Manuel Ollé es un reconocido penalista y profesor de Derecho en la Universidad Nebrija, además de presidente de APDHE. Ollé, con fama de ser “el David de la abogacía”, ya se ha enfrentado en los tribunales a, entre otros, Augusto Pinochet, el argentino Ricardo Cavallo y los militares guatemaltecos. Ahora, Ollé y APDHE siguen su lucha contra los dictadores con la querella presentada por presunto blanqueo de capitales contra Teodoro Obiang y su entorno. La Fiscalía ha apoyado la querella.

   La primera lectura, tanto jurídica como política, de esta querella, es que, según diversos juristas consultados por El Confidencial Digital, el delito del que se acusa a miembros destacados de la Administración guineana conlleva penas de cárcel. Fuentes de toda solvencia destacan a ECD que la condena en los tribunales se da por absolutamente segura. 

   Una lectura en clave estrictamente política tiene que ver con la grave alarma generada tanto en el Gobierno español como en el guineano a causa de estos hechos, a menos de un mes de que una comitiva española, encabezada por el ministro Moratinos, viaje a Guinea Ecuatorial en un momento dulce de las relaciones bilaterales porque por primera vez hay dinero español en Guinea Ecuatorial (Repsol, Unión Fenosa, Francisco Hernando y muchos otros pequeños inversores).

   La querella tiene una envergadura política indudable al dirigirse contra buena parte del ‘establishment’ guineano, entre otros, el presidente Obiang, y Marcelino Owono, ministro de Minas; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores (e íntimo amigo de Moratinos); Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas. Como Jefe de Estado, Teodoro Obiang está sujeto a inmunidad pero no así alguno de los citados.

   Lo que han investigado Ollé y APDHE con detectives privados son las cuentas e inversiones de una compañía radicada en Panamá, de nombre Kalunga Company SA, cuentas e inversiones en las que los citados tendrían parte. La acusación popular muestra una gran confianza de que, con los medios de la Fiscalía, se pueda proceder a poner en claro los movimientos de las cuentas, abiertas en una sucursal del Banco Santander y protegidas hasta el momento por el secreto bancario. Ollé y APDHE afirman tener pruebas de que, por un estimado de 19 millones de euros, a cada imposición en efectivo le seguían inmediatas compras de bienes, en su mayor parte inmuebles. APDHE está recibiendo presiones, que este confidencial no ha podido especificar, por parte del Gobierno guineano.

   Fuentes cercanas al procedimiento judicial comentan varios rasgos del mismo a ECD:

   -- En primer lugar, se espera que el procedimiento dure todavía varios años, en parte porque se han de pedir comisiones rogatorias a EEUU, donde el manejo del dinero de Obiang, uno de los líderes más ricos del mundo, llevó a la quiebra judicial del banco Riggs, una de las más antiguas y prestigiosas instituciones de Washington.

   -- Las mismas fuentes se han hecho eco del bajo perfil de la respuesta institucional del gobierno de Guinea Ecuatorial a través de su abogado en Madrid, Jorge Trías Sagnier.

   -- Sorpresa por la falta de cautela y el descaro de Obiang y los suyos en el manejo de su dinero e inversiones en España. Estos se achacan a un presunto sentimiento de inmunidad así como al vínculo afectivo antiguo que Obiang y otros ecuatoguineanos mantienen con Canarias.

   -- La reacción del Gobierno de Guinea Ecuatorial se basa en contrarrestar - a través de sus medios oficiales - la importancia de la querella aduciendo que en tiempos de la colonia se robaron muchos recursos del país y que el apellido de la juez encargada del caso (Ana Isabel de Vega) coincide con el de un colono español distinguido por su pésimo trato hacia los guineanos".