HISTORIA DE GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 61. LOS OLVIDADOS DE GUINEA O UN CASO DE COBARDÍA HISTÓRICA. 

Los  verdaderas olvidadas de Guinea Ecuatorial son los 7.000 españoles que tenían intereses durante la época colonial y que pagaron los desaciertos de la política española con la pérdida de sus bienes. Desde 1968 insisten en que alguien les debe indemnizar, pero sus voces no son escuchadas.

No es fácil calcular veinte años después el valor de una plantación,  de un comercio, una panadería o una consulta médica. Según la Comunidad de Españoles con Intereses en África (CEIA), el total de propiedades en 1968, con alrededor de medio millar de empresas, suponía unos once mil millones de pesetas, repartido en diversas plantaciones,  entre las que destacaban 32.000 hectáreas de cacaotales, 9.300 de cafetales, 6.200 de palmerales, 1.500 de banano, 12.000 de bosques, otros cientos en granjas, pastos y otros cultivos, 1.400.000 metros cuadrados en solares y unos 320.000 metros cuadrados en edificios. En este estudio no se incluían las propiedades de la aristocracia.

Apenas derrocado Macías, cuando España regresó a Guinea, se inició la cooperación, se restablecieron unas relaciones más o menos normales y se pensaba acometer el tema de los intereses españoles una vez resueltos los problemas más vitales y angustiosos. "Cuando Guinea haya solucionado sus problemas básicos y la situación lo aconseje, España empezará a tratar el asunto de las propiedades de los españoles en Guinea", declaraba en septiembre de 1979 Nabor M. García de la Dirección General de Política Económica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces se valoraban en unos 50.000 millones de pesetas los intereses económicos de los españoles en Guinea Ecuatorial, que incluían desde enormes propiedades de familias como la duque del Infantado, el marqués de Comillas, el conde de Ampudias o los Carrero Blanco, hasta los de muchos asalariados o profesionales que se ganaban la vida en la colonia española.

Sin duda, estaban en mejor situación quienes habían aguantado los once años de dictadura de Macías, como los poderosos Mallo o los Mora o la constructora ESGA, propiedad de Pedro Escuder, Gregorio Galiana y Francisco Castrillón.

En total no eran más de 300, pero muchos se encontraban ya demasiado mayores, sin fuerzas para volver a recuperar sus bienes y sólo pretendían recibir alguna indemnización. El problema jurídico es que nadie les había obligado formalmente a salir de Guinea, aunque está claro que no les quedó otra posibilidad -la misma Embajada se lo ordenó en 1969- y que hasta bastante después del golpe de 1979 no fueron desposeídos legalmente de sus bienes.

Obiang anunció que los antiguos propietarios podrían volver para recuperar sus bienes. Quienes se animaron a hacerlo sufrieron mil contratiempos. Aunque legalmente seguían siendo dueños de sus propiedades, se encontraron con que en ellas había unos "inqui1inos" a quienes no podían echar, por ser militares, pertenecer al clan de Mongomo, o simplemente por estar bien relacionados. Incluso el mismo presidente Obiang se quedó con algunas fincas de cacao, aunque la familia Muñoz y Gala trató de recuperarlas.

En mayo de 1984 se transfiere la titularidad de las fincas al Estado y este las cede a quienes las ocupan. Obiang, como presidente, se vende algunas propiedades a sí mismo. Otras se las cede a su hijo Teadorín, entonces alumno de un liceo en Francia. "Todas las propiedades de los blancos son ahora nuestras", se permitió decir Obiang por radio, aunque utilizando la lengua fang. Algunos guineanos, favorecidos por la operación, decidieron arrendar sus propiedades a empresarios franceses, casi todos afincados en África. Esta gente permaneció poco tiempo en Malabo, lo justo para comprobar que faltaba infraestructura, mano de obra y que muchas de las fincas estaban ocupadas por otros guineanos distintos de quienes se las querían alquilar y que se negaban a salir de ellas.

El ex-ministro Emiliano Buale Borikó, con gran, experiencia en el área agrícola, manifestó en enero de 1988 que "entre los actos delictivos que viene protagonizando últimamente el régimen de Obiang, podemos señalar la enajenación y venta de las propiedades rústicas y urbanas de súbditos españoles que, por expulsión de Macías, tuvieron que abandonar el país en 1969". Según el político bubi, las resoluciones ministeriales publicadas el 31 de enero de 1985 contradecían a la Constitución guineana, que garantizaba el derecho a la propiedad privada, y eran una "flagrante violación" de ciertos acuerdos, como el Tratado de Amistad y Cooperación con España de 1980.

Buale ha recopilado las principales enajenaciones, y así se ve que fincas e inmuebles de diversos propietarios españoles fueron adjudicadas, por cantidades ridícula (además pagadas en muchas ocasiones con créditos del Guinextebank que no fueron devueltos) a personas como Isidoro Eyí Mónsuy, ministro del Interior, o a otros destacados miembros del círculo presidencial, como Benjamín Edjang Mnague, Miguel Oyono Ndong, Ángel Alogo Nchama, Juan Oló Mbá, Martín Nká Esono, Vicente Ondó Obono, Luciano Edjang Mbó, Julio Ndong Ela, Marcelino Nguema Ongueme o Felipe Ovono Meñana. Para Emiliano Buale, estas decisiones "constituyen una prueba evidente de la irresponsabilidad del Gobierno de Guinea". No sólo denunciaba el hecho de la "enajenación y venta fraudulenta de unas propiedades", sino que también criticaba el que el otro Estado afectado no se hubiera sentido perjudicado y que no se hubiera producido "una reacción de protesta formal del Gobierna español".

Como ejemplo también se puede señalar que el 3 de abril de 1985 apareció en el Boletín Oficial del Estado un decreto por el que se vendía la finca "Caifer", de 150 hectáreas, situada en las cercanías del aeropuerto de Malabo, a Teodoro Obiang Nguema, por un importe equivalente a 140.000 pesetas.

Los ex colonos españoles no han renunciado a su exigencia de recibir indemnizaciones. En marzo de 1987, los españoles cuyos bienes fueron expropiados en Guinea Ecuatorial decidieron recurrir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional. Los miembros de CEIA van viendo con rabia e impotencia como cada vez son menos. Unos se han ido cansando, otros pocos regresaron a Guinea  y recuperaron parte de sus bienes y los más ancianos se van muriendo sin recibir ninguna compensación.

En  junio  de 1987 el Tribunal Supremo falló en favor del Estado y contra un empresario que reclamaba una indemnización por la pérdida de sus propiedades en Guinea Ecuatorial. Industrial Agrícola Africana S.A. pidió al Estado español una indemnización por "el valor intrínseco de la detracción patrimonial que ha sufrido como consecuencia de la pérdida de sus propiedades, bienes y derechos, y por la interrupción de sus actividades comerciales, profesionales e industriales en la República de Guinea Ecuatorial". Los propietarios de la empresa argumentaban que habían quedado en situación de indefensión diplomática al serle concedida la independencia a Guinea Ecuatorial, en 1968.

El presidente de CEIA, Carlos Fleitas, se lamentaba en agosto de 1987, en Diario—16, que "desde Carrero Blanco a Felipe González ningún jefe de Gobierno nos ha recibido. No queremos buenas palabras, sino simplemente que se nos escuche". El doctor Armando Ligero Morote, que se dejó los 23 años mejores de su vida en el ejercicio de la medicina, pedía lo mismo en enero de 1988, que se les escuchara y se les diera el mismo trato concedido a quienes abandonaron el Sahara, Ifni o Marruecos. Los damnificados por la pérdida de sus propiedades en Guinea siempre se han lamentado de que España no ha realizado ninguna presión para que Guinea les indemnice, al contrario de lo hecho en Cuba o Marruecos. "Lo que está haciendo el Gobierno español con nosotros es un caso de cobardía histórica", manifestaba Fleitas a finales de 1987.

Los antiguos residentes en Guinea solicitaron al Consejo de Ministros, en diciembre de ese año, que se les concediera el mismo trato que a los españoles repatriados del Sahara en noviembre de 1975, basándose en el artículo 14 de la Constitución que consagra el principio de la igualdad de los españoles ante la ley. Los damnificados de Guinea recordaban que lo único que les habían dado, en 1980, fueron 300.000 pesetas por pérdida de ajuar y una ayuda de 25.000 pesetas por año de trabajo. Los desalojados del Sahara recibieron 100.000 pesetas de ayuda para gastos de desplazamiento y se destinaron 2.00O millones de pesetas en indemnizaciones por los bienes que tuvieran que dejar abandonados.

Los votos del PSOE impidieron, el 13 de abril de 1988, en el Pleno del Senado la aprobación de una moción que instaba al Gobierno a nombrar una Comisión Interministerial para reunirse con los perjudicados por la descolonización de Guinea Ecuatorial. En la moción, presentada por Coalición Popular y que conté con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, se justificaba la conveniencia de que una comisión integrada por representantes de los ministerios de Relaciones con las Cortes, Economía y Hacienda y Asuntos Exteriores se reuniera con los representantes de los perjudicados por la descolonización de los antiguos territorios de españoles en Guinea Ecuatorial. El senador socialista Rafael Estrella justificó el voto contrario de su partido debido a la existencia de sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que niegan a los afectados el derecho a ninguna indemnización.

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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