LA   INDEPENDENCIA (*)

 

1. Conferencia Constitucional: unidad o separación 

Las palabras del embajador Piniés en la Conferencia de Argel sobre Descolonización indicaron al mundo, y en particular a los nacionalistas guineanos, que ya era pública la existencia de dos tendencias claramente definidas en el seno del Gobierno español a propósito de la cuestión guineana. Carrero había concebido la autonomía como un mal menor y una concesión, desde luego la última, a las aspiraciones de libertad del pueblo guineano. Su criterio se basaba en la premisa de la presencia indefinida de España en Guinea Ecuatorial, y no importaba demasiado el precio que hubiera que pagar por ello. Castiella, por su parte, que tenía que sufrir en su propia persona los ataques exteriores a la política colonial española, y que era consciente de que no se podía hacer una política exterior coherente mientras Guinea fuera colonia española, aunque bajo las más variadas caracterizaciones, era partidario del proceso de autodeterminación. Pero los asuntos de Guinea no dependían del Ministerio de Castiella, sino de la Presidencia del Gobierno, es decir, de Carrero. El ministro de Asuntos Exteriores, pues, se enteraba de lo que pasaba en Guinea a través de la Delegación española en las Naciones Unidas y de otras Embajadas. No tenía acceso directo a las fuentes de información ni, por tanto, poder alguno de decisión. Carrero concebía Guinea como una especie de finca particular, mientras Castiella se daba cuenta de que era un asunto de Estado. «Muchas veces —declaró posteriormente— dije en los Consejos de Ministros que no hay ninguna madre española que mande a su hijo a morir a Guinea». Chocaban, en definitiva, dos concepciones sobre el colonialismo: el de Carrero, más arcaico, más decimonónico, más imperial; y el de Castiella, más moderno, más disimulado, más «neo». Por ello, al transmitir el embajador Piniés la invitación del Gobierno al Comité de los Veinticuatro, los observadores anotaron que estaba triunfando la tesis del Palacio de Santa Cruz y los nacionalistas vieron, por vez primera, la independencia como posibilidad real.

Aceptada la invitación por la IV Comisión, ésta designó un subcomité formado por el embajador Malecela, de Tanzania, y los señores Diakite, de Malí; Hernán Sánchez, de Chile; Melbin, de Dinamarca, y Joujeati, de Siria, presididos por el embajador Collier, de Sierra Leona, presidente de la IV Comisión sobre Descolonización, más conocido por Comité de los Veinticuatro. En agosto de 1966 la subcomisión visitó Fernando Poo y Río Muni, habló con delegados de todos los partidos políticos y celebró consultas con representantes de las etnias del país. La conclusión, expuesta en la Resolución 2.230, de 20 de diciembre de 1966, recomendaba a España la convocatoria urgente de una conferencia constitucional qué fijara la fecha de la independencia. España, que ya había previsto esta conclusión, se había adelantado unos meses antes (el 10 de octubre) y había comunicado a la Secretaría General de las Naciones Unidas su decisión de celebrar una conferencia constitucional en los primeros meses de 1967. Demuestra que la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba aún lo suficientemente consolidada el hecho de que el ministro Castiella declarara que la reunión prevista en Madrid no sería «ni una Asamblea Constituyente, ni una negociación diplomática, sino sólo la ocasión de entablar un diálogo amplio y franco entre guineanos y españoles». En el Palacio de Santa Cruz se vacilaba demasiado, y no se llegó a concretar la fecha hasta el otoño de 1967, ampliamente rebasado el plazo previamente fijado ante las Naciones Unidas.

Mientras tanto, la Presidencia del Gobierno y la Alta Comisaría General, activaban su lobby entre los habitantes más afines, tendente a conseguir una independencia por separado entre Fernando Poo y Río Muni. Se empezaron a escuchar conferencias y discursos que reavivaban enemistades tribales ya olvidadas y que hacían hincapié en el «salvajismo» y menor grado de desarrollo de Río Muni, frente a la cultura, ponderación y mayor nivel de vida de los habitantes de Fernando Poo. Algunos viejos colonos preparaban sus campañas para presentarse a la elección como miembros del Gobierno autónomo en caso de que fracasaran las conversaciones de Madrid y se prorrogara automáticamente el régimen de autonomía. No hay que perder de vista que, a escasos kilómetros de Fernando Poo, se desarrollaba una cruenta guerra secesionista en Biafra, y que, por aquellas mismas fechas, un blanco radical, Ian Smith, acabada de hacerse fuerte, desobedeciendo los mandatos del Gobierno de la metrópoli, en Rodesia. Precisamente para evitar tan peligrosos ejemplos, la subcomisión visitadora de las Naciones Unidas había urgido la convocatoria de la conferencia constitucional. Pero las aguas ya estaban agitadas en Guinea, donde los colonos seguían practicando la política del «negrito», como muy duramente escribía Francisco González Armijo, precisamente un colono: «con todos nuestros respetos a la capacidad y buena voluntad de que hacen gala estos honrados funcionarios (del Gobierno español), hemos de hacer notar que, a todas luces, obran influenciados por las ideas de aquellos que son conocidos con el nombre de «viejos coloniales», quienes no vacilan en asegurar que están al cabo de la calle y que saben todo lo que hay que saber sobre los guineanos. Es lógico que los técnicos del Gobierno, que en su mayoría no han visitado Guinea (los que lo han hecho han pasado fugazmente por aquellas tierras, teniendo un contacto muy superficial con la realidad del pueblo guineano), acepten las opiniones de los "entendidos" (...). Estos "entendidos" que desprecian lo más fundamental, el factor humano, practican y transmiten la idea paternalista que tanto daño ha producido en África. El concepto del "negrito" todavía persisten en esas mentalidades arcaicas. A estos "negritos" no se les puede dejar de la mano; nuestra "superior cultura europea" nos obliga a cuidar maternalmente de todos sus pasos y decirles, en cada momento, lo que han de hacer, porque si se les deja solos (...). En el caso concreto de Guinea Ecuatorial asistimos a una variante de este juicio equivocado sobre la mentalidad del negra. Consiste en la tesis que sustentan ciertos señores que, al margen del Gobierno, ejercen determinadas influencias —especialmente en el campo económico— sobre algunos sectores guineanos. La facilidad que hoy tienen para manejar a su antojo a algunos de ellos les induce a creer que podrán continuar haciéndolo tranquilamente, al menos durante un cierto tiempo. ¡Cuán lejos están de ver la realidad de la situación! Aparte de los problemas que suscitan con su actuación, y que pueden traer problemas a escala nacional, estos señores, obcecados por el falso concepto que tienen de los guineanos, no se dan cuenta de que lo que están haciendo es echar piedras a su propio tejado, que ya empieza, a acusar señales de rotura y que cuando menos lo esperan acabará por desplomarse» (1). 

Naturalmente, cuando Saturnino Ibongo, portavoz del MONALIGE, deploraba ante el Comité de los Veinticuatro el retraso que sufría la Conferencia Constitucional, el embajador Piniés no tuvo recato alguno en afirmar que la demora se debía «a las divergencias políticas de los mismos guineanos». Idea misma en que cae el buen colono Armijo, al afirmar en otro pasaje de su escrito que «este retraso de ocho meses en convocar la Conferencia  Constitucional no ha hecho  sino agriar la  situación. Está claro que el motivo de este retraso no puede imputarse al Gobierno español, sino al Gobierno autónomo (...) Estimamos también—termina Armijo—que sería conveniente ir haciéndonos a la idea de que el resultado de esta Conferencia puede ser la independencia de Guinea Ecuatorial. Si la independencia ha de ser un hecho, admitámosla; no nos opongamos ciegamente a ella. Es preferible, a todas luces, dar una independencia a ese pueblo, si la desea, que no frenar insensatamente sus anhelos, dando lugar a reacciones que puedan comprometernos».

El 30 de octubre de 1967, a las 7 de la tarde, y en la sede del Ministerio español  de Asuntos  Exteriores,  se reunía la primera sesión de la Conferencia Constitucional sobre Guinea Ecuatorial. El hecho de que la iniciativa pasase totalmente a manos de Fernando María Castiella fue saludado por los líderes guineanos de todas las tendencias nacionalistas y por los observadores imparciales. No fue, pues, discutida la presidencia del ministro español. Acompañaban a Castiella el subsecretario de Política Exterior, Ramón Sedó, y Gabriel Cañadas, que actuaron como vicepresidente y secretario general de la Conferencia Constitucional, respectivamente. Formaban parte de la delegación española, además, representantes de la Presidencia del Gobierno (encabezados por José Díaz de Villegas, director general de Plazas y Provincias Africanas), del Ministerio de Asuntos Exteriores (Gabriel Mañueco y Fernando Moran López, director general y subdirector general de África, respectivamente), Rodolfo Martín Villa, representante del Ministerio de Industria; así como delegaciones de los Departamentos de Justicia, Ejército, Marina, Aire, Hacienda, Gobernación, Secretaría General del Movimiento y de la Comisaría del Plan de Desarrollo, de la Delegación Nacional de Sindicatos y del Alto Estado Mayor. Veinticinco miembros en total.

La delegación guineana, demasiado numerosa, estaba compuesta por 47 miembros: el presidente y el vicepresidente del Consejo de Gobierno autónomo, Bonifacio Ondó Edú y Francisco Macías Nguema, respectivamente; el presidente y el vicepresidente de la Asamblea General, Federico Ngomo Nandongo y Enrique Gori Molubela, respectivamente; dos diputados por Fernando Poo; dos diputados por Río Muni; los consejeros de Enseñanza, Sanidad, Información y Turismo, y Hacienda; los dos consejeros nacionales del Movimiento; los cuatro procuradores en Cortes; dos representaciones de las Corporaciones; el delegado en Madrid del Gobierno autónomo; tres representantes del MUNGE; tres representantes de la Unión Bubi; tres representantes de la Unión Democrática Fernandina; tres representantes de los habitantes de Annobón; tres representantes de la Unión Ndowe, y dos representantes de la isla de Coriseo e islotes adyacentes.

En el discurso pronunciado en la sesión inaugural por el ministro Castiella, resalta la alusión expresa, primera de un miembro del Gobierno español, a la independencia del territorio: «...en este cuadro de ilusiones posibles y razonables deseos, que hay que contraponer a las incertidumbres de nuestra hora, una de las más nobles empresas en que estamos empeñados, pese a las tensiones que ha producido —y que lógicamente produce— es ésta de la descolonización; fenómeno contemporáneo que ha supuesto —en un plazo que apenas alcanza el cuarto de siglo— la independencia de más de sesenta países y de centenares de miles de seres humanos». El presidente de la Conferencia pasó a glosar la personalidad hispánica de Guinea Ecuatorial: y la labor realizada por España, dentro de la línea triunfalista de la época, pero de una forma diferente a la usual: «...hemos sido convocados para dar cauce, contenido y meta a esta Conferencia Constitucional, que debe explorar y fijar los principios y las opciones de nuestra futura convivencia. Para llevarlo a cabo contamos con una sólida y fundamental base de partida en que apoyarnos: la peculiar manera de ser que ha otorgado a la comunidad hispánica su puesto en el concierto de la civilización universal. Y ello nos llena de orgullo, pues viene a demostrar que el impulso que dio nacimiento a veinte naciones no ha perdido su vigor, ya que sobre los mismos  cimientos se está construyendo esta admirable realidad hispano-africana que representáis. Las esencias españolas que impregnan vuestra alma no han anulado vuestra condición africana, sino que os ayudan a expresarla y a sentirse de acuerdo con el mundo moderno».

Con las siguientes palabras, un ministro de Franco admitía por primera vez una realidad al margen de las tesis oficiales sobre Guinea: «Es evidente que la inserción de España en el actual proceso de la descolonización se ha producido por la concurrencia de un conjunto de factores, entre los que cabe destacar el tradicional sentido de su labor civilizadora, alejada —como ya hemos subrayado— de la mentalidad propia del régimen colonialista; su respeto para la voluntad de autodeterminación de los pueblos, repetidamente proclamado por nuestros gobernantes, y finalmente —dejando de lado corrientes ideológicas que postulan la revisión del fenómeno colonial—, la acción desarrollada en este aspecto por las Naciones Unidas». Tras explicar a su modo la autonomía («en la XVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inició el 21 de septiembre de 1963, pude exponer cómo España, en un clima de paz, sin actuar bajo la presión de la violencia, se adelantaba a las aspiraciones de los guineanos y entendía que había llegado el momento natural en que se gobernaran por sí mismos...»), el ministro definió la finalidad de la Conferencia, «que no puede ser otra que la de poner en manos de vuestro propio pueblo el destino de la Guinea Ecuatorial» y adelantó que «los resultados y conclusiones a que lleguemos, una vez estudiados por el Gobierno, habrán de ser sometidos, por medio del sufragio universal, al refrendo del pueblo guineano». Finalmente, Castiella se alejó definitivamente de las tesis de la Presidencia del Gobierno al recomendar a la delegación guineana la unidad: «Un ilustre guineano, aquí presente, decía hace muy pocos días: "¿qué es lo que nos conviene? Indudablemente la unidad. Unidad en la ideología, en las aspiraciones en bien de todos, en los esfuerzos colectivos por hallar la fórmula para el desenlace del futuro político y administrativo de nuestro territorio". Tan prudente razones tuvieron, sin duda, presentes ciertos procesos cercanos a vosotros en el tiempo y en el espacio».

Indudablemente, el discurso de Castiella no agradó en la Presidencia del Gobierno. A pesar de los esfuerzos por publicarlo íntegro, la prensa sólo reflejó las alusiones al Caudillo y los pasajes más laudatorios para el Régimen de Madrid. Cuando tomó la palabra el presidente de la Asamblea General para responder a la delegación española en nombre de la guineana, todos sabían que la independencia de Guinea era sólo cuestión de tiempo. Quizá por ello el discurso de Federico Ngomo Nandongo fue breve y confiado, aunque envolvía una ligera amenaza: «Estoy seguro de que el Gobierno español sabrá interpretar convenientemente nuestras sugerencias sobre la independencia de Guinea; porque, en definitiva, nosotros esperamos que sea el Gobierno español y no ningún organismo internacional quien marque las etapas de nuestro desarrollo político. Confiamos en que se nos orientará y se nos aconsejará sobre lo más conveniente; es más, exigimos que se nos corrija y se nos hagan ver los errores en los que podamos caer por razones de inexperiencia». El tono filial, de todos modos, sólo endulzaba una exigencia.

Tras los discursos, se constituyeron las comisiones política, jurídico-administrativa, económica y de cooperación. La ligerísima amenaza contenida en el pasaje transcrito del discurso de Ngomo Nandongo hacía referencia a un escrito presentado minutos antes a la delegación española, con la exigencia de que fuera declarado documento oficial. El documento en cuestión, firmado por representantes del Gobierno autónomo y por los partidos políticos IPGE, MUNGE y MONALIGE, pedía al Gobierno español: 1.°) La proclamación solemne de la fecha de la independencia total de Guinea Ecuatorial para antes del 15 de julio de 1968; 2.°) La formación inmediata de un Gobierno provisional con poderes para organizar un referéndum y asegurar la estabilidad durante la transición. Se señalaba que estas peticiones no suponían la ruptura de vínculos con España. El documento estaba avalado por 32 nombres, 29 de los cuales firmaban. Es interesante y sintomático constatar que no firmaron dicho documento ni la Unión Democrática Fernandina ni la Unión Bubi, ni tampoco determinados personajes con un prestigio personal, tales como Enrique Gori Molubela o Román Borikó Toichoa. Estos dos partidos, carentes de toda representatividad popular, habían sido creados artificialmente unos meses antes con vistas a la Conferencia Constitucional, con el fin de que abogaran por la independencia separada entre la isla y el continente. Los dos personajes antes mencionados, más Luis Mao Sicachá, venían negando obediencia al Gobierno autónomo, al que pertenecían, influenciados por los colonos, a fin de que, con su prestigio, sancionaran la secesión dé Fernando Poo. Ya en 1966, los tres habían sido entrevistados en Televisión Española por Victoriano Fernández Asís, y, entre otras cosas, habían expuesto las siguientes opiniones:

Luis Mao: «Fernando Poo tiene unos 18.000 nativos, pero cuenta con 30.000 residentes de Nigeria, Gabón, Camerún, que han venido como mano de obra. Los nativos están en minoría. Por eso venimos a que el Gobierno de Madrid nos resuelva la situación. Es decir, a que cuando nos consideren mayores de edad, como hijos suyos, no se entreguen las riendas de la administración patrimonial en bloque. Que se nos separe nuestro patrimonio, de suerte que cada provincia —Fernando Poo y Río Muni— tenga su propia administración, siempre patrocinada y con las directrices de defensa de la madre España».

Román Borikó: «La provincia de Fernando Poo no tiene nada que ver en este régimen administrativo con la provincia de Río Muni; cada una en su puesto, con su administración interna, y todos a la casa de la madre España. Sin atropellar el derecho de autodeterminación de cada una de ellas. Precisamente en virtud de ello decimos que cualquiera de estas dos provincias de estos territorios, como dicen el Caudillo y su Gobierno si tiene que tomar otra determinación, que no compromete en manera alguna el destino de la provincia o territorio correspondiente al contrario». 

Enrique Gori: «Fernando Poo necesita estar unido al resto del territorio nacional por aviones más modernos y rápidos, por barcos modernos, para que con más facilidades los españoles de la Península puedan conocer Guinea Ecuatorial y los españoles de Guinea la España peninsular. Decimos al pueblo de España aquí estamos, y nos consideramos uno más. El pueblo de Guinea no pide más que el pueblo de España coopere a esta gran misión de superación de su integración en el mundo internacional»

 

   El día 2 de noviembre, Enrique Gori pronunció su discurso ante el pleno de la Conferencia Constitucional, en el que resumía todos los argumentos de la tesis separatista. Sostenía que el Régimen de autonomía había sido una «quiebra» para las poblaciones bubis de Fernando Poo, para quienes habría representado «un neo-colonialismo a causa del sistema unitario del Gobierno». Por ello proponía una revisión del régimen de autonomía, fundamentándolo en la autodeterminación de las poblaciones por separado. Continuó afirmando Gori que «entre la isla y el continente no existe unidad alguna, ni geográfica, ni cultural, ni histórica, ni lingüística. El punto de contacto más fuerte se encuentra en la presencia española en estos territorios. Así que la Guinea Ecuatorial es sólo un nombre (...). Además, existe una imparidad económica y sociológica. En el campo económico, Fernando Poo aporta el 81 por 100 del presupuesto y absorbe sólo el 19 por 100 del usufructo (...). Sociológicamente existe el peligro de que los continuos e incontrolados desplazamientos demográficos de Río Muni hacia Fernando Poo acaben absorbiendo a la población bubi (...). Por ello —concluía el vicepresidente de la Asamblea General y presidente de la Diputación Provincial de Fernando Poo— la separación constituye un tema de obligado e inexcusable planteamiento, y su logro, la grave e indeclinable responsabilidad de la generación actual de Fernando Poo».

   Ante esta postura virulenta de cierto sector isleño, el secretario del Directorio del MUNGE, Justino Mbá Nsué, dio lectura a un texto firmado por su partido, por el IPGE y por MONALIGE, en el que se pedía prioridad para la comisión política y suspender de momento el trabajo del resto de las comisiones, a fin de que se viera con claridad antes el futuro estatuto político, como presupuesto para el trabajo de las demás comisiones. Un delegado, respondiendo a la intervención de Gori Molubela, expuso la cuestión del reparto colonial, del que| eran víctimas tanto Río Muni como Fernando Poo, y terminó resaltando que la realidad indica que las dos provincias forman claramente una unidad que la historia ha ligado estrechamente. «Sería pernicioso el separarse, pues supondría o la absorción por otras potencias, especialmente en el caso de Fernando Poo, como ha reconocido el mismo Gori, o la no subsistencia». En el debate, otro delegado preguntó si los nigerianos, que claramente superaban a la población autóctona, no eran un factor de temor, y denunció claramente los intereses económicos en juego para algunos capitalistas españoles. «Los exponentes de tales intereses asesoran y ponen hincapié de todas las formas imaginables para que sus intereses corran el menor riesgo posible. Y para ello se sirven de algunos bubis».

   Se plantearon ya, pues, desde el principio dos tendencias en el seno de la numerosa delegación guineana, lo cual obligó a suspender la Conferencia Constitucional a fin de que el Gobierno español dictaminase lo que debía ser conveniente. El 15 de noviembre se clausuraba la primera etapa. 

 

2.Conferencia Constitucional: Antonio García-Trevi]ano

   En el seno del Gobierno español quedaba abierta la brecha entre la tendencia separatista, propiciada por los grupos con intereses en la zona, agrupados en torno a la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y la tendencia unionista, vinculada al ministro Castiella. Este, en su afán por llevar a cabo un proceso descolonizador «perfecto, brillante, que le diera a España, aislada diplomáticamente, un poco de prestigio», decidió enfrentarse directamente con el problema. Convenció al general Franco y a la mayoría de los miembros del Gabinete de que las Naciones Unidas no admitirían una independencia por separado, y que tal eventualidad iría en perjuicio de España de una manera innecesaria. Castiella —con Franco— necesitaba recuperar Gibraltar y aprovechar dicho triunfo diplomático para remodelar la política exterior y el triunfo cara a la opinión pública interna para afianzar más aún el poder del régimen. Desde la óptica del Palacio de Santa Cruz, se pretendía sumar cuanto antes el voto de Guinea al de los países hispanoamericanos y árabes. Además, España no estaba en condiciones de sostener airosamente una guerra colonial, que por lo demás iba a resultar demasiado impopular en el interior del país, pudiéndose derivar de ella consecuencias tan imprevisibles como infelices. Y Castiella ganó. El 17 de febrero de 1968 se publica un Decreto-ley suspendiendo el proceso de renovación previsto en la reglamentación del Régimen autónomo y se dispone sea reanudada la Conferencia Constitucional. 

   La prensa española, reflejando la realidad política existente —aunque sin libertad de expresión, pues la Conferencia Constitucional había sido declarada «materia reservada»—, se había dividido en dos tendencias: una, mayoritaria, claramente reaccionaria, y otra muy minoritaria, más tercermundista dentro de lo posible. Al ser irreversible ya el hecho de la independencia unitaria, la Presidencia del Gobierno escoge a su partido y candidato favoritos; por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores apuesta asimismo por un partido y un político. Los grandes rotativos nacionales y la prensa institucional se vuelcan a favor de Bonifacio Ondó Edú y del MUNGE. El diario «Madrid» y, más tímidamente, «Informaciones» y algún vespertino de Barcelona apoyan al candidato del MONALIGE, Atanasio Ndongo Miyone. El «ABC» publica seríales donde los mungistas («el partido de la unidad nacional») son los buenos: «Porque yo siento en español y así seguiré sintiendo hasta que muera», me dijo una tarde Agustín Eñeso. Y Francisco Salomé Jones. Y Andrés Moisés Mbá. Y Felipe Ddjoli. Y Justino Mbá. Y Momo. En ninguno he observado el menor ánimo de revancha. En todos, amor por España, vinculación con España, deseo de España, escribe en ese diario José Salas y Guirior. Los otros, indefectiblemente, son los malos: «Hablando con Justino Mbá —se lee en otra crónica—, secretario general del MUNGE, uno de los más hispanistas que por aquí me he encontrado, me decía cómo en otros países africanos que lograron su total libertad, las costumbres irritantes de la discriminación continúan vigentes. Y que cuando iba a alguno de esos países y alguien le hablaba de los métodos a usar frente a la metrópoli española para lograr la independencia, él solía proponer como escenario de la conversación algún establecimiento de esos restringidos para uso exclusivo de europeos. Cuando empezaban a surgir los inconvenientes, él les decía que en la Guinea, con los españoles, esos problemas no existen. Y que, por tanto, se encontraba mejor dispuesto para discutir con ellos. Todos no son como Justino Mbá. Está el MONALIGE y su gente. Pero tengan la fuerza que tengan, cosa que está por ver, lo que no podrán es montar una reivindicación para asaltar formas de convivencia por la sencilla razón de que ya la tienen».  Refiriéndose el cronista a su deseo de conversar con Monalige (siempre en minúsculas en los escritos de «ABC»), se lee en otro artículo: «... les busqué primero en una especie de cabaretucho llamado, no sé por qué triste ironía, El Progreso. Fue una suerte, pues, de no haber entrado por allí, hubiera tenido que hacer no sé cuántos kilómetros para llegar a otra sala, llamada de fiestas, ignoro por qué razón, en la que, por lo visto, solían reunirse. El ambiente era sórdido y deprimente, pese a que concurrían los elementos normales de diversión (...). En un extremo de la barra había un grupo de hombres jóvenes. Me dijeron que eran del Monalige. Seguí bebiendo con ellos. 

—¿Y ustedes vienen por aquí todas las noches?

—Bueno... —me contestó uno de ellos—; casi todas. Es necesario.

Y se echó a reír. Me dijo que eran gajes del oficio. Y que no resultaban desagradables.

—Pues ya son ustedes valientes. Y díganme: ¿sus mujeres no se enfadan? Porque yo creo que tendrían razón.

—Sin duda, tienen razón. Pero tienen que comprender que somos políticos y debemos hacer esta clase de vida para relacionarnos con la gente. Yo quisiera explicarle a usted muchas cosas.

Conseguí convencer a Jovino Edú Mbuy, vicepresidente del Monalige en el comité central de Bata, que era mucho mejor que nos reuniéramos al día siguiente por la mañana en un café en un club sin música, pues allí no se podía hablar ni de política ni siquiera de fútbol, puestos a poner ejemplos de temas que exigen griterío. Y al mediodía siguiente apareció con Ángel Masie Ntuturnu, subdelegado de Asuntos Sociales. Ambos, muy amables, muy correctos, muy sonrientes. Como luego se verá, muy apasionados también» (2). Esta trascripción, aunque algo larga, era necesaria para demostrar que se estaba preparando el camino hacia el caos que se preveía en España si no triunfaba el candidato oficial. El partido oficial, claro está, era el MUNGE, con hombres cultos, buenos, piadosos, limpios, que ni bebían ni fumaban, amantes de la paz y de España. El MONALIGE era extremista, subversivo, con hombres coléricos, mentirosos, pendencieros, de vida fácil y equívoca. El IPGE se presentaba dividido entre la tendencia «más moderada» de Clemente Ateba, que, a través de Simón Ngomo Ndumu, gobernador civil de Río Muni, buscaba fusionarse con el MUNGE y la tendencia «extremista» de Jesús Mbá, que buscaba la unión con el MONALIGE. Como se ve, el estereotipo era perfecto y la ambientación inmejorable.

La segunda fase de la Conferencia Constitucional, ya incuestionable la independencia unitaria para  1968, se centró en el estudio de la Resolución 2.355, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 1967. El párrafo sexto de la Resolución instaba inexcusablemente a la potencia colonizadora, España, a fijar las modalidades del traspaso de poderes, a redactar una ley electoral y una Constitución de independencia. Por ello era cada vez más evidente que la Delegación Guineana necesitaba de alguien imparcial —es decir, no vinculado al Gobierno español en ninguna de sus tendencias— que pudiera asesorarla en materia constitucional. Se conectó con varios guineanos estudiantes de Derecho, pero, debido precisamente a su condición de estudiantes, no pudieron ser muy útiles. Varios representantes de la Delegación Guineana contactaron con el economista Ramón Tamames, el cual no quiso saber nada del asunto. Acudieron al profesor Enrique Tierno Galván, quien, al parecer, se mostró reticente y despreciativo. Por último, se acudió al bufete del profesor Joaquín Ruiz-Giménez, a quien tampoco entusiasmó la idea de asesorar a los nacionalistas guineanos. Fue cuando el antes citado Francisco González Armijo,  antiguo empleado  de AUCONA, dueño de una gestoría en Bata, a la sazón funcionario del Ministerio de Trabajo, amigo del gobernador civil de Bata, Simón Ngomo Ndumu, y del vicepresidente del Consejo de Gobierno Francisco Macías Nguema, habló a la Delegación Guineana de un demócrata independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que no pondría inconvenientes en ayudarles. Por otra parte, su gran independencia económica podría serles de utilidad, ya que posiblemente no les cobraría demasiado dinero. Merecía toda la confianza del mundo, pues iba avalado por José Antonio Nováis, corresponsal de «Le Monde», respetado por todos los guineanos que de verdad querían la independencia, pues había ayudado a difundir sus razones en el exterior, al ser en España secreto oficial el desarrollo de la Conferencia Constitucional. El hombre así presentado se llamaba Antonio García-Trevijano y Fortes.

Antonio García-Trevijano es una persona con un afán de notoriedad insaciable. Abogado y notario excedente, parece que ese momento —finales de 1967 y principios de 1968— no debía atravesar una coyuntura económica excesivamente buena. Sin embargo, su mujer, una bella francesa de nombre Francine Cheurakí, tenía una cuenta abierta por los empleados del bufete donde le pasaban semanalmente del despacho de su marido unas 60.000 pesetas «para gastos personales»; García-Trevijano, en determinados círculos, pasaba por agente de la CÍA, y en otros se le tenía conceptuado como hombre afín a los intereses del neocapitalismo internacional, especialmente francés. A este respecto se habla de su vinculación con la Banca Rostchild y con el grupo en torno a la revista L´Expres. 

García-Trevijano celebró una serie de conversaciones previas, ya en marzo de 1968, con distintos componentes de la Delegación Guineana. Antes de aceptar ser asesor, mantuvo dos entrevistas: una, en privado, con el entonces director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, hombre de la más absoluta confianza de Carrero Blanco, y otra con el ministro de Asuntos Exteriores, en la que le acompañaban Emilio Martín y Adolfo Martín-Camero. La primera propuesta que les hizo García-Trevijano a los guineanos fue la formación de un organismo unitario que les permitiera hacer frente, de manera efectiva, a la Delegación Española, y elegir un portavoz o líder de ese organismo. La propuesta no tuvo suficiente eco en las Secretarías de los distintos partidos políticos, pero García-Trevijano insistió y convenció monetariamente a unos cuantos delegados guineanos de que para crear un marco político y jurídico que facilite el desarrollo económico y social del pueblo guineano, «la condición básica está en una Constitución que facilite la eficacia de un Gobierno fuerte dentro de una sociedad libre y democrática, y que dificulte el nacimiento de los tres grandes obstáculos contra el desarrollo: las dictaduras ideológicas, el partidismo político y la centralización burocrática». García-Trevijano no conocía África, y aquél era su primer contacto con la realidad de un naciente país africano. Pero ya había desarrollado una teoría muy particular sobre África y los africanos, teoría que no está demasiado alejada del racismo paternalista de los viejos colonialistas y que responde al esquema neocolonialista: «En África es imposible la democracia formal y es imposible el pluripartidismo.» Por tanto, hay que crear un partido único que suprima todo vestigio de democracia e implante un sistema de libertad, pero en el que sólo sea libre la fuerza explotadora y sus comparsas negros. De esta sencilla manera, los hombres que no tenían más ideología que la de su bolsillo, aquellos que no querían más independencia que la que ellos administraran, los arribistas y los negros colonizados siempre útiles para la manipulación política decidieron crear el llamado Secretariado Conjunto. Agustín Eñeso y Justino Mbá Nsué, por el MUNGE; Antonio Eworo, por el IPGE; Francisco Macías, por el MONALIGE; Boto, por la Unión Ndowe, y Agustín Grange, por la Unión Democrática Fernandina, suscribieron un documento, en nombre pero sin representación de sus partidos, que nombraba a García-Trevijano único letrado asesor en materia constitucional. Como los líderes genuinos de los partidos no reconocieron al Secretariado Conjunto, se consagró de hecho una escisión en cada uno de los movimientos, cuyas consecuencias fueron entonces minimizadas, pero que aún sufrimos todos en la actualidad. Como los miembros del Secretariado Conjunto eran una exigua minería, Antonio García-Trevijano facilitó los pasajes necesarios para que otros varios guineanos, al margen de la delegación oficial, pudieran venir a Madrid y coordinaran los trabajos del Secretariado. Así, por ejemplo, llegó Esteban Nsue Ngomo.

La segunda propuesta de García-Trevijano fue el darles dinero a los guineanos, es decir, se comprometió a sufragar todos sus gastos políticos y personales. Los orientó sobre la actitud a adoptar durante los debates, actitud que debía ser obstruccionista. Cuando algún guineano se mostraba reticente o le asaltaba alguna duda con respecto a su comportamiento, le daba —o prometía, según casos— dinero a fin de ganarse su confianza. Tal ocurrió con Andrés Moisés Mbá Ada. García-Trevijano dio un mínimo de un millón de pesetas a algunos guineanos en los quince días siguientes a la formación del Secretariado Conjunto. A García-Trevijano le gusta hablar de dinero, del que ganaba, del que prestaba, del que no cobraba a muchos clientes. Logró impresionar a todos: honesto, altruista, sincero demócrata, antigubernamental y no ligado ni de cerca ni de lejos a intereses coloniales en Guinea. Era justo lo que habían estado buscando los guineanos.

El hecho indicativo de que a García-Trevijano no le importaba ni la ideología de sus nuevos amigos ni la opción de libertad que se buscaba para Guinea era la misma composición del Secretariado Conjunto: una mayoría del MUNGE, y, dentro de él, con mayoritaria tendencia al conservadurismo, con personas acostumbradas a recibir dinero de donde fuese y a hacer lo que se les mandase hacer sin preguntar el por qué. Aunque Macías era más tímido o precavido, según se mire, en esas cuestiones, su trayectoria política no dejaba lugar a dudas sobre su personalidad: había pertenecido inicialmente al MONALIGE, al que abandonó para colaborar con la Administración colonial; luego había pasado fugazmente por el IPGE, del que salió para entrar en el MUNGE y poder ser dirigente durante la autonomía, y cuando el MONALIGE se había perfilado como la posible solución de la independencia, había vuelto a él sin renunciar a sus dos importantes cargos en el Gobierno autónomo. García-Trevijano aconsejó al Secretariado Conjunto que exigiera su asistencia a las sesiones de la Conferencia Constitucional, a lo que se opusieron el resto de las fuerzas políticas y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Después de cada sesión se reunía con los miembros del Secretariado Conjunto para redactar unos artículos de la Constitución que al día siguiente presentaban los guineanos en la sesión plenaria. Generalmente esos artículos, reunidos en forma de anteproyecto, no encontraban eco ni en el resto de la Delegación ni en la Delegación Española. Se puede calificar, pues, el asesoramiento constitucional de García-Trevijano de netamente obstruccionista e ineficaz.

A medida que Antonio García-Trevijano profundizaba sus conocimientos sobre Guinea, debía ir dándose cuenta de lo importante que debía ser para él, política y económicamente, el mantener unas estrechas relaciones con los dignatarios de la nueva nación. Pagó facturas de hotel y dio dinero en mano a varios delegados guineanos, pero eran gente de segunda fila. Los verdaderos líderes estaban ya en otras operaciones. Aprovechando el claro enfrentamiento entre las dos tendencias del Gobierno español, reflejado de manera casi oficial en sus respectivos candidatos, García-Trevijano decidiose a entrar como tercero en la discordia. Entre los guineanos pertenecientes al Secretariado Conjunto, el único que tenía entidad política era Francisco Macías Nguema.

Macías no tenia ideología alguna ni se le había conocido hasta entonces una fe especial en ninguno de los grupos políticos. Era el comodín de todos. Como todo advenedizo ansioso dé hacer méritos, se distinguía por su vehemencia en los juicios y por la falta de rigor. García-Trevijano debió darse cuenta, sin embargo, de las posibilidades demagógicas del personaje, que reunía una serie de ventajas para poder ser fabricado líder en poco tiempo: hablaba bien en público, dominaba su idioma materno, el fang, al contrario que su oponente más digno, Atanasio Ndongo Miyone. Macías era poco político, más directo y con ribetes populistas. Y, sobre todo, tenía ambición. No parece probable que García-Trevijano entrase en contacto intimo y personal con Macías antes de mediados de mayo de 1968, cuando definitivamente había sido rechazado el anteproyecto de Constitución presentado por él y se había fijado fecha para la independencia. A partir de ese momento, las relaciones de algunos miembros del Secretariado Conjunto con García-Trevijano perdieron naturalidad. Para hablar con él preferían hacerlo a solas o de tal forma que la discreción quedase garantizada. Lo cual no dejó de parecer sospechoso al resto de la Delegación Guineana.

De una manera súbita, Macías pasó de ser un integrante más de la Delegación y del Secretariado Conjunto a un portavoz o máxima figura del anticolonialismo guineano. Se opuso de manera sistemática y virulenta a la Constitución elaborada por la Comisión Política de la Conferencia Constitucional y que había sido aprobada por ambas Delegaciones y por las fuerzas políticas. El MUNGE la había aprobado porque estaba seguro de su triunfo electoral, y podría aplicar su política con Constitución o sin ella. El MONALIGE la aceptaba porque tenía prisa y representaba un plazo fijo para acceder a la independencia y era criterio de Atanasio Ndongo que todas las demás cuestiones, incluso la redacción de una Constitución, podían hacerse cuando el país ya fuera independiente. Sólo Macías se empeñó en oponerse a ella. En una rueda de prensa muy ruidosa dijo que la Constitución había sido elaborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores e impuesta a los guineanos y que, por tanto, la consideraba neocolonialista. Anunció que iría a Guinea a hacer campaña en contra de su aprobación por el pueblo. De nada sirvió el razonamiento de Saturnino Ibongo, quien le hizo ver que si el pueblo desestimaba la Constitución, ello sería aprovechado por las fuerzas colonialistas para argüir que se rechazaba la independencia, con lo que se continuaría con un régimen autónomo que a todas luces había fracasado. Macías, como impulsado por alguien desde las sombras, se mantuvo en una postura radical, no bien comprendida hasta unos meses después, y acusó a Saturnino Ibongo y a Atanasio Ndongo de estar vendidos al Gobierno español.

La segunda y última fase de la Conferencia Constitucional se clausuró el 22 de junio de 1968. Ese mismo día el Gobierno español hizo pública su «Declaración de intenciones sobre la independencia de Guinea Ecuatorial», de quince puntos, los más importantes de los cuales reproducimos: «El texto constitucional que acaba de ser adoptado por la Mesa de la Conferencia representa un equilibrio entre los diversos puntos de vista puestos de .manifiesto por los diversos sectores de la representación guineana y un compromiso que permite afirmar la unidad del Estado de Guinea Ecuatorial salvaguardando la personalidad de la isla de Fernando Poo. El Gobierno español considera que si dicho texto responde a los criterios expresados por la representación del pueblo de Guinea a lo largo de los trabajos de la Conferencia, lo aceptaría, a reserva de que el propio pueblo manifestase directamente su opinión sobre el mismo en una consulta electoral que será celebrada en el territorio tan pronto como las Cortes Españolas concedan al Gobierno la necesaria autorización para adoptar las medidas conducentes a la total descolonización de Guinea Ecuatorial» (punto tercero).

«En relación con el futuro, el Gobierno español está dispuesto a colaborar con el Estado independiente de Guinea Ecuatorial, a fin de contribuir a su estabilidad y de facilitar su desarrollo» (punto séptimo).

«El Gobierno español está también dispuesto a mantener en una etapa transitoria los funcionarios y servicios que se consideren necesarios para asegurar la continuidad administrativa en tanto entran e vigor los acuerdos de asistencia técnica. En esta etapa transitoria, el estatuto jurídico y administrativo de los funcionarios españoles será garantizado por el Gobierno español y por el guineano, respectivamente» (punto décimo)

«En el terreno financiero, el Gobierno español ofrece su colaboración para hacer frente a la retirada de la peseta con motivo de la independencia de Guinea Ecuatorial y a su sustitución por la moneda guineana, así como para la determinación de la paridad de ésta. A tal efecto, el Gobierno español prestará su ayuda al de Guinea Ecuatorial para el restablecimiento de un banco de emisión»  (punto decimoquinto).

Se abría un período constituyente, en el que el pueblo debía pronunciarse sobre la Constitución. Si se aprobaba, se celebrarían elecciones para cubrir la Asamblea Nacional, los Consejos Provinciales y la Presidencia de la República, y el país accedería a la independencia el 12 de octubre de ese mismo año. Al clausurarse la Conferencia Constitucional, Saturnino Ibongo y Atanasio Ndongo, comisionados por su partido y por la Delegación Guineana, se trasladaron a Nueva York para presentar la Constitución e invitar al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a que supervisara el referéndum y cuantos actos preindependentista se celebrasen a partir de entonces en Guinea Ecuatorial. En las Naciones Unidas habían llegado una serie de quejas, firmadas, curiosamente, por algunos de los miembros del Secretariado Conjunto más afines a Macías, en las que se denunciaba la «imposición» que de la Constitución había hecho España. La IV Comisión abrió el turno de consultas a los movimientos políticos guineanos sobre la veracidad de la acusación precisamente con el MONALIGE. Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo rechazaron tal acusación y confirmaron otro rumor que había llegado a las Naciones Unidas procedente de medios político guineanos, en el sentido de que se había ofrecido dinero a ciertos guineanos participantes en la Conferencia Constitucional para que ésta fuera boicoteada. Se había denunciado a «un notario madrileño» por intento de soborno. Publicada la información en la prensa española, Antonio García-Trevijano se identificó públicamente, sin que nadie se le hubiese pedido o exigido, como «notario que no está en activo, sino excedente». Admitió que había estado entregando distintas cantidades a delegados guineanos como «ayuda económica» y con la curiosa condición de que el dinero no pudiera «emplearse en beneficio de persona o grupo político alguno». Lo cual, pasados ya años, cuesta todavía creer, a menos que Antonio García-Trevijano entregase dichas cantidades exactamente para nada. ¿Cómo se puede dar algo a alguien a condición de que no sea utilizado? ¿Cómo podía un hombre como Antonio García-Trevijano «donar» —no prestar— cantidades al pueblo guineano, así en abstracto, y prohibir a sus representantes que lo usaran ellos o el grupo que representaban? Sin embargo, se comprende que lo hiciera así para tener la seguridad de que el dinero revertiría única y exclusivamente en el Secretariado Conjunto y en la propaganda a favor de Macías. Como así fue.

Pero en su afán de notoriedad, y no estando aún en condiciones de poder revelar su juego a nadie. García-Trevijano mantuvo una polémica totalmente artificial con dos medios informativos madrileños, sin llegar a concretar nunca su argumentación, moviéndose en un terreno de autocomplacencia y de amenazas y dosificando de tal modo los datos para asegurarse siempre unas líneas en la siguiente edición del periódico.

En el mes de julio las Cortes Españolas estudiaban la ley de «autorización al Gobierno para completar el proceso constitucional de Guinea Ecuatorial». La ponencia, compuesta por Torcuato Fernández-Miranda, Alberto Martín Artajo, Rodolfo Martín Villa, Aranegui y Luis Gómez de Aranda, no modificó una sola línea del proyecto enunciado por el Gobierno, excepto el título de la ley. Expuso el dictamen de la Comisión ante el Pleno de las Cortes el procurador Gómez de Aranda, quien señaló que ésta era una ley muy breve, «con un artículo de tan sólo cuarenta y dos palabras, pero de una trascendencia excepcional». Al proyecto de ley se presentaron pocas enmiendas, cuatro en total. De ellas, tres estaban firmadas por procuradores guineanos, y la cuarta estaba suscrita en primer lugar por el procurador Vilalta Caralt, y estaba inspirada por la carta que los procuradores Edmundo Bosío Dioco y Ricardo Bolopa habían enviado a todos los procuradores. «Esta escasez de enmiendas no tiene un significado negativo, de insensibilidad de la Cámara, sino que se debe a una merecida confianza en el acierto y responsabilidad con que nuestro Gobierno ha llevado siempre este importante tema de nuestra historia contemporánea. Por la misma causa, la Comisión de Leyes Fundamentales aprobó por unanimidad el dictamen que hoy traemos, y en el que la ponencia hubo de desestimar todas las enmiendas presentadas.»

«En el examen de las enmiendas conviene distinguir la firmada por el señor Nsué de las otras tres (3). En cuanto a aquélla, no hay más remedio que recoger y reconocer una realidad que hoy es casi del dominio público. No es una suposición gratuita, sino evidente verdad, que la enmienda suscrita por el señor Nsué obedece a la inspiración del grupo llamado del Secretario Conjunto, asesorada por un letrado español, que se ha reconocido él mismo, en carta publicada en la prensa, como autor de la enmienda constitucional con el mismo signo que ésta. No deja de ser extraño, por lo menos, el caso del abogado que no sólo no percibe honorarios, sino que subvenciona con fuertes cantidades a sus clientes, que no son viudas o huérfanos desamparados ni desvalidos, sino políticos de un pueblo en trance de independencia, con riquezas potenciales, susceptibles de ser explotadas. Pero no deseo hablar de esto, porque creo que el asunto está «sub iudice» y la justicia le calificará del modo más adecuado. Pues bien; el señor Nsué, que se presta a firmar esta enmienda, no quiere luego defenderla, discutirla con sus compañeros los procuradores en Cortes de la ponencia y de la Comisión. No compareció, desatendiendo la convocatoria que se le hizo como primer firmante, pero, en cambio, sí tuvo tiempo y medios para acudir a Nueva York y hablar en la ONU.»

«Pero es que —continúa el discurso de Gómez de Aranda—, además, si la enmienda Nsué pretende apoyarse en la ONU, resulta que su criterio nada tiene que ver con lo recomendado por las Naciones Unidas. En la resolución 2.355, de 19 de septiembre de 1967, se invita la Potencia Administradora, a España, a instituir un sistema electoral basado en el sufragio universal de los adultos y celebrar, antes de la independencia, elecciones generales en todo el territorio. También se invita a la Potencia Administradora a convocar... la Conferencia Constitucional... para que elabore las modalidades del traspaso del poder, incluida la redacción de una ley electoral y de una Constitución de Independencia. Esto que pedía la ONU es lo que hace España y es, además, la única solución lógica.» En cuanto a las otras enmiendas, Vilalta Caralt desistió de la suya ante la Comisión de Leyes Fundamentales, «convencido por los argumentos que se le habían dado y que antes no conocía». Bosío Dioco no compareció a defender la suya. Ricardo Bolopa sí compareció ante la Comisión, pero su postura sólo respondía al criterio de una minoría de bubis y pedía clara y llanamente que la isla de Fernando Poo, separada de Guinea Ecuatorial, se federase con España. «No era esto aceptable —concluye el informe de la Ponencia— para la mayoría de los guineanos, ni admisible ante el mundo. Tampoco resultaba justo ni prudente imponer a España un compromiso que exigiría nuestra permanencia militar en Guinea por tiempo indeterminado. España cumple con la concesión de la independencia y estará bien dispuesta, sin duda, a concertar con el futuro Estado los tratados de asistencia que son normales en estos casos, pero no parece admisible atribuir a España en esta ley el compromiso unilateral y «a priori» de obligaciones tan graves como las que proponen las enmiendas de los señores Bosío y Bolopa.»

A continuación tomó la palabra el ministro de Asuntos Exteriores para justificar el proyecto del Gobierno. La intervención de Fernando María Castiella, muy larga, empieza llamando la atención de los procuradores sobre las consecuencias del aislamiento de España y la necesidad de poner fin a ese aislamiento. Luego abarca el fenómeno de la descolonización y hace una historia de las relaciones de España con Guinea, explicando así las razones de la descolonización del territorio: «No estaba en nuestras manos evitar el que España compareciera, simultáneamente, ante las Naciones Unidas como potencia administradora en Guinea y como país colonizado en Gibraltar. Y lo que no podíamos admitir (...) es que se intentara legitimar precisamente a favor de la corriente descolonizadora, nada menos que la usurpación colonial del peñón de Gibraltar (...). En diciembre de 1966 el Gobierno español se encontraba ante una realidad: por un lado, se había llegado a un estado de evidente inquietud entre la población guineana. Por otro, la presión de las Naciones Unidas aumentaba. Finalmente, la opinión africana era unánime en favor de la independencia de Guinea. La tensión de la situación subía y en el horizonte inmediato se dibujaba como un peligro la posibilidad de brotes de violencia...» Pasaba Castiella a analizar la Conferencia Constitucional y sus resultados: «Para España hubiera sido más cómodo constituir un Gobierno, entregarle el poder y proclamar la independencia, dejando para el pueblo guineano la tarea de enfrentarse con un período constituyente. Pero esa actitud hubiera podido resultar irresponsable al cargar sobre una joven sociedad en plena euforia de su recién adquirida emancipación, los riesgos y antagonismos políticos que inevitablemente comporta período semejante (...) Para imponer un texto, como algunos pretenden que fue nuestra finalidad, sobraba casi todo el tiempo invertido y, desde luego, la paciencia, el espíritu de comprensión y el afán de entendimiento de que en todo momento dio pruebas la Delegación Española (...). Una sola condición impuso España, la de que Guinea Ecuatorial accediese a la independencia como un todo unido, tal como siempre estuvo bajo nuestra bandera, aunque ese todo debía respetar la personalidad de Fernando Poo y la de las demás islas.» Repasa el ministro los principales problemas planteados durante las treinta sesiones plenarias y setenta y cinco sesiones de las Comisiones de Trabajo, concluyendo que el mayor de ellos ha sido el lograr el equilibrio de la unidad en la diversidad: «Si desde el principio la delegación española hubiera aceptado sin reservas la opinión centralista de la mayoría, la, Constitución hubiera podido ser concluida en una semana, ya que en los restantes temas prácticamente no existían divergencias de alguna consideración. Pero si bien la unidad se im­pone por tradición histórica, por razones de defensa, por motivaciones económicas y culturales, y por ser un criterio firmemente mantenido por las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, entendemos que el mismo alojamiento de unas porciones territoriales de otras obliga al respeto de las instituciones provinciales que deben garantizar los intereses y peculiaridades tanto en Río Muni como de las islas.»

En cuanto al texto constitucional, los aspectos de más relieve hacían referencia a la configuración de Guinea como una República soberana, indivisible, democrática y social; el sistema de Gobierno es presidencialista, cuyo presidente será elegido por sufragio universal directo y secreto por un mandato de cinco años; asegura los derechos y libertades fundamentales del individuo, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; fundamenta la estructura política del país en el voto de todos los ciudadanos y determina la separación de funciones entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y consagra al Tribunal Supremo como la más alta instancia de la Administración de justicia. Para garantizar la personalidad de cada una de las provincias —las cuales tienen una serie de organismos autónomos, entre los que sobresale el Consejo Provincial— se estableció un Consejo de la República, formado por seis miembros, tres por cada provincia, cuya misión es resolver los conflictos que puedan producirse entre el ejecutivo y el legislativo, así como asegurar el equilibrio que la propia Constitución señala entre las competencias del Estado y las específicas de las provincias. Estas garantías venían reforzadas por la composición de la Asamblea Nacional, en la que la isla de Fernando Poo estaría representada por doce diputados, cifra que, proporcionalmente a su población autóctona, era más importante que la de los diecinueve que representarían a Río Muni. Dos diputados representarían a Annobón; dos más, a la circunscripción formada por Coriseo, Elobey Chico, Elobey Grande e islotes adyacentes. Estas cifras fueron calculadas de tal modo que para conseguir los dos tercios del «quorum» indispensable para adoptar disposiciones de rango constitucional, hiciera falta, necesariamente, sumar a uno de los grupos de diputados procedentes de una etnia o de un sector geográfico parte de los de las otras. Disponía la Constitución que si el presidente era de una provincia, el vicepresidente tenía que ser de la otra, a fin de equilibrar no sólo el poder presidencial, sino la formación del Gobierno. La Constitución especificaba cuáles eran las competencias del Estado, cuáles las de las provincias y cuáles las de los municipios. En resumidas cuentas, era una Constitución demoliberal, muy equilibrada al gusto llamado occidental, que no respondía totalmente al estado político y social de nuestro pueblo. Era una obra tan perfecta que su aplicación resultaba difícil, y no sólo para las circunstancias de Guinea, sino para las de cualquier otro país del mundo. Era una verdadera obra de arte, pero, como tal obra de arte, no se podía tocar demasiado, pues se corría el riesgo de estropear su delicado trazo. Lo que hubiera debido hacer la Asamblea Nacional, inspirada y apoyada por el presidente y el Gobierno, era proceder, apenas constituida, a una serie de enmiendas —a la elaboración de un nuevo texto, si eso era lo conveniente— para garantizar la estabilidad del país hacia otras formas de convivencia más acordes con la realidad sociológica, económica, política y social del país.

En Guinea, y tal como había manifestado, Macías hacía campaña a favor del «no» a la Constitución, teniendo como únicos aliados tácticos a los ultracolonialistas. Disponía de medios, y no los escatimó. Empezó a crearse una imagen de nacionalista y de anticolonialista, frente al separatista Bosío, al reaccionario Ondó Edú y el pragmático Ndongo Miyone, todos estos a favor del «sí». Macías no hablaba en nombre de ningún partido en concreto, aunque en el de todos ellos, y se dirigía directamente al pueblo y no a los militantes de una facción. La gente le escuchaba porque decía cosas nuevas y originales: mientras los grandes políticos, hermanados en el «sí», repetían la misma cantinela día y noche, Macías, única voz discordante, hablaba de oposición al neocolonialismo. Macías sabía perfectamente que no iba a triunfar su postura, porque el pueblo deseaba, ante todo, que se fueran los españoles, y para ello había que conseguir la independencia en el mínimo plazo posible. Pero quería medir, quizá por encargo de quienes desde la sombra le promocionaban, su grado de arraigo popular, su eficacia como político y las posibilidades reales de una eventual candidatura suya. Por ello cuando el 11 de agosto se fue a las urnas (4) y el 63 por 100 de los guineanos aprobó el texto constitucional elaborado durante la Conferencia de Madrid, lo importante no era la fuerza del «sí», sino la del «no»: se había revelado un hecho irreversible, y es que Macías, casi en solitario, había conseguido —con una política de ataques personales, de ridiculizar a los contrarios, de explotar al máximo sus contradicciones y debilidades-— arrastrar detrás suyo a algo más del 35 por 100 del censo electoral.

 

      3.   Elecciones generales

Una vez aprobada la Constitución, el siguiente paso era la elección del presidente, de los diputados de la Asamblea y de los consejeros provinciales, elecciones que debían llevarse a cabo el 22 de septiembre siguiente. Inmediatamente, pues, se inició la campaña electoral. La comisión electoral estaba presidida por el magistrado del Tribunal Supremo español, Ángel Escudero; vicepresidida por otro magistrado, Jaime Castro, e integrada por cuatro vocales guineanos. La misión observadora de las Naciones Unidas estaba compuesta por el embajador Miyaki, de Níger, que la presidía; los señores Hunneus, de Chile; Jouejeati, de Siria; Foum, de Tanzania, y Estandiary, de Irán; más intérpretes y otros funcionarios del organismo internacional. La Organización de la Unidad Africana estaba representada por el jefe de su departamento político, el maliense Ouattara.

El decreto de 16 de agosto, sobre presentación de candidatos, decía: «... tanto para la elección presidencial como para la de la Asamblea podrán presentar candidatos (...) los grupos políticos representados en la Conferencia Constitucional y las Agrupaciones que a tal fin se constituyan con más del 2 por 100 del censo electoral de la circunscripción para la que presenten candidatos.» Este decreto fue la última maniobra legal por parte de España para dificultar la independencia, pues se preveía que se presentarían muchos candidatos, con lo que las elecciones transcurrirían de forma no pacífica. Ampara­do en él, sin embargo, Macías anunció su candidatura. Para entender la campaña electoral guineana, hay que tener en cuenta los factores en que venimos insistiendo hasta aquí radicados unos en Madrid y otros en la ya ex colonia, y que pueden concretarse en una división evidente entre los dos tipos de colonialismo español. Además, no hay que perder de vista que Atanasio Ndongo, candidato oficial del MONALIGE, era un hombre que sabía de política, pero no de política africana, no de política guineana. Los quince años de exilio le habían desconectado emocionalmente del guineano, y quiso aplicarla tan científicamente —según la ciencia estratégica euroamericana—, que nadie la entendió. En cuanto a Bonifacio Ondó Edú, candidato oficial del MUNGÉ, confiaba excesivamente en las promesas de la presidencia del Gobierno de España. La base de su partido se había distanciado de él por su autoritarismo y por cuestiones de cargos, y de hecho el MUNGE se encontraba dividido en dos facciones cuando se inició la campaña electoral. Aunque disponía de medios, no los utilizó suficientemente, y no vacilaba en reconocer públicamente los apoyos exteriores que tenía. Llegó a decir a una multitud que no le importaba que no le votasen, ya que estaba seguro de ganar «sólo con el voto de mi mujer y del mío propio». El desgaste del Régimen Autónomo había repercutido principalmente en su persona, ya que había sido su promotor y primera figura indiscutible. Por último, la Presidencia del Gobierno había decidido, a última hora, dividir a sus candidatos entre Fernando Poo —Edmundo Bosío Dioco, candidato de la Unión Bubi— y Río Muni, donde se esperaba que triunfara claramente Bonifacio Ondó. Así, según los cálculos de Madrid, el nuevo Estado estaría gobernado por Ondó Edú, como presidente, y Bosío Dioco, como vicepresidente. Esta postura irreal —que respondía a un cierto esquematismo, al considerar que las elecciones de los negros sólo pueden basarse en actitudes tribalistas— fue aprovechada por Francisco Macías. Los que no entendían a Ndongo Miyone —encabezados por Ángel Masié Ntutumu y Jovino Edú Mbuy— decidieron crear una facción disidente que pasó a apoyar a Macías; los que Ondó Edú había estado
menospreciando también se separaron del partido (aunque es más propio decir que Ondó Edú se separó del partido para hacer su política en solitario), y el IPGE de Clemente Ateba decidió no apoyar a ninguno de los tres candidatos. Macías logró convencer, a base de no
regatear ni un céntimo a nadie, a los líderes disidentes de los tres partidos para que le apoyaran. Prometió a todo el mundo un Ministerio, una Dirección General o una Embajada, y llegó a darse el caso de que había cinco o más nombramientos para un mismo puesto. La coalición tripartita IPGE-MUNGE-MONALIGE había nacido. Su embrión había sido, no lo olvidemos, el Secretariado Conjunto.

Según las cifras más barajadas, parece que Antonio García-Trevijano habría dado a Macías no menos de 50 millones de pesetas para financiar la campaña electoral. Las octavillas de Macías («EN MARCHA CON MACÍAS»; «UNIDAD, PAZ, PROSPERIDAD») se hicieron en Madrid, en las Gráficas Rubén Jiménez. En su programa electoral, Macías prometía prestar especial atención si ganaba a cinco puntos. Primero: creación de una conciencia nacional; segundo: política social; tercero: política económica; cuarto: relaciones internacionales, y quinto: relaciones con España. «Respecto al primer punto —se lee en el panfleto FRANCISCO MACIAS NGUEMA, CANDIDATO DEL PUEBLO PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA—, si queremos ser respetados ante el mundo como nación soberana debemos sobreponer nuestras diferencias actuales para conseguir la unidad (.. .) Nada tiene que temer la isla del continente. Respetaremos siempre las características especiales de Fernando Poo y Río Muni dentro de las posibilidades de cada cual, respetando, como hemos dicho, aquéllas para conseguir la ansiada unidad como nación. Quiero poneros un ejemplo de lo que representa esta unidad de conciencia nacional para que podáis decir a aquellos que no creen en esta unidad que sólo con ella se llega a conseguir una nación moderna. La Confederación Helvética-Suiza está formada por razas de diferente origen e idiomas bien distintos, como son: el alemán, el francés y el italiano. Todas ellas han constituido una nación moderna, de prosperidad y de paz bien conocidas, habiendo llegado a concienciarse como nación unida, a pesar de sus diferencias de raza e idioma. ¿No vamos a poder hacer nosotros lo mismo?». En el segundo punto, Macías promete a los trabajadores «un salario remunerador honorable, es decir, a trabajo igual, salario igual, sin discriminación de raza ni sexo». Promete el fomento de la actividad sindical, «para que los trabajadores tengan un instrumento de defensa y les permita controlar cualquier abuso, tanto por parte de los empresarios como por parte del Gobierno, sin que esto quiera decir que no garantizaremos también a los empresarios sus legítimos derechos». En materia económica, Macías promete «créditos para pequeños agricultores, pescadores, comerciantes e industriales modestos, para que, sin agobios, puedan trabajar y desenvolverse. El Gobierno establecerá una política de protección de precios para el café, cacao, madera, cocos, pescado, yuca, etc., garantizando su colocación segura en los mercados internacionales».

«Lograremos la diversificación agraria., estudiando y programando nuevos cultivos que mejoren la economía de los agricultores, estimulando también el cultivo interior.» «Haremos un llamamiento al capital extranjero, al que protegeremos con nuestras leyes, para promocionar la rápida industrialización de nuestro país.» «Para los comerciantes y empresas, un Gobierno elegido masivamente por el pueblo es la única garantía de unidad y paz necesarias para su prosperidad. Dictaremos leyes que garanticen los derechos legítimamente adquiridos y les aseguren el perfecto desenvolvimiento en los negocios.» «Fomentaremos la sanidad, cuidando los cenaros sanitarios hoy existentes y creando cuantos sean necesarios, dotándoles de personal competente y medios suficientes para atender todas las necesidades de la población.» «Fomentaremos con especial interés el turismo.» «Con una sólida política de obras públicas a escala nacional mejoraremos, en todo lo posible, las carreteras actuales, puertos, aeropuertos, etc., efectuando cuantas nuevas obras sean necesarias para el desarrollo económico que nuestro país exige.»

Sobre las relaciones con España, Macías aseguraba que él, personalmente, «así como los grupos políticos que apoyan mi candidatura, hemos probado sobradamente nuestra amistad y nuestros deseos de buenas relaciones con España (...). En la mente y en el corazón de todo guineano España no será nunca un país extranjero, y por ello no me equivoco en afirmar que es la voluntad del pueblo conceder a España un trato preferencial (...). Si en otras ocasiones yo he defendido frente al Gobierno español posturas que creía necesarias para Guinea Ecuatorial, os aseguro que con el mismo rigor defenderé la presencia española en nuestro país.» 

Como se ve, Macías lo había prometido todo, no había dejado un solo resquicio y, ciertamente, su lenguaje era nuevo en Guinea Ecuatorial. Se sabía que algunos candidatos habían pronunciado amenazas para los sectores contrarios al suyo en caso de victoria electoral, que habían olvidado a sectores enteros en su programa, que habían prometido más a unos distritos que a otros. Macías no. Hablaba de nacionalismo, de unidad, de autonomía regional y no perseguía a nadie. En cada pueblo decía lo que se esperaba que dijera, a cada uno le decía las palabras que deseaba oír. Preciso, sereno, apasionado cuando el tema lo requería, buen orador y mejor actor, Macías electrificaba a las masas. En los debates televisivos se mostraba serio, convincente, seguro y sencillo, y las mismas cualidades mostraba en los rincones más recónditos del país, a donde no llegaba la televisión (5) pero sí Macías. Bosío se había dirigido a los bubis, Ondó Edú a los mayores, a los conservadores, a los amantes de la «ley y el orden», a los que se habían beneficiado del sistema colonial en cualquiera de sus etapas; Ndongo Miyone se dirigía a la juventud, a los universitarios, a los cultos, a los que tenían pretensiones intelectuales. Macías se dirigía al pueblo, tomando elementos de todas las demás campañas, aglutinando en su dialéctica argumentos de los contrarios y transformándolos en su pensamiento político. Y el pueblo le votó.

A las nueve de la noche del día 25 de septiembre, se declararon oficialmente los resultados recogidos por las 223 mesas electorales distribuidas por todo el país. Los 35 diputados de la Asamblea Nacional y los 20 Consejeros Provinciales fueron atribuidos a cada partido según el sistema proporcional. Ningún partido alcanzó una mayoría absoluta en los cuerpos legislativos. El mismo resultado se reflejó en los candidatos para la presidencia de la República. Macías había superado (36.716 votos) a su oponente más inmediato, Bonifacio Ondó Edú (31.941). Atanasio Ndongo obtuvo 18.223 sufragios y Edmundo Bosío sólo 4.795. Se había de proceder, de acuerdo con la Constitución, a una segunda vuelta electoral en la que participarían los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos, siendo declaradas nulas las restantes candidaturas. A partir de este momento se empieza a escribir la historia de la independencia de Guinea Ecuatorial.

Los madereros y los colonos, en general, siguieron apoyando a Ondó Edú, pero ya sin entusiasmo. Macías se entrevistó con Edmundo Bosío, a quien ofreció la vicepresidencia y otras, carteras ministeriales, a cambio de su apoyo. Se entrevistó, asimismo, con los dirigentes de la Unión Democrática Fernandina y otros influyentes componentes de la Unión Bubi, a quienes, en un pacto sellado en la casa de Pastor Torao, prometió una autonomía más amplia para Fernando Poo que la reflejada en la Constitución. Mientras, Ondó Edú se había entrevistado con Atanasio Ndongo. Este habría exigido, para darle su apoyo, un determinado número de carteras ministeriales para el MONALIGE, y, entre otras, las de Defensa y Asuntos Exteriores. A Ondó Edú le pareció excesivo el precio. Le contestó que no podía comprometerse a mantener a tantos miembros de otro partido en su Gobierno, y se rompieron las negociaciones/En la noche del 28 de septiembre, víspera de la segunda vuelta, Macías y Ndongo sellan un pacto de colaboración gubernamental. Y, como se prevee, sale elegido primer presidente de Guinea Ecuatorial Francisco Macías Nguema. Había alcanzado 68.310 votos en esta segunda vuelta, frente a los 41.254 conseguidos por Bonifacio Ondó Edú.

La victoria de la divisa de Macías (el gallo, con la leyenda «UN HOMBRE, UN EQUIPO, UN PROGRAMA») preocupó, ciertamente, a los españoles. Para los colonos de Guinea, todo aquél que no fuese Bonifacio Ondó Edú no inspiraba la más mínima confianza, ya que, fuera del signo que fuese el cambio entrañaba la pérdida de sus privilegios seculares. Para los españoles del Gobierno y sus aledaños, reinaba la incertidumbre y hasta el desconcierto, ya que no habían previsto esa eventualidad —se les había presentado de modo súbito— y las concepciones de Presidencia y de Asuntos Exteriores quedaban empatadas y neutralizadas por igual. Macías era el menos proespañol de los candidatos, y ello, por sí mismo, era una garantía de independencia. A nivel interior, Macías aparecía como innovador, frente al continuismo de Ondó Edú y a la inconcreción de Ndongo Miyone. A nivel exterior, con Ondó había sido derrotado el capitalismo monolítico de Madrid, con Ndongo el capitalismo «salvaje» norteamericano, ya que se le conocían conexiones en la Secretaría de Estado y en el Pentágono. ¿Quién había ganado con Macías? En apariencia aparecía libre, pero Antono García-Trevijano había cumplido su misión. A lo largo de su campaña, Macías se había mantenido equidistante de las grandes potencias, no había sacudido los cimientos de ninguna estructura y había propuesto, como muy de pasada pero significativamente, el modelo suizo de desarrollo socioeconómico. Los estímulos a la inversión extranjera estaban acompañados de un serio propósito de lograr una sociedad equilibrada en el orden social y económico. A caballo entre el populismo, la demagogia, la candidez y el dinamismo, Macías parecía garantizar la opción del capitalismo «civilizado» europeo, ansioso de no dejarse arrebatar la zona.

Una vez más, hay que recordar la cercana guerra civil de Biafra. Y, por primera vez, hay que hacer notar la privilegiada posición geográfica y geopolítica del nuevo país: las islas de Fenrando Poo y Annobón dominan el golfo de Guinea, punto importante en la ruta del petróleo, ya que por aquellos días estaba cerrado el Canal de Suez. Río Muni está enclavada entre Camerún y Gabón, emporios del expansionismo francés. En Nigeria, al norte, se discutía en los campos de batalla no sólo una estabilidad política, sino, ante todo, los ricos yacimientos petrolíferos de la bahía de Biafra, bolsa de la que, al parecer participan Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. Al sur de este último país se alza la República Popular del Congo, arrebatada al neocolonialismo francés por los sindicatos y el ejército, con un régimen progresista cuyo himno oficial es «La Internacional». Un poco más abajo, en la desembocadura del río Congo, está el bastión americano por excelencia en África, la República de Zaire. Entre Congo y Zaire, el enclave de Cabinda, importante zona petrolífera nominalmente portuguesa. Y, en fin, Angola, donde también se baten negros contra negros y blancos para determinar, antes que la independencia, la hegemonía.

Una serie de hechos, a nuestro entender, explican la derrota de Atanasio Ndongo, su alianza de última hora con Macías, la victoria de éste y su trágico final. Atanasio Ndongo, el «candidato seguro», confiaba en los americanos. Pero 1968 es el año en que la Administración Demócrata, con la que tenía contactos el líder del MONALIGE, ha tocado fondo en su popularidad, y Johnson decide no presentarse a una nueva elección, en noviembre de ese mismo año. Va a cambiar, por tanto, todo el cuadro de la Administración norteamericana. Los sondeos dan la victoria al partido republicano, pero Atanasio Ndongo no tiene aliados en él. Quizá por ello tenía tanta prisa en que se diera la independencia. Había lanzado la consigna de que la independencia debía ser en 1967, pero tuvo que ser
pospuesta para el 15 de julio de 1968. La excesiva duración de la Conferencia Constitucional, pero sobre todo el inesperado obstáculo representado por Antonio García-
Trevijano y el secretario conjunto, determinarían el retraso. Y este retraso sería fatal para Atanasio Ndongo; a finales de septiembre, a sólo un mes de las elecciones, cuando todo el mundo da como vencedor a Richard Nixon, resulta imposible toda manipulación política. Si esta teoría —que no es sino el fruto de la observación personal, y, por consiguiente, sólo una especulación— fuera cierta, se explicarían con toda nitidez acontecimientos posteriores que, ocho años después, aún parecen inexplicables. 

Lo cierto es que Macías parecía moverse en un ambiente de mayor libertad total, y ello le granjeó las simpatías de toda la juventud guineana, de la opinión más responsable de África y de las masas progresistas del mundo. sus primeras declaraciones, el 3 de octubre, fueron conciliadoras y estaban dentro del espíritu sereno que había matizado todas su campaña electoral. En Madrid, el Consejo de Ministros del 9 de octubre acordó reconocer de modo oficial el resultado de las elecciones, a Francisco Macías como presidente de la nueva nación y declarar a la ex colonia nación independiente. ¿Por qué se tardó tanto tiempo? También se acordó crear la embajada de España en Guinea Ecuatorial y poner al frente de ella, como embajador en Santa Isabel, a Juan Durán-Lóriga Rodríguez, siendo cesados el alto comisario general y to­dos los demás cargos representativos del régimen colonial que había terminado.