Capítulo 58. UN BANCO CON AGUJERO. 

El hecho de no haber enviado una unidad militar que garantizara la seguridad de Obiang y sentara el principio de autoridad en el país africano fue la causa fundamental de que el Gobierno español no se atreviera a respaldar la moneda guineana. Esto, unido a la incapacidad de los dirigentes de la cooperación, la falta de facilidades de la Administración guineana y la corrupción existente, motivó que tras unos meses de euforia por la caída de Macías la población cayera de nuevo en un estado de fatalismo. Aunque la economía guineana empiece a recuperarse, harán falta decenios para alcanzar la renta per cepita de 1968, de unos 350 dólares anuales, pues en 1987 seguía en 260 dólares. Si los guineanos no hubieran sufrido la locura de Macías, la población podría disfrutar de una renta de 600 dólares anuales.

Los guineanos de a pie veían cómo iban pasando los años y apenas mejoraba la situación. En 1983 incluso se produjo un retroceso. Mientras el cambio oficial seguía establecido en 2 bikuele por cada peseta, en el mercado negro la moneda española se cotizaba hasta en 20 o 25 bikuele. La economía estaba completamente distorsionada y se daban las paradojas que suelen aparecer en situaciones disparatadas con gran inflación. Un capataz guineano se dedicaba a alquilar unas gafas de sol entre los estibadores en 500 bikuele por día, cuando a él le habían costado 6.000 bikuele. La moneda iba poco a poco perdiendo valor y en muchos lugares se regresó al trueque. Esta situación afectaba también a los intentos de acercarse a los niveles productivos de la época colonial.

Sin embargo, a pesar de que toda la población se dedicaba a la especulación, unos alquilando gafas de sol y otros disponiendo de licencias de importación, se logró incrementar la producción de madera, hasta unos 120.000 metros cúbicos en 1985 y 140.000 metros cúbicos en 1986. Esta actividad aportó el 50 % de los ingresos por exportaciones del país ese año, a costa de ocasionar un grave deterioro ambiental en Guinea por la explotación irracional del bosque. Por otra parte, la producción de cacao no superaba las 6.000 toneladas por año.

El ingreso de Guinea Ecuatorial en la UDEAC supuso un cambio radical en la estructura económica del país. Por ejemplo, poco a poco España dejó de ser el proveedor principal y las importaciones comenzaron a llegar de Francia y los países de la zona. Pero lo que primero notaron los guineanos fue, a principios de 1985, el cambio del signo monetario. Guinea pasó a contar con la misma unidad monetaria de los países vecinos, sólidamente respaldada por el franco francés, mientras se iniciaba un proceso de reestructuración de los organismos institucionales, ordenación de la política monetaria y reducción de los desequilibrios financieros.

Sin embargo, al producirse la adhesión a una administración financiera estructurada y muy poderosa, Guinea ya no pudo manejar su tasa de cambio, tuvo que acomodar su política monetaria a decisiones que se tomaban conjuntamente con los otros socios y se hizo mas difícil utilizar el recurso de modificar parámetros concretos para reducir desequilibrios internos. De alguna manera, Guinea tuvo que aceptar una "neocolonización" y someterse a un control de sus vecinos más estricto que el que podían haber ejercido los tres asesores ejecutivos que pretendía imponer España en 1982 para respaldar el ekuele.

A cambio de esta pérdida de control de su propia administración, por otra parte inoperante y corrupta, las autoridades francófonas hicieron una gran esfuerza para tratar de reestructurar la política económica y especialmente se logró una ordenación de la política fiscal y un mejor manejo de la gestión presupuestaria. A pesar de la corrupción y el desorden imperante, para los franceses el caso guineano no ofrecía demasiadas dificultades debido a su gran infraestructura de cooperación en África.

Por otra parte, gracias a las ayudas y préstamos recibidos desde 1979, la deuda externa, prácticamente inexistente al final del mandato de Macías, rondaba en 1988 los 130 millones de dólares, según cálculos del PNUD. Como el PIB de Guinea era de 86 millones de dólares, la antigua colonia española tenía una de las relaciones deuda/PIB más altas del mundo y está obligada a pagar, sólo en concepto de intereses, unos 6 millones de dólares anuales, cosa que desequilibra profundamente su balanza de pagos. Guinea necesita incrementar sus exportaciones, aunque esto no le suponga un aumento de la riqueza pues deberá, emplear sus ingresos para pagar la deuda externa. Guinea necesitaría más de seis años para pagar la deuda si dedicara a este fin el total de sus ingresos por exportaciones.

La fuga de cerebros, por razones políticas o económicas, complica los esfuerzos para mejorar la situación. También hay que tener en cuenta la falta de motivaciones entre la población guineana para trabajar y la costumbre ancestral entre los fang de disponer de la tierra que dominan y ejercer el derecho de propiedad sobre lo que conquistan, sin tener la capacidad de planificar el futuro, y el sometimiento resignado de los bubis incapaces de rebelarse o tomar decisiones, acostumbrados a obedecer sin protestar.

La renegociación de la deuda en el Club de París, tras el ingreso de Guinea en la UDEAC, en julio de 1985, y las rígidas medidas de choque impuestas por el FMI, aunque sólo se cumplieron en una mínima parte, han logrado ciertas mejoras en la situación económica del país. Por ejemplo la elevación de los precios del combustible ha permitido financiar el déficit del presupuesto. También se han producido desajustes debido a la fragilidad de las estructuras guineanas. Por ejemplo, a finales de 1986 aumentó en exceso el crédito al sector privado y esto motivó una crisis de circulante y una sobreoferta de productos que nadie compraba. No se respetó el nivel aconsejable de reservas bancarias y se produjo un pánico financiera, con la consiguiente salida de capitales facilitado por la falta de control en la concesión de créditos, situación en la que tuvo mucho que ver el Guinextebank que sufrió una quiebra técnica por actuar guiándose más por intereses políticos que comerciales.

El esfuerzo fundamental de los técnicos franceses se ha orientado hacia la creación de una cierta infraestructura que permita la llegada de empresarios privados que pongan en marcha la actividad económica. Una vez organizado el sector financiero, los franceses han ido controlando los servicios, como las comunicaciones, la energía, puertos y aeropuertos, y las actividades productivas, como el sector maderero, la minería y los hidrocarburos.

De hecho, sin tener el cuenta el peso de la deuda externa, Guinea logró en 1985 un saldo positivo del presupuesto nacional, de 558 millones de francos CFA, muestra del esfuerzo realizado para establecer un equilibrio presupuestario.

Como se puede deducir con estas pinceladas, la situación no tiene nada que ver con los planes que trazó Juan Velarde Fuertes en 1979 y 1980. En una largo artículo, publicado en Ya en noviembre de 1979, el economista enumeraba algunos de los beneficios, meramente económicos, que podría recibir España si mantenía su influencia en Guinea. Aseguraba que la economía de Guinea Ecuatorial podía experimentar "un alza incontenible a partir de 1982, una vez restablecida de todos los desarreglos de una política económica caótica que duró once años". Un año después, Velarde Fuertes seguía mostrándose esperanzado por el resurgir de Guinea y "orgulloso" como español del cambio producido en la antigua colonia.

A fines de la década de los años 80 la situación era completamente diferente. España había ido abandonando, poco a poco primero y en forma más clara desde 1985, sus proyectos guineanos. Una de las últimas crisis económicas fue la del Guinextebank, un banco mixto al 50 % entre el Banco Exterior de España y el Estado guineano, creado en 1980 bajo el impulso del embajador Graullera. Según reconoció en noviembre de 1987 el vicepresidente del Banco Exterior de España (BEE), Rafael Martínez Cortina, cuando la delegación española estaba negociando con los guineanos la aportación de capital que correspondía a cada país se produjo un increíble incidente que entonces fue silenciado: "ellos querían un reparto del 50 % y 50 %. Nosotros nos negamos. Uno de los funcionarios guineanos extrajo una pistola y la depositó encima de la mesa. Acordamos un 50 % y un 50 %".

De esta forma nació el Guinextebank, con un capital social formado por diez mil acciones de cien dólares USA, suscritas y desembolsadas por los dos socios.

Con un principio tan poco ortodoxo el final no podía ser mejor. Desde mediados de 1986 el BEE dejó de cubrir el déficit de su filial guineana, mientras en España se iniciaba un largo proceso de discusiones. Por un lado, un sector capitaneado por Exteriores propugnaba el saneamiento del Guinextebank y por otra parte los directivos del BEE y de la Economía y Hacienda española opinaban que era mejor abandonar lo antes posible el país africano. El establecimiento en Malabo en 1985 del Banco Internacional del África Occidental (BIAO), "robando" algunas de las principales cuentas al Guinextebank, fue la puntilla. Aquello sirvió para que comenzaran a salir a la luz los asuntos turbios que habían permanecido ocultos.

Las autoridades españolas afirmaban que la crítica situación del banco se debía a la corrupción imperante en Guinea y a los condicionamientos políticos que primaban a la hora de conceder los créditos. Por su parte, los guineanos siempre han mantenido que, aunque la mayoría de los empleados del banco eran locales, los directores siempre fueron españoles.

La paralización de actividades del banco supuso de hecho un frenazo en la marcha de la economía. La decisión de no conceder más créditos causó serias dificultades a algunos cultivadores de cacao. Con el fin de presionar para que pagaran los deudores, el banco bloqueó las cuentas corrientes con el argumento de la falta de efectivo. Algunas instituciones importantes actuaron con ojo y sacaron sus fondos antes del colapso total y otras utilizaron su influencia para que se les pagara. Además, esta situación interrumpió las negociaciones del Gobierno de Guinea con el FMI para relanzar la economía del país. El Gobierno guineano se lamentaba de que en el otoño de 1986 el mismo Felipe González hubiera prometido al ministro de Finanzas, Felipe Hinestrosa, reflotar el Guinextebank con una transferencia de capital.

A finales de marzo de 1987 el ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Qrdóñez, dijo al presidente Obiang que España estaba dispuesta a dar una solución política al caso del Guinextebank, aunque indicó que su Gobierno no podía obligar a tomar decisiones a un banco. El ministro, en un viaje que realizó a Malabo, afirmó que no se reduciría el volumen de la cooperación en Guinea, porque "es un país de dimensiones manejables para España" y porque "es el único país africano de habla hispana".

Fernández Ordóñez aseguró en Malabo que el Gobierno iba a buscar soluciones para lograr un saneamiento del Guinextebank, "porque la situación es insostenible", y afirmó que los empresarios españoles en Guinea recibirían apoyo financiero. Según el político, era necesario encontrar fórmulas transitorias y flexibles para impedir que los empresarios españoles, que controlaban un 90 % de la economía del país africano, se vieran perjudicados y además se causaran daños innecesarios al Gobierno de Guinea. El ministro aseguró que estaba previsto la concesión de un crédito FAD de 70O millones de pesetas para sanear la situación del Guinextebank.

En aquella ocasión España utilizó Guinea como si realmente fuera su punta de lanza de penetración en el continente africano, pues el ministro presidió allí una reunión de siete embajadores de la zona y altos cargos de su Departamento. En esta reunión se comentó que podría emplearse la infraestructura de Guinea para formar cooperantes de camino a otros países africanos, donde España tenía previsto invertir unos 500 millones de dólares hasta 1991, con su participación en el Fondo Europeo del Desarrollo. Pero las cosas no estaban ya en Guinea como para pensar que podía ser un portaaviones español en África, pues la bandera que ondeaba en la popa de aquel barco era la tricolor francesa.

Los empresarios españoles en Guinea pidieron también al ministro que se restableciera la actividad del Guinextebank. Aseguraban que estaban en juego 80 empresas, con 250 empleados españoles y unos 3.000 guineanos, con una inversión consolidada de 2.500 millones de pesetas y un volumen de negocio de unos 10.00O millones anuales, y advertían que si no se reflotaba el Guinextebank verían hundirse sus empresas y esto  motivaría el colapso de la economía del país africano.

Apenas concluida la estancia de Fernández Ordóñez en Malabo, el presidente guineano pidió a los deudores de los bancos comerciales del país que pagaran sus compromisos para cooperar en la solución del conflicto. Según dijo Obiang, la crisis bancaria en Guinea estaba provocada "por ciertos agricultores que no quieren solventar las deudas contraídas con las instituciones financieras".

Felipe Hinestrosa manifestó que Guinea estaba perdiendo credibilidad "por la mala gestión del Guinextebank". Según dijo el ministro a EFE, "la quiebra técnica que sufre el Guinextebank ha paralizado nuestra economía, está asfixiando nuestro sistema económico exterior y amenaza con paralizar la economía interna del país", además de impedir que el Gobierno guineano cumpliera sus obligaciones de devolución de la deuda exterior. El ministro señalaba que el Banco Exterior de España tuvo mayores posibilidades que los guineanos para detectar una mala gestión del banco y evitar caer en una situación que fundamentalmente perjudica a Guinea Ecuatorial. Hinestrosa expresaba su deseo de que se realizara una auditoria independiente, pues no estaba satisfecho con el estudio efectuado por funcionarios del BEE enviados desde Madrid, que a finales de 1986 determinaron que el "agujero" era de unos 830 millones de pesetas. El Gobierno de Guinea afirmaba que era de 1400 millones.

El ministro guineano pidió a España la concesión de un crédito de 1300 millones de pesetas para sanear definitivamente la institución, reestructurar sus órganos directivos y facilitar incluso que el BEE se hiciera con la mayoría absoluta del capital.

1987 fue un año difícil para la economía guineana. La crisis del Guinextebank se sumaba al complejo proceso de ordenación de la Administración impuesto por Francia y dificultaba la obtención de nuevos créditos y ayudas dé organismos financieros multinacionales. Sin embargo, el Comité Monetario Nacional de Guinea Ecuatorial expresó su optimismo por una cierta evolución positiva de la economía, a mediados de mayo, al conseguir que se cumplieran sus previsiones, modestas por otra parte, de la campaña agrícola. Por ejemplo, estaban satisfechos de haber logrado producir 5.657 toneladas de cacao en la temporada 86/87, aunque, lamentablemente, los precios internacionales del cacao estaban muy bajos después de tres años de superproducción y elevados excedentes en el mundo.

Quizá contribuyó a este optimismo el anuncio de la concesión de un crédito de 5,1 millones de dólares a Guinea por el Banco Mundial para mejorar su sistema educativo en el nivel básico, en unas condiciones buenísimas para el país africano, con 10 años de gracia y 50 para devolverlo, prácticamente sin intereses. La UNESCO decidió aportar un millón de dólares adicionales. Puesto que la educación estaba en manos de España, la gestión de estos fondos, librados desde 1987 hasta 1991, recayó en los cooperantes españoles.

El FMI y el Banco Mundial, asombrados por aquellas muestras de optimismo, dieron un toque de atención a las autoridades guineanas. Según declaró a EFE un funcionario del Banco Mundial, "no  hay  condiciones en Guinea Ecuatorial para conceder nuevos créditos, ya que el Gobierno no ha cumplido el plan previsto". Los expertos de los organismos financieros observaban también con suma preocupación la situación del Guinextebank. A mediados de junio, el FMI presentó un ultimátum al Gobierno de Guinea Ecuatorial en el que condicionaba la concesión de ayudas a que se produjeran cambios drásticos en la política económica del país africano. El informe del FMI instaba al Gobierno de Obiang a adoptar medidas radicales en la contención del gasto público, entre las que destacaban la reducción de funcionarios en un 40 %, la eliminación de gastos suntuarios e incluso el cierre de algunas embajadas y la oposición de que se abrieran otras que estaban previstas, como por ejemplo una en Londres.

El informe del FMI establecía que los resultados económicos alcanzados a mediados de 1987 incumplían en un 45 % los objetivos fijados por el FMI y aceptados, a principios de año, por el Gobierno de Obiang Nguema. Según los datos del Fondo, en los primeros meses de 1987 se había producido un 20 % de reducción de los ingresos del Estado respecto al año anterior y un aumento del gasto público del 22 %. La misión del FMI que viajó a Guinea dijo al presidente Obiang que aquellos resultados contradecían de modo flagrante los objetivos fijadas, que preveían un aumento de los ingresos en un 22 % y una disminución del gasto público en un 18 %. El FMI también exigía que se clarificara la situación del Guinextebank, la titularidad de las propiedades cacaoteras, la actuación y situación jurídica del BIAO y las ideas del Gobierno sobre la privatización de empresas públicas, que se estaba realizando mediante la entrada de capital francés.

Obiang convocó a todos los funcionarios de la Administración que trabajaban en Malabo y les anunció que el Gobierno había decidido tomar medidas "de doble austeridad", para luchar contra la crisis económica. Les dijo que debía recortar sus ya escuálidos salarias, reducir plantillas, reforzar la lucha contra la corrupción y "confiscar los bienes de quienes se enriquecen ilícitamente", así como crear nuevos impuestos y actualizar el cobro de los servicios. El gobernante manifestó que buena parte de la responsabilidad de la crítica situación que sufría el país se debía al impago a los bancos de créditos concedidos a empresarios guineanos y extranjeros, así como a la incapacidad de ciertos guineanos que forman parte del Conseja de Administración del Guinextebank. Añadió que las ayudas del exterior se canalizaban mal por culpa de algunas altos funcionarios.

Mientras tanto, la empresa "Price Waterhouse" realizaba una segunda auditoria, tras la efectuada en octubre de 1986 por el BEE,  sobre  el estado del Guinextebank.

Emilio León Mayoral, director del Guinextebank, comentaba a mediados de junio que el banco se encontraba "en un estado prácticamente de no operatividad, aunque vamos recuperando créditos y así podemos atender a algunos clientes, en su mayoría pequeños ahorradores que desean retirar sus fondos. Lo que hemos hecho ha sido suprimir la concesión de nuevos créditos".

La falta de liquidez del banco había afectado especialmente a numerosos cuentacorrientistas y a unas pocas empresas españolas, como Iberia. Otras habían logrado sacar sus fondos, como la Embajada de los Estados Unidos, que presionó ante la Embajada española cuando el banco ya había bloqueado oficialmente sus operaciones. Antes, la decisión de la empresa guineana de petróleos creada tras al ingreso en la UDEAC, GETOTAL, que sustituyó a la que existía desde 1979, de retirar su cuenta del banco (unos 700 millones de pesetas en francos cfas) contribuyó en cierta medida al hundimiento y quiebra del Guinextebank. GETOTAL decidió en octubre de 1986 traspasar su cuenta al BIAO, que no actuaba como un banco normal y se limitaba a realizar grandes operaciones con enormes márgenes de seguridad.

Por cierto, el Estado guineano cuenta sólo con el 49 % del capital del BIAO. O los guineanos no sacaron una pistola en las negociaciones para el establecimiento de la entidad, o los franceses impusieron sus condiciones como jamás supo, quiso o pudo hacer España. El BIAO logró también fijar un periodo transitorio de asentamiento con una casi total exención fiscal, además de otras importantes ventajas.

Sin embargo, entonces se comentó de nuevo que el Gobierno español había decidido reflotar el Guinextebank con un crédito FAD. El ministro guineano de Economía y Finanzas, Felipe Hinestrosa, declaró el 25 de junio en Madrid que su colega español, Carlos Solchaga, le había comunicado que se había acordado conceder un crédito de 700 millones de pesetas al Gobierno de Guinea para solucionar la situación de "quiebra técnica" del Guinextebank. Según Hinestrosa, la única condición impuesta por España era el ingreso de un representante del Gobierno español en el Consejo de Administración del banco, cosa que Guinea había aceptado. El ministro guineano afirmó que, de esta forma, Felipe González había respondido positivamente a una solicitud que le había realizado el mismo Obiang Nguema mediante una carta. Al parecer, todo estaba dispuesto para que el Consejo de Ministros aprobara la concesión del crédito, pero de nuevo surgieron inconvenientes que atrasaron la entrega de la ayuda. Según los guineanos, Miguel Boyer, presidente del Exterior, que ya había expresado su desea de abandonar el Guinextebank en forma definitiva, influyó para que no se concediera el crédito previsto.

Prueba de las dificultades que se vivían en Malabo en el área económica es la decisión del presidente Obiang de destituir, en julio, a Feliciano Ntunu Nsá, director del Banco Nacional de Crédito y Desarrollo Económico, debido "a la incapacidad e inoperancia en la gestión de la institución financiera".

Durante el verano no se produjo ninguna novedad, hasta que el 13 de octubre Felipe Hinestrosa declaró que el Gobierno guineano estaba dispuesto a "liquidar el Guinextebank a fines de octubre si España no asume sus compromisos con el banco". En ese momento ya se sabía que "Price Waterhouse" había determinado en su auditoria que la deuda del banco superaba los 1.300 millones de pesetas. Claramente molesto por las demoras de España en dar una solución al problema, Hinestrosa declaró que acababa de participar en una reunión del FMI celebrada en Washington, donde Solchaga ni siquiera quiso reunirse con su colega guineano.

El 27 de octubre, en medio de la crisis desatada a consecuencia de la revelación de los casos de corrupción en la cooperación y la noticia del cese de algunos funcionarios españoles, El País informó que el Gobierno español había decidido la  paulatina  salida  del Banco Exterior de España de Guinea Ecuatorial. Los sectores económicos que defendían esta tesis con el argumento de que era "poco rentable" seguir en Guinea, especialmente debido a la creciente influencia de Francia en todas las esferas de la actividad, habían logrado imponer su criterio frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Las "fuentes económicas gubernamentales" que filtraron la noticia a El País afirmaban que debido a la existencia de un "agujero" próximo a los 1.300 millones de pesetas, la actividad del Guinextebank ya estaba reducida al mínimo y añadían que no sólo Miguel Boyer era partidario de salir de Guinea, sino que el anterior presidente del BEE, Francisco Fernández Ordeñes, opinaba lo mismo antes de ser nombrado ministro de Exteriores.

Hinestrosa respondió que "la última propuesta de Solchaga sobre el Guinextebank no presenta nada nuevo". Según el responsable de la Economía guineana, Solchaga había planteado una disyuntiva para resolver la crisis del banco: la liquidación definitiva del Guinextebank con asistencia española o que se constituyera un banco tripartito con participación de España, el BIAO y el Estado guineano. El director del BIAO, Jean Louis Chapuis, manifestaba a EFE que la propuesta de Solchaga "solo es viable si el Banco Exterior de España acepta ser minoritario y si nosotros nos hacemos cargo hasta el último detalle de la gerencia del banco". Según decía Chapuis, "nosotros ya propusimos a los españoles la creación de un banco tripartito en el que cada cual participara con un tercio del capital, pero cuya gestión recayera sobre nosotros". El funcionario galo reveló que Miguel Boyer sólo aceptaba participar en una operación de este tipo si el BEE quedaba en calidad de socio mayoritario.

El director del BIAO en Guinea comentaba que antes de instalarse en Malabo hicieron un estudio del Guinextebank y descubrieron que su situación en 1985 era "catastrófica, con un coeficiente de liquidez casi nulo, del 1%", por lo que, junto can la falta de respuesta de las autoridades españolas, decidieron establecerse en forma independiente. A finales de 1987, es decir menos de dos años después de empezar a operar en Guinea, el BIAO tenía unos 600 clientes, en su mayoría madereros españoles y cultivadores de cacao.

Un día después de las declaraciones de Hinestrosa, el 31 de octubre, regresó a Malabo el embajador español, Antonio Núñez, tras una estancia en Madrid de 40 días, y manifestó en el mismo aeropuerto que deseaba entrevistarse con el ministro guineano para conocer su respuesta a la carta que le había enviado Solchaga. Seguramente las autoridades guineanas no facilitaban la solución de los problemas, pero la ineficacia y las dilaciones de España denotaban una falta de interés y una desidia asombrosa.

Fue en ese momento cuando Martínez Cortina, vicepresidente del Banco Exterior de España, declaró que la entidad bancaria española "no se quedará" en Guinea "a no ser que sea obligada a hacerlo". Quería decir que si no había una imposición política deseaban abandonar el Guinextebank, "que tiene un agujero como una casa". El economista afirmaba que formar parte del banco mixto "fue una operación política, a la que fuimos obligados". Martínez Cortina explicaba que los guineanos deseaban que España concediera un crédito FAD, con un periodo de 30 a 40 años y un interés simbólico, para que se convirtiera en la  aportación guineana, y que el BEE diera la misma cantidad, para reflotar el banco. Según el vicepresidente del Exterior, que no veía clara la operación, la situación se complicaba debido a que "una parte del Gobierno  nos ha pedido que nos quedemos "y otra que nos vayamos".

Martines Cortina calificaba a Guinea como el segundo país más corrupto del mundo, después de Zaire. Señalaba que "de 92 empleados tuvimos que echar a 64 por corruptos", y que de los 5 presidentes que tuvo el Guinextebank desde 1980 tres acabaron en la cárcel y uno fue fusilado.

El economista explicaba que el "agujero" del Guinextebank se produjo por dos fenómenos. El primero fue la caída del precio del cacao y la madera y el segundo el mal funcionamiento de la Administración guineana. "Hay funcionarios importantes o empresas que piden un crédito y no lo pagan. La propia autoridad que viene a pedirlo te solicita, inmediatamente, que hay que hacer una provisión de fondos por la misma cantidad. ¿Cómo podemos tragarnos esas cosas?".

Según la auditoria de Price Waterhouse, buena parte de los créditos se habían concedido a familiares o a empresas relacionados con miembros del Gobierno guineano, por un valor total de 334 millones de pesetas, cantidad que en la auditoria realizada por el BEE se elevaba a 423 millones de pesetas, informaba Perfecto Conde en Interviú a mediados de noviembre de 1987. El periodista precisaba que los préstamos en favor de empresas propiedad de Teodoro Obiang ascendían a 65 millones de pesetas, y que el presidente tenía una cuenta en el Guinextebank de 47 millones de pesetas a plazo fijo, con un interés del 8 %. A continuación iba desgranando el rosario de millones prestados a la esposa de Obiang y a varios altos cargos, algunos caídos en desgracia. Las autoridades consideraban imposible cobrar los créditos, concedidos fundamentalmente por presiones sociales y políticas, en unos casos por la posición de los deudores, y en otros porque al haber sido cesados eran insolventes.

Pero no sólo había deudores guineanos. También era importante la lista de españoles que no devolvían sus créditos al Guinextebank. Perfecto Conde resaltaba que Francisco Roig Ballester, el propietario del grupo Suguisa, llevado a Guinea de la mano de Graullera, debía al banco 696 millones de pesetas el 31 de octubre de 1986, el 21 por ciento del total de la cartera de riesgo del Guinextebank, repartidos en créditos concedidos a sus empresas de comercio, alimentación, producción de cacao y madera.

Estaba claro el deseo de los dirigentes del BEE de abandonar Guinea como fuera, pero los guineanos trataban de impedirlo. Además, las auditorias habían señalado siempre que el control de la entidad estaba en manos de funcionarios españoles, por muchas presiones que pudieran sufrir. El caso es que todo esto influyó para que la economía guineana, de una extrema fragilidad, se resintiera todavía más, pese a la sustancial ayuda internacional y a la intervención del FMI.