A pesar de que la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial proclama la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo y del Legislativo (artículos 83 y 87), la práctica se caracteriza sin embargo por su dependencia casi total del Poder Ejecutivo y particularmente del Presidente de la República, que nombra a jueces y magistrados.

   En efecto, esta misma Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial establece que el Presidente de la República “Garantiza la estricta aplicación de esta Ley Fundamental; el funcionamiento de los poderes públicos y la continuidad del Estado” (artículo 39 a); “Convoca y preside el Consejo de Ministro (artículo 39 b); “Dicta en Consejo de Ministros los Decretos-Leyes conforme a las disposiciones de esta Ley Fundamental” (artículo 39 c). Además, “El Jefe de Estado es el Primer Magistrado de Nación y garantiza la independencia de la función jurisdiccional” (artículo 86), sin olvidar la previsión de que “El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y los miembros componentes de la misma son nombrados libremente por el presidente de la República para un periodo de cinco años” (artículo 90 ).

   Por otra parte, el Decreto Nº 58 del 9 de abril de 1998 otorga un derecho de injerencia indebida al Ministro de Justicia sobre el Poder Judicial al darle facultades de inspección sobre los tribunales, y de nombramiento de los cargos judiciales, que torpedean literalmente la separación de poderes.

   El fundamento de la dependencia del poder judicial se refuerza a la hora de leer que “Los Jueces y Magistrados serán nombrados por Decreto. Los nombramientos se remitirán al Presidente de la Corte Suprema de Justicia o al Presidente de la Audiencia Territorial a la que corresponde dar o mandar dar posesión a los nombrados”(artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 10/1984, de 20 de junio, revisada por la Ley Nº 4/1988, de 6 de abril).

   La selección aleatoria de los jueces y magistrados, basada en criterios ideológicos y de docilidad, así como el miedo a ser destituido del puesto hacen del Poder Judicial un dócil instrumento del Presidente de la República.

   Esta inferioridad del Judicial con respecto al Ejecutivo explica en parte que las autoridades periféricas, los cuerpos de seguridad y los militares se arroguen prerrogativas judiciales.Incluso el Parlamento de Guinea Ecuatorial ha creado su famosa Comisión de Quejas y Peticiones que ejerce una concurrencia frontal al Poder Judicial.

   Esta dependencia del Poder Judicial y la impunidad se han puesto de manifiesto muy recientemente cuando, a principios del presente año, el despacho de la asociación “Abogados Solidarios” asumió la representación APUD ACTA de los encausados en dos supuestos delitos, para la toma de sus declaraciones ante el Juez de primera Instancia e instrucción de Malabo.

   Para la primera causa, se trataba de Carmelo NCOGO MITOGO, Juan Pedro NCOGO ABANG, Juan ITUTU MENDEZ, Jesús MICHA Jesús MICHÁ MICHÁ, y Juan BESTÚE SANTANDER, residentes habitualmente en Gabón y extraditados ilegalmente a Guinea Ecuatorial el 14/06/2004 acusados de haber participado en una pretendida invasión de la isla de Corisco sin armas, contra los que el Ministerio Público interpuso la querella por los supuestos delitos de rebelión y terrorismo.

   La segunda causa concernía a Marcelino NGUEMA ESONO, José-Antonio NGUEMA OBIANG, Jerónimo MBÁ OBAMA y Leoncio MIKÓ NKA, contra los que el mismo Ministerio Público querella por los supuestos delitos de atentado contra el Jefe de Estado, forma de Gobierno y de asociación ilícita.

   Las prácticas observadas en estos dos casos demuestran la dependencia del poder judicial y dejan impune a las actuaciones de determinadas autoridades y agentes de la Seguridad del Presidente de la República de Guinea Ecuatorial.

   Los delitos de rebelión y terrorismo, por un lado, y de atentado contra el Jefe de Estado, forma de gobierno y asociación ilícita, por otro, justificarían la reacción prestada por el Ministerio Público en cualquier Estado preocupado por su seguridad. Sin embargo, observamos en estos casos concretos que los procedimientos no solamente dejan clara la dependencia sino que, además, fomentan y toleran la impunidad.

   El procedimiento llevado a cabo para la detención y encarcelamiento de los encausados por los supuestos delitos de rebelión y terrorismo fue el siguiente: Los supuestos reos de esta primera causa fueron literalmente secuestrados desde Libreville (Gabón), sin haber mediado ningún tipo de extradición, por una comisión dirigida por el Ministro de la Seguridad Presidencial, y conducidos a la cárcel pública de Malabo (Guinea Ecuatorial). Llevaban más de 17 meses encerrados en celdas, en condiciones infrahumanas y totalmente incomunicados. Hay que precisar que los supuestos delitos de que son acusados ya fueron vistos y sentenciados en la ciudad de Bata hacía más de cinco meses. Al asistirles en la toma de sus declaraciones manifestaron, entre otras cosas, (i) haber sidosecuestrados; (ii) haber sido bárbaramente torturados en su llegada a la cárcel; (iii) haber vivido muertes de dos vecinos de sus celdas; (iv) haber recibido la visita del Fiscal General del Estado.

   El procedimiento para la detención y encarcelamiento de los encausados por los supuestos delitos de atentado contra el Jefe de Estado, forma de gobierno y asociación ilícita fue el siguiente: Un grupo de agentes bien armados de la seguridad del Jefe de Estado irrumpió en la casa de Jerónimo Mba Obama, en Bata, para detener a don Marcelino Nguema Esono que se encontraba en dicha casa; éste último fue disparado en uno de sus muslos por uno de los agentes. No sólo fue llevado el malherido señor Nguema Esono, sino también todos los que se encontraban en la casa en aquel momento (los señores Nguema Obiang, Miko Aka y el mismo dueño de la casa) y que no tuvieron tiempo de escaparse ante tan inesperada e intempestiva visita; ellos miraban por televisión la competición europea de football que se estaba emitiendo.

   Ante estos hechos, el antes mencionado Fiscal del Estado no se planteó con el mismo celo la contravención de la Ley manifestada en (i) la detención más que irregular (secuestro) de los residentes en Libreville; (ii) que al detener a los de Bata, no sólo no respetaron los mecanismos prescritos por la Ley, sino que se disparó contra uno de los detenidos; (iii) los maltratos de que fueron víctimas; (iv) los asesinatos vividos de cerca los secuestrados en Gabón; (v) el disparo contra uno de los detenidos en Bata.

   Por otra parte, el Juzgado, al instruir los casos, no fue capaz de solventar las irregularidades mencionadas, ni de hacer constar la necesidad de frenar la iniciación de los sumarios cuyas antecedentes contenían tantas irregularidades, ya que recibía instrucciones superiores. Hechos como estos se desarrollan todos los días en Guinea Ecuatorial. los graves vicios en la administración de la justicia, la todavía irreducible dependencia del poder judicial y la impunidad siguen gangrenando gravemente la sociedad ecuatoguineana.

   Por eso la ONG Nord Sud XXI estima que es fundamental que la Comunidad Internacional vuelva a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando, a través de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas, a un nuevo Experto Independiente encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en este país así como la asistencia técnica que se preste al gobierno, particularmente en la administración de la justicia. Es indiscutible que tal designación representaría un factor de atenuación de las violaciones y realizaría un seguimiento del cumplimiento y el respeto de los compromisos contraídos por el gobierno.

   19.- Daniel Mba Ondó, capitán

   22.- Félix Nsue Mba, sobrino de Cipriano

   25.- Germán Mba Mba, sobrino de Cipriano

   26.- Luis Ntutumu Obiang, alias Berni

   35.- Diego Ekua Obiang, sobrino de Ndong Ona

   y 38.- Fernando Obama Nsue, alias Ferdinand

   39.- Francisco Mba Mendama, alias Efe Pulé.

   40.- Victoriano Elá Nsang, alias Comisario X.

   y 48.- un detenido que se apoda Chelin.

   Mientras el propio Presidente de la República se vanagloria públicamente de que Guinea Ecuatorial ocupa el 3º ó 4º puesto en el crecimiento económico del continente africano, los informes de Naciones Unidas sobre desarrollo humano lo sitúan entre los últimos del mundo, con la mayor diferencia en todo el mundo entre la riqueza disponible y el grado de bienestar de la población.

   La situación sanitaria sigue siendo una de las mejores ilustraciones de la situación de miseria y de extrema pobreza que vive la población llana de este país multimillonario. En sus hospitales faltan los consumibles médicos más elementales como esparadrapos, vendas, desinfectantes, hilos de sutura, guantes, material estéril, etc. La atención sanitaria, casi siempre deplorable, se dispensa como si se tratara de un favor que se hace al enfermo, como si este constituyera un incordio para el personal de los hospitales. Ninguna estructura asegura el repuesto regular de medicamentos en los hospitales, obligados muchas veces a comprarlos en contrabando o de las ONG’s caritativas. No hay vacunas.

   Las graves y crónicas deficiencias del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial, tanto en el personal como en su equipamiento, son históricas y sobradamente conocidas. El sistema, gangrenado por una corrupción sin límites y una politización institucionalizada, es la antítesis de lo que legítimamente podría esperar la población en materia de protección de su derecho a la salud.

   Y mientras la sanidad oficial periclita de forma perdularia, la población general se vuelca ciegamente hacia una medicina tradicional oscurantista y ritual, exterminadora de los más desprovistos. Esta situación se ve agravada por la creencia, firmemente fomentada por el régimen en el poder, según la cual los curanderos poseen poderes ocultos y pueden conferir capacidades y poderes especiales a otras personas. Esto ha conducido a la aglutinación de todos los curanderos del país en la tenebrosa ASOMETRAGE (Asociación de médicos tradicionales de Guinea Ecuatorial), que se sustenta desde la cúpula del poder político de Guinea Ecuatorial.

   El VIH/SIDA, en este contexto de ignorancia y de deficiencias múltiples y generalizadas, progresa grave e inexorablemente. Consciente de esta progresión, el gobierno publicó el 20/11/2006 el decreto presidencial Nº 107/2006 por el que se toman medidas urgentes para frenar la propagación del SIDA en Guinea Ecuatorial. Pero, sin embargo, el análisis minucioso de este decreto permite ver que la aplicación de algunas de sus disposiciones conllevaría consecuencias más perjudiciales que protectoras para una población sin información ni educación sanitaria, una población plenamente azotada por el VIH y en la que muchas personas jóvenes y adultas siguen dudando de su existencia. En efecto, entre otras cosas, con este decreto, el gobierno de Guinea Ecuatorial crea el carnet de “Indemne de Sida” para toda la población, renovable cada seis meses y que podría ser exigido para acceder a ciertos servicios públicos.

   Esta condición, por la obligatoriedad que subyace en ella, por su carácter divulgador, discriminatorio y estigmatizador, viola frontalmente el derecho de estas personas a la privacidad, al honor y a la dignidad, al trabajo, etc., todos ellos consagrados en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, en la Carta Africana de Derechos Humanos y de losPueblos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, todos ellos suscritos por la República de Guinea Ecuatorial, así como en las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA. Con este requisito, se discrimina a la persona por su condición de enfermo y se justifica que alguien sea despedido de su puesto de trabajo simplemente porque es seropositivo. Y es lo que está pasando en algunas empresas.

   Por otra parte, este decreto impone a las personas de nacionalidad extranjera la realización del test de VIH como requisito para la tramitación de sus expedientes de obtención o renovación de documentos de residencia o de viaje, introduciendo así una inconfundible dimensión xenófoba, una grave estigmatización y un carácter discriminatorio por la nacionalidad.

   Todas estas violaciones y humillaciones causan sufrimientos innecesarios a estas personas, menoscaban su honor y su dignidad y contribuyen, por ende, a la propagación de la epidemia, porque se repliegan sobre ellas mismas, se esconden, no vuelven a hacerse el test o falsifican los resultados, no piden consejo y no se someten a tratamiento. La consecuencia será lo contrario de lo deseado: el aumento de la prevalencia del VIH en el país.

   La práctica del test no debe ser impuesta. Debe resultar del deseo voluntario de la persona normal y correctamente informada. La propagación del virus está profundamente influida por el entorno social, económico y político. Cuando las personas viven en condiciones de adversidad, como la pobreza, la dictadura, la represión, la discriminación, la desinformación y la ignorancia, son particularmente vulnerables a infectarse por el VIH. Y se puede observar que la acción del gobierno, a través de este decreto, tiende más hacia la represión que hacia la protección de la población. Por eso, algunos de sus artículos deberían ser suprimidos o sustancialmente modificados.

   Por todas estas razones estimamos absolutamente indispensable que la Comunidad Internacional y este mismo Consejo de derechos humanos vuelvan a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando a un Experto Independiente que se encargaría de proporcionar al gobierno la asistencia técnica necesaria para que se establezcan los mecanismos que permitan la organización de unas elecciones transparentes y propicien una alternancia pacífica en el poder en este país.

   La educación, uno de los derechos fundamentales garantizados por las constituciones de todos los estados, también recogido en la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, está por los suelos en este país. Todo parece indicar que la estrategia del régimen que lo gobierna consiste en mantener a la población sumida en la ignorancia.

   En efecto, en un aparente afán de mejorar el sistema educativo, el gobierno ha multiplicado leyes y reformas en los niveles de Educación Primaria y Secundaria, tantas que no se sabe cuáles de ellas están realmente en vigor ni cual sirve de referencia básica para las reformas a emprender. Y, a pesar de ellas, a pesar también de los ingentes esfuerzos desplegados por diferentes cooperaciones educativas bilaterales y multilaterales, y muy particularmente la española, el sistema en general sigue presentando defectos y deficiencias aparentemente incorregibles, y la población de Guinea Ecuatorial sigue sin entender qué sentido quiere el gobierno darle realmente a la enseñanza.

   Los textos de referencia contemplan la gratuidad de la enseñanza, por lo menos hasta el nivel de la enseñanza primaria. Y sin embargo, tal gratuidad nunca se ha verificado en Guinea Ecuatorial, ni tampoco se vislumbra indicio alguno de que se vaya a cumplir. Todos los niños pagan matrícula, empezando desde la Primaria. Al incumplir habitualmente sus propias leyes, el gobierno actúa como si las sancionara no para aplicarlas en Guinea Ecuatorial, sino para la opinión exterior.

   En la Enseñanza Primaria, de seis cursos, todos los libros de texto para el uso en el aula han sido donados por la Cooperación española al estado guineano. Este material didáctico requiere material complementario y de apoyo. Por un lado, tal material complementario no está disponible ni hay señales de que se vaya a adquirir. Por otro lado, los textos así donados están siendo vendidos en virtud de un decreto del Ministerio de Educación. Los padres están obligados a pagar 1.500 F CFA (unos 2,3 €) por asignatura; 1.000 F CFA (unos 1,5 €) a la inexistente asociación de padres de alumnos (APA); otros 1.000 F CFA por el carnet escolar y el boletín de notas, y 10.000 F CFA (unos 15 €) por la matrícula, lo cual, según el número de asignaturas de cada alumno (promedio de 6), representa una importante carga financiera para las familias, teniendo en cuenta los salarios míseros de los trabajadores y la falta de ingresos de los campesinos. En Primaria como en Secundaria, no hay bibliotecas escolares ni manuales de consulta ni de apoyo.

   Con relación a las condiciones materiales en las que se desarrolla la enseñanza, casi todo queda por hacer: aulas abarrotadas hasta con cien alumnos; muchos edificios vetustos, con charcos y goteras en la época lluviosa; falta de pupitres; pizarras inexistentes o en condiciones lamentables; ausencia de instalaciones deportivas, etc.

   Durante la elaboración de los planes de estudios (curricula) de la enseñanza secundaria, se trabajó con la certeza de que esta será Obligatoria hasta los 16 años, es decir, desde la Educación Infantil hasta cuarto curso de la Enseñanza Secundaria. Para afianzar en su afán de no ofrecer una educación con las mínimas garantías a jóvenes de Guinea Ecuatorial, ha sido sustituida la “O” de Enseñanza Secundaria Obligatoria, por la “Ba” de Enseñanza Secundaria Básica, E.S.BA., eludiendo así los costes derivados de esta formación que debiera asumir el estado en su totalidad en esta etapa de enseñanza obligatoria. Hasta este curso académico, la ESBA solo se imparte en los centros privados que llevan dos cursos escolares implantando la Reforma Educativa que todavía no ha sido sancionada y publicada en el Boletín Oficial.

   Lo más sorprendente es que la Ley de la Reforma Educativa lleva más de cuatro años sin ser publicada. Se realizan algunas actividades relacionadas con la misma de manera oculta o misteriosa, sin ningún calendario de aplicación. Las enseñanzas mínimas de la ESBA, redactadas en mayo y junio de 2.004, siguen sin estar a disposición de los centros, que son los que las imparten; tampoco se imparten en los centros públicos, solo se imparten en los centros privados del Sistema Educativo Guineano desde hace dos cursos escolares. El calendario escolar del Ministerio de Educación del presente curso académico contempla 250 días lectivos. Una medida más de cara al exterior. Teniendo en cuenta que en Guinea Ecuatorial el curso académico comienza realmente después de la festividad del 12 de octubre finalizando a mediados de junio, y que las interrupciones de las clases por cualquier motivo (visitas o giras del presidente, ilustres huéspedes, Ministros, Directores Generales y las múltiples fiestas) son constantes, sería francamente de mérito cumplir solamente con la mitad de esta carga lectiva.

   Por si fuera poco, la intromisión del Ministerio de Educación en los centros privados con el nombramiento de los Directores de Disciplina de dichos centros, ha embarullado el funcionamiento de los únicos establecimientos donde se tenía una enseñanza con garantías. Es consabido que la figura del Director de Disciplina (Jefe de Disciplina) es imprescindible en los centros escolares; suele ser nombrado en una reunión del claustro de profesores a propuesta del Equipo Directivo o del Director del centro privado en cuestión. El señor Ministro de Educación sorprendió a propios y extraños nombrándolos él mismo en una reunión que mantuvo con el cuerpo docente de Bata el día 18 del pasado mes de enero, en la sala de Congresos de Ngoló. El hecho no es criticable por los nombramientos en sí, sino por la forma y el procedimiento del señor Ministro, que se refugió en la indisciplina de los alumnos y la falta de puntualidad e incumplimiento de la jornada laboral de los formadores en los centros escolares. Sabiendo que en estos centros ya existían tales figuras, se entiende automáticamente que dichos Directores de Disciplina son los comisarios políticos del gobierno encargados del control político en los centros privados.

   En cuanto a los recursos humanos, el país cuenta con muy pocos cuadros nacionales de buen nivel, los cuales son, además, infravalorados y mal remunerados. Si no pertenecen al partido político en el poder se les llama “enemigos internos” y se les margina. Al lado de esto, se constata que más del 40/% de los maestros y profesores nombrados por la Administración carece de la titulación exigida por la ley para el nivel en el que enseñan. El grupo de los llamados “monitores”, superior al 20/% de los docentes, no tiene ninguna titulación. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enseñanza Media “Carlos Lwanga” de Bata carece de profesores licenciados para impartir las enseñanzas de Física, Química y Biología en los niveles de bachillerato superior y preuniversitario. Dichas enseñanzas son impartidas por profesores con un nivel equiparable al sexto curso de bachillerato del ya extinguido plan español del 57. La mala formación de estos alumnos está más que garantizada.

   En la famosa reunión del 18 de enero pasado, el señor Ministro de Educación, como medida para frenar la venta de notas y el acoso sexual que sufren las alumnas, prohibió la denominación de “profe”, muy usual en nuestro país, no como neologismo superfluo sino como signo de acercamiento alumno/a profesor, instaurando así un remedio peor que la enfermedad. En los sistemas educativos que se precian, parece admitido que lo mejor es propiciar un ambiente de proximidad y confianza entre educador y educando. ¿Es que el señor Ministro ya no se acuerda de que en sus momentos como alumno no existía el término venta de notas?. ¿Aquellos educadores no eran guineanos? ¿El acoso sexual de los educadores a las niñas es un hecho aislado en nuestra sociedad? ¿Se ha detenido el Señor Ministro en buscar las causas de esta desviación, así como las del absentismo y el alarmante fracaso escolar de nuestro sistema, cuyas cifras nunca se publican?.

   La Formación Continua queda abandonada a la suerte de cada individuo. No hay ni un solo centro de formación permanente donde los docentes y otros cuerpos de la función pública puedan seguir actualizando sus conocimientos.

   Nuestro sistema no contempla la formación de los niños discapacitados. Es una cuestión relegada a sus progenitores. De la misma manera, nada se hace por recuperar a los jóvenes y muchachos que a temprana edad han abandonado la escuela. No hay planes de educación de adultos.

   Por todas estas razones, que ilustran el carácter autoritario de la gestión del Estado, estimamos absolutamente indispensable que la Comunidad Internacional y este mismo Consejo de derechos humanos vuelvan a interesarse de cerca por lo que ocurre en Guinea Ecuatorial designando a un Experto Independiente que se encargaría de proporcionar al gobierno la asistencia técnica necesaria para que se establezcan las bases de una organización plural de la sociedad así como los mecanismos que permitan la organización de unas elecciones transparentes y propicien una alternancia pacífica en el poder en este país.