HOJAS INFORMATIVAS
19 de
julio de 2006
Incidentes en el puerto de
Malabo
Desde el pasado día 15,
y coincidiendo con sucesivas salidas del barco (Djiblo) que
enlaza con Bata y con la isla de Annobon, se han producido
graves incidentes en el puerto de Malabo. Las primeras noticias
sobre estos incidentes nos llegaron desde una nueva entidad
informativa creada en el interior de Guinea y que firma como
Guinea Libre. A través suyo, y de otras fuentes, podemos
reconstruir los hechos como sigue:
El sábado día 15 estaba
prevista la salida del barco con destino a Bata y a la isla de
Annobon. Se produjo una importante aglomeración en el puerto a
la hora del embarque que desembocó en incidentes. Según testigos
presenciales, la policía y algunos militares contribuyeron al
desorden favoreciendo el acceso al Djiblo de parientes suyos,
amigos, "personas con influencias", etc. No hay información
oficial sobre los hechos (en realidad la radio y la televisión
ecuatoguineanas han ignorado el asunto) y circulan distintas
versiones sobre lo sucedido. De acuerdo con algunas de ellas
habría muerto un niño de poca edad (según unos al caer al suelo
y ser pisado por la multitud que huía de las acometidas de la
policía, según otros como consecuencia de los golpes recibidos
de parte de uno de los uniformados) y posiblemente también su
madre. Hay fuentes que hablan de cuatro muertos, dos de ellos
ahogados y otras que reducen los muertos "al menos a uno" e
indican que hubo varios heridos uno de los cuales habría
fallecido en el hospital de Malabo.
Además de este resultado en
vidas humanas, los incidentes dieron lugar a la desaparición de
los equipajes de buen número de los viajeros que pretendían
llegar a Annobon.
Todas las versiones de los
hechos a las que hemos tenido acceso insisten en la violencia de
la policía "a la hora de controlar, o más bien de descontrolar,
la situación" (Guinea Libre).
El Djiblo salió finalmente
hacia Bata. El pasaje estaba formado por una minoría de personas
cuyo destino era Annobon y una gran mayoría que se dirigían a la
capital de Río Muni. Desembarcado estos últimos, subieron a
bordo un grupo pequeño que quería hacer el trayecto Bata-Annobon.
A las autoridades del barco no debió parecerles pasaje
suficiente y decidieron volver a Malabo para recoger nuevos
viajeros.
En Malabo se repitió la
aglomeración del día 15. Unos militares decidieron, en un primer
momento, que desembarcasen todos y se hicieran dos colas, una
para los que iban a Bata y otra para los que iban a Annobon.
Cambiaron después de opinión y decidieron que este nuevo viaje
(era ya el día 18) se hiciera otra vez hasta Bata. Los que
viajaban a Annobon se quedaron en Malabo pero debieron dejar sus
equipajes a bordo del barco. Se les prometió que antes del fin
de semana estarían en su destino.
Esa es la situación en la que
se está en este momento. Los viajeros con destino a Annobon
procedentes del primer viaje han debido buscarse alojamiento por
su cuenta en la capital, mientras sus equipajes van y vienen en
el trayecto Malabo-Bata-Malabo...
Como decíamos antes, no se sabe
el número de muertos ni de heridos producidos como consecuencia
de la cargas de la policía; no se sabe el número de personas que
"perdieron" sus equipajes en esos mismos incidentes. Los
viajeros con destino a Annobon han debido hacer frente a gastos
extraordinarios como consecuencia de la pésima organización de
los viajes, nadie espera que sean indemnizados. No se sabe qué
quedara de sus equipajes cuando el Djiblo vuelva de Bata.
Tampoco se sabe cuando llegaran finalmente a Annobon...
Habrá una
nueva ley de hidrocarburos
"Invitado a la
conferencia Gulf of Guinea
and Beyond celebrada en Londres la pasada semana, el
viceministro ecuatoguineano de hidrocarburos, Gabriel Nguema
Lima manifestó que se ha redactado [en Guinea Ecuatorial] una
nueva ley petrolera con vistas a la próxima convocatoria de
oferta para el off-shore de su país y que el nuevo texto debía
ser aprobado por el parlamento [ecuatoguineano] en el mes de
septiembre antes de que salga a concurso la concesión de los
nuevos bloques. Esta nueva ley debe, entre otras cosas, obligar
a las petroleras a compartir una parte mayor de sus permisos de
explotación con la empresa nacional GEPetrol y aumentar la
participación del estado en la producción.
La nueva
convocatoria de ofertas afectará a todas las concesiones aún
disponibles en el offshore ecuatoguineano, pero las que
suscitarán más interés serán sin duda las que corresponden a
concesiones ya en explotación. Las correspondientes a
Exxon en el pozo Zafiro y a Marathon el el campo Alba
se incluyen en el concurso así como la de Amerada Hess en el
campo Okume. Se incluyen por primera vez concesiones en
el entorno de la isla de Annobon".
Africa Energy
Intelligence, nº 538, 19 de julio de 2006.
Severo Moto
ante la justicia española
La agencia EFE ha
difundido hoy el siguiente despacho: "El abogado
del Estado pidió hoy al Tribunal Supremo (TS) que levante la
suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros por el
que fue revocada la condición de asilado al líder opositor de
Guinea Ecuatorial Severo Moto, ya que, según dijo, Moto
'constituye un peligro para la seguridad nacional'.
Así lo indicó
durante una comparecencia celebrada en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Supremo, en la que el abogado en
representación de la República de Guinea Ecuatorial también
reclamó que no se mantenga dicha suspensión -adoptada la semana
pasada por el Supremo con carácter provisional y urgente-,
mientras que el de Moto afirmó que si su cliente se va de España
'lo van a matar'.
En la comparecencia el abogado del Estado
subrayó que 'no se puede permitir que un refugiado aproveche
para realizar actividades que son manifiestamente ilegales' y
aseguró que 'su permanencia en España pone en peligro los
intereses generales del Estado'.
'Nadie le dice que se le expulsa a Guinea,
sino que puede ir a un tercer país, donde puede tener las mismas
condiciones de seguridad que en España', dijo, mientras que el
abogado del Gobierno de Guinea aseguró que la revocación del
asilo no implica que se le deporte, sino que 'se le priva de los
beneficios que el estatus de asilado le da'.
El abogado de Moto, Eduardo Fernández, hizo
hincapié en que deportar a su patrocinado 'es condenarlo a
muerte' cuando, agregó, 'todo lo que ha hecho en su vida es
luchar por la Democracia'.
'Pido que se paralice su deportación hasta
que exista una resolución firme', concluyó el letrado, quien
también reclama que se suspenda el acuerdo del Gobierno.
El Consejo de Ministros decidió a finales
del año pasado revocar la condición de asilado que poseía Moto
desde marzo de 1986 'tras demostrarse su participación en
diversos intentos de golpe de Estado'.
El Ejecutivo consideró probada su
implicación en acciones 'contrarias a los fines y principios' de
la ONU, al realizar 'una serie de actividades de planificación y
organización de actos violentos en Guinea', que incluyen 'la
recluta de mercenarios y el tráfico de armas', según constataron
diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia
españoles.
El Consejo de Ministros desestimó
posteriormente el recurso de reposición interpuesto por Moto
contra la revocación de su estatuto de asilado y el letrado del
líder opositor de Guinea Ecuatorial interpuso un recurso ante el
Supremo.
El letrado pidió que mientras no hubiera
una resolución firme sobre su recurso se suspendiera la
ejecución previa del acto administrativo que se recurría, lo que
ha aceptado el Tribunal Supremo.
En un auto el Tribunal Supremo indica que
'las medidas cautelares provisionalísimas proceden cuando,
atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran
en el caso, consideren pertinente la adopción de tales medidas
sin oír a la parte contraria'.
Según el Tribunal Supremo, los acuerdos del
Consejo de Ministros 'comportan la alteración de la situación
jurídica en España de Moto de la que venía disfrutando desde
hace diez años, como consecuencia -según expresan los acuerdos
impugnados- de las actividades llevadas a cabo desde España
contra el actual régimen político de Guinea'.
En dicho auto el Alto Tribunal citó a las
partes para que expusieran sus alegaciones y próximamente
decidirá sobre el levantamiento o mantenimiento de la medida
cautelar.
Por su parte, Moto declaró a los
periodistas que está 'absolutamente extrañado por que se pueda
decir que Severo Moto es un peligro para la seguridad española'.
'Yo toda mi vida la he hecho en España y no
hay ninguna prueba para decir eso', concluyó.
Por su parte Europa Press
lo cuenta así: "El
abogado del Estado, en representación del Gobierno, y la
representación de la República de Guinea Ecuatorial coincidieron
hoy en pedir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar, que acordó
el pasado día 12, de la retirada del estatus de asilo político
del dirigente opositor ecuatoguineano Severo Moto. La
representación de Moto pidió que se mantenga la suspensión, para
evitar su expulsión a Guinea, lo que, en su opinión, supondrá
"su pena de muerte".
Durante la vista, el abogado del Estado recordó que el
Consejo de Ministros decidió el pasado 10 de enero revocar la
concesión de asilo de la que Moto disfrutaba desde marzo de
1986, al entender que había incumplido las obligaciones que
dicho estatus conlleva, por haber contribuido a la preparación
de un golpe contra el régimen guineano, con lo que había puesto
"en grave peligro los intereses generales de España".
Como prueba de las intenciones golpistas de Moto, el abogado
del Estado ofreció dos informes, uno de la Comisaría General de
Información y otro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en
los que consta que Moto realizó "actos fundamentales" para
reclutar mercenarios y comprar armas con las que intentar
derrocar el régimen de Teodoro Obiang.
En este sentido, la Abogacía del Estado explicó que cuando se
concede la condición de asilo a un persona, ésta no puede
aprovecharse de su estatus para realizar prácticas ilegales,
porque ello quiebra todos los acuerdos internacionales
existentes. De ahí, que en su opinión deba levantarse la
suspensión de la retirada del asilo. Además, insistió en que
aunque se confirme la pérdida del estatus, ello no implica que
Moto sea expulsado a Guinea, sino que lo sería a un tercer país.
La representación de Guinea Ecuatorial, tras recordar que el
pasado mes de febrero pidió a España la extradición de Moto,
utilizó un argumento similar al afirmar que "no es matemático la
revocación del asilo y la expulsión", porque lo único que
significa el primer concepto es que pierde los beneficios que
conlleva el estatus.
Insistió en que cuando esto ocurre, la persona reclamada
nunca puede ser expulsada el país supuestamente perseguidor.
Además, pidió al tribunal que tenga en cuenta los intereses
generales frente a los personales de Moto.
"RIESGO DE MUERTE".
Por su parte, el abogado de
Moto, Francisco Eduardo Fernández Goberna, insistió en que si el
tribunal retira la suspensión, lo que supone la retirada de la
condición de asilado, Moto corre el riesgo de ser asesinado,
como, según él, se intentó hacer recientemente en Alcorcón
(Madrid) con dos de sus colaboradores. No obstante, la Audiencia
Nacional rechazó la competencia para investigar estos crímenes,
al considerar que eran comunes y que no tenían vinculación con
una trama para asesinar a opositores ecuatoguineanos.
Fernández Goberna negó que Moto
hubiera querido preparar un golpe de Estado contra Guinea y
mencionó una conversación entre un diplomático estadounidense y
el opositor ecuatoguineano, en la que le anunció que si es
expulsado a Guinea sería asesinado. Además, recordó que durante
un viaje a Croacia, Moto fue advertido por los servicios
secretos de aquel país que los de España iban a matarle, afirmó
el letrado.
"Aceptar el acto administrativo
que supone la deportación -dijo Fernández Goberna- es condenarle
a muerte, cuando todo lo que ha hecho en su vida es luchar por
la democracia." Además, insistió en que si en España no está
absolutamente seguro, en otro país su situación sería peor.
La Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo deberá decidir ahora, tras escuchar a
las partes personadas, si mantiene, levanta o modifica la medida
cautelar que adoptó el pasado día 12 de suspender la retirada
del estatus de asilado a Moto".
Los socios de
Sonagas
"Para poder entrar en el
país [en Guinea Ecuatorial], muchas compañías petroleras y para
petroleras se han asociado con la nueva empresa nacional de gas
Sonagas, creada en marzo de 2005 y que participa en la fabrica
de gas licuado EGLNG.
Después de haber trabajado
en el desarrollo del campo Alba de Marathon, el
grupo griego Consolidated Contractors International Company
(CCC) se ha asociado el pasado año con Sonagas para
empezar a construir en Guinea Ecuatorial bajo la marca
Sonatec con sede en Punta Europa. Controlada por dos
ingenieros libaneses de origen palestino, Hassib Sabagh
y Said Khoury, y sucesor de la constructora CAT,
fundada en los años 40 por Emile Boustany, Abdullah
Khoury y Choukri Shammass, CCC controla el 60% de
Sonatec, el 40% restante es de Sonagas.
Otro socio es el trader [operador] Tacoma que trabaja
en joint-venture [en sociedades de participación] con Sonagas en
una empresa proveedora de productos petroleros, Lotec,
que alimenta todas las plataformas existentes en el país.
Dirigido por Pierre Elasri, antes ejecutivo de Addax,
Tacoma está muy presente en el Congo donde suministra productos
petroleros y donde participa, desde hace mucho tiempo, como
accionista en los pozos Kuilu y Kuakuala, operados
por Maurel & Prom (el grupo ha revendido sus
participaciones en Burren Energy, de la que Tacoma sigue
siendo accionista).
Varias empresas parapetroleras, especialmente Worley
Parsons y ACS Engineering, están también asociados
con Sonagas en la creación de filiales de servicios locales con
capacidad para conseguir contratos en los principales proyectos
del grupo, en especial en EGLNG. Una empresa petrolera
británica, Afren, está también asociada con Sonagas en el
posible desarrollo compartido de campos de gas".
Africa Energy Intelligence,
19 julio 2006. nº 538
Editado y
distribuido por ASODEGUE
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