Excelentísimo
señor don Josep María Piqué i Camps
Ministro
de Asuntos Exteriores
Excmo.
Sr.:
De su respuesta a la interpelación parlamentaria que el
senador don Juan José Laborda Martín le formuló el miércoles
de la semana pasada, en relación con la política
gubernamental española hacia Guinea Ecuatorial y el
juicio celebrado en Malabo contra miembros de la oposición
al régimen del presidente Obiang Nguema, se desprende una
voluntad resuelta a «buscar la máxima eficacia» en el
«respeto de los derechos humanos» de los ciudadanos
guineanos y a realizar el esfuerzo «adecuado» en
beneficio de un «proceso democrático» que, además,
destacó, es «guía» de la política exterior española
con el país hermano. El interés con que emprenderá ese
cometido tan particular de la actual política exterior
queda reflejado en la valoración que le merece el juicio
a que nos referimos y que usted no duda en calificar de «farsa»
y de «auténtico escándalo». Coincidimos plenamente con
su ánimo para afrontar el problema y con la poca estima
que la actuación de las autoridades guineanas tiene
acreditada.
Quienes le dirigimos esta carta consideramos la vida y la
dignidad de todos los ciudadanos guineanos y de manera
especial de los vejados en Malabo por un alevoso
ejercicio del poder público, como los valores supremos a
proteger en estos momentos, muy superiores a todo otro
interés legítimo que pudiere concurrir de la naturaleza
que fuere, en territorio guineano o externo a él. Por
ello, le encarecemos la adopción de las medidas que
estime necesarias, en la función directiva de la política
exterior española, para que obtenga con carácter de
urgencia de las autoridades guineanas:
1.
La libertad de todos los condenados en el juicio de
Malabo y de los detenidos con ocasión de los mismos hechos
pero que no han sido enjuiciados ni siquiera procesados y,
pese a ello, continúan privados de libertad en lugares
desconocidos.
2. Autorización
para la asistencia médica a los torturados, por los daños
físicos o mentales recibidos en el citado proceso, con el
necesario reflejo forense del maltrato sufrido.
3. Una indemnización para las víctimas ya sean de
torturas, enjuiciamiento o privación de libertad, así
como para sus familiares, a cargo del Estado guineano, en
la proporción del daño recibido y de la gravedad de la
acción lesiva ejecutada.
4. El
sometimiento a proceso judicial de los torturadores y demás
agentes que hayan conculcado los derechos esenciales de
las víctimas con la exigencia de resarcimiento a éstas
por los daños o el sufrimiento que las diversas acciones
ilícitas cometidas contra sus personas les han causado
tan injustamente.
En el plano internacional, también le pedimos que
obtenga, con igual carácter de urgencia:
5. El
reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional a las
víctimas y sus familiares, con aplicación efectiva de
medidas preventivas y protectoras de sus personas y
derechos.
6. La
acción y cooperación internacional para aliviar el
sufrimiento de las víctimas y sus familiares.
Y por último:
7. Igual
trato de protección y resarcimiento para toda aquella
persona que haya sufrido pérdida, daño o lesión o haya
estado en grave riesgo de sufrirlos al intervenir en
auxilio de la víctima, cualquiera fuere el motivo de su
intervención.
La nulidad del juicio de Malabo y de todas las actuaciones
judiciales preparatorias y derivadas se impone no ya como
idea previsible sino como necesidad acuciante. Es fruto de
un umbral básico de civilidad del que no cabe descender.
La comunidad internacional en su conjunto está decidida a
que esa degradación en ningún caso se produzca. El
gobierno español se halla pues en una circunstancia
inmejorable para lograr, tanto en el ámbito interno
guineano como internacional, la invalidez de la decisión
judicial que ha puesto término momentáneo al juicio en
cuestión y de todos los efectos que de él puedan
derivarse para todos los afectados por esa acción tan
inicua. Ahora bien, la nulidad material y formal del
juicio por rápido que se diligencie siempre demora más
de lo que las situaciones personales de las víctimas
pueden esperar. Para dar una inmediata solución
humanitaria y de protección a estas personas, la
presidencia de la Comunidad Europea es otra circunstancia
sumamente favorable que su protestas de gobierno no debería
desaprovechar. Con el grado de ilicitud que representa el
juicio de Malabo en su totalidad, verdadero crimen
internacional, insostenible ante cualquier instancia
protectora de los derechos fundamentales de la persona, y
la voluntad solidaria de usted dirigida a «corregir» el
dolor causado a los ciudadanos guineanos y la ofensa a la
comunidad internacional, punto de partida de un sistema de
garantías ineludible, el tiempo restante en la función
presidencial europea es suficiente para alcanzar los
resultados que tan encarecidamente le instamos.
Madrid, 25 de junio de 2002
Organizaciones firmantes:
-Partido Socialista Obrero Español
(PSOE)
-Izquierda Unida (IU)
-Comisiones Obreras (CCOO)
-Unión General de Trabajadores (UGT)
-Asociación ProDerechos Humanos de España
(APDHE)
-Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad (MPDL)
-Asociación para la Solidaridad Democrática
con Guinea Ecuatoril (ASODEGUE)
Firmas
Organizaciones: Suscriben la carta los máximos
dirigentes y los responsables de Internacional de las
organizaciones firmantes, la Federación de Asociaciones de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ANUE, APDHE,
CEAR, Institud de Drets Humans de Catalunya, IEPALA,
Justicia y Paz, Liga Española ProDerechos Humanos y MPDL),
el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD),
Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Mujeres de E´Waiso
Ipola, Plataforma de Apoyo al Pueblo Bubi (Cataluña) y Acción
Popular de Guinea Ecuatorial (APGE)
El eurodiputado Carlos Carnero, el
senador Juan José Laborda, Juan Carlos Rodriguez Ibarra
(Presidente de la Junta de Extremadura), Cecili Buale i
Ramis (Diputado del PSM-Entesa Nacionalista en el Parlamento
de las Islas Baleares), Matilde Fernandez (Concejala en el
Ayuntamiento de Madrid), Esther Cabezudo Martinez (Concejal
Ayuntamiento de Portugalete), Jose Luis Corcuera Cuesta
(Ex-Ministro del Interior), Jose María Benegas Hadad
(Diputado a Cortes), Juan Barranco Gallardo (Senador),
Carmen Romero Lopez (Diputada a Cortes), Jose Antonio
Gimbernat (Presidente de la Federación de Asociaciones de
Defensa y Protección de los Derechos Humanos), José Garcia
Botía(Presidente del Comité de Solidaridad con Africa
Negra de Albacete), Lucila Corral Ruiz (Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Fuenlabrada)
Los catedráticos de universidad:
Bartolomé Clavero, Jose María Maravall, Jose Ramón
Montero, J uan del Val, Fernando Vallespín, Francisco
Laporta, Donato Fernandez Navarrete, Jose María Mella
Marquez, Manuel Perez Ledesma, Alfonso Ruiz Miguel, Pilar
Perez Cantó, Carmén Ruiz Bravo-Villasante, Enrque García
Michel, Jose Luis García Ruano y Cayetano Lopez Martinez,
Antonio Remiro Brotons,
Profesores de universidad: Carlos Taibo
Arias, Itziar Ruiz-Gimenez, Agustín Velloso, Jaime Pastor,
Xulio Rios Paredes, Amparo Moreno, Eugenia Sebastian Gascón,
Luis Rodriguez Abascal, Paco Peñas Esteban, Pablo de Lora
del Toro, Javier Bermudez Sanchez, Carlos Piera, Pilar
Monreal, Juan Carlos Gimeno, Lucia Contreras Caballero,
Soledad Varela, Teresa Sanz Garcia, Juan José de Miguel
Llorente, Elena Martín Ortega hasta un total de 68
profesores firmantes.
Periodistas y escritores: Nativel
Preciado, Rosa Regás y José Maria Ridao.
Intelectuales guineanos en España:
Donato Ndongo Bydiogo.
Investigadores: Alicia Duran, Marcelo
Castellanos Beltran, Antonio Sanchez Moreno, Rafael Martinez
Cáceres.
Sindicalistas: Andres Mellado Molla, Juan
Manuel Bautista, Maite Nuñez
Profesionales: José Cienfuegos, Ana
Romero Gonzalez, Elena Flores Valencia, Josefa Pardo, Elena
Faraco, Micaela Lugones, Fernando Ledesma Ibañez, Jordi
Jaumandreu, Laura Costa, Arturo Camarero, Abel Hernandez
Martin, Roberto Sevillano, Lina Pargada...
Cuarenta y tres profesores, un
funcionario, una subalterna, una auxiliar sanitaria y dos
auxiliares administrativos del I.E.S. La Almadraba, de
Benidorm, encabezados por Carlos Jorge Ruiz; psicólogos, sociólogos,
contables, ingenieros, economistas, arquitectos,
empresarios, del comercio, informáticos, empleados de
banca, abogados, antropólogos, amas de casa,
recepcionistas, actuarios, bibliotecarios, historiadores,
traductores, diseñadoras, conserjes, gestores culturales,
maestras, electricistas, jefes de proyecto, mozos,
esteticistas, administrativas todos ellos de Madrid.
Siete militantes del Frente Organizado de
Juventudes Africanas de Madrid, guineanos residentes en
Alcalá de Henares, guineanos residenes en otros lugares de
Madrid. Estudiantes españoles y guineanos.
Escrito de adhesión particular de Julio
Ndong Elá Mangué, ex-ministro de Guinea Ecuatorial