HOJAS INFORMATIVAS

8 de junio de 2002

INFORME DEL PROCESO CELEBRADO EN MALABO (23 de mayo – 6 de junio) CONTRA 144 OPOSITORES. Observador: Adolfo Fernández Marugan. Junio, 2002.

El fiscal de Malabo, Serafín Ondó, daba el viernes día 31 de mayo la versión oficial de lo que se estaba juzgando en el cine Marfil: "No se trata de política, es un golpe de estado". Se trataba por tanto de política. Basta leer el primer punto del Auto Judicial para darse cuenta de que lo que se juzgaba era la existencia de un partido, Fuerza Demócrata Republicana, su proyecto político y su estrategia. La inclusión en el sumario, sin prueba alguna de, entre otros, el secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS) confirma el caracter político del proceso.

La acusación contra el principal de los encausados, Felipe Ondó Obiang, se estructuraba en torno a cinco reuniones: la reunión de Douala, la de Oyem, la de Malabo y dos reuniones en Bata. Estas dos últimas tuvieron lugar en el presente año, y en la intención de los fiscales debían constituir la pieza principal para demostrar la existencia de un golpe de estado que se produciría en torno al mes de abril. Sin embargo, a lo largo del juicio, y ante la incapacidad de demostrar la existencia de este proyecto, su papel (y el de la reunión de Malabo) se fue difuminando al tiempo que ganaba importancia la reunión de Oyem de 1997.

Conforme a la declaración del propio Ondó Obiang, había tenido "contactos personales" con Severo Moto en una fecha que no precisó "a mediados del año 97". Moto le hizo una propuesta que exigía un trabajo a realizar por parte de Ondó Obiang y le dio para ello 5000 FF. Para discutir la propuesta de Moto, convocó poco después una reunión de personas de su confianza en la ciudad gabonesa de Oyem, a 37 kilómetros de Mongomo. A preguntas de los fiscales, Ondó Obiang, precisó que se trataba de discutir "una operación militar de golpe de estado" pero la mayoría de los reunidos en Oyem no estuvieron de acuerdo y el proyecto se abandonó. Esta parte de su declaración acabó con la frase "pensar en un golpe de estado y no hacerlo, no es delito".

La discusión siguiente se planteó en torno a si la reunión de Oyem, que los fiscales consideran en continuidad con todas las otras y de la que niegan que supusiese el abandono de la estrategia militar, era ya cosa juzgada (e indultada) o no. Las razones de la defensa eran las siguientes: Felipe Ondó y Guillermo Nguema Elá fueron secuestrados en Libreville pocas semanas después de Oyem y trasladados a Malabo atados y amordazados a bordo de un avión Antonov ("Enrique Nvo") de la Presidencia de la República Guineana. Denunciada su situación en Malabo, el Ministro del Interior gabonés hizo una visita relámpago a Guinea de resultas de la cual Guillermo y Felipe quedaron en libertad. Manuel Nguema, eterno responsable de la "Seguridad" guineana realizó seguidamente una rueda de prensa en la que dijo que ambos dirigentes habían sido indultados y quedaban libres para llevar a cabo las actividades políticas que quisieran. Muy poco después se les volvió a detener acusados por el Fiscal General del Estado (puesto que ocupaba ya Antonio Nzambi) de "acusaciones falsas" al Jefe del Estado. Fueron juzgados y condenados a dos años de prisión que cumplieron en Black Beach. Recuperaron la libertad el 14 de marzo de 2000.

Incapaz de demostrar el complot del 2002, (no se llamó a declarar tan siquiera al autor de la denuncia que, teóricamente, puso en marcha la operación represiva de marzo, el gendarme Ananias Alú Obama), la fiscalía se aferró a la reunión de Oyem como cosa no juzgada y de preparación de un golpe que habría sido simplemente aplazado y ello a pesar de que todos los participantes en ella coincidieron en sus testimonios con lo dicho por Ondó Obiang.

La declaración de Guillermo Nguema Elá insistió en que el partido estaba buscando vías para su legalización y tanto él como Ondó Obiang indicaron que el viaje de este último a la región continental (enero-marzo de 2002) suponía la intensificación de los trabajos de captación de cofundadores en un esfuerzo decisivo, a su entender, para conseguir la legalización del partido. Los progresos de la organización de FDR, especialmente en la región de Mongomo, alarmaron a las autoridades guineanas que decidieron convertirlos en un intento de golpe de estado. La proximidad de las elecciones presidenciales les llevaron a incluir en el sumario a Plácido Micó secretario general de la formación opositora Convergencia para la Democracia Social (CPDS) con la que FDR había establecido un pacto a principios del 2001 y que había expresado claramente su intención de concurrir a las citadas elecciones. Sin base alguna la fiscalía atribuyó a este pacto, el Frente de la Oposición Democrática (FOD), intenciones violentas.

Lo que mediáticamente se ha llamado durante años "el clan de Mongomo" es en realidad la agregación de varios grupos étnicos que viven en el distrito de Wele-Nzas y entre los que están los esangui, al que pertenece el presidente Obiang y perteneció su tío Francisco Macias, y los nkodjoeñs del que forman parte Ondó Obiang, Nguema Ela y la gran mayoría de los encausados en este juicio. Dos curanderos de este último grupo habrían acabado de dar a Macias, en los momentos previos a las primeras elecciones de la Guinea independiente, capacidades que le permitieron alcanzar la Presidencia del país. Sin embargo, Macías no compartió el poder con sus hermanos de Mongomo, se limitó a nombrar para altos cargos a algunos nkodjoeñs tales como Felipe Ondó, varias veces ministro bajo su mandato. Tras el golpe de estado de 1979 Teodoro Obiang continuó la misma línea de su tío y Ondó Obiang fue Presidente del Parlamento guineano. Que los miembros de su tribu no se encontraban satisfechos y que Obiang no parecía dispuesto a corregir la situación lo demuestra el que los dos únicos fusilados en dos supuestos intentos de golpe (1983 y 1989) ocurridos bajo la dictadura de Obiang, son precisamente dos nkodjoeñs. La situación hizo crisis cuando en 1994 Ondó Obiang y otros dirigentes políticos guineanos que habían participado en las elecciones de un año antes, realizaron un viaje por Estados Unidos. Ondó Obiang volvió convencido de las bondades de la democracia occidental y propuso distintas reformas al dictador que, irritado con él, le dio a escoger entre su cargo y las medidas que proponía. Felipe dimitió, se refugió en Gabón y empezó a hablar de crear una nueva formación política. Obiang decidió cambiar de aliados entre los nkodjoeñs, siempre dentro de esta colaboración de tono menor, y nombró ministros a Julio Ndong Elá Mangue y a Guillermo Nguema Elá. Julio prestó buenos servicios al dictador organizando varios "pucherazos" electorales, pero Guillermo se cansó pronto y en un viaje a Gabón decidió quedarse en el exilio con Ondó Obiang y avanzar en la creación de la FDR. En 1998 Julio abandonó la cartera de Interior y el enfrentamiento entre los dos grupos se hizo claro. En los últimos años los nkodjeñs han ido ganando posiciones entre el consejo de ancianos de Mongomo, apoyándose en el incumplimiento por parte de los esanguis de su promesa inicial, al evidente fracaso de su gestión al frente del país y al enorme enriquecimiento de Obiang y los suyos. Parece evidente que la hegemonía en Mongomo ha pasado a los nkodjoeñs y que los ancianos, sin abandonar su creencia de que habrá "doce presidentes de Guinea nacidos en Mongomo" prefieren en este momento a Ondó Obiang.

Ponciano Mbomio, defensor de Felipe, tuvo buen cuidado en que este declarara que durante una de las fases de su interrogatorio se le llevó al bosque donde unos curanderos le hicieron ingerir un extraño brebaje. Se trataba de un intento de Obiang de destruirle, venciendo al conjuro que desde los tiempos de Macias actua contra los principales de los esangui.

Los fiscales hicieron comparecer como testigo al curandero Marcelino Nguema Obama que asistió en su día a la reunión entre Macías y sus dos colegas nkodjoeñs. Nguema Obama se limitó a declarar en fang que trataba a Ondó Obiang y a todos los de Mongomo y que Felipe le visitaba unas veces sí y otras no.

3. El juicio

El juicio contra los 144 encausados tuvo lugar en el cine Marfil de Malabo, entre los días 23 de mayo y 6 de junio. Prestaron declaración 128 procesados, el resto estaban ausentes. Asistieron cuatro detenidos más que no estaban incluidos en el proceso pero habían sido llevados desde Bata por la policía. Un quinto detenido (Gregorio Ndong Elá) cambió en 24 horas esta condición por la de testigo propuesto por la fiscalía. Finalmente no se atrevió a declarar contra los procesados. Otra de las detenidas y procesadas (Marisol Mangué) permaneció en Bata por haber dado a luz recientemente.

Se consideró competente para el caso al Tribunal de Apelación de la Región Continental, con sede en Bata, aunque existen serias dudas sobre la legalidad de esta decisión inspirada en la creencia del gobierno de que es más manipulable que el Tribunal de Apelación de Malabo.

La Mesa del tribunal estaba integrada por Antonio Ndong Nsue como Presidente y por Claudio Ndong Gula Mesega, Cipriano Nguema, Maria Rosa Nchama y Juan Abaga. Dado que en Guinea no existe carrera judicial no todos tienen formación en Derecho. En esta oportunidad solo la tienen el Presidente y Ndong Gula. Cipriano Nguema es militar de alta graduación. María Rosa Nchama ha sido nombrada juez también mediante decreto; hasta hace poco era administrativa en el Ministerio de Justicia. María Rosa fue la única persona que no intervino en ninguna de las sesiones del juicio.

La representación del Ministerio Público estaba integrada por los fiscales de Malabo (Serafín Ondó Mate), de Bata (de nombre David) y el Fiscal General del Estado (Antonio Nzambi). Los dos últimos tienen formación jurídica. El primero recibió tan solo un curso de Derecho Internacional en la antigua Unión Soviética. La presencia de Antonio Nzambi es también cuestionable conforme a la legislación guineana.

En la parte del estrado correspondiente a la defensa se sentaron 14 abogados (con una media de 9 defendidos cada uno). Plácido Micó, procesado, se defendía a sí mismo. El primer día fue autorizado por el presidente a sentarse junto a los defensores; al día siguiente a exigencia de los fiscales hubo de bajar a sentarse con los encausados. Verle subir y vestirse la toga antes de cada una de sus intervenciones les añadió sin duda un punto de dramatismo.

Los procesados dependieron en todo momento de las autoridades militares o de la policía, se les llevó cada día de Black Beach al cine Marfil en vehículos cubiertos y ocupaban, rodeados de militares y policías, diez filas de la derecha del aforo. Algunos de los que declararon contra lo esperado por las autoridades fueron golpeados al volver a Black Beach. Entre ellos estaba Cesar Ela Ondó (hijo de Ondó Obiang) y Mariano Ekua Sima al que golpeo en la cabeza, con la culata de una pistola, uno de los carceleros.

Los asistentes al juicio eran familiares de los presos o ciudadanos interesados en la política de su país. Conforme la situación fue haciéndose más tensa los controles de entrada fueron más duros. Se privaba a los guineanos de las botellas de agua (el calor era insoportable) y de cualquier instrumento para escribir. Cada sesión tenía un descanso que era aprovechado por los familiares de los presos para intentar sortear los malos humores y las rigideces de la barrera policial y entregarles comida. El cine se convertía entonces en el locutorio de una cárcel de grandes dimensiones. Aunque algunos de los procesados pidieron asistencia médica (entre ellos Felipe Ondó), no se les proporcionó nunca, al menos en las horas de la vista pública.

Las primeras filas estaban reservadas para las representaciones diplomáticas (asistieron a todas las sesiones los cónsules español y francés, un representante de la embajada norteamericana con sede en Camerún, el embajador de Sao Tomé y Príncipe, representantes de la UE, de la CEMAC y en algunas ocasiones el embajador de Camerún) y, separadamente, para autoridades guineanas. Los ministros de Justicia y el Responsable de la Seguridad, Rubén Mayé y Manuel Nguema, respectivamente asistieron a todas las sesiones. El asesor norteamericano Bruce McCold, presidente del norteamericano Institute for Democratic Strategics (financiado por las petroleras para embellecer en el exterior la imagen del gobierno guineano) estuvo siempre presente, sentado junto a los ministros y a la viceministra de Justicia. Detrás de ellos estaban sus escoltas y algunos miembros de los partidos colaboradores con el régimen (el más asiduo Carmelo Mokong, de la fracción progubernamental de UP). En filas próximas estaban los observadores internacionales y la prensa.

Los abogados solo pudieron entrevistarse con sus defendidos 24 horas del comienzo de las sesiones. Nunca dispusieron del sumario completo y, también 24 horas antes, recibieron las partes que correspondían a las declaraciones de sus defendidos (lo que contradice gravemente la legislación del país). Durante muchas de las sesiones los abogados defensores expresaron su creencia de que la versión del sumario de la que disponían los fiscales era distinta (y más completa) que la suya.

El proceso fue dirigido sin pudor alguno por el Ministerio Fiscal que no dudó en rectificar decisiones del presidente o imponerle claramente sus criterios. Frente a la decisión de la presidencia de que los procesados declarasen de mayor a menor petición de pena, la fiscalía impuso un orden inspirado sin duda en la investigación policial que acabó por conducirles a un fracaso evidente. Pretendieron ignorar las torturas que podían apreciarse en el cuerpo de muchos de los encausados y sus intervenciones fueron siempre torpes y malintencionadas. El trato dado a los procesados careció de la mínima consideración e insistieron a lo largo de la vista en atribuirse la capacidad de emitir sentencias. Serafín Ondó, fiscal de Malabo, de una torpeza difícilmente imaginable, resumió su papel, tras de un desafortunado interrogatorio, diciendo que la función de los fiscales era "sonsacar a los detenidos". Sin embargo, cuando el ambiente se crispó en la sala, argumentaron también que cumplían con su deber y que si otro día fuesen defensores se comportarían de otra forma.

Antes de las declaraciones se hizo jurar a los procesados con la mano en alto (primera evidencia del impresionante número de torturados) que dirían "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", acto que por si solo invalidaría un juicio dirigido por estómagos algo más sutiles que los de los magistrados guineanos.

Los fiscales perdieron el control del juicio desde el mismo momento en el que empezaron a declaran los encausados. Los primeros militantes de FDR en hacerlo, Salomón Avenga y Mariano Ekua Sima, consiguieron desorientarles en una muestra de dignidad e inteligencia: declararon en fang, denunciaron las torturas y se negaron a ratificar las declaraciones hechas ante la policía y el juez especial. Ekua Sima denunció incluso la presencia en su interrogatorio y tortura de tres de los generales del ejército guineano (Armengol Ondó Nguema, Agustín Ndong Ona y Antoñito Obama Ndong).

En los tres primeros días no consiguieron los fiscales más que dos declaraciones favorables a sus tesis que en ambos casos acabaron desbaratadas por la defensa. Fueron superados por todos los encausados entre los que estaban Felipe Ondó Obiang, Guillermo Nguema Ela, Cesar Elá Ondó, Donato Ondó Ondó, Pablo Nguema Mbá y desde luego por Plácido Micó.

Incapaces de demostrar la tesis central del proceso (el intento de golpe de estado en el año 2002) los fiscales se refugiaron en las acusaciones sobre la reunión de Oyen y en el interrogatorio sobre detalles irrelevantes al resto de los encausados. Más de sesenta pasaron por el estrado sin que la fiscalía fuese capaz de emitir cargo alguno sobre ellos.

Si es difícil creer en la existencia de un golpe de estado en el que van asaltarse cuatro ciudades disponiendo solo de una pistola, siete cartuchos y un sobre con distintivos (de dos tipos, una cruz blanca sobre fondo rojo y esa misma cruz sobre fondo verde), es también difícil entender la actitud de los fiscales que no hicieron comparecer al autor de la denuncia que inició las detenciones, no presentaron la pistola ni a su propietario (pese a estar plenamente identificado) y exhibieron tan solo dos de los distintivos. Aunque la acción militar se presentaba como inminente (habían llegado a Mongomo, se decía, dos mensajeros de Ondó Obiang dando las fechas de la asonada) los fiscales solo presentaron como pruebas palabras y conversaciones más o menos confusas que se centraron en el careo entre Donato Ondó Ondó, nombrado por Felipe Ondó, responsable de la organización de la FDR en Río Muni, y los también encausados Santiago Ovono Moro e Isaac Mba Mosuy. Mientras Donato mantuvo con firmeza que no hubo nunca proyecto de golpe, los otros dos se perdieron en dudas y contradicciones...

Los abogados defensores mantuvieron durante todo el proceso una línea clara de defensa de la legalidad, de denuncia de las irregularidades y de exigencia de responsabilidades por las torturas de las que habían sido víctimas la mayoría de los detenido, intentado aprovechar el escaso margen de maniobra que le dejaba la Presidencia del Tribunal. La mayoría estuvo siempre muy por encima de la actitud de esa Presidencia y, desde luego, de los fiscales.

El desconcierto alcanzó su grado máximo en la sesión del lunes día 3 de junio cuando se demostró que la Mesa del Tribunal ignoraba el número de detenidos presentes y que algunos de estos no estaban en realidad procesados. Los fiscales fueron incapaces de llevar a su terreno uno solo de los cuatro careos propuestos y sus testigos no se atrevieron a declarar en contra de los encausados. Mientras, el Presidente negó la pertinencia de todas las pruebas y los testigos solicitados por los abogados defensores.

4. Las torturas.

Cincuenta y dos de los encausados hablaron abiertamente en sus declaraciones de las torturas de las que habían sido objeto. Parece que el método ha sido siempre el mismo: se le atan al detenido con un cable las manos, hasta el codo, a la espalda, se unen a los pies y se le cuelga. Durante el interrogatorio, o durante la sesión de tortura, el detenido permanece con los ojos tapados y puede ser objeto, o no, de golpes en distintas partes del cuerpo. No se tiene noticias de que ninguno de ellos haya recibido atención médica posterior, aunque algunas de las lesiones pueden ser irreversibles.

"Ojos tapados, brazos atados y colgado allá arriba. ¿Que vas a hacer?" declaró Donato Ondó Ondó. "No puedo subir la mano para beber agua, ni comer pan. Me alimentan los compañeros", "Todo lo que dije en Bata fue por coacción", "Pido socorro, he sido coaccionado".

"Lo dije todo por el estado en el que me encontraba", "Dejadme, dejadme. Voy a hablar y empecé a contar esa mentira que tenéis ahí", "Me lo imaginé todo. Cuatro militares me golpeaban", "Cuando dices la mentira es cuando te sueltan", fueron algunas de las explicaciones dadas por Cesar Elá Ondó.

"Para aliviarse hay que decir algún nombre" (Santiago Elá Obiang). "Cuando estaba colgado arriba, si te preguntan por alguien y dices que lo conoces, toman nota de él", "Me pidieron los nombres de los conocidos en todos los poblados cercanos al mío" (Roque Mbé Nzo). "Estaba colgado y me pidieron que dijera nombres de militares de mi pueblo y de los alrededores" (Virgilio Nguema Oná). "No firmé mi declaración porque no tenía manos". "Hasta aquí no puedo tocarme" (Candido Obiang Abia). "Me torturaron pero yo no dije nada". "Yo no declaré, el capitán hizo la declaración en mi nombre" (Hipólito Nsema Nodjambo). Hipólito Nsema Modjambo denunció también que su mujer había sido violada.

En algunos casos la tortura no parecía ir ligada a la "investigación", a un interrogatorio, sino a la idea de castigo. Se castigaba al detenido por ser de la oposición o por estar en relación, de cualquier tipo, con ella y en ocasiones sucesivas se le interrogaba. La idea de castigo está presente también en una practica completamente contraria, la que se aplica a aquellos detenidos a los que "no se hace caso" y permanecen semanas y meses encarcelados sin que se les pregunte nada, ni se les dé explicación alguna. Bastantes de los sesenta o setenta encausados contra los que la fiscalía fue incapaz de formular cargo alguno estaban en esta situación.

La Presidencia del Tribunal intentó impedir todos los esfuerzos de los defensores para que salieran a relucir los nombres de los torturadores. Pudo saberse, sin embargo, que los más significados son Julián Ondó Nculu y el capitán Elías, alias Bombero. Ondó Nculu es el responsable de la seguridad del Presidente Obiang y parece demostrado que ha pasado, a lo largo de su vida, por periodos de locura.

Algunos de los detenidos señalaron en sus declaraciones haber sido torturados en varias oportunidades. Es el caso de Cesar Elá Ondó, Jeremías Nculu y Santiago Azú Ndong (al que se le acusaba de realizar un croquis del campamento Rabat que tampoco apareció en ninguna de las sesiones del juicio).

Finalmente, otros detenidos declararon no haber sido objeto de malos tratos. Fueron Manuel Nsue Mba, Eugenio Obiang Ondó y Marcelo Mbe Mba. Sin embargo, Marcelo Mba Mbe afirmó que los generales Armengol Ondó Nguema y Antoñito Obama Ndong estuvieron presentes en su interrogatorio.

Al analizar la "investigación" puesta en marcha por la policía y los militares guineanos parece evidenciarse que la practica de redadas masivas está entre sus métodos de trabajo fundamentales.

Varios de los detenidos declararon que se les habían pedido nombres de personas en general. Pasó con Cesar Elá Ondó al que se torturó para que dijese nombres de "amigos y conocidos" y que "inventó" en su declaración una de las reuniones esgrimidas por el Ministerio Fiscal, la de Malabo, en la que se implicaba a CPDS y a su secretario general Placido Micó. (A preguntas de este último, Cesar reconoció haber intentado incluir en estas listas el nombre de un general camerunés, ante las risotadas de sus interrogadores). Los interrogatorios de Donato Ondó Ondó, uno de los primeros detenidos, fueron en el mismo sentido. A Roque Mbé Nzo y a otros les exigieron que dieran nombres de personas que conociesen en los pueblos de una determinada zona o a militares con una característica determinada. Jeremías Nculu informó de otra practica en principio sorprendente: le enseñaron fotos de recepciones y álbumes con fotos de personalidades del país para que dijera lo que sabía de ellas. Como consecuencia, aparecen en algunas declaraciones, como personas con alguna complicidad en los hechos, los nombres del ministro de Justicia, Rubén Mayé y de Lucas Nguema Esono, responsable de la cartera de Información y Cultura. Conforme a lo manifestado ante el Tribunal por Benedicto Nse Ndong, Magistrado de la Corte Suprema y procesado, hay otros miembros del gobierno que también han aparecido en las declaraciones y a los que no se detuvo por su condición de aforados.

Estos métodos parecen confirmar que en el periodo de la investigación se detuvo en la zona de Mongomo a pueblos enteros (hasta 270 detenidos) y que las autoridades guineanas solo han llevado a los tribunales a una parte de los detenidos, mientras que el resto continúan en la cárcel de Bata. Pero sobre todo indican que es la propia policía (o los militares) la que con estos métodos está en condiciones de tejer una "historia" en contra cualquier guineano o de cualquier colectivo de guineanos.

La implicación de "personalidades", indica que es también la propia policía (al dictado de las altas instancias de la nación) la que cada cuatro o cinco años "mueve la silla" de un numero importante de altos cargos a los que con estos métodos se puede destituir, expulsar o simplemente exigirles que renueven su fidelidad al "sistema". ("Así han tratado a muchos y los han vuelto a recuperar" declaró uno de los encausados). Los golpes de estado, inventados periódicamente, tendrían así una clara funcionalidad dentro del régimen guineano.

En las declaraciones de los procesados se puso también de manifiesto la práctica de registros domiciliarios en ausencia de los implicados y sin orden judicial alguna y que en muy pocos casos se les indicó el motivo de la detención. El juez especial designado para el caso (también militar) tomaba declaración en la propia cárcel de Black Beach y en presencia de los policías o militares que llevaban a cabo las torturas y los interrogatorios. Un número importante de los encausados indicó esta razón para no ratificarse en sus declaraciones previas a la vista pública. Las declaraciones se hacían con mucha frecuencia en fang y eran traducidas por el juez al castellano, idioma que buena parte de los detenidos no conocen suficientemente (Guillermo Nguema Elá explicó las consecuencias tan distintas que podría tener en una declaración el uso del termino "reclutar" en lugar de "afiliar", por la connotación militar del primero).

En un numero importante de casos los procesados hubieron de hacer dos declaraciones una en Bata y otra en Malabo. La policía añadió partes enteras a esta segunda declaración. Muchos procesados indicaron no haberla firmado, en algunos casos por tener ya las manos dañadas por la tortura. En otros casos la firma que aparece al final es la del jefe de cárcel. Otros firmaron su declaración ante la policía pero no ante el juez. Por último algunos indicaron que su declaración la había hecho la propia policía. La inmensa mayoría de los procesados no se ratificó en las declaraciones anteriores y pidió que solo valiesen las hechas ante el tribunal.

Si se miraba la parte del cine Marfil destinada a los procesados, la primera impresión es que se trataba de una causa contra militares. Los uniformes, obligados por las autoridades para todos los que estaban en activo, parecían llenar todas las filas. Sesenta y seis de los encausados son, en efecto, militares o ex-militares. Pero hay, sin duda, otras formas de agruparlos. Cincuenta son parientes o paisanos de los dirigentes de la FDR. Veinticuatro reúnen ambas condiciones; son militares o ex-militares y al tiempo son familiares o del mismo pueblo que alguno de los dirigentes de la FDR.

Las "exigencias del guión" escrito por la policía hace necesaria la presencia entre los militares de aquellas especialidades o destinos que consideran imprescindibles en una "historia de golpe de estado". Hay armeros: está procesado el armero de Añisok, que para su desgracia es pariente de Felipe, y un brigada con acceso a los armeros de Mongomo; son Gabriel Ngonga Esono y Angel Ovono Akumbega. Está también otro uniformado del que se dice que tiene la "profesión" de "francotirador", se llama Primo Micha Obiang, y se le considera un elemento imprescindible para consumar el magnicidio.

Cuarenta y seis procesados son paisanos o parientes de Ondó Obiang y la mayoría están aquí por cumplir con las obligaciones de cualquier familia africana. Está el que le paga el contrato de un móvil, el que le da pan y leche, el que le lleva en taxi de vez en cuando, el que le invitó a su boda y no pudo asistir, el que tiene dinero y se supone que le ayuda alguna vez, el que le saluda por la calle... Están también familiares que no tienen relación con él. Es el caso de su hijo Cesar Elá, al que, pese a no tratarse durante años, se le presenta como su fiel colaborador. ( "si no teniendo relación con él desde hace años, hemos llegado a esta situación ¿qué hubiera sucedido si la llego a tener?", dijo Cesar ante el tribunal).

En una decena de oportunidades los interrogatorios de los fiscales empezaron con la frase "Sabemos que tienes problemas con Ondó Obiang" o "Sabemos que tienes problemas con Cesar". Son personas a las que se ha procesado y en algunos casos torturado, en la confianza de que por animadversión hacia ellos, declararían en su contra y asumirían la idea del golpe de estado. Para ridículo de los fiscales esto no sucedió en ningún caso.

Julián Micha Embono está aquí por una historia de dos patos sucedida en 1992 a través de la cual conoció a Ondó Obiang y su mujer. Cosme Mbomio Ovono está por doce sacos de cemento que le debía un militante de FDR. La policía interpretó la deuda como un método de financiación y le detuvo cuando iba a comprar arena. Llevaba encima 460.000 FCFA, un reloj valorado en 85.000 FCFA, un billete de cinco dólares y una cadena de 50.000 FCFA. Le han devuelto 150.000 FCFA. A Batho, torturador con el régimen de Macías, le detienen por dar una comilona y dinero a Felipe Ondó. Tras su declaración todo se reduce al regalo de un puercoespín y de 7000 FCFA (algo menos de 2000 pesetas). Atanasio Sima Mba lleva siete años exilado en Gabón tras ser buscado por actividades contrarias al régimen guineano. Vuelve para el funeral de su madre y la policía intenta robarle en la frontera. Se dan cuenta de que es del pueblo de Ondó Obiang y lo detienen. No tiene relación alguna con el proceso. No conoce a nadie. Aparece en este sumario y lo justifica por su "mala suerte o por desorden social". Alejandro Madong Obiang es funcionario del ministerio de Sanidad, conoce a un militante de FDR llamado Rubén Monsuy Nguema y la policía le dice que debe ayudarles a encontrarlo. Su mujer y él dedican una semana a esta tarea pero no tienen éxito. Julián Ondó Nculu le dice "Tu vas a pagar por él". Lleva encarcelado desde el 22 de marzo. Baltasar Obono es albañil y, mientras colocaba un techo de zinc, vio como le daban un móvil a Ondó Obiang y, en otra oportunidad, vio bajar de un coche a alguno de los que en su día se reunieron con él en Oyem. Está procesado y dijo haber explicado estas cosas a la policía mientras "estaba colgado"...

Están también procesados los militantes conocidos de FDR, algunos de los cuales habían sido encarcelados antes por esta misma causa, los asistentes a la reunión de Oyem y a las dos reuniones convocadas en Bata por Ondó Obiang.

Ricardo Eló Mabale y Benedicto Nsue Ndong son fiscal y magistrado de la Corte Suprema respectivamente. El procesamiento de Eló Mabale se explica porque es hermano de Eloy Eló, antes dirigente de la FDR y antes aún ideólogo del régimen. Benedicto Nsue Ndong, brutalmente torturado, está aquí porque criticó al ministro de Justicia. (?).

Están procesados dos militantes de la formación opositora Unión Popular (UP). Faustino Ondó Ebang estaba detenido desde el 17 de febrero. En un registro en su casa la policía encontró unos recortes del diario español ABC relativos a Bin Laden y dos cartas, una sin firma de noviembre de 2001 y otra de 21 de noviembre de 1995, en las que hay párrafos en los que se critica al régimen guineano. Ha aparecido en este sumario aunque no tiene relación alguna con los demás procesados. A los fiscales les parece peligrosísimo el contenido de las cartas. Emilio Ndong Biyogo es persona de conocida militancia en UP, a pesar de lo cual se le acusa de redactar los estatutos de la FDR (hay varios procesados más acusados de lo mimo). En realidad se le detuvo junto con Ondó Obiang, del que es cuñado y al que hospeda en su casa desde 1998.

La relación de Plácido Micó con el proceso se debe a que es citado en la declaración de Cesar Elá como participante en una reunión en la que se discutía un atentado contra Teodoro Obiang Nguema. Cesar calificó ante el tribunal a esta reunión ("la de Malabo") como un invento suyo y dijo haber citado a Micó por ser "persona conocida". A pesar de la total carencia de pruebas Micó sigue procesado.

Adolfo Fernández Marugan. Secretario ASODEGUE.

Nota final: La realización de este informe ha sido posible por la ayuda de la Fundación Pablo Iglesias.

Editado y distribuido por ASODEGUE

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