HOJAS INFORMATIVAS
7
de junio de 2005
Informe de
Amnistía Internacional sobre el "juicio de los
mercenarios"
Con el título de "Guinea Ecuatorial: Juicio injusto de
presuntos "conspiradores mercenarios", Amnistía
Internacional ha publicado hoy un informe exhaustivo sobre el
juicio celebrado en Malabo contra los supuestos implicados en
el intento de invasión a Guinea de marzo de 2004.
Publicamos el comunicado de prensa emitido por AI desde el que
puede accederse al texto completo del informe:
Guinea
Ecuatorial: Juicio injusto de presuntos "conspiradores
mercenarios"
La
detención, juicio y encarcelamiento de los presuntos
"mercenarios" acusados de conspirar para cometer un
golpe de Estado en Guinea Ecuatorial el año pasado estuvieron
plagados de violaciones de derechos humanos, ha declarado hoy
Amnistía Internacional al dar a conocer un nuevo informe
titulado Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados
defectos (Índice AI: AFR 24/005/2005).
El
informe expone con detalle todo el espectro de violaciones de
derechos humanos que se cometieron durante el descubrimiento y
enjuiciamiento de la presunta conspiración para cometer un
golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial,
Obiang Nguema, supuestamente financiado por varios empresarios
británicos, entre ellos Mark Thatcher.
"Todas
las personas –incluidas las acusadas de ‘actividad
mercenaria’– tienen derecho a un juicio justo y a que se
protejan sus derechos, incluidos el derecho a la presunción
de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, y el
derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Estos derechos se violaron
flagrantemente en este caso," ha declarado Kolawole
Olaniyan, director del Programa de África de Amnistía
Internacional.
Las
conclusiones del informe se basan en la observación del
juicio, que duró tres meses, realizada por los delegados de
Amnistía Internacional.
"No
se presentó en el juicio ninguna prueba que corroborase las
acusaciones formuladas contra los acusados, y el tribunal
ignoró en reiteradas ocasiones las denuncias de que los
procesados habían sido torturados en los interrogatorios para
obtener confesiones," afirma Kolawole Olaniyan.
"El
tribunal parecía muchas veces más interesado en recabar
información para otro pleito civil iniciado por el gobierno
de Guinea Ecuatorial contra varios empresarios británicos a
los que acusaba de financiar el presunto golpe que en hacer
justicia."
Entre
otras recomendaciones, Amnistía Internacional pide al
gobierno que garantice una vista inmediata y justa de la
apelación presentada por los abogados defensores, y que todas
las denuncias de tortura y de otras violaciones de derechos
humanos se investiguen sin demora y exhaustivamente, así como
que los presuntos autores comparezcan ante la justicia.
Las
denuncias de torturas incluyen el caso de Gerhard Eugen Merz,
ciudadano alemán detenido el 8 de marzo de 2004, que murió
unos diez días después de su detención. Varios procesados
sudafricanos declararon ante el tribunal que Merz había
muerto delante de ellos, tras haber sido sometido a brutales
torturas, que incluían quemaduras con un encendedor en la
espalda y los pies.
Información
complementaria
Desde que el presidente Obiang Nguema llegó al poder en 1979,
Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de
acusaciones de tentativas de golpe de Estado. Habitualmente,
el anuncio del descubrimiento de un golpe de Estado fallido va
seguido de una oleada de detenciones acompañadas de torturas
y juicios injustos. Las autoridades apenas presentan pruebas
ante los tribunales para corroborar las acusaciones, que se
basan a menudo en confesiones obtenidas de los acusados bajo
tortura. Hasta hace poco, la mayoría de estos casos han
pasado desapercibidos para la comunidad internacional.
En
el 2004 hubo al menos tres presuntos intentos de golpe de
Estado que desembocaron en la detención de unas 200 personas.
La mayoría de los detenidos sigue en prisión sin cargos ni
juicio; muchos de ellos son considerados aspirantes al poder
y, por tanto, una amenaza para el gobierno del presidente
Obiang Nguema.
En
la primera semana de diciembre de 2004, un consejo de guerra
juzgó a cuatro hombres y una mujer, a los que declaró
culpables de traición, "terrorismo" y espionaje y
condenó a penas de entre 22 y 26 años de prisión. Los
informes indican que los cinco procesados sufrieron torturas
brutales y que varios miembros de las fuerzas de seguridad
violaron a la mujer.
Si
desean más información, consulten el informe Guinea
Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos, en http://web.amnesty.org/library/index/eslafr240052005
Documento
público
****************************************
Si desean más información pónganse en contacto
con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten http://news.amnesty.org.
Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español
consulten http://web.amnesty.org/library/eslindex.********
El
gobierno español asegura que la conversión de la deuda firmada
con Malabo beneficiará económica y socialmente a Guinea
La agencia Europa Press difundió ayer el siguiente
despacho: "El Gobierno aseguró hoy que el acuerdo para
la conversión de la deuda en inversiones privadas y públicas
firmado con Guinea Ecuatorial supondrá "un claro
beneficio económico y social para la población"
guineana, ya que permitirá "establecer y asentar un
importante sector productivo que actuará como motor de
crecimiento del país" y fomentar "sectores básicos,
como la educación y el sanitario", con la consiguiente
mejoría "de las condiciones sociales de las clases más
desfavorecidas del país".
En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero afirmó que los programas de conversión
de deuda firmados con Guinea Ecuatorial se inscriben en el
marco de un acuerdo global firmado en junio de 2003 entre
ambos países "dirigido a solucionar un antiguo
contencioso de deuda".
En el marco de ese acuerdo global, el 10 de noviembre de 2003
se firmó un programa de conversión de deuda en inversiones
privadas por importe de 16 millones de euros de deuda
comercial garantizada por la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE), así como un programa
de conversión por inversiones públicas por importe de 28
millones de euros de deuda en el marco de los Fondos de Ayuda
al Desarrollo (FAD).
Este acuerdo de conversión de deuda en inversiones privadas
permitirá que quienes "deseen invertir en Guinea
Ecuatorial puedan obtener un beneficio que estimula la inversión
mediante la compra de deuda al Estado español (al 50 por
ciento del valor facial de la deuda) y su posterior reventa a
Guinea Ecuatorial (al 56 por ciento del valor facial de la
deuda adquirida)", explica el Gobierno.
Estos proyectos financiables son "inversiones en
capital" que contribuirán al desarrollo de Guinea
Ecuatorial y que tomarán "la forma de proyecto nuevo, de
ampliación de un proyecto existente, así como de toma de
participación en empresas ecuatoguineanas", señala la
respuesta parlamentaria.
Los proyectos que se financien con este programa "supondrán
un claro beneficio económico y social para la población de
Guinea Ecuatorial, ya que las inversiones que se realicen
supondrán establecer y asentar un importante sector
productivo que actuará como motor de crecimiento del país,
con lo que ello conlleva de aumento de empleo, aportación de
nuevas tecnologías, etcétera".
INVERSIONES
PÚBLICAS
Asimismo, "el programa de conversión por inversiones públicas
tiene por objeto contribuir al crecimiento económico y al
desarrollo de Guinea Ecuatorial mediante la financiación de
inversiones especialmente indicadas para este fin",
asegura el Gobierno.
Estas inversiones serán seleccionadas por un Comité
Binacional Mixto integrado por representantes de los Gobiernos
de ambos países y se financiarán con cargo a un Fondo al que
España cede los derechos de cobro de parte de la deuda
ecuatoguineana. El programa aborda "sectores básicos,
como el de la educación y el sanitario" y supone, por
ello, "una clara mejoría de las condiciones sociales de
las clases más desfavorecidas del país", concluye la
respuesta parlamentaria".
Editado y distribuido por ASODEGUE
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