HISTORIA DE GUINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 59.GUINEA NO QUIERE EL CIERRE DEL GUINEXTEBANK.

Los guineanos no ocultaban su deseo de que el Gobierno de Madrid mantuviera la presencia del Banco Exterior de España en su país, contrario al de las autoridades de la entidad bancaria y de los altos funcionarios de la economía española. El abandono por parte de España de este sector se consideraba en el país africano como un nuevo paso en la cesión de responsabilidades en manos de instituciones francesas.

El ministro de Asuntos Exteriores guineano, Marcelino Nguema Onguene, dijo a EFE a finales de noviembre que el Gobierno de Malabo no aceptaba la decisión de liquidación del Guinextebank sugerida por la parte española hasta que no hubiera un pronunciamiento oficial del Gobierno español, debido a que el banco se había creado como uno de los organismos de la cooperación económica entre los dos países.

"Nosotros pensamos que el Guinextebank puede y debe ser reflotado", decía Hinestrosa, quien pedía que aquella situación de incertidumbre no se prolongara por el perjuicio que estaba causando a la economía guineana. El ministro de Finanzas afirmaba que Guinea tenía "la mejor disposición", pero que su país estaba "decepcionado" por las promesas incumplidas por España. Concretamente, en ese momento el ministro se refirió al abandono de los proyectos de construir unos depósitos de combustible en Luba para el abastecimiento de las flotas pesqueras y un centro de enseñanza media en Malabo como compensación por la cesión del edificio para el Centro Cultural Hispano—guineano, además del reflotamiento del Guinextebank. Hinestrosa recordó también que Felipe González había prometido, ya varios años antes, viajar a Guinea y "no sabemos por qué no viene" y que España había suspendido la visita del primer ministro guineano, Cristina Seriche, a Madrid.

En el Ministerio español de Asuntos Exteriores pensaban también que debía hacerse lo posible para reflotar el Guinextebank. "No se puede hacer una cooperación del nivel de la que tenemos en Guinea si las instituciones financieras están en manos de otro país", comentaban los altos cargos de Exteriores relacionados con los problemas guineanos. "No hay más que ver que los franceses siempre operan con un banco próximo. Deberíamos hacer lo mismo. Es necesario contar con una institución financiera que, con criterios comerciales, pues no tiene porque perder dinero, participe de una misma voluntad política", añadían los "africanistas".

Quien seguía criticando la labor de la cooperación era Luis de la Rasilla. A raíz de las declaraciones de Martínez Cortiña, el ex-director del programa de la UNED en Guinea se preguntaba quién había obligado al BEE a formar parte del Guinextebak, por razones políticas, y había aceptado la presión de la pistola encima de la mesa. Entre otras cuestiones, pedía los nombres de las personas que se han enriquecido a costa "del sufrido pueblo guineano" y terminaba su serie de interrogantes, planteadas en un artículo aparecido en ABC el 6 de noviembre: "¿Cómo han podido los responsables de la cooperación mantener, y seguir haciéndolo -me remito a las declaraciones del señor Yáñez en su última rueda de prensa—, que la Asistencia Técnica a Guinea Ecuatorial va bien, cuando es tan palpable el rotundo fracaso de un instrumento tan importante de la misma como es la operación del Guinextebank?".

Las autoridades españolas no habían resuelto la polémica entre los "políticos" de Exteriores y los "económicos" de Hacienda y el BEE. El director de la OCGE, Fernando Riquelme, había declarado, en noviembre de 1987, que era necesario mantener una entidad financiera española en Guinea. Unos días después, el secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Luis Yáñez, dijo que Felipe González era partidario de buscar una solución alternativa al contencioso planteado en el Guinextebank, tras el anuncio del Banco Exterior de liquidar su participación en la entidad bancaria. "El presidente -dijo Yánez- opina que debe haber un instrumento bancario español en Guinea".

A finales del año 1987, Guinea Ecuatorial firmó un acuerdo de pesca con la CEE, que sustituía al que antes había establecido con España, para que 59 atuneros, en su mayoría españoles, faenaran en sus aguas territoriales hasta capturar 9.000 toneladas anuales, con la posibilidad de aumentar estas cantidades. El Gobierno guineano recibiría a cambio 1.105.000 ecus (148,5 millones de pesetas), además de los cánones que le debían entregar los armadores. Otra contrapartida del acuerdo pesquero concedía a Guinea una participación comunitaria de 2,7 millones de pesetas en un programa de desarrollo y diez becas de cuatro años de duración.

Según estudios realizados por expertos franceses, el potencial de producción pesquera de Guinea Ecuatorial es de 30.000 toneladas de capturas por año.

La OPEP concedió a Guinea Ecuatorial, en diciembre de 1987, un crédito de un millón de dólares (115 millones de pesetas) para apoyo de su balanza de pagos. Este crédito del Fondo de la OPEP para el desarrollo industrial debía destinarse a la importación de bienes de equipo para la producción agrícola e industrial, así como a la importación de productos alimentarios y de consumo. El interés del crédito, según informó la OPEP en Viena, era de un tres par ciento anual, más un uno por ciento por el servicio, con un plazo de reembolso de 8 años, incluido un periodo de gracia de tres años.

En medios gubernamentales guineanos se seguía acusando a España de actuar de forma "poco clara", pues la crisis del Guinextebank duraba ya dos años y todavía no había respuestas precisas.

El Consejo de Administración del Guinextebank decidió la retirada pactada del Banco Exterior de España de la entidad, durante una reunión que se celebró en Malabo los días 31 de enero y 1 de febrero, mediante la venta al Estado guineano de su participación del 50 % por un precio simbólico, según decía una información de EFE. Claro que no se podía pedir mucho por la venta de una institución cargada de deudas. Sin embargo, aquellas conclusiones no se firmaron, a la espera de la autorización del Gobierno español.

En la reunión se acordó que, tras la retirada del BEE, la entidad española seguiría garantizando la asistencia técnica y el personal cualificado necesario (cuatro empleados) para que el Guinextebank pudiera seguir funcionando durante un mínimo de dos años. Este pacto sería válido si el Gobierno español aprobaba la concesión de un crédito extraordinario para financiar el "agujero" que tenía el Guinextebank. De este modo, se decía en Malabo, se evitaba el trauma que podía suponer la salida brusca del BEE. En aquella reunión se estudió también la posibilidad de que una entidad privada española llenara el hueco que podría dejar el BEE.

José Luis Mora Mallo, director general del BEE y vicepresidente del Guinextehank no ocultaba el firme deseo del Exterior de abandonar la entidad mixta porque "no es viable". Mora pensaba que aquel acuerdo era el mejor posible para finalizar aquella situación, en cuyo caso el BEE se comprometía a otorgar un crédito a Guinea de 200 millones de pesetas. El BEE aprobó la venta simbólica de sus 5.000 acciones al estado guineano.

Finalmente, el Consejo de Ministros de España celebrado el 26 de febrero aprobó la concesión de un crédito FAD de 1.400 millones de pesetas a Guinea Ecuatorial para cubrir el déficit del Guinextebank y desbloquear así la situación, poniendo punto final a la participación española en el banco mixto.

"Valoramos muy positivamente la actitud del Gobierno español de aportar los recursos necesarios para reflotar el Guinextebank, y esperamos que España, una vez solucionado este tema, seguirá apoyando para que haya una cooperación financiera eficaz, conveniente para ambos países", dijo el ministro de Asuntos Exteriores guineano, Marcelino Nguema. En declaraciones a EFE, Nguema aprovechó para señalar que su país destinaba el 55 % de sus ingresos presupuestarios a pagar la deuda externa, en un mensaje dirigido a tranquilizar a los acreedores y organismos internacionales. El ministro anunció que su país acababa de preparar un plan macroeconómico trienal, para relanzar la economía, en el que se incluía una renegociación de la deuda, un programa de ajuste en colaboración con el FMI y otro de inversiones negociado con el Banco Mundial para cinco años que pensaban lanzar en una gran conferencia de donantes, a principios de 1989, parecida a la organizada en 1982.

El mismo Miguel Boyer, presidente del BEE, quiso puntualizar-una serie de informaciones aparecidas en la prensa sobre el Guinextebank. En una carta, que envió al diario El País a mediados de marzo, precisaba que la auditoría de Price Waterhouse, solicitada por la parte guineana, anotaba que "la dirección, compartida al 50 % entre representantes del Gobierno ecuatoguineano y el Banco Exterior, ha dificultado la gestión del banco y la toma de decisiones, resultando un vacío de autoridad. El Gobierno ecuatoguineano, aparentemente, permitió o no tomó medidas para evitar que sus representantes en el banco aprobaran o eventualmente ejercieran presión para que se aprobaran operaciones crediticias totalmente alejadas de una política bancaria ortodoxa, especialmente aquellas otorgadas tanto a acreditados particulares como a funcionarios, sus familiares y/o empresas con ellos vinculadas".

Boyer resaltaba que en ocasiones no se pudo castigar a los empleados corruptos -aunque según la auditoría "existen frecuentes casos de fraudes detectados efectuados por los empleados"- debido a "injerencias de la dirección guineana", que seguía "criterios no profesionales para la selección, formación y promoción del personal".

El BEE había planteado su retirada del Guinextebank - decía Boyer - no por que estuviera en situación de pérdida, sino debido "a la convicción de que opera en un ambiente de desorden difícilmente remediable, y porque el BEE no puede seguir contemplando prácticas bancarias mediatizadas por presiones políticas guineanas, como las señaladas en las auditorías".

Una de las instituciones creadas tras el ingreso en la UDEAC, el Comité Monetario de Guinea Ecuatorial, reunido a primeros de mayo de 1988, anunció que el Gobierno se había propuesto alcanzar las 9.000 toneladas de cacao en la próxima campaña, muy lejos de las 40.000 de la época de la colonia, aunque el doble de las exportadas a finales de los 70 y principios de los 80. Según manifestó Felipe Hinestrosa, el ministro de Finanzas, la economía guineana experimentó un gran avance en la primera mitad de 1988, debido especialmente a la mejora de los resultados del sector forestal, con un 474 % de avance en volumen y un 438 % en valor. Aseguró que en la campaña 87/88 se había logrado producir 7.800 toneladas de cacao. El único problema es que los precios del cacao estaban bajando a unos niveles nunca vistos. La tonelada perdió en febrero de 1988 hasta 47 libras esterlinas y la Organización Internacional del Cacao (ICCO) no hace más que recomendar a los países que reduzcan sus producciones.

Prueba de que la situación económica seguía siendo crítica era que la población guineana seguía marchándose a los países vecinos. Más de 500 extranjeros indocumentados, la mayoría guineanos, fueron expulsados de Gabón durante los meses de mayo y junio de 1988. Las autoridades gabonesas dieron la voz de alarma debido a que en los primeros meses de 1988, cuando en el país se sufrían también graves dificultades económicas debidas fundamentalmente al descenso de los precios del petróleo, había en Libreville dos trabajadores extranjeros por cada cinco gaboneses. Según un censo oficial realizado en el último semestre de 1987 la comunidad extranjera más numerosa era la guineana, formada por 18.945 individuos. En realidad, había muchos más en condiciones ilegales en un país que sólo tiene un millón de habitantes.

Una misión del FMI permaneció unos días en Malabo, a finales de abril, para diseñar el plan de desarrollo trazado por las autoridades ecuatoguineanas, con el asesoramiento de los expertos franceses.

Sin embargo, Hinestrasa sabía que los datos que él manejaba eran un espejismo. Durante el verano de 1988 se produjo el abandono de España del Guinextebank, cuestión que unida a la desaparición del Banco de Crédito y Desarrollo motivó la culminación de la crisis bancaria guineana. En septiembre el presidente Obiang decidió destituir a Hinestrosa, debido a la compleja situación económica que vivía el país y al deterioro irreparable de las relaciones económicas con España, y lo sustituyó por Antonio Fernando Nvé, un profesor mercantil. Hinestrosa, muy relacionado con España, había fracasado en su misión de intentar que se mantuviera la presencia del BEE en el Guinextebank.

Aunque Antonio Fernando Nvé se formó en España durante la dictadura de Macías, en ese momento era un hombre mucho más apropiado para dirigir la Economía guineana, pues acababa de pasar dos años en París para familiarizarse con el sistema financiero francés.

Cuando a mediados de septiembre Martínez Cortiña compareció ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, en su calidad de consejero delegado del Banco Exterior de España, reiteró que la entidad financiera jamás quiso participar en el proyecto del Guinextebank y si lo hizo fue obligada por el Gobierno. Dijo que las cosas se habían hecho mal desde el principio al aceptarse una participación española de sólo el 50 % -cuando los guineanos utilizaron la pistola para convencer a los españoles- y que la gestión del Guinextebank no se ajustó nunca a criterios comerciales y que se concedieron créditos sin ninguna garantía. La puntilla fue la entrada en Guinea del Banco Internacional del África Occidental (BIAO), relacionado con la UDEAC y con Francia.

Los grupos políticos españoles de la oposición, según apuntaba ABC, consideraban que aquellos hechos supusieran un abandono financiero de los españoles residentes en Guinea y una contradicción con las declaraciones gubernamentales fomentando la participación privada en Guinea.

Por otra parte, los guineanos siempre han insistido en que los responsables máximos del Guinextebank eran españoles y Obiang resaltó a finales da noviembre de 1988, tras manifestar que muchos extranjeros se han enriquecido a costa de Guinea, que los 680 clientes guineanos del banco suman una deuda de 640 millones de pesetas, mientas que 80 extranjeros (casi todos españoles) deben unos 1.400 millones de pesetas.

Una muestra de que en verano de 1988 España contaba muy poco en la economía guineana y, también, de la manera que tiene Francia de actuar conjuntamente con los países bajo su estera de influencia, fue la reunión mantenida a mediados de septiembre en París de los 14 ministros de Economía de los países africanos integrados en la zona del franco, en la que ya está incluida Guinea Ecuatorial. En esa reunión, preparatoria de la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que se celebró a finales de septiembre en Berlín, Francia prometió hacer de valedor para que los países africanos vieran mejorada su situación económica, muy deteriorada por los 200.000 millones de dólares de deuda externa y la gran caída del precio de las materias primas.

 

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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