ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN JURIDICO-ADMINISTRATIVA

   En Madrid, a dos de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene lugar la primera sesión de la Comisión Juridico-Administrativa de la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial, bajo la presidencia del Excmo. Señor Don Marcelino Cabanas y Rodríguez, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, y con la asistencia de las Delegaciones del Gobierno español y de la Guinea Ecuatorial.

   El Presidente de la Comisión abre la sesión a las dieciocho horas y quince minutos y expone lo siguiente:

   EL PRESIDENTE:

   "Si a Vds. les parece, vamos a empezar, puesto que estamos limitados por el tiempo, ya que a las diecinueve horas se reúne la Comisión Política y debemos suspender ésta antes de esa hora.

   En primer lugar, al iniciar esta sesión inaugural de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Conferencia, deseo saludar a los distinguidos Delegados que la integran.

   Estoy seguro de que la tarea que vamos a iniciar va a ser fructífera. No puede ser de otro modo, teniendo en cuenta la calidad de las personas y el afán constructivo que a todos nos anima.

   Como Vds. recordarán en la sesión Plenaria del pasado día 31 se estableció por la Conferencia la organización de cuatro Comisiones, distribuyendo entre ellas los asuntos que serán objeto de estudio por cada una. Las propias denominaciones de las Comisiones han delimitado ya bastante la competencia que lógicamente debe ser absolutamente respetada. Nuestra primera norma de actuación ha de ser pues el respeto a esa competencia. Y así, también de paso, vamos perfilando nuestro temario, que es el objeto principal de la sesión de hoy.

   Ciertamente esta Comisión tiene un claro perfil técnico, de técnica Jurídica y, al igual que la Conferencia, va a desarrollar sus trabajos en tres periodos de sesiones.

   En este primer periodo, y tras la sesión de hoy, en que procuraremos fijar los temas de trabajo y, hasta si tuviéramos tiempo, comenzaríamos a examinar alguno de ellos, en sucesivas sesiones iríamos planteando nosotros, u otras personas especialistas en la materia, esquemas de los problemas y, naturalmente sin perjuicio de seguir este temario analizaríamos todos aquellos temas que tengan a bien sugerir Vds.

   Después, en nuestra segunda fase, y cuando conozcamos, al menos en principio, alguno de los resultados de la Comisión Política, los representantes en esta Comisión pueden, no solo dialogar . sobre los temas que, en principio, hayamos tratado, sino también abordar otros que, como consecuencia de las deliberaciones de la Comisión Política, puedan ya ser objeto de examen.

   A su vez, eventualmente, en la tercera fase, esta Comisión estaría llamada a formalizar jurídicamente los textos que resulten de las demás Comisiones.

   Debo decir a Vds. que, en la pasada sesión del día treinta y uno se plantearon algunos problemas que me gustaría, puesto que somos una Comisión Jurídica, aclarar un poco. Desde nuestro punto de vista, punto de vista jurídico y objetivo, damos una gran importancia a la organización y al procedimiento. Vds. saben que sin organización que distribuya competencias no hay eficacia, y sin procedimiento no hay garantías.

   Por otro lado también me parece advertir una cierta infravaloración de las Comisiones Técnicas.

   Yo, personalmente, les doy un gran valor a las Comisiones técnicas y ello por una razón muy sencilla: toda decisión de la naturaleza que sea, incluso las decisiones políticas, deben estar, sino totalmente condicionadas, al menos delimitadas por la técnica, porque solo la técnica puede garantizar el acierto en la decisión, porque solo la técnica puede, además, dar las consecuencias que se deriven de una decisión.

   Pasando ya a nuestro temario, creo que debe ser fijado teniendo en cuenta, de un lado, aquellas materias que, en razón de las materias jurídicas, son competencia especifica y propia de esta Comisión, de otro, por aquellas otras materias que, siendo en principio, competencia de las otras Comisiones, deben ser objeto de una formalización, mediante la aplicación de la técnica jurídica.

   Así, pues, quedamos en que en esta primera fase nuestros trabajos han de centrarse sobre aquellas materias que nos son propias, no de aquellas derivadas de las otras Comisiones. En las fases sucesivas trataremos de esos temas.

   Si ahora tuviéramos que señalar, con una sola expresión, una sola frase, cuales son esas materias propias de nuestra Comisión, yo me atrevería a decir, puesto que para juristas hablo, que son todas aquellas que tienen por objeto la conservación del orden jurídico interno y las que tienen por objeto la conservación del orden jurídico internacional, funciones que sean cuales fueren los conceptos que se tengan de las funciones atribuidas a un Estado moderno, nadie puede discutir, juntamente con la conservación del orden publico.

   Esta conservación del orden jurídico podemos, además considerarla como conservación del orden jurídico por vía general, bien creando o innovando este orden, función que, como Vds. saben muy bien, es la propia del legislativo, bien conservando y cumpliendo este orden, función propia de la Administración.

   De otro lado, conservación del orden jurídico por vía individual, satisfaciendo las pretensiones que se le sometan, que es la función que cumple la jurisdicción, la Administración de justicia.

   De otro lado, la conservación del orden jurídico internacional en cuanto a la consideración del Estado como sujeto de derechos y deberes para con los demás estados, y naturalmente perfilando estos y matizándolos sin referencia alguna a la política internacional, que no es propia de la técnica jurídica.

   En la problemática que ofrecen estos tres grandes temas que en principio acabo de señalar, podemos nosotros ir examinando y matizando un poco más el desglose de estos temas en la siguiente manera:

   1º, La actividad, creadora encaminada a la construcción del sistema jurídico, que es la función principal de un Estado, y cuya finalidad es la organización de la comunidad y el desarrollo de un orden de derecho que salvaguarda, por vía general, las libertades y derechos de las personas.. Esta es la función legislativa.

   2°. De otro lado, la actividad de conservación, también por vía general de ese orden constitucional, organizando el funcionamiento de ese orden para que sea eficaz en la ejecución del plan de gobierno, lógicamente utilizando el derecho como medio en el funcionamiento de los servicios públicos, función propia de la Administración.

   3º. La actividad de conservación del orden jurídico por vía individual, cuando se presenten conflictos entre los individuos, o conflictos de los individuos con la Administración -la Administración tiene que someter su actuación a un orden jurídico preestablecido y además la jurisdicción tiene que revisar en un Estado de derecho los actos de la Administración- o de los individuos con la comunidad y el orden preestablecido.

   4º. De otro lado, dedicaremos especial importancia si cabe al tenia del orden jurídico internacional que contempla al Estado en la comunidad internacional y que presupone la existencia de estados respetuosos con los demás estados y con relaciones de todo orden entre ellos, relaciones culturales, económicas, etc., relaciones que hacen necesaria una reglamentación jurídica, así como los problemas que se derivan de la situación de súbditos de un estado.

   Ahora bien no creo equivocarme, si pienso que muchos de los aquí reunidos estarán preguntándose, ¿bien, pero que valor practico tiene todo eso a efectos de esta Conferencia Constitucional?. Me parece muy lógica la pregunta pero desde mi punto de vista al respecto como jurista, me parece también lógica la respuesta: creo que tiene mucho más valor del que, aparentemente, pueda suponerse a primera vista.

   Creo que estarán de acuerdo conmigo que contando con los medios materiales precisos, es mucho más fácil importar un automóvil o un bien cualquiera, cuya utilización es sensiblemente igual, cualquiera que sean las condiciones de un país, que importar la organización política y administrativa, que importar el orden constitucional, que importar unas normas que desarrollen las libertades de la persona, o que importar una Administración de justicia.

   La organización político-administrativa y su desarrollo en leyes estará divorciada de la realidad y será como un traje estrecho que estallará al primer movimiento de la comunidad, si se establece sin tener en cuenta, en primer lugar, una serie de principios y, en segundo término, las características propias y especificas del pueblo para el que se establecen, sino tienen en cuenta la realidad y el sentir de los individuos y los factores históricos y sociológicos de la comunidad llamada a organizarse y a dotarse de sus normas esenciales de convivencia.

   Ejemplos tenemos vivos y bien presentes de cuanto estamos diciendo.

   Quiero con esto decir la importancia que le damos a la presencia de Vds. y la importancia que damos a las opiniones de Vds. que esperamos escuchar, porque además, esta es una magnifica ocasión que Vds. tienen de dialogar directamente con la Administración, de exponer directamente los problemas que se les presenten. Tendremos muchísimo gusto en oírles y en intentar ayudarlas. Nosotros en este momento, no podemos hacer otra cosa que señalar los principios.

   Yo no les voy a explicar a Vds. cual es el orden jurídico, ni las leyes, ni la organización político-administrativa de Guinea, Vds. la conocen mejor que yo. Nosotros, repito, sin prejuzgar ninguna solución, podemos ya, desde ahora, plantear los esquenas y problemas que son genéricos. Vds. nos pueden decir cual es la realidad, las necesidades de esa comunidad, los problemas específicos que se presentan en cada caso y juntos, podemos construir algo efectivo para dotar a la sociedad de instrumentos eficaces que sean garantía del bien común, garantía de la paz y de la seguridad de la comunidad. Además de estos temas que genéricamente hemos señalado, nos plantearemos también los que Vds. nos sugieran y nos detendremos especialmente en aquellos que a Vds. les  parezcan más importantes o que tengan una realidad más inmediata, más próxima.

   Si tienen Vds. algo que decir sobre este temario, antes de seguir adelante, yo les agradecería su opinión.

   Puesto que ninguno de Vds. tiene objeción a esta ordenación de principio, en el poco tiempo que nos queda, hace un momento nos recordaban que tendremos que salir dentro de cinco minutos, si a Vds. les parece, podemos empezar refiriéndonos de arriba a abajo, a este sistema de normas.

   Tenemos como ley básica fundamental la Ley 191/1963, de 20 de diciembre, que en la base 3ª dice que las Leyes de la nación, antes de su entrada en vigor en la Guinea Ecuatorial, serán examinadas por la Asamblea General, la que informará sobre la introducción y aplicación de aquellas, proponiendo en su caso al Gobierno las normas especiales de adaptación que se estimen necesarias. Hacemos especial hincapié en esto de las normas especiales de adaptación que se estimaran necesarias, porque son aquellas a que nos referíamos antes, que contemplan las peculiaridades específicas de una comunidad dentro del todo. En la Península tenemos ejemplos de ello. Así como el orden público y el derecho público tiene que ser para la totalidad de la comunidad nacional, el Derecho privado tiene que amoldarse más a las peculiaridades regionales. Tenemos el Código Civil, pero Cataluña tiene sus peculiaridades recogidas en la Compilación de Derecho especial; Aragón tiene también su Compilación y bien reciente y lo mismo Vizcaya, Galicia y Baleares.

   Según la base 9 de la citada Ley también le corresponde a la Asamblea,, elaborar por propia iniciativa o a propuesta del Consejo de Gobierno, normas jurídicas aplicables al ámbito territorial como complemento y desarrollo de las leyes.

   Antes, no se si de pasada, me parece haber dicho, porque así lo considero, que la construcción del sistema jurídico es, desde luego la principal función del Estado.

   El proceso de evolución graduado, de esa creación normativa se lleva a cabo precisamente configurando un orden jurídico. A los efectos que nos proponemos entendemos por orden jurídico el conjunto de normas, que contienen las soluciones todas que puedan presentarse en cualquier caso, porque eso es precisamente un Estado de derecho, aquel que prevé en normas de derecho la solución de los problemas que se presenten.

   Ese orden jurídico no se nos presenta como un sistema jerárquico en el que se parte de una norma fundamental, constitución, leyes fundamentales, y de las que mediante un proceso lógico, se van deduciendo las normas de carácter inferior, que aparecen delimitadas y se engarzan, a modo de cadena, en esa norma superior que es la Constitución. Esa norma superior, naturalmente es obvio que yo se lo diga a Vds., porque Vds. lo saben mejor que yo, tiene dos partes esenciales: una de estructuraciones de los órganos del Estado, de delimitación de las funciones y de las relaciones entre ellos. Ya decía antes que esto es muy peculiar de cada país y que debe amoldarse a la vida propia de la comunidad. Otra parte de esa norma constitucional desarrolla los derechos fundamentales de los individuos, esta norma por regla general es muy idéntica entre todos los países que tienen una mente como la nuestra, de los que estamos dialogando aquí. Este repertorio de derechos generalmente reconocido en estos países, como en el nuestro, en el que se da primacía no al Estado, sino a los valores esenciales de la persona humana: la dignidad, la libertad, la integridad, que son justamente los presupuestos de todos los derechos del — hombre y que deben ser guía de la actividad del Estado.

   No hace falta que se lo diga a Vds., porque Vds. lo conocen muy bien. En nuestros textos constitucionales esos derechos están reconocidos, pero de eso no nos interesa tratar ahora sino de la garantía del ejercicio de esos derechos en la legislación específica para cada comunidad y entonces es, cuando tenemos que prestar especial atención a la revisión, a la elaboración de esas normas, para aplicarlas a una comunidad determinada y a las particularidades que debe contener. Por ejemplo el Código Penal contiene la tutela de una serie de derechos y libertades, la tutela de los bienes Jurídicos que el Estado considera dignos de protección, también en el Código Penal existen valores que pudiéramos decir que son permanentes y generales para todos los países. Siempre se garantiza la vida o la libertad; pero además contiene una serie de normas específicas de cada comunidad, y, no sólo amoldables a cada comunidad sino que incluso tienen que ser diferentes en cada momento histórico.

   Por ejemplo, en el caso concreto del Código Penal, la Asamblea ha recibido íntegro el vigente Código Penal. Habrá que examinar las peculiaridades de la comunidad guineana para ver si procede amoldar en algún aspecto el Código a esas específicas necesidades. Ciertamente ello exige no sólo un equipo técnico de penalistas y criminalistas sino también conocer esas peculiaridades. En íntima relación con esta cuestión de que estamos hablando deseamos plantearnos el problema de la creación de una administración penitenciaria propiamente dicha; habrá que pensar -sea cual fuere el resultado de esta Conferencia- en la organización y funcionamiento de un servicio penitenciario, que no se limite a custodiar y guardar al condenado, sino que cumpla una función de reeducación del delincuente y que procure incorporar al delincuente en la sociedad.

   Lo que hemos dicho, respecto del Código Penal, podemos hacerlo extensivo a los demás Códigos, al Código Civil, al Código de Comercio, etc., etc. y, si cabe con mucha -mayor atención, a todas aquéllas normas que regulan el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, una Ley de. Prensa que regule el ejercicio de la libertad de expresión, una Ley de Asociaciones que regule el ejercicio de la. Libertad de reunión, una Ley que regule el ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa, no sólo de los individuos, sino de los grupos, de las asociaciones; y así, podríamos seguir citando todo un complejo normativo que es necesario para necesario para el normal desarrollo de un orden de derecho en una comunidad determinada.

   Todo el proceso de elaboración y de adaptación en su caso tenemos que plantearlo aquí en esta primera fase para que Vds. puedan sugerir y plantear problemas. Vds. tienen ahora la ocasión de presentar estos problemas y todos los demás de orden jurídico ante nosotros y, juntos, intentar ver cual es el mejor camino para resolverlos.

   Yo podría seguir hablando a Vds. del orden jurídico general, pero preferiría, en estos pocos minutos que nos quedan, hacerles una invitación, como la que les hice hace un momento, para que Vds. nos digan si tienen un especial interés en un determinado tema jurídico o nos hagan cualquier sugerencia que de antemano, les aseguro, será bien acogida.

   La disertación del Señor Presidente fue seguida con gran interés por los asistentes y como ninguno pidió hacer uso de la palabra, el Señor Presidente levanta la sesión a las dieciocho horas cincuenta minutos. 

   Don Luis Martínez-Agulló y Sanchis, secretario de la Comisión Jurídico-Administrativa, doy fe de cuanto antecede. Madrid, fecha ut supra.

   [Va la firma]