¿Quién puede contarnos mejor, y más descarnadamente. los hechos que el ejecutor de los mismos?

   El primer teniente de la Guardia Civil de Fernando Poo, José de la Torre Rey, enviado por el Gobernador, José de Ibarra, a realizar una expedición de castigo contra los poblados bubis del sur de la isla, en concreto contra los situados en Concepción y en el Valle de Moka, partió de Santa Isabel, en el vapor “Mogador” de la Cía.Trasatlántica hacia la bahía de Concepción, nada más rayar el alba del día 26 de junio de 1904.

   Le acompañaban su segundo, Fausto Andrés Aliaga, dos cabos y seis guardias indígenas. Llegaron a puerto a las 9 de la mañana y fueron informados por los Misioneros Claretianos, que allí tenían una Casa-Misión, de los “desmanes” del rey de Moka, Botuko Sás Ebuera y, lo más importante, se les advirtió de que el jefe bubi “disponía de buen número de hombres obedientes a sus mandatos, [pero] armados con armas primitivas y escopetas de pistón y chispa” (1).

   Aprovechando esta valiosa información que revelaba la impotencia de los bubis, dice el teniente: “me dispuse a asaltarlos y sorprenderlos a través del bosque, en sus propias guaridas; y el día veintisiete, a pesar de lo accidentado del terreno y de las lluvias torrenciales […] fue sorprendido el titulado rey en su residencia, y con él sus hijos y sus mujeres y el mandatario Passi”. El infame acto fue realizado no tan sólo con la cobardía que de la narración se deduce, sino de madrugada, cuando las víctimas dormían. Después de reducirlos, el primer teniente anota que fueron conducidos al día siguiente a la MisiónCatólica y “fueron invitados (2) a reconocer como único soberano de toda la isla a S.M. el Rey D. Alfonso XIII”.

   ¿Dónde y cómo fueron invitados? ¿Lo fueron en su propio poblado, después del asalto o ya en la Misión, ante la mirada de los reverendos padres claretianos? Todo parece indicar que fue en este último lugar. ¿Cómo? En todo caso, sin violencia alguna, según las propias palabras de José de la Torre. Sin embargo, una vez obtenida promesa de fidelidad y obediencia al gobierno de España por parte de los bubis presos, el mismo teniente manifiesta que: “reconocida nuestra soberanía […] dispuse la destrucción de la vivienda del llamado rey, quemando el tosco sitial, donde con el ceremonial que acostumbran los naturales se sentaba a modo de trono […] y se recogieron sus insignias de mando, consistentes en los originales sombrero y bastón”. Todavía no satisfecha la policía con estos actos de evidente violencia y humillación de la persona, familia y súbditos de Sás, se les confiscaron 18 escopetas y se les impuso una multa en especie que consistía en 50 cabezas de ganado lanar y cabrío. El último castigo fue obligarlos a bajar del Valle para que reconociesen oficialmente al Gobernador, como representante del Gobierno de España, en una ceremonia de acatamiento y, de paso, entregar el pago de la multa. A tal efecto, fueron embarcados a las 10 de la mañana del día 29 para la capital, en el “Mogador” -cuyo capitán, José Sabater, había esperado en la bahía de San Carlos para facilitar la operación de castigo- el Sás, su mandatario Passi, 18 mujeres, 11 niños pequeños, 21 hombres, 18 escopetas y 50 cabezas de ganado. Según las palabras del primer teniente, se regresó sin novedad a las 19h. del mismo día 29.

   ¿De qué forma se les convenció para que dejasen su postura de rebeldía? No se dice nada –porque recordará el lector que la violencia en la destrucción de casa y símbolos fue un castigo a posteriori- ¿Qué métodos empleó la policía después de tomar preso al botuko? Nos asaltan sospechas nada tranquilizadoras cuando sabemos que tanto Sás como Passi murieron a los dos días y medio de su estancia en el hospital de Sta. Isabel a donde fueron ingresados debido a su moribundo estado. Sin embargo, con la importancia que tiene este hecho y la que después –hasta 1905- se le dio por parte del Ministerio de Estado del Gobierno de la metrópoli y las elaboradas respuestas-justificaciones del Gobernador, el antedicho teniente no menciona, ni tan siquiera una vez, el estado de la tan grave supuesta enfermedad con que parece, por documentos posteriores del gobierno colonial, se encontró al Botuko Sás al asaltar su casa, ni el hecho bastante escandaloso de que tuvieran que bajarlo, por un terreno tan accidentado y en plena época de lluvias, en parihuelas, tapado con mantas, etc.

   ¿Por qué el ejecutor de los hechos no menciona nada de esto? ¿No lo consideraba importante? ¿No era el teniente consciente de que si el rey Sás aparecía en ese estado por la capital, el principal sospechoso de haberle dado una paliza o acto similar, sería él? Parece claro ante nuestros ojos que del silencio se desprende lo evidente: que la violencia practicada con el botuko, de una u otra forma, fue la causa de su muerte.

   El teniente La Torre termina, no sin antes dar su opinión personal sobre el resultado de la gloriosa acción que ha dirigido: “concluyendo en el Sur de la isla con el poderío de los bubis […] se ha puesto término a las ridículas versiones de su fuerza, causa del temor de algunos europeos a frecuentar estos territorios; y […] nuestros Misioneros podrán ejercer su ministerio sin la resistencia que ofrecía a sus propósitos un gobierno indígena que ya no podía tolerar, ni la civilización ni el decoro de nuestra Patria”.

   Versión ésta, la que acabamos de leer que, adjuntada a un Despacho del Gobernador de la Colonia, llegó con retraso de más de un mes a la península y que levantó la inmediata alarma del Ministerio de Estado que no había dado tal orden ni conocía el hecho.

   La última parte, en donde remarca la importancia del servicio, la dedica a enumerar las benéficas consecuencias de su acto: “Familias enteras han descendido a Concepción […] Infinidad de niños reciben una educación que les hará dignos […] de la nación a que pertenecen [y] el espíritu de respeto y disciplina se ha extendido entre estas gentes convencidas ahora […] de que en la Isla, no existe más rey, ni más autoridad que la de S.M., el Rey Dn. Alfonso XIII”.

   Como se puede observar tampoco el Gobernador menciona la supuesta enfermedad que llevó al botuko a la muerte.

   Finalmente, la primera autoridad de la colonia, recomienda al teniente La Torre y al cabo senegalés, Silman Sila (4) quien, al mando de la fuerza indígena, fue el que realmente subió a Moka y el que les hizo el trabajo sucio, es decir, el verdadero ejecutor de tal ignominia.

   Versión bastante diferente a las dos que acabamos de exponer, es la que leemos en el nº 32 de 12 de julio de 1904, del famoso periódico quincenal de las Misiones, La Guinea Española, editado en Banapá desde 1903 (5). Veamos lo que dicen los mayores beneficiarios del servicio ejecutado. Entre un artículo loando al fallecido Stanley con el título de El gran africanista y la Relación del Santoral religioso, encontramos una extensa nota informativa, titulada escueta y despreciativamente: Lo del Sás. Según esta versión fue el cabo de la Guardia Civil de Concepción el que, enterado de la rebeldía de Sás, le dio un primer aviso, al que el rey respondió altaneramente “que él no temía a nadie, que ni él ni los suyos bajarían, y que ya podía subir allá el cabo, que tenía bastante pólvora para recibirlos” (6). Efectivamente, subió el cabo con cuatro policías desarmados y, ante los insultos de los bubis, decidieron bajar a la casa de Malabo (hijo primogénito del difunto Moka) quien les trató muy bien, siempre en palabras del periódico. Por fin, bajaron a Concepción donde ya les esperaba, recién llegado de Santa Isabel, con armas y municiones, el cabo Sila “senegalés, hombre templado, inteligente y nada cobarde que hace años presta valiosos servicios en la Colonia”, y éste, debidamente instruido por el Teniente la Torre, subió “al frente de los suyos convenientemente armados”. Como se deduce de la redacción, tan solo subieron a Moka los soldados indígenas. Ningún blanco iba con ellos. Sás y los suyos se rindieron inmediatamente y, sólo después, subió el teniente.

   Como fácilmente se puede apreciar, ésta es la única versión en que se nombra la enfermedad y muerte del Botuko. Es la más elaborada; la más coherente. Por lo tanto, la conclusión más sencilla es que la versión que luego se ofrecería como oficial, salió de las mentes de los reverendos de la Misión de Mª Cristina, el lugar de los hechos.

   Julio es la fecha de las dos últimas versiones. Datados en diciembre, el Gobernador envía al Ministro de Estado (en contestación a una R.O. -fechada en octubre- del Gobierno de la metrópoli, en la que se le pedían explicaciones tanto de la operación de castigo como de la tardanza en comunicarlo) una serie de documentos exculpatorios, entre los que se encuentra su Informe, en versión parecida a la que dan los reverendos Padres Misioneros. A este Informe se acompañan los testimonios correspondientes a la apertura que hace el propio Gobernador, en agosto, de una Investigación “para esclarecer” los hechos.

   No obstante, en esta nueva explicación del Gobernador se introducen elementos que nos hacen pensar. Casi todo lo escrito por Ibarra son justificaciones encaminadas a dejar como mentiroso, traidor, etc. al Juez de 1ª Instancia de Fernando Poo que, al parecer, había denunciado ante la Junta de Autoridades de Sta. Isabel el carácter irregular de la muerte del Sás, así como la falta de transparencia en el reparto y adjudicación de las cabezas de ganado pagadas como multa al Estado.

   Cuando, cruzando la documentación, podemos entrever, como en el caso que nos ocupa, parte de la verdad, las preguntas más básicas y sensatas vienen a nuestra mente: si Ibarra consideraba tan poco importante la figura del Botuko Sás como para obviar el hecho de su muerte ¿por qué ordena la operación contra alguien carente de importancia? ¿Por qué informa en julio con tanta pompa, del servicio prestado?

   En esta instrucción se tomó declaración al hermano de la Misión, Salvador Puig, al padre Juanola, a Gonzalo Cubells, juez de 1ª Instancia, al teniente de la Guardia Civil destinado en San Carlos, Fausto Andrés, al médico del hospital “Reina Cristina”, Arturo Gil y al antedicho teniente José de la Torre. Todos ellos, menos el juez de 1ª Instancia, ratificaron la versión oficial, pero creemos que el P. Juanola fue más allá, demostrando que los Misioneros fueron las cabezas pensantes de la coartada del gobernador ante el posible efecto no deseado de la muerte del Sás.

   En su comparecencia el día 16, el P. Joaquín Juanola, después de referir los hechos, entrega como por prueba del pacifismo de los misioneros una carta que el encargado de la Misión Mª Cristina de Concepción, Soteros Gómez, le había remitido el día 24 de julio, en respuesta a las preguntas que sobre el suceso se le habían dirigido. Los dos bloques de preguntas se referían, por un lado, a la cantidad de bubis que habían bajado a la Misión desde la muerte del Sás y, por otro, a la presunta libertad de éstos para quedarse o volver a sus pueblos. Por supuesto, para el reverendo Gómez casi todos habían llegado a la Misión por propia voluntad a excepción de algunos. “Algunos pocos vinieron por miedo a los policías, como ellos me dijeron, otros porque tenían aquí en el pueblo parientes o amigos, otros porque ya querían venir y por miedo a sus muchukus no habían ya venido” y “no solo permanecen libres […] sino que lo sentirían muchísimo si se les obligase a volver a sus pueblos”.

   Según el padre, llegaron a la Misión 45 de los cuales quedaban 39; los otros 6 habían regresado a sus pueblos haciendo uso de su “plena libertad”. El grupo de los 39 estaba compuesto por: 24 niños, 8 niñas, 2 personas casadas, un matrimonio y 3 solteros. Tan sólo 9 bubis eran de Riaba, el resto de otros pueblos que no especifica.

   El padre Gómez, con la intención manifiesta de tachar de exagerados a los bubis, escribe un párrafo ciertamente confuso, dejándonos en la incertidumbre de si realmente hubieron “desaparecidos” en la represión a los indígenas, hecho no mencionado en los documentos: “Lo del número de desaparecidos de Riabba -95- me recuerda lo que me dijo el principal criado de Malabo, al quejárseme de que los policías habían comido muchas cabras de Malabo cuando subieron a coger al Sás: le pregunté cuántas y me dijo que 300, hablaba en inglés, al replicarle que eso no podía ser, él se afirmaba más y más en ello. Gracias a que yo sabía por intérpretes que subieron los policías que las cabras muertas para comer fueron 4: así en nuestro caso los de Riabba venidos a la Misión de 9 han resultado 95 ¿Qué le parece, amado Padre?”.

   Sin embargo, a continuación es el reverendo Gómez quien expone sus agravios contra los jefes bubis y contra ciertos finqueros, en forma de preguntas: “¿Qué responderé […] de haber Bioko […] envenenado a muchachos de la Misión?”. Es evidente que de esta pregunta se desprende que toda la parte sur de la isla se había alzado contra los españoles, puesto que también se acusa a Bioko, hermano menor de Malabo. A continuación y, despreciando los derechos de “patria potestad” tan valorados en la metrópoli, pregunta: “¿Qué hemos de hacer cuando al visitar los pueblos bubis encontremos niños o niñas, etc. que quieren venir a la Misión y sus padres u otras personas se lo impiden por la fuerza?”.

   Su tercera pregunta es bastante tramposa: “¿Qué he de responder a los bubis del bosque que se quejan de las multas y trabajos que Bioko les impone?”. Evidentemente que, de ser cierto (permítasenos la duda), tan solo se trataba de cambiar una explotación por otra, la de los claretianos y la administración colonial.

   Involuntariamente, y cuando habla sobre moral pública, el reverendo nos muestra uno de los mayores problemas de Fernando Poo y también de los pueblos-finca-misiones claretianas: la falta de brazos, que no podía ser suplida por los escasos, caros y renuentes krumanes: “¿Qué remedio se podía poner a lo que hacen los krumanes, máxime los de Bepepe, de dar cosas a las mujeres del pueblo católico para que dejando a sus legítimos maridos se vayan a vivir con ellos, siendo esto causa de desórdenes en el pueblo? ¿Puede tolerarse que un finquero admita para vivir en su casa a mujeres del bosque o de la Misión, para tener seguros a sus krumanes?”.

   El Ministerio de Estado no tardó en contestar. Por R.O. de 21 de octubre de 1904 se dirigía al gobernador Ibarra, señalando el fondo de la cuestión: “No se explica satisfactoriamente este Centro cómo al dar cuenta de la captura de Sás nada se dijo por el jefe de policía respecto al estado en que se hallaban y, menos aún, se comprende cómo ese Gobierno general tampoco se ocupó de tan interesante extremo ni del aún más importante de la muerte de Sás, acaecida según se ve mucho antes de la fecha en que se comunicó a este Departamento” (11). Y, aunque la versión que dio, tarde, el gobernador fuera cierta, el ministro señala que igualmente fue un error y una cobardía, al decir: “no es lo mismo sorprender a un rey bubi en plena salud en condiciones por tanto de ocultarse y defenderse, que capturarle enfermo y achacoso hasta el punto de tenerle que transportar en una hamaca”. El ministro se decanta porla versión del juez de 1ª Instancia por dos razones: “porque la encuentra verosímil” y porque la Instrucción judicial que se realizó en la capital de la colonia, fue una farsa que no demostró nada “puesto que en ella han declarado únicamente los misioneros y oficiales de policía, es decir, lo que en su caso resultarían responsables de la conducción de Sás a Sta. Isabel, sin que se haya oído a ningún bubi, ningún otro moreno civilizado ni, en último término a ningún europeo, nacional o extranjero de los establecidos en la Isla”.

   2.1. Los Colonizadores

   2.1.1. El Gobierno de la Metrópoli.

   La pérdida de las Antillas y Filipinas en 1898 puso en primer plano de la mirada del gobierno metropolitano sus posesiones en África, en un momento también clave para este continente, después de la Conferencia de Berlín de 1884-85, y de las negociaciones bilaterales entre Francia y España por los territorios del Muni que culminarán con el Tratado de París de 1900.

   Es necesario remontarnos, como mínimo, a 1882 para comprender la vieja y la nueva política colonial y cómo su desarrollo afectará a la historia de Fernando Poo en los comienzos del siglo XX.

   Desde los orígenes de la colonización española en el Golfo de Guinea, el coste de la Administración colonial, en todas sus facetas, siempre había sido el gran problema del gobierno de la metrópoli. Su colonia de Fernando Poo era deficitaria y por ello, y también porque la posesión de la isla, en principio, iba a beneficiar la economía azucarera cubana con un tráfico de esclavos directo, los presupuestos de la isla se cargaron al presupuesto de Cuba hasta fines del XIX (12).

   Sin embargo, en agosto de 1882 el gobierno había encontrado la manera de surtir a Guinea de funcionarios baratos y leales a los objetivos colonizadores del Estado: la expansión del territorio bajo soberanía española y la reducción de los pueblos indígenas. Todo ello revestido, claro está, de la ideología salvadora y civilizadora correspondiente. El Ministerio de Ultramar, por R.O. de 9 de agosto de 1882, se comprometió a financiar y apoyar política y militarmente la labor misionera de los hermanos de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) en Guinea, y así se consigna en el R.D. sobre Presupuestos de agosto de 1883 y se reitera en otro de octubre de 1884 que, muy claramente, pone de manifiesto el carácter de verdaderos funcionarios del estado con que se revestía a los misioneros: “al mejor servicio del Estado en aquellos países, para robustecer la soberanía de España, conviene el aumento de las misiones, a fin de extender cuanto sea posible la luz de la verdadera religión y proporcionar medios a la Autoridad delegada en dichos dominios de atraer a la obediencia de España el mayor número posible de aquellos indígenas” (13).

   El hecho de que el Ministerio de Estado pasase, desde el 12 de abril de 1901, a responsabilizarse directamente de la administración de los territorios del África occidental, fue decisivo para que se abriesen amplios debates sobre el modelo colonial tanto en el ámbito político peninsular, como en la colonia. Sin duda, hacía falta una nueva, más eficaz y más acorde con los tiempos, legislación para los nuevos y viejos “territorios españoles del Golfo de Guinea”, con aires de falso regeneracionismo donde no cabía la palabra “posesiones” por su histórica connotación negativa. Según Díaz Matarranz (14), por parte del gobierno se puso en marcha un plan con tres etapas: recogida de información, periodo de debate y toma de decisiones.

   En la primera fase, efectivamente, se recogieron numerosas opiniones tanto de cargos políticos y administrativos: gobernadores y funcionarios coloniales, como de los misioneros, agricultores y comerciantes de la colonia. Para el tema que nos ocupa, debemos resaltar algunos objetivos importantes del informe del Prefecto de las Misiones, padre Armengol Coll, a fines de 1902 que señalaba “la conveniencia de formar centros de población bubis, asignándoles una extensión de tierras proporcional a la población; esto facilitaría la tarea de los misioneros y aumentaría la riqueza agrícolas […], pues se verían obligados a trabajar la tierra concedida para sobrevivir” (15). El padre Armengol estaba planteando algo que las Misiones venían haciendo en el norte de la isla casi desde su llegada: la organización de los indígenas en reducciones para su mejor control y asimilación. No obstante, en 1902 aún no habían conseguido reducir el Sur de la isla, teórico dominio del rey (Botuko) de las colinas de Moka del que dependían unos 200 poblados que se desparramaban hacia las bahías de San Carlos por el oeste y de Riaba, por el este.

   La conquista del Sur de Fernando Poo era importante por una serie de cuestiones:

   -La situación geográfica y climatológica de la zona de Moka que la hacía muy sugestiva para, por un lado, utilizarla como centro-sanatorio de los blancos y, por otro, para su explotación agrícola como despensa de productos occidentales y pasto de ganado.

   -La fertilidad de sus tierras que prometía pingues beneficios a los finqueros ya establecidos en la isla y servía de reclamo para nuevos establecimientos.

   -La gran concentración de pueblos bubis que, una vez domesticados, podrían servir como fuerza de trabajo barata y solucionar otro de los grandes e históricos problemas de la colonia: la falta de brazos.

   Quizás por estas razones, no fue casual que las mayores adjudicaciones de terrenos, incluidas las 1.000 Ha. que poseía la Cía. Trasatlántica en la misma Moka, y las plantaciones de los mayores finqueros y comerciantes, se concentrasen al sur de la isla como señala Coll y Astrell en un artículo publicado en El Imparcial de septiembre de 1905 (16).

   En julio de 1902 el gobierno creó una Junta Consultiva encargada de proponer, a la vista de los informes, una nueva organización política y administrativa de la colonia. La composición de esta Junta es muy interesante tanto por su presidencia, el propio Maura, como por las relevantes y expertas figuras que la componían, entre otros: Rafael Mª de Labra, Amado Osorio, Beltrán y Rózpide, Tomás Castellanos -ex ministro de Ultramar-, Fernando Huelin, con intereses económicos en la isla y, lo que es más interesante, el gobernador José de Ibarra, uno de los protagonistas principales de los sucesos acaecidos en 1904.

   No parece descabellada la hipótesis de que la influencia del gobernador en la posterior redacción del nuevo Estatuto Orgánico de la colonia, sobre todo en lo que concierne a las atribuciones de su figura, fue decisiva a tenor de su prepotente actuación en 1904.

   No fueron muchas las diferencias entre el Dictamen de la Junta Consultiva y el texto aprobado, el R.D. orgánico de 11 de julio de 1904 (17), pero sin duda la más importante fue la referida a las atribuciones del gobernador. Mientras la Junta Consultiva quería dar al Consejo Colonial la facultad de fiscalizar a la primera autoridad de la colonia, en la redacción final aprobada en Cortes “se limita su función a la consultiva y, a veces, la resolutiva, reservando la ejecución de sus determinaciones, con facultad para suspenderlas, al Gobernador general” (18). Es decir, de nuevo y, como había sucedido desde los comienzos de la colonización, correspondían al gobernador los poderes casi de un Virrey de Indias.

   Los otros dos artículos referidos a los indígenas son muy significativos de este modelo de asimilación forzosa. El art. 32 dice: “Los indígenas podrán ser obligados a la prestación personal para obras locales de utilidad general, pero no serán nunca empleados en beneficio de los particulares […] ni fuera del territorio en que residan […] Las prestaciones personales las acordará el Gobernador […] y nunca excederán de cuarenta días al año por cada individuo” (20). A tenor de los hechos anteriores y posteriores a 1904, Ibarra entendió que esta facultad para establecer las prestaciones personales le eximía de las otras obligaciones que, con respecto a los derechos de los indígenas, constaban en la redacción del articulado.

   2.1.2. La Administración Colonial

   Como en el periodo estudiado la figura del gobernador José de Ibarra es decisiva, no estará de más que, aprovechando los datos que nos ofrece el Dr.

Díaz Matarranz25, recorramos brevemente su biografía.

   José de Ibarra y Aután, militar perteneciente a Marina, tomó posesión el 11 de enero de 1886 como primer subgobernador de Elobey. De marzo a mayo del mismo año, se hizo cargo interinamente del Gobierno de la colonia y de la Estación Naval. Después de unos meses en los que formó parte como delegado técnico de la Comisión de Límites de París, regresó al Golfo de Guinea de nuevo como subgobernador de Elobey, del 1 de julio de 1888 al 30 de junio de 1889; periodo en que llevó a cabo dos expediciones militares: una a Corisco, supuestamente para terminar con la esclavitud, cuestión dudosa si tenemos en cuenta sus acciones y su ideología, y otra a Koroko para proteger los intereses europeos amenazados por los indígenas. Durante unos meses, en 1890, volvió a ocupar, de forma interina, el cargo de Gobernador. Desde este año hasta febrero de 1901, estuvo en Filipinas. El 22 de diciembre de 1902 fue nombrado Gobernador General de Fernando Poo. Llegó a la Estación Naval el 5 de marzo de 1901 y el 23 embarcó en el crucero “Magallanes” y recorrió la costa entre los ríos Campo y Muni, visitando las colonias de Camerún y Gabón. El 11 de abril regresa a Fernando Poo. En junio de 1902 sale hacia Madrid para ser nombrado el 8 de agosto vocal de la Junta Consultiva de las Posesiones españolas del África occidental. En febrero de 1903 terminan las deliberaciones de la Junta Consultiva y regresó a la colonia. Tras una última estancia en la península en la primera mitad de 1904, embarcó para Sta. Isabel el 18 de julio de ese año. Fue destituido, supongo a raíz de sus problemas con el Ministro de Estado por la cuestión del Sás, por R.O. de 15 de enero de 1905. Murió el 3 de marzo, en su viaje de regreso a la península, siendo enterrado en Sierra Leona.

   Hemos de suponer que sus graves decisiones y coherentes actuaciones tanto por lo que respecta a los bubis del sur de la isla, como por el abandono en que tenía sumida a la colonia, por la corrupción que destilan los documentos oficiales y los informes de particulares que relatan hechos como la contratación forzosa de braceros, la adjudicación de fincas de forma arbitraria, el amiguismo, la impune violencia impartida por las instituciones y misiones, etc., formaban parte de un cierto carácter autoritario, inherente a su condición de militar salvador de la Patria, que le hacía creer en el pleno poder de sus atribuciones y en la impunidad de sus actos. Si a esto añadimos que, desde 1902, tenía como miembro de la Junta Consultiva información privilegiada, tendremos el cuadro de aquello que le determinó a pasar por encima del Ministerio de Estado al ordenar la expedición de castigo contra el poblado de Moka.

   A todo ello, hay que añadir el enfrentamiento entre la autoridad civil del estado y la militar de la colonia y también la incompatibilidad de caracteres que, sin duda, debía enfrentar a Ibarra con los dos Ministros de Estado con los que tuvo que lidiar: el afamado abogado Faustino Rodríguez Sampedro, en octubre de 1904, y el nuevo Ministro, Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, nombrado como tal a primeros de enero de 1905 y que no tardó ni 15 días en destituirle.

   Así pues, no creemos que una personalidad tan definida pudiese tolerar ni el menoscabo de su autoridad y competencias, ni los desplantes verbales, ni las mentiras que suponían un insulto a su inteligencia, ni las burdas acciones, ni la desobediencia y el desprecio de un militar como José de Ibarra.

   Ya hemos comentado que la cuestión de falta de brazos siempre fue uno de los problemas más importantes y difíciles de solucionar con que se encontró la administración colonial y por ello, tanto ésta como el gobierno de la metrópoli, fueron muy permisivos en los términos de la contratación, si contratación se puede llamar al reclutamiento forzoso de trabajadores que, luego, ya en la isla, recibían un magro estipendio y numerosos malos tratos. De tal forma, que Fernando Poo devino famosa en todo el Golfo de Guinea por la dureza de sus condiciones de trabajo que, posteriormente, fueron denunciadas por la Sociedad de Naciones y su régimen laboral tachado de esclavista.

   Por este motivo y durante todo el XIX, las huidas individuales o colectivas, las protestas, la renuencia a contratarse para Fernando Poo, etc. de los trabajadores de la costa entre Liberia y Camerún (krumanes, monrovias, lagos…) fueron constantes.

   A fines de siglo, sobre 1899, el problema se había agudizado ante la negativa británica, aduciendo claramente malos tratos, de que sus colonizados fuesen a trabajar a la isla. A principios de 1900 la situación se hizo claramente insostenible cuando unos 500 trabajadores entre ‘lagos’ y ‘accras’ se amotinaron frente a la Casa de Gobierno de Sta. Isabel. Cuando el conflicto parecía solucionado, se procedió a abrir un expediente para aclarar los hechos. Las conclusiones fueron desoladoras: la alimentación en las fincas solía consistir en un ración de 280 gramos de arroz, las multas por cualquier nimiedad eran muy frecuentes con el objetivo de rebajar la cantidad final entregada al trabajador y los castigos durísimos –a veces se llegaba al asesinato cuando éstos se atrevían a quejarse.

   Sin embargo, la Administración Colonial no pudo remediar la situación, suponiendo que tuviese la voluntad de hacerlo, porque a raíz del anterior conflicto, de la decisión del gobierno de repatriar a los trabajadores amotinados y de la subida del arancel del cacao de 45 a 90 ptas. los 100 Kg. que se produjo el 29 de septiembre de 1899 con la reforma de Fernández Villaverde, los finqueros y comerciantes de la isla se pusieron en pie de guerra, amenazando al gobierno español con acogerse a otro pabellón que defendiera mejor sus intereses y, después de una asamblea efectuada en marzo de 1900, realizaron un boicot al comercio español enviando su cacao a los puertos de Liverpool y Hamburgo, de manera que ese año el barco de La Trasatlántica arribó a Barcelona con unas pocas docenas de sacos. Precisamente, la Compañía del Marqués de Comillas, se quedó al margen de toda queja y, de hecho, no podía tenerla dado el trato privilegiado en todos los órdenes que recibía del gobierno.

   Ante esta situación, los distintos gobernadores contemplaron como posibles soluciones el extraer mano de obra de las nuevas posesiones del Muni, tal y como lo hacía Portugal en Angola para las plantaciones de Sao Tomé que, parecía, era el modelo perseguido por los agricultores de la isla. Y, evidentemente, se estudiaron todas las posibilidades de “reconvertir para el trabajo y la civilización” a los indígenas bubis.

   Cuando el gobernador Ibarra visitó las costas del continente, su principal objetivo era el tanteo en la contratación de braceros. De hecho, nombró al comerciante Mr. Chotteau, representante de la Compañía Belga “Benito y Campo” –en medio de la polémica abierta por los métodos del rey Leopoldo en su colonia privada del Congo- como agente del Gobierno para la contratación de trabajadores, nombramiento que retiró ante los incumplimientos del citado personaje y las desfavorables referencias dadas por las autoridades francesas.

   Sin embargo, en diciembre de 1901 el gobernador comunica al gobierno que el problema de braceros había sido temporalmente solucionado con la llegada de 993 trabajadores de Monrovia y 256 de Bata, aunque desconocemos el procedimiento para su contratación.

   De hecho, algunos agricultores de la isla intentaron con cierto éxito, como es el caso de La Vigatana, la contratación directa con Liberia que pasaba por la Compañía Alemana Wieckers and Helm que tenía el monopolio del embarque de sus braceros. Sin duda, el buen resultado de esta empresa decidió al Ministro de Estado a negociar directamente con el gobierno liberiano a través del agente de la compañía alemana en Liberia, Sr. Hoenigsberg. Sin embargo, el Ministro cometió el error de encomendarle la misión de entregar los documentos para el agente alemán a Ibarra porque éste debía embarcar hacia Fernando Poo en julio de 1904, haciendo escala en Monrovia. El gobernador hizo caso omiso de las órdenes del Ministerio y ya en Santa Isabel envió a la capital liberiana al agricultor fernandino Barleycorn para que negociara directamente con el gobierno liberiano en su nombre. Como es evidente, este cambio de política sin explicación alguna, molestó bastante al agente alemán. El resultado fue que el gobierno de Liberia, aconsejado por el agente alemán, se negó a recibir a Barleycorn e interrumpió totalmente los envíos de braceros a Fernando Poo. Los probables intereses privados del Gobernador se hicieron más patentes si cabía cuando, a pesar de las reiteradas órdenes del Ministerio de octubre y noviembre, se negó a entregar o enviar la documentación a Hoenigsberg.

   Algo parecido ocurrió en la zona del Muni donde el Ministerio había ordenado la libertad de contratación, mientras Ibarra hacía todo lo posible para reclutar braceros por medio de un agente suyo. El resultado fue que las quejas de los agricultores y comerciantes de Fernando Poo inundaron la Sección Colonial del Ministerio.

   2.1.3. Las Misiones Claretianas

   Después del R.D. de agosto 1883 en el que el gobierno, oficialmente, dejaba en manos de los Claretianos la evangelización y civilización de sus Territorios en el Golfo de Guinea, se verificó la primera expedición de 12 misioneros que llegaron a Sta. Isabel el 13 de noviembre de 1883. El 27 de enero de 1885 arribaban a la isla 19 misioneros más y 5 Hermanas Concepcionistas. Éste sería el principio de una serie de ininterrumpidas y entusiásticas expediciones, de manera que en 1890 se encontraba ya en Guinea 50 misioneros “distribuidos en estas ocho Casas: Sta. Isabel, Banapá, San Carlos y Concepción, en la isla de Fernando Póo; Cabo San Juan, en el continente africano, e islas de Corisco, Elobey y Annobón” (26).

   Según el Dr. Jacint Creus, la ideología claretiana se revestía de misticismo personal, de intransigencia en cuestiones morales, de simplicidad y de conservadurismo que no era, a veces, sino puro integrismo. El paternalismo utilizado con los indígenas era una de sus principales características y sobre éste dice el Dr. Creus: “El paternalisme és una forma d’autoritarisme. Implica una negació de la capacitat de l’altre, de la cultura de l’altre, dels valors de l’altre […]. I tot l’esforç dels missioners s’orienta a dotar els guineans d’una personalitat cultural que, suposadamente, els manca. La tasca misionera és, en part, la invenció d’una identitat” (27).

   En su doble misión de funcionarios del Estado y propagadores de la fe, los Claretianos no sólo fundaron misiones sino que aprendieron la lengua bubi, hicieron de exploradores y el modelo de colonización que implantaron fue modélicamente aculturalizador. Alrededor de las Misiones crearon escuelas internados con el objetivo de ir separando ya desde niños a los indígenas de su medio familiar y cultural, y pueblos cristianos (en realidad, reducciones) compuestos de matrimonios monógamos entre los jóvenes que habían sido educados por ellos en los internados: muchachos claretianos y muchachas  concepcionistas. A estos matrimonios católicos se les daba una parcela de terreno en usufructo que, evidentemente, se perdía, en caso de mala conducta. En este sentido, la búsqueda incesante de niños y niñas para las escuelas-misión fue siempre el gran objetivo y la gran preocupación de los claretianos. Por lo tanto, la reacción de defensa de los bubis consistía en que no les fueran arrebatados los niños, de manera que su reclutamiento forzoso fue fuente de continuados conflictos entre misioneros y autoridades civiles e indígenas. Se deduce fácilmente que la violencia fue el método común adoptado tanto por los religiosos como por la autoridad civil y militar.

   Sin embargo, uno de los gobernadores fue lo suficientemente valiente y sensato como para denunciar ante el gobierno metropolitano la incapacidad, la intransigencia, la explotación y la violencia claretiana junto al excesivo gasto que el mantenimiento de las misiones suponía para el estado. En un texto no exento de una divertida ironía, Puente Bassavé denunciaba en 1895 que cada católico converso costaba al Erario 750’33 dólares puesto que la diferencia durante 10 años (de 1884 a 1894) entre lo gastado por la administración civil y las misiones, había sido de 8.905’60 dólares a favor de éstas, y decía: “Ya veis como poco a poco hemos formado una colonia para la Santa Sede y aunque el Gobierno no tenga representación en La Concepción ni en San Carlos; aunque las fuerzas navales sean sólo ficticias; aunque seamos la única Colonia que no tiene cable submarino; y aunque nuestra dignidad nacional se vea ultrajada y pisoteada en el Mooney ¿qué importa si somos en cambio la única colonia que puede ostentar una pléyade de 55 misioneros con su cruz alzada y sus ciriales?” (28). Después de criticar el horripilante gusto estético, la tacañez, la falta de limpieza de los religiosos que producía “un tufillo repulsivo eficaz contra la confesión auricular” y, en suma, llamarles “conjunto de mamarrachos”, pasa a exponer tres hechos, de los cuales fue testigo, de una violencia inusitada. Uno de ellos tuvo lugar precisamente en San Carlos donde un indígena había sido apaleado por los misioneros por preguntar si su mujer se encontraba en la Misión; en Annobón, Puente Bassavé tuvo que escuchar las quejas de los naturales a los que los misioneros habían quemado sus ancestrales casas, obligando a desplazar el pueblo a un lugar malsano, lejos del mar y “daban unas palizas terribles a los que pecaban” (29). El tercero, ocurrido en Cabo San Juan, es quizás el más espantoso de todos: una adolescente fue atada y amarrada a un poste por delito de concupiscencia, y se la apaleó hasta la muerte.

   El gobernador concluye que la única solución “es retirar de allí a esa Comunidad más comercial que evangélica que mostrándose cruel en San Carlos, incendiaria en Annobón, criminal en Cabo San Juan e intransigente y sanguinaria en todas partes, desprestigia la causa, mancha la bandera” (30).

   Creo que no hace falta extendernos más en la actitud y acciones de los Claretianos pues el intento de explicar la rebeldía de los bubis del Sur de la isla, donde se encontraba la Misión de Mª Cristina, la más problemática y deficitaria de todas, está ampliamente documentado.

   2.2. Los Colonizados.

   Fue precisamente en la 2ª mitad del XIX, a partir de 1875, cuando se produjo la unificación de clanes bajo el rey de Moka, llamado MöóKáta, nacido en el desaparecido poblado de Ribëttí (zona de Ömbóri). El rey, teóricamente invisible para los blancos, fue visitado por Sorella y el padre Juanola en algunas ocasiones en las que pudieron apreciar su hospitalidad. A su muerte, en 1899, dejó 2 hijos: Malabo Löpélo Mëlaka y Bioko. Según la tradición, el primero debía sucederle en el trono pero, al parecer, el pueblo bubi se dividió prefiriendo al menor, Bioko, debido al carácter débil y complaciente con los blancos de Malabo. Ante el conflicto sucesorio, los indígenas llegaron a una solución consensuada eligiendo como rey al lugarteniente de Möókáta, Sás Ebuera (Esáasi Eweera) que fue coronado en octubre de 1899 en Riaba.

   Sin duda, su enfrentamiento con los colonizadores por los motivos anteriormente expuestos, le acarreó el derrocamiento, la muerte y la represión contra su pueblo. Éste fue el origen de la llamada “Guerra Bubi” que, en 1910 ocasionó la muerte de 15.000 indígenas a manos de las fuerzas coloniales y significó el fin de la resistencia contra la administración española.

   Efectivamente, después de la muerte del botuko Sás, las autoridades coloniales intentaron que tanto Malabo como Bioko colaboraran con las fuerzas de ocupación en la domesticación de sus propios pueblos, lo que hicieron de forma bastante renuente. Malabo fue proclamado rey por los clanes bubis en 1904 y, durante un tiempo, él y su hermano, Bioko, especularon con formar un frente anticolonial que, al final, no llevaron a cabo. Sin embargo, los demás botukos de la zona sur se encontraban descontentos ante la pasividad de su jefe, sobre todo el botuko de Luba. Por ello, en 1910 se inició en la zona de San Carlos el último enfrentamiento de los bubis y las fuerzas coloniales cuando el asesinato del cabo español León Rabadán y 2 policías indígenas vino “como anillo al dedo” a la administración colonial para infringir un castigo ejemplar al pueblo bubi con la matanza de 15.000 de los suyos. Fue tan ejemplar que terminó definitivamente con la rebeldía. Inmediatamente después de la matanza, las autoridades españolas presionaron al rey Malabo para que influyera en los jefes locales y evitara nuevos enfrentamientos.

   Con la muerte de Malabo en 1937 desapareció del escenario político bubi la figura del rey a un nivel efectivo, hecho que provocó el debilitamiento acelerado de la población y una merma considerable en su autoestima. A partir de aquí, la figura del rey persistiría como algo simbólico, desconocida para la mayoría de la población.

   El hijo de Malabo, Francisco Malabo Beösá, murió en 2001, en Moka, a la edad de 105 años.

   Lola García Cantús

   NOTAS:

   (7) La cursiva es de la Redacción del periódico.  

   (8) A.G.A. África-Guinea, Caja 4. Exp. Núm. 440. Informe del Gobernador General de los Territorios españoles del África occidental al Ministro de estado, 13 de diciembre de 1904.  

   (9) A.G.A. África-Guinea. Caja 4. Del Gobernador al Ministro de Estado, Diciembre de 1904. Información Instruida con Carácter Reservado, Agosto de 1904.

   (10) En un sabroso párrafo, narra las causas de la apertura de una tal Instrucción: “Intranquilo y creyendo menoscabado mi prestigio como primera Autoridad de estos territorios por las frases pronunciadas por el Sr. Cubells […] que indudablemente entrañaban gran importancia por la Autoridad de que estaba investida la persona que las pronunció […] encargo con esta fecha al Sr. Secretario […] interino de este Centro (…] instruya una información reservada a fin de depurar la certeza y verosimilitud de los conceptos expuestos pro el Sr. Juez”.  

   (11) A.G.A. África-Guinea, Caja 4. Exp. 59. Ministerio de Estado. Sección Colonial: “detención y fallecimiento del botuko Sás”. Del Ministro de Estado al Gobernador General de los Territorios españoles del Golfo de Guinea, R.O., Madrid, 21 de Octubre de 1904.  

   (12) Para una más informada comprensión del problema, ver Dolores García Cantús, Fernando Poo: una aventura colonial española, Vic, Ceiba, 2006.  

   (13) Agustín Miranda Junco, Leyes Coloniales, Madrid, 1945, pp. 163-164.

   (14) Juan José Díaz Matarranz, De la trata de negros al cultivo del cacao, Vic, Ceiba, 2005, pp. 153 y ss.

   (15) Ibídem, op.cit, p. 162.  

   (16) A.G.A. África-Guinea. Caja 144, exp. Núm. 11. Sección Colonial. Ministerio de Estado, Apuntes al proyecto de colonización en Guinea. Se adjunta: Coll y Astrell, Joaquín, “Fernando Póo, estado actual y porvenir de la colonia” en El Imparcial, 8 de Septiembre de 1905. Cuando se refiere a San Carlos, Coll y Astrell señala que las principales fincas de cacao se encontraban en la zona. Además de 2 buenas edificaciones pertenecientes a la Misión Protestante y a la Católica, estaba la finca Vivour de 400 Ha., que llegó a rentar en los buenos tiempos del cacao 100.000 duros al año; en la punta sur de la bahía de S. Carlos se situaba la hacienda “mejor cultivada” de la isla, de la casa catalana Rius y Torres que, con 300 Ha., empleaba 106 braceros y produjo en 1904, 2.023 sacos de cacao; en Bokoko se hallaba la propiedad de Hijos de Guillermo J. Huelín (antes de Francisco Romera, al cual le rentaba 40.000 duros anuales) que, según Coll: “Contiene edificios soberbios, talleres para aserrar mecánicamente las maderas, secaderos de cobre, una máquina para descascarar el café […] y otra para clasificarlo, ambas movidas a vapor”; el mismo Coll se reservó en esta zona 1.000 Ha. para el cultivo del algodón que, finalmente, no llevó a cabo; junto al pueblo de Batete –cerca de Bokoko- , los Misioneros habían fundado un pueblo, denominado Mª Cristina con 160 casas habitadas, en el momento en que Coll escribe esto, por “otras tantas familias bubis completamente instruidas, civilizadas y acogidas a nuestra religión” Se las “civilizaba” casando a niños “claretianos” con niñas “concepcionistas” y dándoles una parcela de terreno. Por lo tanto, la Misión Claretiana disponía de sus propias tierras aunque no sepamos las hectáreas que ocupaba. Coll señala que próximas a la bahía de S. Carlos se encontraban también numerosas fincas como la de Jones, Holis, Chacer, Aleñá, etc. En la otra bahía que cerraba la planicie de Moka, la de Concepción, se encontraban 3 fincas importantes: la de la Trasatlántica, La Vigatana y la de John Holt.  

   (17) R.D. 11 julio 1904. Administración Local. Estatuto orgánico. Miranda Junco, op.cit, pp. 138-142.

   (18) Díaz Matarranz, op.cit. p. 185.

   (19) Miranda Junco, op.cit, p. 141.

   (20) Ibídem, op.cit., p. 142.

   (21) Díaz Matarranz, op. cit., p. 187

   (22) Miranda Junco, op.cit., p. 142.  

   (23) R.D. 11 julio 1904. Propiedad. Normas básicas. Miranda Junco, op.cit., p. 142.

   (24) Ibídem. op.cit., p. 144.

   (25) Díaz Matarranz, op. cit. p. 229 (nota 498)  

   (26) Armengol Coll, Memoria de las Misiones de Fernando Poo y sus dependencias, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1890, p. 18.

   (27) Creus, Jacint, “Guinea Ecuatorial, 1883-1911: la invenció d’una identitat”, Recerques, 30, 1994, p.111.  

   (28) Juan José Díaz Matarranz (ed.), La conferencia del Gobernador Puente Bassavé en 1895, Vic, Ceiba, 2007, pp. 64-65.

   (29) Ibídem, op.cit. p.78.

   (30) Ibídem, op. cit. p. 81.

   Creus, Jacint, “Guinea Ecuatorial, 1883-1911: la invenció d’una identitat”, Recerques, 30, 1994, pp. 103-119.

   Díaz Matarranz, Juan José, De la trata de negros al cultivo del cacao, Vic, Ceiba, 2005.

   García Cantús, Dolores, Fernando Poo: una aventura colonial española, Vic, Ceiba, 2006.

   Miranda Junco, Agustín, Leyes Coloniales, Madrid, 1945.