomunicación y esposados y con grilletes 24 horas al día. Asimismo, los privaron de la alimentación y los cuidados médicos adecuados y únicamente pudieron acceder de forma esporádica y limitada a sus familias.

Isla de Corisco

En mayo, según informes, las fuerzas de seguridad de la isla de Corisco ejecutaron extrajudicialmente a entre 12 y 15 guineoecuatorianos residentes en Gabón que, según afirmaron, habían invadido la isla, atacado el cuartel militar y matado a un soldado. Las autoridades admitieron la muerte de cuatro presuntos atacantes. Según los informes, las víctimas murieron al intentar huir de la isla o cuando se rendían.

Se detuvo y, al parecer, torturó a cinco supervivientes. Según los informes recibidos, una mujer fue violada. Algunos de los supervivientes aparecieron en televisión con cortes en las orejas. De acuerdo con los informes, uno de ellos perdió el uso de las manos. Permanecieron varios meses recluidos en régimen de incomunicación y esposados constantemente en la jefatura de policía de Bata. En diciembre fueron juzgados por un tribunal militar, cuyas resoluciones eran inapelables, y fueron declarados culpables de traición, “terrorismo” y espionaje, y condenados a penas de prisión que iban de 22 a 28 años.

Otros cinco que habían logrado escapar fueron extraditados ilegalmente en junio desde Gabón. Al finalizar el año, continuaban recluidos sin cargos en la prisión conocida como Black Beach de Malabo.

Detención arbitraria, tortura y malos tratos

Durante el año se detuvo a decenas de opositores políticos al gobierno. La mayoría fueron puestos en libertad al cabo de pocos días o semanas, pero muchos continuaban recluidos sin cargos ni juicio al concluir el año. La mayoría sufrieron tortura o malos tratos en el momento de su detención. Ex miembros del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial se convirtieron en el objetivo de estas actuaciones. Las autoridades detenían a menudo a sus familiares como rehenes.
  • En marzo, Weja Chicampo, dirigente del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko, fue detenido a primeras horas de la mañana por al menos 10 agentes de policía encapuchados que entraron a la fuerza en su casa de Malabo. Fue golpeado brutalmente y sufrió heridas en la mandíbula y en el hombro izquierdo para las que no recibió tratamiento. Lo llevaron a la prisión de Black Beach, donde estuvo recluido en régimen de incomunicación durante varios meses. Al concluir el año seguía recluido sin cargos. Weja Chicampo había regresado del exilio en España en agosto de 2003 y estaba tramitando la legalización de su partido en el momento de su detención.
  • Pedro Ndong y Salvador Bibang fueron detenidos en Malabo en marzo y continuaban recluidos sin cargos ni juicio al finalizar el año. Al parecer, su detención estaba relacionada con su anterior pertenencia al Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial.
  • En junio, Marcelino Nguema Esono fue detenido en la casa de su cuñado junto con otras tres personas mientras veían un partido de fútbol por la televisión. Ninguno de ellos estaba armado. Cuatro agentes de seguridad entraron en la casa y uno de ellos abrió fuego contra Marcelino Nguema Esono y lo hirió en el muslo derecho. A Marcelino Nguema Esono lo llevaron al médico y después junto con los demás detenidos a la comisaría de Bata, donde fueron golpeados. Al día siguiente los llevaron en avión a Malabo, donde al concluir el año seguían recluidos sin cargos. Según informes, fueron golpeados brutalmente en el avión durante el vuelo a Malabo.
  • En octubre se detuvo a decenas de militares y ex militares en la región continental de Río Muni. Los condujeron a una comisaría de Bata donde, según los informes recibidos, fueron víctimas de malos tratos y tortura. Fueron acusados de intentar derrocar al gobierno. La mayoría, si no todos, continuaban recluidos sin cargos ni juicio al finalizar el año.
  • En noviembre, Pío Miguel Obama, miembro de Convergencia para la Democracia Social y concejal de Malabo, fue detenido y acusado de celebrar una “reunión ilegal” en Basupú, el pueblo donde reside, a pesar de que no había estado allí el día en cuestión. Fue puesto en libertad sin cargos el 24 de diciembre.

Muertes bajo custodia

Al menos tres presos murieron bajo custodia, según los informes a consecuencia de torturas, de las duras condiciones penitenciarias y de la falta de tratamiento médico.
  • En enero, Francisco Abeso Mba, preso de conciencia condenado por conspirar para derrocar al gobierno en un juicio injusto celebrado en 2002, murió debido a una enfermedad. Un mes antes de su muerte, las autoridades permitieron que fuera atendido en su domicilio, pero no le permitieron viajar al extranjero para recibir el tratamiento recomendado por los médicos.
  • Gerhard Eugen Merz, ciudadano alemán, murió bajo custodia nueve días después de ser detenido en marzo en relación con un presunto intento de golpe de Estado. Las autoridades dijeron que había muerto de “malaria cerebral con complicaciones”. Sin embargo, según los informes recibidos, su cuerpo presentaba marcas que podían haber sido causadas por tortura, y las personas detenidas con él declararon en noviembre en una vista judicial que había muerto a causa de las torturas que le habían infligido.

Pena de muerte

En diciembre, un tribunal militar de Bata impuso la pena capital al soldado Francisco Neto Momo por la muerte de un compañero unos meses antes, cuando ambos estaban de guardia. Las sentencias de los tribunales militares son inapelables. No se tenía conocimiento de si la ejecución se había llevado a cabo al concluir el año.

Visitas de Amnistía Internacional

En agosto y noviembre, delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el país para observar el juicio de los acusados de participar en un presunto intento de golpe de Estado en marzo.

 

 

   

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