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HOJAS INFORMATIVAS
16 de julio
de 2007
Avelino
Mocache detenido
Avelino Mocache, secretario
general de APGE, ha sido detenido en el día de hoy en Bata.
Ampliaremos esta información.
Informe de la delegación del Grupo
de Trabajo de Naciones Unidas sobre "Detención Arbitraria" tras
su visita a Guinea Ecuatorial
VISITA DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA A GUINEA ECUATORIAL
Manuela Carmena Castrillo y
Soledad Villagra de Biedermann, miembros del Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, emitieron la declaración siguiente el 13 de
julio del 2007 en Malabo, Guinea Ecuatorial:
"Señoras y Señores:
Buenas tardes,
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las
Naciones Unidas acaba de concluir su visita a Guinea Ecuatorial,
llevada a cabo en virtud de una invitación del Gobierno, en
respuesta a una solicitud del Grupo. El Grupo de Trabajo es uno
de los Procedimientos Especiales asumidos por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la República de Guinea
Ecuatorial es el segundo país africano que el Grupo ha visitado,
luego de su visita a Sudáfrica en 2005. Durante sus 15 años de
existencia, el Grupo de Trabajo ha realizado misiones de
observación in situ en Argentina, Australia, Bahrein, Belarus,
Bután, Canadá, la República Popular China, Ecuador, Honduras,
Indonesia, la República Islámica de Irán, Letonia, México,
Noruega, Nepal, Nicaragua, Perú, Reino Unido, Rumania, Turquía y
Vietnam.
La delegación que visitó Guinea Ecuatorial estuvo compuesta
por los miembros del Grupo de Trabajo, Manuela Carmena Castrillo
(España) y Soledad Villagra de Biedermann (Paraguay), el
Secretario del Grupo de Trabajo, un funcionario de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y dos intérpretes de las Naciones Unidas en Ginebra.
Durante su visita de cinco días el Grupo de Trabajo pudo
reunirse con el Primer Ministro, el Vice-Primer Ministro
encargado de Derechos Humanos, el Presidente de la Corte Suprema
de Justicia, el Presidente del Tribunal Constitucional, el
Ministro de Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel del
Ministerio de Seguridad Nacional, incluyendo al Director de
Seguridad Nacional, al Vice-Ministro de Asuntos Exteriores, al
Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Director de Instituciones Penitenciarias,
Magistrados, el Vice-Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, y dos miembros de dicha Comisión, el
Gobernador de la Provincia Centro Sur en Evinayong, los Jefes de
las prisiones de Evinayong y Bata, así como Jefes militares y de
policía de Bata. El Grupo de Trabajo se reunió asimismo con
representantes de las agencias de las Naciones Unidas en Malabo
y con representantes de la sociedad civil. El Grupo desea
expresar su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo por haber facilitado su visita.
Como siempre durante sus visitas a países, el Grupo de
Trabajo ha visitado varios centros de detención de personas
privadas de libertad, como la Comisaría Central y la prisión de
Black Beach en Malabo, la prisión de Evinayong, la prisión de
Bata, las celdas de detención de la Gendarmería de Bata y de la
Comisaría de Bata. El Grupo de trabajo ha celebrado entrevistas
privadas con aproximadamente 200 detenidos.
Antes de compartir con ustedes las primeras impresiones de
nuestra visita a vuestro país, quisiéramos recalcar que el mero
hecho de que el Gobierno de Guinea Ecuatorial haya aceptado la
solicitud del Grupo de Trabajo de recibir una invitación, es por
sí misma una señal positiva. Expresa el mensaje que el Gobierno
tiene la voluntad de cooperar con los mecanismos del Consejo de
Derechos Humanos y de considerar las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de Trabajo. Confiamos que esto ayudará
al Gobierno a hacer frente a los desafíos que implica la reforma
del sistema de administración de justicia orientada a prevenir
casos de detenciones arbitrarias.
De conformidad con su método de trabajo, el Grupo de Trabajo
considera una detención como arbitraria en los casos siguientes:
En primer lugar, cuando es evidentemente imposible invocar
base legal alguna que justifique la privación de la libertad. En
segundo lugar, cuando la privación de libertad resulta del
ejercicio de derechos o libertades proclamados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como el
derecho a las libertades de opinión y expresión; el derecho a
tomar parte en los asuntos públicos del país, incluyendo la
posibilidad de votar y de ser elegido, y el derecho a la
libertad de religión y creencias. En tercer lugar, cuando la
inobservancia total o parcial de las normas internacionales
relativas al derecho a un juicio imparcial sea de tal gravedad
que confiera a la privación de libertad un carácter arbitrario.
Guinea Ecuatorial es un país en transición. Después del
descubrimiento de petróleo en su territorio, el Estado cuenta
ahora con los recursos financieros necesarios para desarrollar
el país tanto económica como socialmente. El desarrollo
económico implica y va de la mano con la promoción y protección
de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo nota con
satisfacción que el Gobierno ha comenzado un proceso de reforma
del régimen institucional y legal relativo a la privación de
libertad así como programas de capacitación de autoridades y de
funcionarios competentes.
La prisión Black Beach de Malabo ha sido reconstruida con
nuevas naves y pabellones. Un nuevo local se estará inaugurando
asimismo próximamente para albergar la prisión de Bata. También
se proyecta la construcción de una nueva comisaría de Policía en
dicha ciudad que reemplace la actual. Se remodelará también la
antigua prisión de Evinayong.
Otro aspecto positivo que el Grupo de Trabajo desea resaltar
es la actividad desarrollada recientemente por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que ha realizado visitas a
prisiones a lo largo del país. La Comisión ha terminado su
primer programa de vistas y ha elaborado un informe en el año
2006. Las conclusiones de ese informe son pertinentes,
descriptivas de la situación, críticas y contribuirán a mejorar
la situación de los derechos humanos en las prisiones.
Sin embargo, las primeras observaciones del Grupo de Trabajo
muestran que la situación general respecto a la privación de
libertad sigue siendo un tema de profunda preocupacion. El Grupo
ha encontrado un número de prisioneros que podrían ser
calificados como políticos y que se encuentran cumpliendo largas
condenas. Algunos de ellos fueron traídos desde países vecinos
sin observar ningún proceso legal formal. El Grupo de Trabajo
está preocupado particularmente por la práctica de la detención
clandestina. Durante su visita, recibió pruebas convincentes
sobre el mantenimiento en detención de cuatro personas cuya
presencia no ha sido reconocida por el Gobierno. Se trata de
Juan Ondo Abaha, Felipe Esono Ntutumu, Florencio Ela Bibang, and
Antimo Edu Nchama.
Algunos prisioneros políticos no son enjuiciados por
tribunales civiles, sino por tribunales militares. Estos no son,
por definición, independientes y presentan la particularidad de
que sus abogados defensores pertenecen también al cuerpo militar
y no aseguran, con frecuencia, una defensa adecuada. Los
procedimientos ante los tribunales militares son sumarios y no
existe la posibilidad de apelar sus sentencias.
La interpretación excesiva de las atribuciones de la policía
conduce a frecuentes detenciones que no tienen base legal
alguna. Estos son los arrestos por orden superior, los debidos
exclusivamente a conflictos civiles, los usados como castigo por
la comisión de actos que no constituyen delitos, o los que que
se basan en la simple necesidad de proteger al detenido. Las
autoridades que ordenan detenciones sin base legal, disfrutan,
con frecuencia, de impunidad. Las mujeres están detenidas junto
con hombres y hay menores que se encuentran detenidos en los
mismos lugares que los adultos.
El Grupo de Trabajo ha observado también que, en la práctica,
no se aplica la norma que establece que todo detenido debe ser
llevado ante un juez en un plazo no mayor de 72 horas después de
su arresto. En principio, el juez debe decidir dentro de dicho
plazo si la persona detenida debe continuar en detención o ser
liberada. En muchos casos, sin embargo, no es un juez sino un
secretario del tribunal quien ve a la persona y quien toma la
decisión que debería tomar el juez. Algunas veces transcurren
meses antes de que la persona detenida sea formalmente acusada.
Esta práctica no solo viola las disposiciones correspondientes
de instrumentos internacionales que Guinea Ecuatorial ha
ratificado, sino también la Constitución de la República y la
Ley de Habeas Corpus.
El Grupo de Trabajo ha observado también que los detenidos en
las comisarías de policía no tienen derecho a la presencia de un
abogado en sus declaraciones y grandes dificultades para acceder
a los servicios de un abogado. Una preparación adecuada de la
defensa antes del juicio resulta prácticamente imposible, puesto
que los imputados solo pueden encontrarse con sus abogados
defensores pocos días antes de su comparecencia ante el
tribunal. Esta situación resulta particularmente grave para
aquellos que no pueden asumir los gastos que demanda la
asistencia de un abogado defensor privado.
Muchos de los detenidos que el Grupo de Trabajo encontró en
las comisarías de policía denunciaron haber sido víctimas de
malos tratos durante las horas posteriores a sus arrestos para
obtener sus inculpaciones. Estos actos son raramente
sancionados. El Grupo de Trabajo pudo observar detenidos con
esposas en las manos y aún con grilletes en los pies o que son
encadenados a sus camas durante la noche y por períodos que
pueden durar hasta varios años. Las prisiones se encuentran bajo
la autoridad militar y al interior de recintos militares. No
existe un recurso legal contra las decisiones de naturaleza
punitiva adoptadas contra los detenidos por las autoridades
militares.
Se observó también la ausencia de un adecuado sistema de
registro y de documentación de las personas detenidas, pese a
que los registros de detención, incluyendo entradas y salidas
son de importancia crucial para prevenir las desapariciones o
cualquier otra clase de violaciones de derechos humanos.
Por último, el Grupo de Trabajo pudo observar que un
porcentaje importante de los detenidos en la comisaría de
policía de Malabo estaba constituido por inmigrantes ilegales,
quienes se encuentran sujetos a detención por un tiempo
indefinido mientras se confirma su identidad o se procede a su
deportación. El Gobierno no provee lo necesario para el
mantenimiento de estos detenidos, particularmente respecto a las
cantidades necesarias de alimentos y de agua. Ello lleva a que
los mismos dependan fundamentalmente del apoyo ocasional que
puedan encontrar fuera de la comisaría.
Estas son señoras y señores, nuestras primeras impresiones al
término de nuestra visita".
Información tomada de:
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/4DB693A1A20AD0D2C125731
A002D6AF9?opendocument
El
portugués tercer idioma oficial en Guinea Ecuatoiral
"El régimen de Teodoro Obiang Ngumema ha convertido al
portugués en tercer idioma oficial de Guinea Ecuatorial con el
propósito de que el país sea admitido en la Comunidad de
Naciones de Lengua Portuguesa (CPLP), con las consiguientes
ayudas económicas y sanitarias que le corresponderían en tal
caso, según informó hoy la agencia misionera de noticias MISNA.
Hasta la fecha, los idiomas oficiales de
Guinea Ecuatorial eran el castellano, por su pasado colonial
español, y el francés, lengua vehicular de la mayoría de los
países vecinos y en realidad poco conocida entre la población
local ecuatoguineana. El 67,6 por ciento de la población del
país habla castellano y el 32,4 por ciento utiliza idiomas
autóctonos.
La adopción del portugués como lengua oficial
en este país de más de medio millón de habitantes y actualmente
'observador asociado' de la CPLP, le permitiría entrar en esta
Comunidad, para lo cual necesita la aprobación --que se presume
fácil-- de sus seis Estados miembros: Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Sao Tomé e Principe
y Timor Oriental).
De entrar en la CPLP, el Gobierno de Malabo
tendría derecho a recibir profesores y formación profesional en
lengua portuguesa, así como a enviar a sus propios estudiantes a
los países lusófonos. Guinea Ecuatorial pretende también
intensificar la colaboración con Cabo Verde en materia de salud,
dada la larga experiencia de los habitantes de este archipiélago
en la lucha contra las enfermedades tropicales.
También se busca la colaboración de Cabo
Verde, Portugal y Brasil en el desarrollo del sector turístico y
en la diversificación de las inversiones económicas. En la
actualidad, los ingresos proceden sobre todo de la producción
petrolera, mientras que las estructuras económicas de la
población permanecen sustancialmente inalteradas.
EL PETRÓLEO
Las organizaciones internacionales de Derechos
Humanos han acusado al presidente Obiang Nguema de gestionar en
su provecho los beneficios del crudo. Al respecto, la
publicación 'Africa Energy Intelligence' informó el pasado 11 de
julio de los 'enfrentamientos en la cumbre del Estado' que se
registran en este país por el control de las concesiones
petroleras.
Estos 'enfrentamientos en la cumbre' se
refieren sobre todo a los que se dan entre, por un lado, el
grupo formado por la esposa de Obiang, Constancia Mangué Okomo
Nsue, y el hijo mayor del presidente, el ministro de Aguas,
Bosques y Medio Ambiente, Teodoro Nguema Obiang Mangue (más
conocido como 'Teodorín'), y, por otro, el resto de los
parientes del dictador.
Estos enfrentamientos familiares por el poder
han afectado al Ministerio de Hidrocarburos, en el que juega un
papel importante Gabriel Nguema Lima (el llamado 'hijo listo de
Obiang'), y el equipo dirigente de GEPetrol, dirigido por el
hermano pequeño de Constancia (considerado 'un hombre de
Teodorín'), según informó hoy la Asociación para la Solidaridad
Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE)".
Fuente: Agencia
Europa Press, 13 julio 2007.
"Publiquen
lo que pagan"
"Hagan público lo que pagan". Esta es la petición y el lema de
una
campaña internacional impulsada por entidades como
Oxfam,
Save the Children y
Transparencia Internacional y a la que ya se han sumado más
de 300 organizaciones para exigir a las empresas extractivas
multinacionales y nacionales que operan en países del Sur que
sean más transparentes.
http://www.publishwhatyoupay.org/espanol/index.shtml
Empresas que
invierten en el Sur, ¡hagan público lo que pagan!
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Multinacionales petroleras, mineras y de gas enseñan sus
cuentas cuando actúan en países ricos pero nadie conoce
sus números sobre el Sur. 300 ONG internacionales impulsan
una campaña que pide transparencia a empresas y gobiernos |
Hagan público lo que
pagan.’ Esta es la petición y el lema de una
campaña internacional impulsada por entidades como
Oxfam,
Save the Children y
Transparencia Internacional y a la que ya se han sumado
más de 300 organizaciones para exigir a las empresas
extractivas multinacionales y nacionales que operan en
países del Sur que sean más transparentes.
En la actualidad, la inversión extranjera en petróleo,
gas y minería significa una fuente importante de ingresos
para los gobiernos de más de 50 países en vías de
desarrollo. Estos países acogen más de 3.500 millones de
personas, la mayoría en situación de pobreza a pesar de ser
muy ricos en recursos naturales, aunque “la dependencia de
los recursos extractivos parece que genere instituciones
nacionales poco responsables”, advierte la campaña.
La coalición “pretende únicamente que
estas compañías publiquen lo que pagan a los gobiernos, al
igual que lo hacen en los países desarrollado, lo que
asegurará que sus inversiones en países en vías de
desarrollo contribuyan al desarrollo económico y la
reducción de la pobreza”, añaden las ONG impulsoras de la
iniciativa.
En concreto, la campaña pide más transparencia a las
empresas petroleras, mineras y del gas -extranjeras y
nacionales- que trabajan en el Sur, pero también a los
gobiernos de estos países, y hace un llamamiento a otras
instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, entidades bancarias y la Bolsa.
Si las empresas no publican su actividad
económica en los países empobrecidos es, según las ONG de la
campaña, porque tienen “miedo a perder la ventaja
competitiva” y porque a veces no pueden publicar la
información por la existencia de contratos con los gobiernos
del Sur. “Cuando BP en 2001 anunció que iba a publicar lo
que pagaban, Sonangol, la empresa estatal petrolera de
Angola, amenazó con dar por finalizadas sus relaciones
comerciales”, explica la campaña a modo de ejemplo.
La situación mejoraría, añaden desde ‘Hagan público lo
que pagan’, si en cada país se creara un “equipo de
supervisión independiente” formado por miembros del
Gobierno, la industria, la sociedad civil y las entidades
financieras internacionales. El caso de Chad y Camerún, que
comparten un comité para supervisar los ingresos que les
reporta el petróleo, es una muestra de la utilidad de este
modelo, apuntan desde la campaña.
Más implicación del BM, el FMI y la Bolsa
Para avanzar hacia la transparencia, Oxfam, Save the
Children y el resto de entidades instan a hacer cambios a
las multinacionales y a los Gobiernos del Sur pero también
piden la colaboración de las instituciones financieras
internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Estas dos
organizaciones, dice la campaña, tienen “un gran poder de
presión sobre los gobiernos de los países ricos en recursos
y sobre muchas de las inversiones privadas de la industria
extractiva operadas desde el sector privado”.
Según la campaña ‘Hagan público lo que pagan’, los
créditos de ajuste estructural que otorgan estas
instituciones a los sectores minero, petrolero y del gas
deberían poner como condición básica la transparencia.
En el caso de los bancos, la iniciativa
les pide que exijan transparencia “en los ingresos derivados
de las industrias extractivas como una condición obligatoria
para los créditos avalados por recursos naturales a los
países en desarrollo, es decir, préstamos que hipotecan el
valor a futuro de los ingresos esperados de la explotación
de esos recursos”. En este contexto, desde la campaña
también recuerdan que las empresas que quieran hacer cotizar
sus acciones en la Bolsa deberían publicar información de
manera transparente sobre sus actividades, ya que en estos
momentos “las empresas de los países desarrollados no están
obligadas a ofrecer un informe detallado país por país”,
advierten las ONG.
A estos esfuerzos deberían sumarse los
gobiernos de los países productores en el Sur, aboliendo
posibles obstáculos legales para que las empresas puedan
publicar libremente sus inversiones en el país, realizando
auditoras independientes e identificando los ingresos
derivados de los recursos naturales en los presupuestos del
Estado. Los gobiernos del norte, por su parte, también
deberían “imponer condiciones a la ayuda no humanitaria al
desarrollo” a los países del Sur ricos en recursos
naturales, así como incidir en la gestión transparente.
Estos países también deberían, “a través de la ayuda al
desarrollo, dar apoyo y mejorar las capacidades tanto de los
gobiernos para manejar los ingresos de los recursos
naturales, como de las organizaciones de la sociedad civil
para supervisar y pedir cuentas a sus gobiernos”.
ONG en red por la transparencia
A través de todas estas medidas se ganaría en
transparencia y se daría “un primer paso crucial en la
reducción de la extrema pobreza” de los países del Sur ricos
en recursos naturales, explican las ONG de la campaña.
También haciendo público lo que pagan, las empresas
“saldrían beneficiadas”, dicen.
En este contexto, desde la campaña animan
a las entidades sociales a seguir sumándose al proyecto ya
que pedir transparencia en este ámbito “es consecuente con
otros esfuerzos internacionales y locales para reducir la
pobreza, combatir la corrupción, mejorar la contabilidad
corporativa, proteger los derechos humanos y afianzar los
buenos gobiernos”.
¿Qué puedo hacer yo?
Las entidades que lo deseen
pueden
adherirse a la campaña ‘Hagan público lo que pagan’.
¡Infórmate en la ‘página
web de la iniciativa!
Más información:
Campaña ‘Hagan
público lo que pagan’
A:
ASODEGUE se ha adherido a esta
campaña-.
Editado y
distribuido por ASODEGUE
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