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HOJAS INFORMATIVAS 14 de mayo de 2002 D E C L A R A C I O N El pasado 14 de marzo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, inició una oleada represiva contra la oposición con la detención y tortura de los dirigentes de Fuerza Demócrata Republicana (FDR) encabezados por Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá. También se detuvo y torturó a numerosos militares, retirados y en activo, así como a varios funcionarios y agricultores, acusados de un supuesto golpe de estado. La teoría del "golpe de estado" que las autoridades guineanas no se han esforzado en cubrir con acusaciones mínimamente verosímiles tiene una doble finalidad, por una parte destruir la organización de la FDR cuya implantación en la región de Mongomo parecía excesiva a Obiang y sus seguidores más cercanos y por otra facilitar al dictador la posibilidad de presentarse como candidato único a las elecciones presidenciales que deberán celebrarse antes de la primavera de 2003. La primera parte de la operación ha sumado a las detenciones masivas (cerca de doscientas), la detención del conocido abogado y dirigente opositor Fabián Nsue y la disolución con fecha de 10 de mayo del Colegio de Abogados de Malabo, con la justificación (habitual en estos casos) de llevar a cabo "actividades impropias". Ambas medidas están destinadas a dificultar la defensa de los detenidos y a intimidar a aquellos abogados que asuman ahora su defensa. La estrategia de Obiang para las elecciones presidenciales incluye la ilegalización del partido político Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y la posibilidad de condenar a muchos años de prisión a su secretario general Plácido Micó. El mismo Obiang manifestó a la dirección de este partido (octubre de 2001) que consideraba "un hecho grave" su intención de comparecer a las citadas elecciones. Ahora aparecen acusados en un sumario contrario a toda razón e implicados en un supuesto delito de atentado contra la seguridad del Estado. El resultado final, de cumplirse las intenciones del dictador, será la ilegalización de esta formación política por la vía de los tribunales y la desaparición política de su secretario general. Todos estos hechos se han producido sobre un fondo de creciente permisividad internacional hacia el régimen del dictador guineano. El hecho más notable en este sentido ha sido la retirada, acordada a finales del pasado mes de abril, del Representante Especial para Guinea de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero la actitud de otras instituciones y países han contribuido también al clima de impunidad en el que hoy están Obiang y los suyos. Las últimas noticias que nos llegan desde Guinea anuncian la posibilidad de un comienzo inminente de un juicio carente de las mínimas garantías y destinado una vez más a confirmar la voluntad de Obiang. Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes, exigen del régimen guineano:
Exigimos también al gobierno de Aznar una respuesta clara, firme y contundente respecto a los derechos humanos y las libertades en Guinea Ecuatorial. Instamos al gobierno español, que preside el Consejo de la UE, a propiciar una respuesta común de los países europeos en contra de la arbitrariedad, la extorsión y la tortura en aquel país. Pedimos a las distintas instancias de la UE y de Naciones Unidas que hagan las gestiones necesarias para que delegaciones suyas visiten Guinea de inmediato, comprueben el estado de los detenidos, la ausencia de garantías judiciales y, caso de que el juicio llegue a celebrarse, asistan a sus sesiones. Hacemos este mismo llamamiento a Amnistía Internacional y a todas las organizaciones relacionadas con los profesionales del derecho de nuestro país.
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