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HOJAS INFORMATIVAS
21 de mayo
de 2008
Comparecencia de Moratinos
Mañana jueves, a las cuatro
y media de la tarde, el Ministro de Asuntos Exteriores
comparecerá "a petición propia" ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso para "para informar sobre las líneas
generales de la política de su Departamento". Esperamos,
entre esas líneas generales, las que correspondan a Guinea
Ecuatorial y, dentro de ellas, la valoración que el gobierno
español haga de las elecciones del pasado día 4.
Consecuencias de la deforestación
Desde Unión Popular
se nos hace ver los riesgos que empieza a suponer para
Guinea Ecuatorial el desorden y la falta de control en la
explotación de los recursos madereros. En estos días de
finales de mayo que deberían de corresponder con el inicio
del periodo de lluvias, la isla de Bioko padece un periodo
de calor especialmente intenso. En UP asocian esta situación
al desorden medioambiental general que padece el país y que
es una consecuencia del modelo de "desarrollo" salvaje que
imponen el dictador y su círculo más cercano. Guinea
necesita un plan general de explotación de recursos que
impida la deforestación y controle la explotación
desordenada de áridos (nos citan, en este sentido, la
existencia de una cantera en el pico Basilé, cercana a
Malabo cuya explotación lleva a cabo una empresa marroquí).
UP exige la puesta en marcha de una política medioambiental
que impida la actual situación de deterioro y las
consecuencias climáticas que está empezando a tener.
El
gobierno guineano intenta recurrir la sentencia del Tribunal
Supremo favorable a Moto
La agencia EFE
difundió ayer el despacho siguiente: "El
Gobierno de Guinea Ecuatorial intenta que el Tribunal
Constitucional le tenga por personado y admita su recurso
contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener la
condición de asilado político del líder opositor Severo
Moto, que había sido revocada por el Gobierno en 2006.
En un escrito remitido al Constitucional
en nombre de la República de Guinea Ecuatorial, el abogado
Ignacio Guillén afirma que el Supremo, que en marzo pasado
dictaminó que Moto no representa peligro alguno para la
seguridad de España, no tuvo en cuenta el 'impacto' que las
'acciones subversivas' del líder opositor tiene 'para las
relaciones económicas y políticas' entre los dos Estados.
Moto se encuentra en prisión
en España desde el pasado 16 de abril acusado de planificar
el envío de dos fusiles y una pistola a su país de origen,
para lo que habría contado con la ayuda financiera y
logística de un empresario catalán, también encarcelado".
Europa Press por su parte informa lo siguiente: "La
República de Guinea Ecuatorial, a través de sus abogados en
España, ha recurrido en amparo la decisión adoptada a
finales del pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo de
devolver la condición de asilado político al opositor
ecuatoguineano Severo Moto. El dirigente se encuentra en
prisión provisional en España desde el pasado 16 abril por
orden de la Audiencia Nacional, acusado de un delito de
tráfico de armas de guerra.
Guinea entiende que el Supremo vulneró derechos
fundamentales al no aceptar como prueba los informes,
eliminando las tachaduras, que fueron elaborados por el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la supuesta
participación de Moto en un intento de golpe de estado en
dicho país en 2004.
El texto del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press,
defiende que durante el proceso que devolvió a Moto su
condición de asilado se vulneraron derechos fundamentales
como el de tutela judicial efectiva, el de utilización de
los medios de prueba pertinentes para la defensa de los
intereses de Guinea y a un proceso con todas las garantías.
Además, considera esta parte que la decisión del Tribunal
Supremo supuso una intromisión en la actividad política del
Consejo de Ministros, que fue el organismo que en enero de
2006 revocó la condición de asilado de Moto. A juicio de
esta parte, el alto tribunal se tendría que haber limitado a
comprobar que la decisión del Gobierno no era arbitraria,
sin entrar en el fondo del asunto.
'Lo contrario, esto es, lo actuado por el Tribunal Supremo,
supone un exceso de jurisdicción', añade el escrito
presentado por Guinea, que insiste en el hecho de que el
Supremo no aceptara como prueba la aportación de sendos
informes realizados en octubre de 2005 por la Comisaría
General de Información y el CNI, sobre la posible
participación de Moto en el intento de golpe de estado de
febrero y marzo de 2004 en el país africano.
INFORMES CON TACHADURAS.
Dichos informes fueron
valorados como prueba por el tribunal pero con todos los
nombres que figuraban en ellos tachados, y la solicitud de
esta parte de aportar los documentos sin los citados
borrones fue rechazada por el Supremo por 'irrelevante'.
Guinea protesta por dicha
calificación al entender que todos los nombres tachados
pertenecían a personas que habían estado en contacto con
Moto 'de cara la urdimbre de los golpes de estado contra el
Gobierno legítimo de Guinea Ecuatorial encabezados por
aquél'. Entre ellos se encuentra Simon Mann, cabecilla de
los mercenarios que está siendo juzgado en Guinea por el
intento de golpe.
La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió
devolver la condición de asilado político a Moto al
considerar que el informe presentado por el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) sobre sus actividades no probaba que
constituyera 'un peligro para la seguridad de España'.
Guinea critica que el Supremo no considerara suficientemente
acreditada la comisión de hechos motivadores de la
revocación de asilo cuando esta parte 'había propuesto la
prueba precisamente para ello'.
'No ha lugar al menor atisbo
de duda de que la prueba solicitada por esta parte,
consistente en la identificación de las personas cuya
identidad se ocultaba bajo las tachaduras era de
especialísima trascendencia para la resolución del litigio',
insiste la parte.
Según la sentencia del
Supremo, de la que fue ponente el magistrado, Rafael
Fernández Valverde, el informe del CNI no contenía 'la más
mínima referencia a que alguna de las actividades de Moto
hubiera implicado un peligro para la seguridad' y se
limitaba a asegurar que la presencia del opositor constituía
un riesgo para el país.
Severo Moto disfruta del
estatus de asilado político desde el 13 de marzo de 1986. El
10 de enero de 2006 esta condición le fue revocada por el
Gobierno, si bien esta decisión quedó en espera de conocerse
la decisión del Supremo"
Sobre este mismo asunto el diario El País dice
hoy: "El
Gobierno de Guinea Ecuatorial, presidido por el dictador
Teodoro Obiang Ngema, considera que el Tribunal Supremo ha
vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva al otorgar el asilo político al líder opositor
Severo Moto, en prisión preventiva en España por supuesto
tráfico de armas. El Ejecutivo de Malabo ha presentado un
recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que anuló
en marzo la resolución del Gobierno que revocó a Moto el
estatuto de refugiado en 2006.
El recurso
considera que la sala vulneró las garantías procesales de
Guinea al no admitir como prueba sendos informes de la
Unidad Central de Inteligencia de la Policía y el Centro
Nacional de Inteligencia que, según el recurso, demostrarían
la participación de Moto en dos intentos de golpe de Estado
contra Obiang en 1997 y 2004. El Supremo había asegurado que
los tribunales guineanos le absolvieron de su participación
en esos supuestos golpes".
http://www.elpais.com/articulo/espana/Guinea/recurre/Constitucional/asilo/politico/Severo/Moto/
elpepiesp/20080521elpepinac_15/Tes
Pastor
Micha transmite un mensaje de Obiang para Mohamed VI
Lo hizo, según la agencia
Angola Press, el lunes 19 en Casablanca en una
entrevista a la que asistieron también
el ministro marroquí de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Taib Fassi Fihri, y el
embajador de Guinea Ecuatorial en Rabat, Juan Ndong Nguema
Mbengono. Por el momento no ha trascendido el contenido del
mensaje.
http://www.angolapress-angop.ao/noticia.asp?ID=619468
Juzgan en
Ibiza al guardia civil que quiso extorsionar a Teodorin
"Francisco Javier G.C.,
el ex agente de la Guardia Civil que estuvo destinado en
Eivissa y que pasó por prisión después de que el propio
instituto armado le investigara por supuestamente comandar
un grupo dedicado a la extorsión valiéndose de información
reservada, se sentará finalmente en el banquillo este mes de
mayo, el día 26, para enfrentarse ante la Audiencia
Provincial a los casi doce años de cárcel que pide para él
el fiscal.
La detención del acusado
tuvo especial relevancia en su día porque la presunta red se
destapó tras supuestamente coaccionarse al ministro de
bosques de Guinea Ecuatorial en su residencia de Sant Antoni,
lo que se conoció como «caso Obiang». Entre las personas que
tendrán que comparecer ante el tribunal como sospechosos
figuran también dos hombres que fueron relacionados con la
Armada y otro agente de la Benemérita. Uno de los primeros
tenía otra identidad al ser un testigo protegido del
denominado caso Lasa y Zabala.
El fiscal establece en su
escrito de acusación que Francisco Javier G.C., en concurso
con otros dos acusados, fundo en agosto de 2000 la empresa
Agencia de tecnologías, Investigación y Sistemas de
Seguridad (ATISS), firma que tenía como objeto la
investigación y averiguación de hechos delictivos pese a ser
incompatible con la profesión de guardia civil y trabajos
por los que se obtuvo remuneración económica.
Los acusados, siempre según
los cargos presentados, trabajaron para varias compañías de
seguros para aclarar la veracidad de siniestros declarados y
ofrecieron sus servicios de escolta en la residencia del
citado ministro guineano en Sant Antoni. Al no aceptarse su
propuesta, pidieron dinero a cambio de no divulgar
grabaciones y fotos comprometidas. También se les imputa
presentarse como agentes de otras unidades del instituto
armado y amedrentar a sus potenciales «clientes» diciéndoles
que les perseguía la «mafia rusa»".
Fuente: Ultima Hora,
21 mayo 2008.
http://www.ultimahora.es/ibiza/segunda-ib.dba?-1+1006+435149
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008052100_2_246441__Pitises-i-Balears-guardia-civil-afronta-carcel-extorsion
Editado
y distribuido por ASODEGUE
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