HISTORIA DE GUINEA
|
LA INDEPENDENCIA (*) 1.
Conferencia Constitucional: unidad o separación Las palabras del embajador Piniés en la Conferencia de Argel sobre Descolonización indicaron al mundo, y en particular a los nacionalistas guineanos, que ya era pública la existencia de dos tendencias claramente definidas en el seno del Gobierno español a propósito de la cuestión guineana. Carrero había concebido la autonomía como un mal menor y una concesión, desde luego la última, a las aspiraciones de libertad del pueblo guineano. Su criterio se basaba en la premisa de la presencia indefinida de España en Guinea Ecuatorial, y no importaba demasiado el precio que hubiera que pagar por ello. Castiella, por su parte, que tenía que sufrir en su propia persona los ataques exteriores a la política colonial española, y que era consciente de que no se podía hacer una política exterior coherente mientras Guinea fuera colonia española, aunque bajo las más variadas caracterizaciones, era partidario del proceso de autodeterminación. Pero los asuntos de Guinea no dependían del Ministerio de Castiella, sino de la Presidencia del Gobierno, es decir, de Carrero. El ministro de Asuntos Exteriores, pues, se enteraba de lo que pasaba en Guinea a través de la Delegación española en las Naciones Unidas y de otras Embajadas. No tenía acceso directo a las fuentes de información ni, por tanto, poder alguno de decisión. Carrero concebía Guinea como una especie de finca particular, mientras Castiella se daba cuenta de que era un asunto de Estado. «Muchas veces —declaró posteriormente— dije en los Consejos de Ministros que no hay ninguna madre española que mande a su hijo a morir a Guinea». Chocaban, en definitiva, dos concepciones sobre el colonialismo: el de Carrero, más arcaico, más decimonónico, más imperial; y el de Castiella, más moderno, más disimulado, más «neo». Por ello, al transmitir el embajador Piniés la invitación del Gobierno al Comité de los Veinticuatro, los observadores anotaron que estaba triunfando la tesis del Palacio de Santa Cruz y los nacionalistas vieron, por vez primera, la independencia como posibilidad real. Aceptada la invitación por la IV Comisión, ésta designó un subcomité formado por el embajador Malecela, de Tanzania, y los señores Diakite, de Malí; Hernán Sánchez, de Chile; Melbin, de Dinamarca, y Joujeati, de Siria, presididos por el embajador Collier, de Sierra Leona, presidente de la IV Comisión sobre Descolonización, más conocido por Comité de los Veinticuatro. En agosto de 1966 la subcomisión visitó Fernando Poo y Río Muni, habló con delegados de todos los partidos políticos y celebró consultas con representantes de las etnias del país. La conclusión, expuesta en la Resolución 2.230, de 20 de diciembre de 1966, recomendaba a España la convocatoria urgente de una conferencia constitucional qué fijara la fecha de la independencia. España, que ya había previsto esta conclusión, se había adelantado unos meses antes (el 10 de octubre) y había comunicado a la Secretaría General de las Naciones Unidas su decisión de celebrar una conferencia constitucional en los primeros meses de 1967. Demuestra que la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba aún lo suficientemente consolidada el hecho de que el ministro Castiella declarara que la reunión prevista en Madrid no sería «ni una Asamblea Constituyente, ni una negociación diplomática, sino sólo la ocasión de entablar un diálogo amplio y franco entre guineanos y españoles». En el Palacio de Santa Cruz se vacilaba demasiado, y no se llegó a concretar la fecha hasta el otoño de 1967, ampliamente rebasado el plazo previamente fijado ante las Naciones Unidas. Mientras
tanto, la Presidencia del Gobierno y la Alta Comisaría
General, activaban su lobby entre los habitantes
más afines, tendente a conseguir una independencia por
separado entre Fernando Poo y Río Muni. Se empezaron
a escuchar conferencias y discursos que reavivaban
enemistades tribales ya olvidadas y que hacían hincapié
en el «salvajismo» y menor grado de desarrollo de
Río Muni, frente a la cultura, ponderación y mayor nivel
de vida de los habitantes de Fernando Poo. Algunos
viejos colonos preparaban sus campañas para presentarse
a la elección como miembros del Gobierno autónomo
en caso de que fracasaran las conversaciones de Madrid
y se prorrogara automáticamente el régimen de autonomía.
No hay que perder de vista que, a escasos kilómetros
de Fernando Poo, se desarrollaba una cruenta
guerra secesionista en Biafra, y que, por aquellas mismas
fechas, un blanco radical, Ian Smith, acabada de hacerse
fuerte, desobedeciendo los mandatos del Gobierno
de la metrópoli, en Rodesia. Precisamente para evitar
tan peligrosos ejemplos, la subcomisión visitadora de
las Naciones Unidas había urgido la convocatoria de la
conferencia constitucional. Pero las aguas ya estaban
agitadas en Guinea, donde los colonos seguían practicando
la política del «negrito», como muy duramente escribía
Francisco González Armijo, precisamente un colono: «con
todos nuestros respetos a la capacidad y buena voluntad
de que hacen gala estos honrados funcionarios (del
Gobierno español), hemos de hacer notar que, a todas
luces, obran influenciados por las ideas de aquellos
que son conocidos con el nombre de «viejos coloniales»,
quienes no vacilan en asegurar que están al cabo de
la calle y que saben todo lo que hay que saber sobre los
guineanos. Es lógico que los técnicos del Gobierno, que
en su mayoría no han visitado Guinea (los que lo han
hecho han pasado fugazmente por aquellas tierras, teniendo
un contacto muy superficial con la realidad del pueblo
guineano), acepten las opiniones de los "entendidos"
(...). Estos "entendidos" que desprecian lo más
fundamental,
el factor humano, practican y transmiten la
idea paternalista que tanto daño ha producido en África.
El concepto del "negrito" todavía persisten en esas
mentalidades arcaicas. A estos "negritos" no se
les puede
dejar de la mano; nuestra "superior cultura europea"
nos obliga a cuidar maternalmente de todos sus pasos
y decirles, en cada momento, lo que han de hacer, porque
si se les deja solos (...).
En el caso concreto de Guinea
Ecuatorial asistimos a una variante de este juicio
equivocado sobre la mentalidad del negra. Consiste en
la tesis que sustentan ciertos señores que, al margen del
Gobierno, ejercen determinadas influencias —especialmente
en el campo económico— sobre algunos sectores
guineanos. La facilidad que hoy tienen para manejar
a su antojo a algunos de ellos les induce a creer que podrán
continuar haciéndolo tranquilamente, al menos durante
un cierto tiempo. ¡Cuán lejos están de ver la realidad
de la situación! Aparte de los problemas que suscitan
con su actuación, y que pueden traer problemas
a escala nacional, estos señores, obcecados por el falso
concepto que tienen de los guineanos, no se dan cuenta
de que lo que están haciendo es echar piedras a
su propio tejado, que ya empieza, a acusar señales de rotura
y que cuando menos lo esperan acabará por desplomarse»
(1). Naturalmente,
cuando Saturnino Ibongo, portavoz del
MONALIGE, deploraba ante el Comité de los Veinticuatro
el retraso que sufría la Conferencia Constitucional,
el embajador Piniés no tuvo recato alguno en afirmar
que la demora se debía «a las divergencias políticas
de los mismos guineanos». Idea misma en que cae
el
buen colono Armijo, al afirmar en otro pasaje de su escrito
que «este retraso de ocho meses en convocar la Conferencia
Constitucional no ha hecho
sino agriar la
El
30 de octubre de 1967, a las 7 de la tarde, y en la sede
del Ministerio español
de Asuntos Exteriores,
se reunía la primera sesión de la Conferencia
Constitucional sobre
Guinea Ecuatorial. El hecho de que la iniciativa
pasase totalmente a manos de Fernando María Castiella
fue saludado por los líderes guineanos de todas las
tendencias nacionalistas y por los observadores imparciales.
No fue, pues, discutida la presidencia del ministro
español. Acompañaban a Castiella el subsecretario
de Política Exterior, Ramón Sedó, y Gabriel Cañadas,
que actuaron como vicepresidente y secretario general
de la Conferencia Constitucional, respectivamente. Formaban
parte de la delegación española, además, representantes
de la Presidencia del Gobierno (encabezados
por José Díaz de Villegas, director general de Plazas y
Provincias Africanas), del Ministerio de Asuntos Exteriores
(Gabriel Mañueco y Fernando Moran López, director
general y subdirector general de África, respectivamente),
Rodolfo Martín Villa, representante del Ministerio de
Industria; así como delegaciones de los Departamentos
de Justicia, Ejército, Marina, Aire, Hacienda,
Gobernación, Secretaría General del Movimiento y de la
Comisaría del Plan de Desarrollo, de la Delegación Nacional
de Sindicatos y del Alto Estado Mayor. Veinticinco
miembros en total. La delegación guineana, demasiado numerosa, estaba compuesta por 47 miembros: el presidente y el vicepresidente del Consejo de Gobierno autónomo, Bonifacio Ondó Edú y Francisco Macías Nguema, respectivamente; el presidente y el vicepresidente de la Asamblea General, Federico Ngomo Nandongo y Enrique Gori Molubela, respectivamente; dos diputados por Fernando Poo; dos diputados por Río Muni; los consejeros de Enseñanza, Sanidad, Información y Turismo, y Hacienda; los dos consejeros nacionales del Movimiento; los cuatro procuradores en Cortes; dos representaciones de las Corporaciones; el delegado en Madrid del Gobierno autónomo; tres representantes del MUNGE; tres representantes de la Unión Bubi; tres representantes de la Unión Democrática Fernandina; tres representantes de los habitantes de Annobón; tres representantes de la Unión Ndowe, y dos representantes de la isla de Coriseo e islotes adyacentes. En
el discurso pronunciado en la sesión inaugural por
el ministro Castiella, resalta la alusión expresa,
primera de un miembro del Gobierno español, a la independencia
del territorio: «...en
este cuadro de ilusiones posibles
y razonables deseos, que hay que contraponer a
las incertidumbres de nuestra hora, una de las más nobles
empresas en que estamos empeñados, pese a las tensiones
que ha producido —y que lógicamente produce—
es ésta de la descolonización; fenómeno contemporáneo
que ha supuesto —en un plazo que apenas alcanza
el cuarto de siglo— la independencia de más de sesenta
países y de centenares de miles de seres humanos».
El presidente de la Conferencia pasó a glosar la personalidad
hispánica de Guinea Ecuatorial: y la labor realizada
por España, dentro de la línea triunfalista de la
época, pero de una forma diferente a la usual: «...hemos
sido convocados para dar cauce, contenido y meta a
esta Conferencia Constitucional, que debe explorar y fijar
los principios y las opciones de nuestra futura convivencia.
Para llevarlo a cabo contamos con una sólida y
fundamental base de partida en que apoyarnos: la peculiar
manera de ser que ha otorgado a la comunidad hispánica
su puesto en el concierto de la civilización universal.
Y ello nos llena de orgullo, pues viene a demostrar
que el impulso que dio nacimiento a veinte naciones
no ha perdido su vigor, ya que sobre los mismos
Con las siguientes palabras, un ministro de Franco admitía por primera vez una realidad al margen de las tesis oficiales sobre Guinea: «Es evidente que la inserción de España en el actual proceso de la descolonización se ha producido por la concurrencia de un conjunto de factores, entre los que cabe destacar el tradicional sentido de su labor civilizadora, alejada —como ya hemos subrayado— de la mentalidad propia del régimen colonialista; su respeto para la voluntad de autodeterminación de los pueblos, repetidamente proclamado por nuestros gobernantes, y finalmente —dejando de lado corrientes ideológicas que postulan la revisión del fenómeno colonial—, la acción desarrollada en este aspecto por las Naciones Unidas». Tras explicar a su modo la autonomía («en la XVIII Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inició el 21 de septiembre de 1963, pude exponer cómo España, en un clima de paz, sin actuar bajo la presión de la violencia, se adelantaba a las aspiraciones de los guineanos y entendía que había llegado el momento natural en que se gobernaran por sí mismos...»), el ministro definió la finalidad de la Conferencia, «que no puede ser otra que la de poner en manos de vuestro propio pueblo el destino de la Guinea Ecuatorial» y adelantó que «los resultados y conclusiones a que lleguemos, una vez estudiados por el Gobierno, habrán de ser sometidos, por medio del sufragio universal, al refrendo del pueblo guineano». Finalmente, Castiella se alejó definitivamente de las tesis de la Presidencia del Gobierno al recomendar a la delegación guineana la unidad: «Un ilustre guineano, aquí presente, decía hace muy pocos días: "¿qué es lo que nos conviene? Indudablemente la unidad. Unidad en la ideología, en las aspiraciones en bien de todos, en los esfuerzos colectivos por hallar la fórmula para el desenlace del futuro político y administrativo de nuestro territorio". Tan prudente razones tuvieron, sin duda, presentes ciertos procesos cercanos a vosotros en el tiempo y en el espacio». Indudablemente, el discurso de Castiella no agradó en la Presidencia del Gobierno. A pesar de los esfuerzos por publicarlo íntegro, la prensa sólo reflejó las alusiones al Caudillo y los pasajes más laudatorios para el Régimen de Madrid. Cuando tomó la palabra el presidente de la Asamblea General para responder a la delegación española en nombre de la guineana, todos sabían que la independencia de Guinea era sólo cuestión de tiempo. Quizá por ello el discurso de Federico Ngomo Nandongo fue breve y confiado, aunque envolvía una ligera amenaza: «Estoy seguro de que el Gobierno español sabrá interpretar convenientemente nuestras sugerencias sobre la independencia de Guinea; porque, en definitiva, nosotros esperamos que sea el Gobierno español y no ningún organismo internacional quien marque las etapas de nuestro desarrollo político. Confiamos en que se nos orientará y se nos aconsejará sobre lo más conveniente; es más, exigimos que se nos corrija y se nos hagan ver los errores en los que podamos caer por razones de inexperiencia». El tono filial, de todos modos, sólo endulzaba una exigencia. Tras los discursos, se constituyeron las comisiones política, jurídico-administrativa, económica y de cooperación. La ligerísima amenaza contenida en el pasaje transcrito del discurso de Ngomo Nandongo hacía referencia a un escrito presentado minutos antes a la delegación española, con la exigencia de que fuera declarado documento oficial. El documento en cuestión, firmado por representantes del Gobierno autónomo y por los partidos políticos IPGE, MUNGE y MONALIGE, pedía al Gobierno español: 1.°) La proclamación solemne de la fecha de la independencia total de Guinea Ecuatorial para antes del 15 de julio de 1968; 2.°) La formación inmediata de un Gobierno provisional con poderes para organizar un referéndum y asegurar la estabilidad durante la transición. Se señalaba que estas peticiones no suponían la ruptura de vínculos con España. El documento estaba avalado por 32 nombres, 29 de los cuales firmaban. Es interesante y sintomático constatar que no firmaron dicho documento ni la Unión Democrática Fernandina ni la Unión Bubi, ni tampoco determinados personajes con un prestigio personal, tales como Enrique Gori Molubela o Román Borikó Toichoa. Estos dos partidos, carentes de toda representatividad popular, habían sido creados artificialmente unos meses antes con vistas a la Conferencia Constitucional, con el fin de que abogaran por la independencia separada entre la isla y el continente. Los dos personajes antes mencionados, más Luis Mao Sicachá, venían negando obediencia al Gobierno autónomo, al que pertenecían, influenciados por los colonos, a fin de que, con su prestigio, sancionaran la secesión dé Fernando Poo. Ya en 1966, los tres habían sido entrevistados en Televisión Española por Victoriano Fernández Asís, y, entre otras cosas, habían expuesto las siguientes opiniones: Luis
Mao: «Fernando
Poo tiene unos 18.000 nativos,
pero cuenta con 30.000 residentes de Nigeria,
Gabón, Camerún, que han venido como mano de
obra. Los nativos están en minoría. Por eso venimos
a que el Gobierno de Madrid nos resuelva
la situación. Es decir, a que cuando nos consideren
mayores de edad, como hijos suyos, no se entreguen
las riendas de la administración patrimonial
en bloque. Que se nos separe nuestro patrimonio, de
suerte que cada provincia —Fernando
Poo y Río Muni— tenga su propia administración,
siempre patrocinada y con las directrices de defensa de la madre España». Román
Borikó: «La
provincia de Fernando Poo
no tiene nada que ver en este régimen administrativo
con la provincia de Río Muni; cada una en
su puesto, con su administración interna, y todos a la casa de la madre España. Sin atropellar
el derecho de autodeterminación de cada una de ellas.
Precisamente en virtud de ello decimos que cualquiera de
estas dos provincias de estos territorios,
como dicen el Caudillo y su Gobierno si
tiene que tomar otra determinación, que no compromete
en manera alguna el destino de la provincia
o territorio correspondiente al contrario». Enrique
Gori: «Fernando
Poo necesita estar unido al resto del territorio nacional
por aviones más
modernos y rápidos, por barcos modernos, para
que con más facilidades los españoles de la Península
puedan conocer Guinea Ecuatorial y los
españoles de Guinea la España peninsular. Decimos
al pueblo de España aquí estamos, y nos consideramos
uno más. El pueblo de Guinea no pide
más que el pueblo de España coopere a esta gran
misión de superación de su integración en el
mundo internacional» El día 2 de noviembre, Enrique Gori pronunció su discurso ante el pleno de la Conferencia Constitucional, en el que resumía todos los argumentos de la tesis separatista. Sostenía que el Régimen de autonomía había sido una «quiebra» para las poblaciones bubis de Fernando Poo, para quienes habría representado «un neo-colonialismo a causa del sistema unitario del Gobierno». Por ello proponía una revisión del régimen de autonomía, fundamentándolo en la autodeterminación de las poblaciones por separado. Continuó afirmando Gori que «entre la isla y el continente no existe unidad alguna, ni geográfica, ni cultural, ni histórica, ni lingüística. El punto de contacto más fuerte se encuentra en la presencia española en estos territorios. Así que la Guinea Ecuatorial es sólo un nombre (...). Además, existe una imparidad económica y sociológica. En el campo económico, Fernando Poo aporta el 81 por 100 del presupuesto y absorbe sólo el 19 por 100 del usufructo (...). Sociológicamente existe el peligro de que los continuos e incontrolados desplazamientos demográficos de Río Muni hacia Fernando Poo acaben absorbiendo a la población bubi (...). Por ello —concluía el vicepresidente de la Asamblea General y presidente de la Diputación Provincial de Fernando Poo— la separación constituye un tema de obligado e inexcusable planteamiento, y su logro, la grave e indeclinable responsabilidad de la generación actual de Fernando Poo». Ante esta postura virulenta de cierto sector isleño, el secretario del Directorio del MUNGE, Justino Mbá Nsué, dio lectura a un texto firmado por su partido, por el IPGE y por MONALIGE, en el que se pedía prioridad para la comisión política y suspender de momento el trabajo del resto de las comisiones, a fin de que se viera con claridad antes el futuro estatuto político, como presupuesto para el trabajo de las demás comisiones. Un delegado, respondiendo a la intervención de Gori Molubela, expuso la cuestión del reparto colonial, del que| eran víctimas tanto Río Muni como Fernando Poo, y terminó resaltando que la realidad indica que las dos provincias forman claramente una unidad que la historia ha ligado estrechamente. «Sería pernicioso el separarse, pues supondría o la absorción por otras potencias, especialmente en el caso de Fernando Poo, como ha reconocido el mismo Gori, o la no subsistencia». En el debate, otro delegado preguntó si los nigerianos, que claramente superaban a la población autóctona, no eran un factor de temor, y denunció claramente los intereses económicos en juego para algunos capitalistas españoles. «Los exponentes de tales intereses asesoran y ponen hincapié de todas las formas imaginables para que sus intereses corran el menor riesgo posible. Y para ello se sirven de algunos bubis». Se plantearon ya, pues, desde el principio dos tendencias en el seno de la numerosa delegación guineana, lo cual obligó a suspender la Conferencia Constitucional a fin de que el Gobierno español dictaminase lo que debía ser conveniente. El 15 de noviembre se clausuraba la primera etapa.
2.Conferencia Constitucional: Antonio García-Trevi]ano
En
el seno del Gobierno español quedaba abierta la brecha
entre la tendencia separatista, propiciada por los grupos
con intereses en la zona, agrupados en torno a la
Dirección General de Plazas y Provincias Africanas, y la
tendencia unionista, vinculada al ministro Castiella. Este,
en su afán por llevar a cabo un proceso descolonizador
«perfecto, brillante, que le diera a España, aislada
diplomáticamente, un poco de prestigio», decidió
enfrentarse directamente con el problema. Convenció al general
Franco y a la mayoría de los miembros del Gabinete de que
las Naciones Unidas no admitirían una independencia
por separado, y que tal eventualidad iría en
perjuicio de España de una manera innecesaria. Castiella
—con Franco— necesitaba recuperar Gibraltar y aprovechar
dicho triunfo diplomático para remodelar la política
exterior y el triunfo cara a la opinión pública interna
para afianzar más aún el poder del régimen. Desde
la óptica del Palacio de Santa Cruz, se pretendía sumar
cuanto antes el voto de Guinea al de los países hispanoamericanos
y árabes. Además, España no estaba en
condiciones de sostener airosamente una guerra colonial,
que por lo demás iba a resultar demasiado impopular
en el interior del país, pudiéndose derivar de ella
consecuencias tan imprevisibles como infelices. Y
Castiella ganó. El 17 de febrero de 1968 se publica un Decreto-ley
suspendiendo el proceso de renovación previsto en la
reglamentación del Régimen autónomo y se dispone
sea reanudada la Conferencia Constitucional.
La prensa española, reflejando la realidad política
existente
—aunque sin libertad de expresión, pues la Conferencia
Constitucional había sido declarada «materia
reservada»—, se había dividido en dos tendencias: una,
mayoritaria, claramente reaccionaria, y otra muy minoritaria,
más tercermundista dentro de lo posible. Al
ser irreversible ya el hecho de la independencia unitaria,
la Presidencia del Gobierno escoge a su partido y candidato
favoritos; por su parte, el Ministerio de Asuntos
Exteriores apuesta asimismo por un partido y un político.
Los grandes rotativos nacionales y la prensa institucional
se vuelcan a favor de Bonifacio Ondó Edú y
del MUNGE. El diario «Madrid» y, más tímidamente, «Informaciones»
y algún vespertino de Barcelona apoyan
al candidato del MONALIGE, Atanasio Ndongo Miyone.
El «ABC» publica seríales donde los mungistas («el
partido de la unidad nacional») son los buenos: «Porque
yo siento en español y así seguiré sintiendo hasta
que muera», me dijo una tarde Agustín Eñeso. Y Francisco
Salomé Jones. Y
Andrés Moisés Mbá. Y
Felipe Ddjoli.
Y Justino Mbá. Y Momo. En ninguno he observado el menor
ánimo de revancha. En todos, amor por España,
vinculación con España, deseo de España, escribe
en ese diario José Salas y Guirior. Los otros, indefectiblemente,
son los malos: «Hablando con Justino Mbá
—se lee en otra crónica—, secretario general del MUNGE,
uno de los más hispanistas que por aquí me he
encontrado, me decía cómo en otros países africanos que
lograron su total libertad, las costumbres irritantes de
la discriminación continúan vigentes. Y que cuando iba
a alguno de esos países y alguien le hablaba de los métodos
a usar frente a la metrópoli española para lograr
la independencia, él solía proponer como escenario de
la conversación algún establecimiento de esos restringidos
para uso exclusivo de europeos. Cuando empezaban a
surgir los inconvenientes, él les decía que en la Guinea,
con los españoles, esos problemas no existen. Y que, por
tanto, se encontraba mejor dispuesto para discutir con
ellos. Todos no son como Justino Mbá. Está el MONALIGE
y su gente. Pero tengan la fuerza que tengan, cosa
que está por ver, lo que no podrán es montar una reivindicación
para asaltar formas de convivencia por la
sencilla razón de que ya la tienen».
—¿Y
ustedes vienen por aquí todas las noches? —Bueno... —me contestó uno de ellos—; casi todas. Es necesario. Y se echó a reír. Me dijo que eran gajes del oficio. Y que no resultaban desagradables. —Pues ya son ustedes valientes. Y díganme: ¿sus mujeres no se enfadan? Porque yo creo que tendrían razón. —Sin
duda, tienen razón. Pero tienen que comprender que somos
políticos y debemos hacer esta clase de vida
para relacionarnos con la gente. Yo quisiera explicarle
a usted muchas cosas. Conseguí
convencer a Jovino Edú Mbuy, vicepresidente
del Monalige en el comité central de Bata, que era
mucho mejor que nos reuniéramos al día siguiente por
la mañana en un café en un club sin música, pues allí
no se podía hablar ni de política ni siquiera de fútbol,
puestos a poner ejemplos de temas que exigen griterío.
Y al mediodía siguiente apareció con Ángel Masie Ntuturnu,
subdelegado de Asuntos Sociales. Ambos, muy amables,
muy correctos, muy sonrientes. Como luego se verá, muy
apasionados también» (2). Esta trascripción, aunque
algo larga, era necesaria para demostrar que se estaba
preparando el camino hacia el caos que se preveía
en España si no triunfaba el candidato oficial. El partido
oficial, claro está, era el MUNGE, con hombres cultos,
buenos, piadosos, limpios, que ni bebían ni fumaban,
amantes de la paz y de España. El MONALIGE era
extremista, subversivo, con hombres coléricos, mentirosos,
pendencieros, de vida fácil y equívoca. El IPGE se
presentaba dividido entre la tendencia «más moderada»
de Clemente Ateba, que, a través de Simón Ngomo Ndumu,
gobernador civil de Río Muni, buscaba fusionarse
con el MUNGE y la tendencia «extremista» de Jesús Mbá,
que buscaba la unión con el MONALIGE. Como se
La segunda fase de la Conferencia Constitucional, ya incuestionable la independencia unitaria para 1968, se centró en el estudio de la Resolución 2.355, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de abril de 1967. El párrafo sexto de la Resolución instaba inexcusablemente a la potencia colonizadora, España, a fijar las modalidades del traspaso de poderes, a redactar una ley electoral y una Constitución de independencia. Por ello era cada vez más evidente que la Delegación Guineana necesitaba de alguien imparcial —es decir, no vinculado al Gobierno español en ninguna de sus tendencias— que pudiera asesorarla en materia constitucional. Se conectó con varios guineanos estudiantes de Derecho, pero, debido precisamente a su condición de estudiantes, no pudieron ser muy útiles. Varios representantes de la Delegación Guineana contactaron con el economista Ramón Tamames, el cual no quiso saber nada del asunto. Acudieron al profesor Enrique Tierno Galván, quien, al parecer, se mostró reticente y despreciativo. Por último, se acudió al bufete del profesor Joaquín Ruiz-Giménez, a quien tampoco entusiasmó la idea de asesorar a los nacionalistas guineanos. Fue cuando el antes citado Francisco González Armijo, antiguo empleado de AUCONA, dueño de una gestoría en Bata, a la sazón funcionario del Ministerio de Trabajo, amigo del gobernador civil de Bata, Simón Ngomo Ndumu, y del vicepresidente del Consejo de Gobierno Francisco Macías Nguema, habló a la Delegación Guineana de un demócrata independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que no pondría inconvenientes en ayudarles. Por otra parte, su gran independencia económica podría serles de utilidad, ya que posiblemente no les cobraría demasiado dinero. Merecía toda la confianza del mundo, pues iba avalado por José Antonio Nováis, corresponsal de «Le Monde», respetado por todos los guineanos que de verdad querían la independencia, pues había ayudado a difundir sus razones en el exterior, al ser en España secreto oficial el desarrollo de la Conferencia Constitucional. El hombre así presentado se llamaba Antonio García-Trevijano y Fortes. Antonio
García-Trevijano es una persona con un afán de
notoriedad insaciable. Abogado y notario excedente, parece
que ese momento —finales de 1967 y principios de
1968— no debía atravesar una coyuntura económica
excesivamente buena. Sin embargo, su mujer, una bella francesa
de nombre Francine Cheurakí, tenía una cuenta abierta
por los empleados del bufete donde le pasaban semanalmente
del despacho de su marido unas 60.000 pesetas
«para gastos personales»; García-Trevijano, en determinados
círculos, pasaba por agente de la CÍA, y en
otros se le tenía conceptuado como hombre afín a los
intereses del neocapitalismo internacional, especialmente
francés. A este respecto se habla de su vinculación
con la Banca Rostchild y con el grupo en torno a la revista
L´Expres. García-Trevijano celebró una serie de conversaciones previas, ya en marzo de 1968, con distintos componentes de la Delegación Guineana. Antes de aceptar ser asesor, mantuvo dos entrevistas: una, en privado, con el entonces director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, hombre de la más absoluta confianza de Carrero Blanco, y otra con el ministro de Asuntos Exteriores, en la que le acompañaban Emilio Martín y Adolfo Martín-Camero. La primera propuesta que les hizo García-Trevijano a los guineanos fue la formación de un organismo unitario que les permitiera hacer frente, de manera efectiva, a la Delegación Española, y elegir un portavoz o líder de ese organismo. La propuesta no tuvo suficiente eco en las Secretarías de los distintos partidos políticos, pero García-Trevijano insistió y convenció monetariamente a unos cuantos delegados guineanos de que para crear un marco político y jurídico que facilite el desarrollo económico y social del pueblo guineano, «la condición básica está en una Constitución que facilite la eficacia de un Gobierno fuerte dentro de una sociedad libre y democrática, y que dificulte el nacimiento de los tres grandes obstáculos contra el desarrollo: las dictaduras ideológicas, el partidismo político y la centralización burocrática». García-Trevijano no conocía África, y aquél era su primer contacto con la realidad de un naciente país africano. Pero ya había desarrollado una teoría muy particular sobre África y los africanos, teoría que no está demasiado alejada del racismo paternalista de los viejos colonialistas y que responde al esquema neocolonialista: «En África es imposible la democracia formal y es imposible el pluripartidismo.» Por tanto, hay que crear un partido único que suprima todo vestigio de democracia e implante un sistema de libertad, pero en el que sólo sea libre la fuerza explotadora y sus comparsas negros. De esta sencilla manera, los hombres que no tenían más ideología que la de su bolsillo, aquellos que no querían más independencia que la que ellos administraran, los arribistas y los negros colonizados siempre útiles para la manipulación política decidieron crear el llamado Secretariado Conjunto. Agustín Eñeso y Justino Mbá Nsué, por el MUNGE; Antonio Eworo, por el IPGE; Francisco Macías, por el MONALIGE; Boto, por la Unión Ndowe, y Agustín Grange, por la Unión Democrática Fernandina, suscribieron un documento, en nombre pero sin representación de sus partidos, que nombraba a García-Trevijano único letrado asesor en materia constitucional. Como los líderes genuinos de los partidos no reconocieron al Secretariado Conjunto, se consagró de hecho una escisión en cada uno de los movimientos, cuyas consecuencias fueron entonces minimizadas, pero que aún sufrimos todos en la actualidad. Como los miembros del Secretariado Conjunto eran una exigua minería, Antonio García-Trevijano facilitó los pasajes necesarios para que otros varios guineanos, al margen de la delegación oficial, pudieran venir a Madrid y coordinaran los trabajos del Secretariado. Así, por ejemplo, llegó Esteban Nsue Ngomo. La segunda propuesta de García-Trevijano fue el darles dinero a los guineanos, es decir, se comprometió a sufragar todos sus gastos políticos y personales. Los orientó sobre la actitud a adoptar durante los debates, actitud que debía ser obstruccionista. Cuando algún guineano se mostraba reticente o le asaltaba alguna duda con respecto a su comportamiento, le daba —o prometía, según casos— dinero a fin de ganarse su confianza. Tal ocurrió con Andrés Moisés Mbá Ada. García-Trevijano dio un mínimo de un millón de pesetas a algunos guineanos en los quince días siguientes a la formación del Secretariado Conjunto. A García-Trevijano le gusta hablar de dinero, del que ganaba, del que prestaba, del que no cobraba a muchos clientes. Logró impresionar a todos: honesto, altruista, sincero demócrata, antigubernamental y no ligado ni de cerca ni de lejos a intereses coloniales en Guinea. Era justo lo que habían estado buscando los guineanos. El hecho indicativo de que a García-Trevijano no le importaba ni la ideología de sus nuevos amigos ni la opción de libertad que se buscaba para Guinea era la misma composición del Secretariado Conjunto: una mayoría del MUNGE, y, dentro de él, con mayoritaria ten | ||||
