HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

Capítulo 55. DESTITUIDOS ALTOS CARGOS DE LA COOPERACIÓN. 

Durante 1987 España fue abandonando la cooperación en algunas áreas, a medida que se cumplían programas concretos previstos en el Acuerdo Marco. Fernando Riquelme, director de la OCGE, prosiguió con el proceso de ordenación y reestructuración del departamento. Francia tomaba las riendas de la Seguridad y Defensa de Guinea Ecuatorial. España se esforzó durante ese año en incrementar su presencia en otros países africanos y en tratar de aprovechar las migajas que le dejaban Francia y otros países europeos en la tarta de la cooperación internacional.

El año no pudo empezar peor para la cooperación española en Guinea Ecuatorial. El 2 de enero se estrellaba el Aviocar C-212 T12-B-32 y aquel suceso se convirtió en el peor accidente protagonizado por españoles en la historia de nuestra presencia en Guinea.

Aunque el Ministerio de Defensa no publicó ningún informe del suceso, que costó la vida a 22 personas -11 guineanos y 11 españoles, incluidos los tres tripulantes-, según testimonios de los propios compañeros de la tripulación siniestrada y de testigos que presenciaron el accidente desde las "caracolas" de Bata, se debió a una concatenación de factores. En primer lugar hubo una parada del motor derecho, por un fallo mecánico, cuando el avión volaba a baja altura, porque había despegado poco antes y porque los pilotos hicieron una pasada por las "caracolas", donde el comandante de navío Pita da Veiga, representante de la Fuerza Naval en la cooperación militar española en Guinea, les estaba haciendo fotos. Además de todo esto, el avión iba posiblemente cargado al límite permitido, quizá sin que las maletas y bultos estuvieran bien colocados y amarrados.

El avión se estrelló contra un fondo rocoso a unos 150 metros de la costa, al norte de Bata, pereciendo en el acto todas las personas que iban a bordo, la mayoría religiosos y monjas al servicio de la cooperación. En el accidente murieron también la esposa y los cinco hijos de Pablo Obama, ministro de Comercio guineano.

Aquel suceso cerró un año especialmente trágico para los cooperantes españoles, plagado de enfermedades, accidentes y muertes, como la del religioso José Antonio Fernández Bolaños, ahogado cuando intentaba rescatar a una monja que no podía regresar a la playa por la fuerza de la resaca. Gran número de españoles sufrieron graves ataques de paludismo, enfermedad cada vez más difícil de combatir al haberse hecho resistente a determinados medicamentos basados en la quinina.

A pesar de haberse producido algunos recortes, Guinea seguía siendo el país que más ayuda recibía, alrededor del 25 % del presupuesto global español de 1987 para cooperación internacional. De todas formas, España dedicaba solamente un 0,1 % de su PIB a la ayuda al desarrolla, muy lejos de la media de los países de la OCDE (el 0,35 %).

Todos  los estados industrializados intentan que se produzca el mayor retorno posible de fondos empleados en cooperación, es decir que buena parte del dinero regrese al país donante en forma de salarios, venta de productos, o porque se adjudiquen proyectos a sus empresas. Sin embargo, el caso de Francia es muy especial, pues consigue retornar más fondos de lo que destina a la cooperación con países del Tercer Mundo. España, que desde su ingreso en la CEE participa como donante de los proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), no ha logrado que se adjudiquen obras de importancia a sus empresas, aunque en Guinea sí hay un cierto equilibrio entre esfuerzos financieros y retornos de capital.

Las empresas españolas sólo se beneficiaron en 1987 del 2,19 % de un primer bloque de proyectos de la III Convención de Lomé (1987-1989), valorados en 50 millones de ecus (algo más de 50 millones de dólares), aunque la contribución de nuestro país al FED es del 6,6 %. Sólo una empresa española, de suministros, obtuvo la concesión de un proyecto de 1,1 millones de ecus para Mozambique, mientras Portugal, con una contribución inferior, consiguió una participación de 4,6 millones de ecus. Los proyectos adjudicados a empresas francesas sumaban 11,1 millones de ecus y los de Gran Bretaña 14,2 millones.

Durante 1987 España empleó en Guinea unos 600 millones de pesetas para la educación y 150 millones más para la promoción de la cultura y ayuda a los medios de comunicación social. El 51 % de los cooperantes estaban dedicados a tareas educativas.

En la sanidad trabajaban el 27,3 % de los cooperantes y este segundo capítulo en importancia de la cooperación española en Guinea tuvo un presupuesto ese año de unos 400 millones de pesetas. España ya no trataba de organizar la sanidad guineana y se limitaba a llevar adelante algunos proyectas concretos de salud, a mantener allí a medio centenar de médicos y enfermeras y a donar cierta cantidad anual de medicamentos.

También tenía cierta entidad la cooperación agrícola, ganadera y forestal, con un presupuesto de unos 150 millones de pesetas. Debido a la importancia que tiene el sector forestal para Guinea, país en el que apenas se han explotada otros recursos excepto el pesquero, España gestionó ante la CEE la concesión de un crédito de 13 millones de ecus para este campo, de los que 10,5 se debían destinar a la apertura de caminos para facilitar el trabaja a las empresas madereras.

Las celebraciones del octavo aniversario del "golpe de libertad" apenas tuvieron relevancia y España no envió ninguna misión especial. Sin embargo, por aquellas fechas, agosto de 1987, Obiang manifestó que las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España eran "excelentes", y aprovechó la ocasión para solicitar más ayudas a todos las países industrializados, especialmente a los de la CEE. Aseguró que el ingreso a la UDEAC estaba ya dando resultados positivos.

Es cierto que las relaciones no eran tan tensas, pero en buena medida se debía a que los objetivos españoles eran más modestas y los proyectos de cooperación estaban más definidos. De todas formas, los percances no desaparecieron completamente.

Por aquellos días ocurrió un incidente en el que se vio implicada la Embajada de España. Debido al pésima funcionamiento de  Ecuatoguineana de Aviación, y a las prolongadas paradas del barco nacional Acacio Mañé Elá, las comunicaciones entre la isla y el territorio continental eran deficitarias. Los dos Aviocar españoles no bastaban, y además, desde el accidente, la Embajada había extremado las precauciones y eran pocos los guineanos que lograban permiso para viajar.

Sólo quedaba el recurso de los mercantes de la García Miñaur, prácticamente los únicos barcos que arribaban a Malabo y Bata debido a que esta naviera española tiene el monopolio con Europa. Ya se había hecho relativamente normal que la travesía entre las dos ciudades, que duraba unas 18 horas, la hicieran los cargueros de la Garcia. Miñaur con unas docenas de guineanos en cubierta. Pero el 28 de julio lo que se produjo fue una invasión del Alyolex y a su capitán no le quedó más remedio que zarpar hacia Bata con 850 pasajeros, cuando los botes salvavidas del barco sólo tenían capacidad para 22 personas, pues la tripulación era de 17 personas.

Tras una protesta española, el Gobierno guineano destituyó al capitán responsable del puerto de Malabo, Santiago Elá, por permitir la invasión de mercantes españoles y obligar a sus capitanes a llevar a cientos de guineanos hasta Bata. El Sindicato Libre de la Marina Mercante-CCOO había denunciado qué el personal del puerto cobraba 10.000 francos CFA (unas 3.500 pesetas) por permitir a los guineanos el paso a los muelles. Si los capitanes de los buques españoles se negaban a dejar que subieran a bordo los "polizones", las autoridades portuarias les amenazaban con no permitirles la entrada en el puerto o demoraban las tareas de carga y descarga o la concesión de los permisos necesarios.

El Sindicato Libre de la Marina Mercante pidió también la destitución del embajador de España en Guinea, Antonio Núñez, pues en los incidentes ocurridos durante la invasión del Alyolex circularon una lista de 150 "pasajeros" y otra de 11 que llegaron al capitán del barco, selladas por la Embajada de España, para que trasladara a esas personas hasta Bata. Ambas listas llevaban la firma del vicecanciller de la Embajada, Carlos Ortíz Grúas. El Ministerio español de Exteriores aseguró que aquellas listas habían sido falsificadas, versión que aceptó la García Miñaur.

Sin embargo, el Sindicato expresó su extrañeza y afirmó que las autoridades españolas trataban de "tapar la acción de la Embajada", pues no era "normal que el papel con membrete de la Embajada y los sellos de caucho los tenga cualquier persona en Malabo". Según contaba Luis de la Rasilla, en un reportaje publicado en Diario-16, el embajador, cuando le pidió ayuda el capitán del Alyolex, Javier Menéndez Vázquez, envió una relación con los únicos que podían embarcar. Esto facilitó la invasión de guineanos al barco.

La prensa española se estaba olvidando otra vez de Guinea Ecuatorial, hasta que el 26 de octubre El País publicó en primera página que habían sido relevados la mayor parte de los responsables de la cooperación con Guinea, debido a que una investigación oficial había revelado sospechas de irregularidades y corrupción. Posiblemente esta fue una de las principales razones para que a finales de aquel verano se hubiera aplazado la celebración de la V Comisión Mixta, prevista en un principio para el mes de noviembre, hasta principios de febrero de 1988.

Un informe oficial reservado al que tuvo acceso El País señalaba en sus conclusiones "la notable imprecisión" en la confección de los presupuestos de la Oficina de Cooperación en Malabo, irregularidades en la contratación de personal guineano, que no disfruta de Seguridad Social ni vacaciones, nóminas no firmadas, falta de retenciones del IRPF o Seguridad Social, horas extras sin justificar y gratificaciones "a personas no contempladas en plantilla alguna", falta de inventarios de muebles en las viviendas del coordinador general, Enrique Bernaldos, y del oficial mayor, Gabriel Abad, automóviles cuya propiedad no está clara, utilización de los Aviocar para fines ajenos a su función, irregularidades en los libros de contabilidad ("carecen de la mínima fiabi1idad"), errores múltiples en las cuentas y existencia de una caja B, con más de 90 millones de pesetas para "gastos no presupuestados".

Según aquella inspección, encargada por la Secretaría de Estado para la Cooperación a la Subdirección del Control de la Gestión, dependiente de la Dirección General del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, y realizada entre marzo y agosto de 1987, la Oficialía Mayor de la Oficina de Cooperación en Malabo no había reintegrado nunca al Tesoro los importes ingresados por diferencias de cambio, ni justificado al Ministerio el destino dado a este dinero. En el informe se denunciaba también que un alto funcionario de Transportes cobraba un plus superior a 360.000 pesetas mensuales, en concepto de su permanencia en Guinea, cuando residía en realidad en Madrid y ni siquiera periódicamente se desplazaba al país africano. Entre otras irregularidades se afirmaba que unos repuestos enviados para el automóvil de Teodoro Obiang habían costado un millón de pesetas.

Fuentes gubernamentales y del Ministerio de Asuntos Exteriores admitieron a Fernando Jauregui, autor de aquella información, que tenía "difícil explicación" el descontrol que había venido existiendo en la ayuda a Guinea, cuyo presupuesto, de unos dos mil millones de pesetas anuales, era superior al que nuestro país dedicaba a toda América Latina, según recordaba el diario, y que contaba con 230 cooperantes (más de los que había para el resto del mundo).

Estas informaciones levantaron un auténtico revuelo en la prensa nacional, pero extrañaron muy poco a quienes estaban familiarizados con los asuntos guineanos.

Los principales funcionarios destituidos fueron Enrique Bernaldos Páez, del cuerpo de Aduanas, coordinador general de la Cooperación tras pasar por diversos cargos desde su llegada a Guinea en 1980, Gabriel Abad, oficial mayor de la Oficina de Cooperación en Guinea, quien logró que dos hijos suyos fueran contratados por la cooperación, y José Oliva Rey, oficial mayor de la Oficina de Cooperación en Bata, también con muchos años de experiencia en Guinea donde se encargó de diversas tareas.

Luis Yáñez, secretario de Estado para la Cooperación Internacional, manifestó que el cese de cuatro funcionarios no podía deformar la realidad de la cooperación con Guinea, "que está dando resultados positivos". El político socialista aseguró que la investigación había demostrado la existencia de irregularidades, pero "no tenemos constancia de que nadie haya robado. Ha habido, eso sí, falta de seriedad en algunos casos". Añadió que la cooperación no sufriría recortes, aunque entonces ya se comentaba que aquellos sucesos no favorecían el reflotamiento del Guinextebank, desde varios meses antes en situación de quiebra técnica.

"Como Estado, España ha fracasado en la empresa" que había asumido en 1979 al responsabilizarse de "ayudar a los guineanos en su proceso descolonizador y de modernización", opinaba El País en un editorial publicado el 27 de octubre. Para el periódico, esto era previsible debido a que "España no tenía ninguna experiencia de unas relaciones postcoloniales de ese género". Lamentaba que se hubieran "violado las normas administrativas y presupuestarias más elementales" en la cooperación con Guinea Ecuatorial y pedía que se aclararan las responsabilidades. Además, solicitaba que se modificaran las relaciones con Guinea, debido a la creciente influencia francesa, pues no justificaba el desembolso que se estaba haciendo, comparado can los presupuestos de ayuda destinada a otras zonas, como por ejemplo América Latina.

Gabriel Abad, el oficial mayor de la Oficina de Cooperación con Guinea en Malabo continuaba en su despacho de la Embajada dos meses después de que el informe de la inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores le acusara de numerosas irregularidades económicas, informaba EFE el 29 de octubre. Según El País, Abad había sido cesado el 31 de agosto por "no haber reintegrado nunca al Tesoro los importes ingresados por diferencias de cambio, ni justificado el destino dado a dichas diferencias". Fuentes oficiales del Ministerio explicaron a El País que Abad continuaba en Malabo "terminando de tramitar los expedientes que tenía pendientes", en comisión de servicio, pero Emma Roig, enviada especial a Malabo, recogía unas declaraciones del mismo Abad que aseguraba no haber recibido ninguna notificación sobre los hechos que se le imputaban. "No tengo ningún papel ni comunicación de cese. Por tanto, sigo trabajando normalmente como desde hace ocho años".

En ese momento se podía ver con facilidad cómo Francia estaba ocupando los huecos que dejaba España y que controlaba ya áreas como la economía, la energía y las telecomunicaciones, mientras "la mentalidad funcionarial de los cooperantes, que cobran unos sueldos entre las 300.000 y 500.000 pesetas -aunque en algunos casos contados llegan a las 800.000 pesetas- ha sido otro de los motivos para llegar a la desidia en el campo de la cooperación española". Un español en Guinea comentó a Emma Roig que "nadie se arriesga a perder un sueldo tan sensacional por imponer su criterio".

El corresponsal de EFE anotaba que "el desconcierto más absoluto reina en la administración española de Malabo a los cuatro días de la revelación de la existencia de irregularidades y corrupción en la gestión de la cooperación española en Guinea Ecuatorial". Añadía que el encargado de negocios, Patricio Aguirre de Cárcer, no tenía ninguna información aparte de la publicada en la prensa y reproducida en un boletín de la OID. El embajador se había ausentado el 18 de septiembre y aquel 29 de octubre todavía no había regresado. Además, estaba vacante el cargo de coordinador general de la Cooperación desde finales de agosto, motivo de "consternación" entre los cooperantes españoles. Los jefes de áreas acordaron transmitir a Madrid su "máxima preocupación" por la situación.

La radio y la televisión de Malabo habían reproducido repetidamente la información sobre las irregularidades en la Cooperación aparecidas en la prensa española, aunque sin dar los nombres de las personas afectadas.

Aquel hecho sirvió para que El País reprodujera las quejas de los empresarios españoles en Guinea por el abandono en que se encontraba el Guinextebank, para muchos ya irreversible. Emma Roig comentaba que en el banco hispano-guineano no fueron capaces de cambiarle 100 dólares en francos CFA y afirmaba que los cooperantes, decepcionados, se preguntaban dónde estaba la cabeza de la corrupción, "porque en Madrid se han centrado en las migajas". De todas formas, señalaba que otro de los negocios irregulares de algunos cooperantes eran "las ventas particulares de electrodomésticos destinados por el Gobierno español al Centro Cultural de España en Guinea, a donde nunca llegaran". El diario añadía que el Ministerio de Exteriores contradecía la versión de Abad y aseguraba que el funcionario había sido destituido el 30 de septiembre y que había sido reemplazado por otra persona, aunque seguía en la Embajada "con el fin de rendir cuenta justificativa de los fondos que ha gestionado hasta el 30 de septiembre".

"Despilfarro y amiguismo en la Cooperación española", se titulaba un reportaje publicado por Perfecto Cande en Interviú en el que vertía graves acusaciones contra Antonio Núñez y Fernando Riquelme. Según comentaba, el embajador, que cobraba 1.498.000 pesetas mensuales, disponía para su uso en Malabo de un Mercedes 280 SE y un Nissan Patrol. Para sus desplazamiento por Bata tenía reservados un Mercedes todo terreno y un Toyota. Además de los vehículos, también con dinero de la cooperación, se había comprado una fuera borda con un motor Evinrude de 40 caballos. El periodista añadía que el embajador utilizaba los Aviocar a su antojo, especialmente para pasar los fines de semana en Bata. "Que se sepa, por ejemplo, el embajador, separado, tiene una novia a la que se le pagan los desplazamientos a Guinea con cargo a la Cooperación, y pretendió rondar, con fines matrimoniales, a una sobrina de Obiang", decía a Conde "una de las personas que asegura conocer a la perfección lo que ocurre en Malabo".

Tampoco dejaba en buen lugar a Fernando Riquelme, a quien acusaba, entre otras cosas, de conceder la gestión del transporte de alimentos a Guinea a su amigo libanés Jusef Jammal y de haber nombrado oficial mayor en Bata a Joaquín Maestre, un ex-compañero suyo de la escuela diplomática que no logró el ingreso en la carrera.

Uno de los citados en aquel informe era el ex-director de la UNED en Guinea Luis de la Rasilla, acusado de presentar justificantes escasos e insuficientes, alegando "autonomía universitaria". razón por la que se publicó que había sido denunciada ante la Audiencia Nacional por la OCGE. En realidad, lo que ocurrió es que la OCGE presentó una denuncia al fiscal por si consideraba oportuno el procesamiento. Luis de la Rasilla, director del centro asociado de la UNED en Guinea desde octubre de  1984 hasta mayo de 1986,  presentó sus cuentas a la Junta  de Gobierno de la universidad y este organismo decidió pagarle 2.750.000 pesetas que él había adelantado durante el desempeño de sus funciones en Guinea para que los atrasos burocráticos no perjudicaran sus tareas.

De la Rasilla acusó al Ministerio de Exteriores de calumniarle y abuso de poder. Dijo que la OCGE había filtrada a la prensa un documento en el que se afirmaba su procesamiento, cuando él precisaba que simplemente se había abierto un sumario, el 41 de 1986, por un posible delito de malversación de fondos.

Para la oposición guineana residente en España, las irregularidades descubiertas en la cooperación eran "la culminación de un largo camino del Gobierno español hacia el abandono de sus responsabilidades", según dijo Severo Moto, presidente del Partido del Progreso y portavoz de la Junta Coordinadora de la Oposición. Tanto Severo Moto, como Armengol Engonga, miembro de su partido, esperaban que aquellas medidas de saneamiento pudieran servir para que la cooperación española fuera mejor aprovechada en Guinea, aunque recordaban que se había consumado la entrega de Guinea a Francia acordada por los ministros  Fernando Moran y Claude Cheysson en La Granja en 1983.

Como consecuencia de todas aquellas denuncias y escándalos, el director de la OCGE, Fernando Riquelme, tuvo que comparecer ante la Comisión de Exteriores del Senado para informar de la situación en Guinea. El diplomático afirmó que desde 1986 la Secretaría de Estado para la Cooperación y el organismo que dirigía habían tratado de neutralizar "un cierto descontrol en la gestión en Guinea Ecuatorial". Riquelme reconoció que antes de 1986 la "cooperación española en Guinea Ecuatorial adoleció de ciertos defectos que han estado en la base de algunos fracasos. La cooperación se realizó sin la adecuada planificación y algunos de los objetivos no guardaban relación con el costo que suponía la ejecución de las acciones necesarias para su consecución". Según fuentes oficiales, el presupuesto de la ayuda española a Guinea durante 1987 se elevó a 1.645 millones de pesetas.

De los 230 cooperantes que en ese momento trabajaban en Guinea, 90 pertenecían a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y de la Sanidad, 89 eran contratados laborales y 47 funcionarios o asimilados, además de algunas españoles contratados en Guinea. En educación estaban trabajando 130 personas y en sanidad 50, las dos áreas más importantes. Riquelme lamentó la filtración a los periodistas del informe sobre las supuestas irregularidades en la Cooperación española en Guinea, pues aseguró que contenía algunos errores. Expresó que la OCGE pretendía involucrar a la iniciativa privada para obtener mejores resultados en Guinea, aunque también precisó la importancia que tenía "una adecuada cooperación financiera", una clara, referencia a la crisis del Guinextebank que se prolongaba sin que nadie diera una solución definitiva, cosa que molestaba profundamente en  Exteriores.

Riquelme destacaba que el interés de España por Guinea se fundaba tanto en los lazos históricos y culturales como en las posibilidades económicas, al ser un país estratégicamente importante para la penetración comercial española en toda la zona centroafricana.

Coincidiendo con aquellos sucesos, Obiang convocó una rueda de prensa para afirmar que, tras los errores cometidos, el futuro de la cooperación bilateral y de las relaciones entre Guinea y España debería basarse en un "borrón y cuenta nueva". Además de pedir que los parlamentos de los dos países realizaran una investigación sobre la cooperación, agregó que "sería un error del Gobierno español retirar su participación en el Guinextebank, pues es una institución que sella la importancia de España en mi país, y se creó con una voluntad política y no para sacar beneficios".

Luis de la Rasilla utilizaba su pluma para criticar la actitud ambivalente de la Administración española en Guinea. Mientras un sector, capitaneado por Exteriores, opinaba abiertamente la conveniencia de proseguir con la cooperación, y reflotar el Guinextebank, Hacienda y Comercio no ocultaba que lo mejor era cortar el grifo y limitar la actividad en Guinea. Para Luis de la Rasilla, lo fundamental era aclarar la situación y facilitar los nombres de las personas que habían fomentado la corrupción en Guineas "si lo logramos tendremos que soportar el sonrojo de reconocer que nos hemos gastado veinte mil millones en cooperar al subdesarrollo del único país hispano en África, pero nos regocijaremos de haber dado el primer paso realmente positivo de nuestra nefasta política exterior en Guinea Ecuatorial".

El antiguo director de la UNED inició una amplia campaña en varios medios de comunicación denunciando la corrupción de la cooperación española.

Ángel María Sainz García, autor de un libro de lengua española para escolares guineanos que él denunciaba, a finales de 1987, que no había sido editado, envió una carta a El País para defender a Luis de la Rasilla. Se lamentaba de que mientras trabajó como cooperante en Guinea se había tropezado con "presiones, desatinos, incoherencias y un sinnúmero de arbitrariedades". Este profesor ponía como responsable máximo de estos inconvenientes "portando el estandarte del capricho y la amenaza, de la veleidad y del dislate, al máximo representante del Gobierno español, don Antonio Núñez García-Saúco, embajador de España en Guinea".

 

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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