La educación en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, va a contar a partir de ahora con un nuevo protagonista: la compañía petrolera norteamericana Amerada Hess, que va a financiar una parte sensible de la enseñanza primaria pública. Por lo menos así se anunció hace pocos días en Bata, la segunda ciudad del país, en un acto al que asistieron los representantes de la empresa y los ministros de Educación y de Energía. Según informaciones de agencia recogidas por Jeune Afrique, el propio presidente de la república, Teodoro Obiang, quiso estar presente en la ceremonia de la firma del convenio para animar a "otras compañías que operan en el país" a seguir el ejemplo y copiar el modelo. Se supone que Amerada Hess entregará unos 20 millones de dólares, un 50% del coste teórico del programa de extensión de la enseñanza primaria. Guinea Ecuatorial tiene un alto porcentaje de población infantil, pero no llega al millón de habitantes en total y exporta más de 230.000 barriles de petróleo al día.

   Hasta ahora, la educación de los niños y niñas de 5 a 12 años ha venido dependiendo, sobre todo, de la enseñanza privada en colegios de órdenes religiosas españolas, financiadas con fondos de cooperación del Gobierno español. El apoyo a la educación pública, muy escasa y deficiente, es novedoso, y por parte española se había reducido a un cierto asesoramiento técnico y de formación de cuadros. Los pagos directos a las autoridades de Guinea siempre se han considerado como "de mucho riesgo" porque, según han denunciado diversos organismos internacionales, suelen terminar en cuentas corrientes no suficientemente identificadas.

   El informe sobre el Banco Riggs, realizado por el subcomité de investigaciones del Senado de Estados Unidos hace ahora exactamente dos años, advirtió de la existencia de grandes pagos hechos por las petroleras a algunos funcionarios del Gobierno de Guinea Ecuatorial, a sus familiares y a empresas controladas por altos cargos o también por sus familiares. Documentos internos del banco indicaban que las compañías que querían operar en Guinea "se veían obligadas" a asociarse con altos cargos que controlaban el sector de la madera, la construcción o simplemente terrenos que esas empresas necesitaban curiosamente alquilar, pese a su elevado precio. Amerada Hess, por ejemplo, pagó un millón de dólares por 28 contratos de alquiler, de los que 18 se hicieron con personas relacionadas con el Gobierno de Guinea. La empresa prometió al Senado cancelar esos contratos antes de 2005. Amerada también pagó 300.000 dólares por contratar al Sonavi (Sociedad Nacional de Vigilancia), una compañía propiedad del hermano del presidente.

   Lo más curioso han sido siempre los elevados pagos que han hecho las petroleras norteamericanas para cubrir los gastos de estudiantes guineanos que querían estudiar u obtener una "formación especializada" fuera del país. Amerada Hess, por ejemplo, siempre ha sido muy generosa en esos asuntos educativos. Según el material manejado por el mencionado subcomité, entre 2001 y 2003 hizo pagos por un total de 1,9 millones de dólares con ese destino. Educar a los hijos de un hermano del presidente Teodoro Obiang costó, según se afirma en dicho documento, más de 250.000 dólares.

Nuevas concesiones

   Recientemente, un enviado del presidente visitó Londres para animar a otras compañías petroleras a unirse a las que ya están en el país. Guinea se ha convertido en el tercer exportador de petróleo de África, pero hasta ahora la explotación ha estado casi exclusivamente en manos de las compañías ExxonMobil, Marathon Oil y Amerada Hess, todas ellas norteamericanas. Sólo muy recientemente han vuelto a obtener concesiones empresas como la española Repsol, la china National Oil o la británica Ophir Energy.

   Obiang, de 64 años, dirige el país con mano tiránica desde 1979; el pasado mes de junio anunció que ya había sido "investido por su partido como candidato para las elecciones presidenciales de 2009". Su régimen, considerado por muchas organizaciones internacionales como uno de los más corruptos y dictatoriales de África, da origen frecuentemente a noticias surrealistas. La más reciente habla de que se ha empezado a instalar en las calles de la capital, Malabo, un sistema de televigilancia callejera, con cámaras y micrófonos. La idea es transmitir a la población la sensación de que puede ser "vista, escuchada y grabada 24 horas sobre 24, siete días a la semana", sea o no cierto".

   Hasta aquí el artículo de Soledad Gallego-Diaz. Parece que este tema introduce novedades en las relaciones entre la familia Obiang y las petroleras norteamericanas y va a dar bastante que hablar.

   Empezando a precisar nuestra postura digamos que la enseñanza (como la justicia, como la salud, como la vivienda, como la defensa nacional...) son derechos de los ciudadanos y obligaciones del Estado. Los objetivos y los medios para la enseñanza no pueden ser el resultado del mercadeo entre el jefe del Estado y unas complacientes (para con él) compañías extranjeras. La enseñanza garantiza, o hipoteca, el futuro de un país y debe ser objeto de debates profundos en las instituciones nacionales destinadas a tal fin. En los países normales, es el Parlamento el que, representando la voluntad de los ciudadanos, decide la amplitud y los niveles de calidad necesarios, sus costes y la forma de conseguir ese dinero.

   Las compañías petroleras norteamericanas llegaron a Guinea Ecuatorial en un momento especialmente difícil para el régimen de Obiang. Ninguna de ellas pensó en los ecuatoguineanos y su futuro. Todas aprovecharon la debilidad del dictador para imponer unos contratos especialmente beneficiosos para sus intereses. Por si fuera poco, aprendieron rápidamente a coexistir con Obiang y los suyos, es decir aprendieron a favorecer la corrupción que alimenta al régimen ecuatoguineano. Amerada Hess tuvo también un papel pionero en aquellas primeras prácticas de apoyo a la corrupción. En los países normales, las empresas con concesiones pagan impuestos al Estado dentro del territorio nacional (no en los Estados Unidos, tampoco en cuentas a nombre del dictador y sus amigos). Estos impuestos son el resultado de contratos públicos (los de Guinea Ecuatorial con las petroleras no son secretos, son clandestinos), aprobados, o al menos aceptados, por los respectivos Parlamentos. Si alguna empresa, por las razones que sean, considera que gana demasiado con los contratos en vigor, la solución no está en hacer donativos al Presidente, sino en aprovechar la renovación de esos contratos para aceptar nuevas condiciones, más justas, ante las instituciones del país y acabando con la clandestinidad de los contratos.

   La primera conclusión de todo esto es que un elemento fundamental de la política de las petroleras norteamericanas en Guinea es la total falta de respeto por los derechos de los ecuatoguineanos y el compadreo permanente con Obiang y los suyos.

   Seguiremos informando y opinando sobre este tema.