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7 de junio de 2005

Informe de Amnistía Internacional sobre el "juicio de los mercenarios"

   Con el título de "Guinea Ecuatorial: Juicio injusto de presuntos "conspiradores mercenarios", Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe exhaustivo sobre el juicio celebrado en Malabo contra los supuestos implicados en el intento de invasión a Guinea de marzo de 2004.

   Publicamos el comunicado de prensa emitido por AI desde el que puede accederse al texto completo del informe:

Guinea Ecuatorial: Juicio injusto de presuntos "conspiradores mercenarios"

   La detención, juicio y encarcelamiento de los presuntos "mercenarios" acusados de conspirar para cometer un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial el año pasado estuvieron plagados de violaciones de derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional al dar a conocer un nuevo informe titulado Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos (Índice AI: AFR 24/005/2005).

   El informe expone con detalle todo el espectro de violaciones de derechos humanos que se cometieron durante el descubrimiento y enjuiciamiento de la presunta conspiración para cometer un golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema, supuestamente financiado por varios empresarios británicos, entre ellos Mark Thatcher.

   "Todas las personas –incluidas las acusadas de ‘actividad mercenaria’– tienen derecho a un juicio justo y a que se protejan sus derechos, incluidos el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, y el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos derechos se violaron flagrantemente en este caso," ha declarado Kolawole Olaniyan, director del Programa de África de Amnistía Internacional.

   Las conclusiones del informe se basan en la observación del juicio, que duró tres meses, realizada por los delegados de Amnistía Internacional.

   "No se presentó en el juicio ninguna prueba que corroborase las acusaciones formuladas contra los acusados, y el tribunal ignoró en reiteradas ocasiones las denuncias de que los procesados habían sido torturados en los interrogatorios para obtener confesiones," afirma Kolawole Olaniyan.

   "El tribunal parecía muchas veces más interesado en recabar información para otro pleito civil iniciado por el gobierno de Guinea Ecuatorial contra varios empresarios británicos a los que acusaba de financiar el presunto golpe que en hacer justicia."

   Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional pide al gobierno que garantice una vista inmediata y justa de la apelación presentada por los abogados defensores, y que todas las denuncias de tortura y de otras violaciones de derechos humanos se investiguen sin demora y exhaustivamente, así como que los presuntos autores comparezcan ante la justicia.

   Las denuncias de torturas incluyen el caso de Gerhard Eugen Merz, ciudadano alemán detenido el 8 de marzo de 2004, que murió unos diez días después de su detención. Varios procesados sudafricanos declararon ante el tribunal que Merz había muerto delante de ellos, tras haber sido sometido a brutales torturas, que incluían quemaduras con un encendedor en la espalda y los pies.

Información complementaria

   Desde que el presidente Obiang Nguema llegó al poder en 1979, Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de acusaciones de tentativas de golpe de Estado. Habitualmente, el anuncio del descubrimiento de un golpe de Estado fallido va seguido de una oleada de detenciones acompañadas de torturas y juicios injustos. Las autoridades apenas presentan pruebas ante los tribunales para corroborar las acusaciones, que se basan a menudo en confesiones obtenidas de los acusados bajo tortura. Hasta hace poco, la mayoría de estos casos han pasado desapercibidos para la comunidad internacional.

   En el 2004 hubo al menos tres presuntos intentos de golpe de Estado que desembocaron en la detención de unas 200 personas. La mayoría de los detenidos sigue en prisión sin cargos ni juicio; muchos de ellos son considerados aspirantes al poder y, por tanto, una amenaza para el gobierno del presidente Obiang Nguema.

   En la primera semana de diciembre de 2004, un consejo de guerra juzgó a cuatro hombres y una mujer, a los que declaró culpables de traición, "terrorismo" y espionaje y condenó a penas de entre 22 y 26 años de prisión. Los informes indican que los cinco procesados sufrieron torturas brutales y que varios miembros de las fuerzas de seguridad violaron a la mujer.

   Si desean más información, consulten el informe Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos, en http://web.amnesty.org/library/index/eslafr240052005

 

Documento público
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   Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://news.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex.********

El gobierno español asegura que la conversión de la deuda firmada con Malabo beneficiará económica y socialmente a Guinea

   La agencia Europa Press difundió ayer el siguiente despacho: "El Gobierno aseguró hoy que el acuerdo para la conversión de la deuda en inversiones privadas y públicas firmado con Guinea Ecuatorial supondrá "un claro beneficio económico y social para la población" guineana, ya que permitirá "establecer y asentar un importante sector productivo que actuará como motor de crecimiento del país" y fomentar "sectores básicos, como la educación y el sanitario", con la consiguiente mejoría "de las condiciones sociales de las clases más desfavorecidas del país".

   En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que los programas de conversión de deuda firmados con Guinea Ecuatorial se inscriben en el marco de un acuerdo global firmado en junio de 2003 entre ambos países "dirigido a solucionar un antiguo contencioso de deuda".

   En el marco de ese acuerdo global, el 10 de noviembre de 2003 se firmó un programa de conversión de deuda en inversiones privadas por importe de 16 millones de euros de deuda comercial garantizada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), así como un programa de conversión por inversiones públicas por importe de 28 millones de euros de deuda en el marco de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD).

   Este acuerdo de conversión de deuda en inversiones privadas permitirá que quienes "deseen invertir en Guinea Ecuatorial puedan obtener un beneficio que estimula la inversión mediante la compra de deuda al Estado español (al 50 por ciento del valor facial de la deuda) y su posterior reventa a Guinea Ecuatorial (al 56 por ciento del valor facial de la deuda adquirida)", explica el Gobierno.

   Estos proyectos financiables son "inversiones en capital" que contribuirán al desarrollo de Guinea Ecuatorial y que tomarán "la forma de proyecto nuevo, de ampliación de un proyecto existente, así como de toma de participación en empresas ecuatoguineanas", señala la respuesta parlamentaria.

   Los proyectos que se financien con este programa "supondrán un claro beneficio económico y social para la población de Guinea Ecuatorial, ya que las inversiones que se realicen supondrán establecer y asentar un importante sector productivo que actuará como motor de crecimiento del país, con lo que ello conlleva de aumento de empleo, aportación de nuevas tecnologías, etcétera".

INVERSIONES PÚBLICAS

   Asimismo, "el programa de conversión por inversiones públicas tiene por objeto contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de Guinea Ecuatorial mediante la financiación de inversiones especialmente indicadas para este fin", asegura el Gobierno.

   Estas inversiones serán seleccionadas por un Comité Binacional Mixto integrado por representantes de los Gobiernos de ambos países y se financiarán con cargo a un Fondo al que España cede los derechos de cobro de parte de la deuda ecuatoguineana. El programa aborda "sectores básicos, como el de la educación y el sanitario" y supone, por ello, "una clara mejoría de las condiciones sociales de las clases más desfavorecidas del país", concluye la respuesta parlamentaria".

 

 

 

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