GUINEA NO HA SUSCRITO LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

Cuando a finales de mayo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas suprimía la figura del Relator Especial para Guinea Ecuatorial se esgrimió, como prueba de la buena voluntad del gobierno de aquel país respecto a los derechos humanos, el que hubiese suscrito la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

    El señor Gallón Giraldo desmintió entonces tales informaciones que, sin embargo, han seguido repitiéndose y aparecen con frecuencia en escritos del gobierno guineano y en distintas declaraciones hechas o inspiradas por la administración española. En una comunicación reciente el señor Gallón Giraldo nos dice lo que sigue:

    "El motivo de la confusión puede deberse a que el gobierno de Guinea Ecuatorial informó públicamente ante la Comisión de Derechos Humanos a finales de marzo que ese mismo mes había presentado a consideración del Parlamento ecuatoguineano un proyecto para la aprobación de la convención contra la tortura. Puede ser que eso sea cierto aunque no hay confirmación al respecto. Pero aún en caso de que dicho proyecto de ley hubiese sido presentado, eso no significa que haya sido efectivamente aprobado.

    Para que Guinea Ecuatorial adhiera a la Convención contra la tortura se necesita además que el gobierno de Guinea Ecuatorial deposite el instrumento de ratificación en la secretaría del Comité contra la tortura. Es absolutamente seguro que eso no había ocurrido a finales de abril cuando concluyó sus sesiones la Comisión de derechos humanos". 

    Confirmando sus palabras y si consultamos la página www.unhchr.ch/pdf/reportfr.pdf del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualizada a 13 de mayo de 2002, puede verse que Guinea Ecuatorial no ha suscrito los siguientes pactos internacionales:

    - el Pacto relativo a la eliminación de la pena de muerte,

    - el Pacto relativo a la eliminación de todas las formas de discriminación racial,

    - las convenciones relativas a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

    - la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

    - la Convención relativa a los derechos de los niños en conflictos armados y la relativa a su venta, prostitución y contra la pornografía infantil,

    - la Convención internacional que protege los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias. 

    La confusión parece originarse en una acción de marketing político de la dictadura guineana que encuentra eco fácil en círculos determinados de la administración española.

 COMUNICADO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE EL JUICIO DE MALABO

Índice AI: AFR 24/009/2002/s (Público)
Servicio de Noticias 100/02
13 de junio de 2002

     Guinea Ecuatorial: Juicio injusto caracterizado por la tortura y la
                        imposición de severas penas

    Amnistía  Internacional  pide  a  las  autoridades de Guinea Ecuatorial que juzguen  de  nuevo, con las debidas garantías y en un plazo razonable a las casi  70 personas a las el domingo 9 de julio impusieron severas e injustas condenas  sobre  la  base  de  declaraciones  obtenidas con tortura durante periodos de detención en régimen de incomunicación.

    Estas  condenas,  que  oscilan  entre  los  6  y 20 años de prisión, fueron impuestas  por  un  tribunal civil de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, que  juzgó  sumariamente a 144 personas acusadas de menoscabar la seguridad del Estado y detenidas desde marzo de 2002. Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá, líderes del partido de oposición todavía ilegal Fuerza Democrática Republicana (FDR), fueron condenados a 20 y  14  años de prisión, respectivamente, y Plácido Miko, secretario general del  principal partido ilegal de oposición, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), a 14 años.

    Un  delegado  de Amnistía Internacional que asistió al juicio en calidad de observador  ha  manifestado  hoy: «Estas condenas se impusieron en un juicio injusto,  en  el  que  no  se  presentaron  pruebas  contra  ninguno de los acusados,  muchos  de  los  cuales habían sido torturados para obligarlos a confesar».

    El  juicio  se  caracterizó  por la comisión graves violaciones de derechos humanos  y abusos de procedimiento, como el empleo de confesiones obtenidas con  tortura  y de las que los acusados se retractaron ante el tribunal, la indiferencia  de éste ante las denuncias de tortura de los acusados a pesar de  que  presentaban  marcas  de ello en el cuerpo, la falta de una defensa adecuada  como consecuencia de que los abogados sólo hubieran tenido un día para  examinar  los cargos específicos presentados contra sus clientes y la falta  de  independencia del tribunal por haber sido nombrados sus miembros
por las autoridades.

    Todo  el juicio estuvo basado en la tortura. Algunos de los acusados tenían las muñecas fracturadas por haber sido torturados durante los dos meses que habían  pasado  recluidos en régimen de incomunicación. Las torturas habían consistido  en prácticas como colgar a los detenidos de una barra de hierro con las manos atadas a los pies. Amnistía Internacional tiene constancia de que  la  tortura continuó durante el juicio. Algunos de los acusados que se retractaron  ante  el  tribunal  de  sus  declaraciones  fueron  torturados posteriormente   en   la   prisión,   aparentemente  como  represalia.  Las condiciones  de  reclusión  que  soportaron  durante  el juicio constituían tortura,  pues  estaban  hacinados,  desnudos,  en pequeñas celdas. Ninguno recibió  atención  médica,  y a algunos no les entregaron los alimentos que les habían llevado sus familias.

    Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación sobre las torturas denunciadas por los acusados y que se ponga a disposición judicial a  los responsables para que sean sometidos a juicio de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal.

    Aunque  hayan  sido  condenados  en  un juicio sumario, los acusados tienen derecho  a  interponer  una  apelación.  Amnistía  Internacional insta a la comunidad  internacional  a  que  ejerza  presión  sobre las autoridades de Guinea  Ecuatorial  para que celebren un nuevo juicio en el que se respeten las normas internacionales de justicia procesal y se proteja a los acusados de las torturas y los malos tratos. Amnistía Internacional ha añadido: «Esta presión será una señal positiva de
la  comunidad  internacional, especialmente necesaria tras la decepcionante decisión  tomada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace  unas  semanas, cuanto optó por poner fin al mandado del representante especial  sobre  Guinea  Ecuatorial  tras  casi 20 años de vigilancia de la situación de los derechos humanos en este país».
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Documento público