HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

Capítulo 49. OBIANG SE QUEDA CON LAS FINCAS.

Durante el año 1984 no se produjeron grandes tensiones entre España y Guinea, posiblemente porque ya estaba claro que el país africano se iba a integrar en la UDEAC y las dos partes lo habían asumido, aunque nunca se dijo abiertamente, ni hubo coordinación entre Madrid y Malabo en este trascendente paso para el futuro de la ex-colonia española.

No sólo España tenía problemas en Guinea. Las tropas marroquíes que garantizaban la seguridad de Obiang se estaban haciendo más impopulares cada día. A principios de 1984 se produjo un hecho sintomático del deterioro de las relaciones entre los soldados marroquíes y la población guineana. Una pelea entre unos y otros ocasionó, al menos, la muerte de un alférez y un sargento en Bata. Este suceso motivó la suspensión de una visita de Obiang a Río Muni.

La población guineana estaba harta de los abusos de los marroquíes, en especial en relación con las mujeres. En ocasiones por dinero, y otras veces por la fuerza, mantenían relaciones sexuales con guineanas ante la permisividad de sus mandos, quienes justificaban estos excesos debido a la situación de aislamiento que sufrían sus hombres en un país extraño, con escasas diversiones. Durante los primeros años, los marroquíes engañaron a muchas guineanas dictándolas que al terminar su misión en Malabo se las llevarían a Marruecos, hasta que ellas se dieron cuenta de que sus "novios" desaparecían siempre sin despedirse. Lo único cierto de aquellas relaciones surgió una generación de niños y niñas mulatos, cuyos padres ya no son españoles sino marroquíes.

Hasán II, a pesar de estar preocupado por la situación de sus hombres en Guinea, relevados cada seis meses por el problema del paludismo, y por el costo económico que supone, ha preferida mantenerlos allí, pues con eso tiene asegurado el voto de Guinea Ecuatorial y su apoyo en la OUA y en otros foros internacionales.

Los españoles, que también sufren el azote de un paludismo cada día más resistente a la quinina, no acababan de asumir el nuevo giro que habían tomado las relaciones bilaterales. A fines de abril de 1984 la prensa en España todavía afirmaba que los españoles que vivían en Guinea, empresarios privados o funcionarios de la Administración, se estaban planteando el dilema de quedarse o marcharse. Antonio Caño decía en El País que "abandonar Guinea Ecuatorial equivale a reconocer el fracaso de una inversión de 15.000 millones de pesetas, gastados infructuosamente en el desarrollo guineano". Según el periodista, marcharse significaba que España había "sido incapaz de superar las dificultades y dar de comer a 300.000 personas."

El ministro de Asuntos Exteriores guineano, Marcelino Nguema, manifestó en Madrid, que su Gobierno estaba satisfecho en forma global con la cooperación española. Únicamente precisaba que existían algunos problemas de carácter administrativo que debían  superarse  lo antes posible para que la cooperación se reforzara y aumentara su eficacia.

Mientras unos y otros seguían llenándose la boca con declaraciones, más o menos afortunadas, entre la ineptitud de la Administración española y las escasas facilidades que daban los guineanos, atrapados en el pozo de la miseria y de la corrupción, los antiguos propietarios no habían podido recuperar sus bienes y seguían sin acudir a Guinea nuevos inversores privados. Obiang aparecía aislado y sometido a las directrices impuestas por los miembros más influyentes del clan de Mongomo.

Cuando Marcelino Nguema realizó aquellas declaraciones en Madrid, en abril de 1984, ya estaba en marcha un plan guineano para  expropiar a los "finqueros" españoles.

La presentación, a finales de 1983, de un programa del Banco Mundial para relanzar la producción de cacao mediante la concesión de créditos, por valor de unos 20 millones de dólares (unos 3.000 millones de pesetas), motivó que los guineanos se decidieran a afrontar una cuestión pendiente desde que Macías expulsó a los españoles de Guinea. Para la ejecución del plan del Banco era necesaria aclarar la identidad de los propietarios de las fincas de cacao, por lo que las autoridades guineanas dieron un nuevo plazo para que los antiguos dueños regresaran a recuperar sus tierras.

Muchos antiguos propietarios habían regresado poco después del golpe de 1979, pero la mayoría no andaban sobrados de fuerzas para emprender una batalla que vieron muy complicada y las dieron definitivamente por perdidas. Muy pocos de quienes habían abandonado sus posesiones en 1969 pudieron recuperarlas, aunque bastantes lo intentaron. Por otra parte, aunque se pudiera lograr la devolución de una propiedad, no estaba claro que pequeños y medianos propietarios pudieran volverlas a poner en funcionamiento o sacarles alguna rentabilidad en aquellas circunstancias, agravadas por unos precios internacionales del cacao muy bajos, sin olvidar el secular problema de la falta de mano de obra, la carencia absoluta de una mínima infraestructura, o el hecho de que la moneda no tenía convertibilidad. Sólo cuatro o cinco que centralizaban el grueso de la producción y podían exportarlo, como los antiguos Mallo o Mora o los nuevos Paco Roig o Julio Barriga, ganaban dinero con el cacao.

Pedro Rodríguez, enviado por la familia Muñoz y Gala para que gestionase la devolución de sus propiedades, pasó seis años en Malabo, pero tuvo que regresar a España con las manos vacías pues no sólo no lograba recuperar los bienes, sino que en un momento determinado incluso le amenazaron con quitarle hasta la vivienda en donde residía, por supuesto de Muñoz y Gala. Durante esos años vio cómo aparecían decretos presidenciales que se contradecían con oficios ministeriales, decretos-ley que quedaban sin vigor por la decisión de un funcionario de tercera categoría, órdenes de expropiación de bienes concedidos a su dueño pocos días antes y un sinfín de arbitrariedades y abusos. El animoso Pedro pensó que merecía la pena emprender aquella empresa, incluso sabiendo que era casi imposible recuperar la finca Nacimiento, cerca del aeropuerto, una de las más productivas de la isla para el cultivo del cacao, porque era el mismo presidente Obiang quien se había encariñado con ella.

Entre 1979 y 1980 hubo teóricas devoluciones de fincas, pero los antiguos propietarios se encontraban con que no podían recuperar la posesión efectiva de sus propiedades, sencillamente porque había alguien que las estaba ocupando, normalmente militares, altas autoridades del Gobierno o miembros del clan de Mongomo.

En realidad, la propiedad legal de la tierra no se había tocado desde el periodo de la colonia, pues durante el Gobierno de Macías simplemente se realizaron concesiones administrativas de fincas. Sin embargo, a la hora de negociar la devolución al propietario que constaba en el registro, resultaba que se daba más valor al beneficiario de una concesión administrativa, normalmente un guineano, que al español correspondiente.

Para la mentalidad guineana, especialmente entre los fang que son de origen nómada, los derechos legales de propiedad de la tierra tienen un valor muy relativo. La tierra es de quien la ocupa y utiliza. De hecho, los guineanos no se tomaron en serio la cuestión de la propiedad de las fincas hasta que apareció el proyecto de ayudas del Banco Mundial, que dedicaba, ciertos fondos a gastos generales de infraestructura, como la reparación de carreteras y el suministro de abonos, fertilizantes o productos químicos. Sin embargo, lo que entusiasmaba a los guineanos era que el 65 % de los 20 millones de dólares estaba destinado a créditos personales para los propietarios.

Fue en la primavera de 1984 cuando se preparó una ley de expropiación de fincas. En rigor todo era aparentemente legal, pero en la práctica suponía despojar a los antiguos dueños de sus bienes. Serían expropiados los propietarios que no estaban al día del pago de impuestos desde 1979, o quienes no habían devuelto los préstamos concedidos por el Guinextebank o el Banco de Crédito y Desarrollo. Entre otras arbitrariedades, la ley daba unos plazos mínimos para ponerse al día en estos pagos. El artículo más inaceptable desde el punto de vista de los intereses españoles era el que exigía el pago de determinadas cantidades para resarcir los daños causados a la economía guineana por haber abandonado las propiedades dejando las fincas sin producir. Era una ley para sacarles el dinero o para dejarles sin fincas, insultante para muchos españoles que tuvieron que abandonar sus propiedades y que todavía no han recibido ninguna indemnización de las autoridades guineanas, aunque consideran que el Gobierno español fue el responsable por su salida apresurada de Guinea.

Los antiguos propietarios españoles habían contratado al abogado Jiménez de Parga, y posiblemente hubieran podido recurrir ante determinadas instituciones internacionales para impugnar aquella ley o plantear que España la volviera a negociar con las autoridades guineanas. Si no lo hicieron fue porque a la mayoría de aquellos afectados ya no les interesaba recuperar sus bienes -habían pasado 15 años- sino cobrar indemnizaciones.

Cuando concluyó el plazo, el 20 de abril, las fincas fueron expropiadas mediante una especie de subasta, que en realidad fue un reparto entre las autoridades guineanas. Incluso arrebataron algunas fincas a personas que estaban al día en sus pagos y con todos los documentos en regla, como la Hacienda Navidad, de un tal Colomer y Parés, administrada por Pinta Silgo, un español de origen portugués que acabó en la cárcel por oponerse a que se la quitara el ministro de Exteriores, Marcelino Nguema, encantado con  la estupenda ubicación de la plantación,  en la salida de Malabo hacia Basilé, muy cerca de la ciudad.

Finalmente, las fincas se adjudicaron en enero de 1985, mediante unos decretos reproducidos por el ex ministro Emiliano Buale en un folleto crítico con el Gobierno, donde se puede constatar cómo Isidoro Eyí , Miguel Oyono, Ángel Alogo, Juan Oló, Martín Nká, Luciano Edjang, Felipe Ovono y otros ministros o altos cargos adquirieron plantaciones de españoles por cantidades ridiculas, obtenidas normalmente mediante créditos del Guinextebank. Según dijo Obiang, aquel era "un trámite para él relanzamiento de nuestra economía, pues ocasión más propicia como la presente no existe ni existirá jamás". Guinea Ecuatorial acababa de ingresar en la UDEAC.

A juicio de Buale, aquello fue "una prueba evidente de la irresponsabilidad del Gobierno de Guinea". Además de darse "una enajenación y venta fraudulenta de unas propiedades sujetas a pacto entre dos países", pues estaban incluidas en el Tratado de Amistad y Cooperación firmado entre España y Guinea en 1980, el ex-ministro consideraba que había habido "indiferencia" por parte de España, que ni siquiera planteó una protesta. "Todas las propiedades de los blancos son ahora nuestras", se permitió decir Obiang en Río Muni, en fang, presentando el hecho como un logro de su Gobierno.

El único registrador de la propiedad que hay en Guinea, Chicampo, abrumado por la ilegalidad de las disposiciones, se negó a modificar la titularidad de las fincas.

Los nuevos propietarios no sabían cómo poner en marcha aquellas fincas y decidieron buscar "renteros". La Embajada de Francia trató de ayudarlos y organizó una visita de un grupo de empresarios galos con intereses en países vecinos. Cuando estos llegaron a Guinea vieron la situación general del país, la falta de mano de obra, la necesidad de realizar fuertes inversiones para ponerlas a pleno rendimiento (cosa que tardaría varios años en lograrse) y, además, que muchas de las fincas que les querían alquilar estaban ocupadas por unas personas que no eran los propietarios, quienes llevaban ya varios años en ellas y se negaban a abandonarlas, igual que habían hecho cuando se presentaron allí los españoles. Los franceses sólo estuvieron unos días en Guinea y la producción de cacao tampoco superó aquel año las seis mil toneladas.

Poco antes del verano de 1984 se había producido el relevo de Antonio García Abad por Antonio Núñez García-Saúco. Cuando el nuevo embajador de España se enteró del nivel de corrupción que había en la cooperación y en la Embajada comentó que iba a utilizar el pasado de aquellos funcionarios para que se comportaran correctamente, bajo la amenaza de echarlos. No era una buen principio, especialmente porque desde muy pronto él entró también en el juego de las irregularidades. Antes de tomar posesión de la residencia del Embajador de España, situada en un privilegiado lugar en punta Cristina, pidió que se hicieran unas complicadas y caras obras en el edificio, con un presupuesto que ascendía a varios millones de pesetas. Fue el mismo Bernaldo quien le ayudó a desviar unos fondos de la Cooperación para pagar las obras de la residencia.

Núñez, nacido en 1941, es diplomático de carrera, aunque casi toda su vida profesional la ha pasado fuera de Asuntos Exteriores. Durante el Gobierno de la UCD fue subdirector general de Extensión Educativa, secretario general de Instituto Nacional de Educación Especial, director del mismo organismo y secretario general del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes. Fue nombrado embajador en Guinea el 1 de julio de 1984, uno de los primeros puestos que cumplía en el extranjero, con un sueldo superior a un millón de pesetas al mes.

Cuando llegó a Guinea quiso dar gran realce al acto de presentación de cartas credenciales. Antonio Núñez se empeñó en utilizar el uniforme diplomático, aunque habitualmente Obiang recibía las cartas con traje azul marino, entre otras cosas por la carencia de uniformes de gala entre los guineanos. El embajador español se hizo acompañar en aquella ceremonia por el consejero Raimundo Ezquerra, a quien obligó a traerse un uniforme desde España, y por Enrique Bernaldo, también con el uniforme de gala del cuerpo de Aduanas del Estado. Dejó fuera de aquella ceremonia a los secretarios de la embajada, Ramón Sil Casares y José María Bosch. Bernaldo, que acababa de ser nombrado coordinador general de la Cooperación, con rango de ministro consejero de la Embajada, reforzaba su posición aunque su imagen, especialmente ante los guineanos, estaba muy deteriorada.

Obiang seguía con la política de alternar sus declaraciones publicas, unas críticas y otras laudatorias, con respecto a las relaciones con España y la cooperación bilateral.

Con motivo de la clausura de un curso de actualización y evaluación de suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía de Guinea Ecuatorial, organizado a primeros de mayo por los militares y policías españoles destacados en el país africano, el presidente guineano afirmó que "España viene cumpliendo cabalmente su compromiso" y añadió que su país seguía "recibiendo con agrado" la cooperación y asistencia española, especialmente en el área militar. Estas palabras asombraron a los militares españoles y a otros funcionarios de Exteriores en Madrid, que se acordaban de los problemas planteados unos meses antes, durante la última Comisión Mixta, cuando la parte guineana planteó la supresión de la asistencia castrense y la presencia de militares españoles en Guinea.

Obiang fue todavía más lejos y manifestó que España tenía que hacer "todo lo que esté a su alcance para formar a la nación ecuatoguineana, no solamente en el aspecto militar, sino también en el político", con el repetido argumento de que era el único país hispano de África. El presidente dijo que a pesar de todo lo ocurrido durante el período de Macías, las Fuerzas Armadas guineanas mantuvieron el espíritu heredado de las españolas y aseguraba que durante su mandato regía "la doctrina castrense española".

Quizá estos altibajos en el humor del presidente se debían a los distintos tipos de relación que tenía con españoles, algunos desinteresados y entregados a su labor de ayuda a Guinea y otros claramente corruptos y aprovechados.

Por ejemplo, fue muy curiosa la relación que mantuvieron Teresa de Bosch, esposa del cónsul de España, y Constancia, la primera dama de Guinea. Ambas impulsaron la creación de un patronato de mujeres,  fundamentalmente esposas de diplomáticos o de funcionarios de organismos internacionales, con el fin de aliviar los sufrimientos de la población infantil guineana. Teresa, igual que la mujer de Graullera fue un ejemplo de dedicación a la causa de mejorar las relaciones entre los dos países y demostró tener muchas ganas de hacer algo para paliar la miseria y el subdesarrollo de aquel país. Antes de terminar su misión en Malabo, Obiang dio una cena de despedida, en privado, a José María y Teresa Bosch, acompañados únicamente por el ministro de Asuntos Exteriores y esposa, y entregó unos regalos al matrimonio español en agradecimiento por su dedicación y esfuerzo. Teresa fue condecorada, a instancias del embajador de España, con el lazo de Dama de Isabel la Católica, normalmente otorgado por los méritos en el desempeño de un cargo oficial.

Al celebrarse el quinto aniversario del "golpe de libertad" surgieron de nuevo informaciones contradictorias sobre las relaciones de España y Guinea y seguía ignorándose en Madrid el hecho de que Guinea avanzaba con decisión hacia su integración en las instituciones francófonas africanas.

Por una parte se resaltaba que la situación seguía siendo pésima, con graves problemas de agua y luz. Cinco años de cooperación, con unos 15.000 millones de pesetas invertidos, apenas habían servido para iniciar la reconstrucción del país, ni para que España aumentara su influencia. Antonio Caño señalaba en El País que además de la inseguridad motivada por los abusos del clan de Mongomo, había grandes dudas entre las autoridades españolas, incluido el ministro Fernando Moran, sobre la rentabilidad política y económica de permanecer en la ex-colonia.

Aunque reinaba una gran desmoralización entre cooperantes e inversores, la representación diplomática en Malabo consideraba que se debía "hacer un último esfuerzo para salvar a Guinea Ecuatorial, por una razón de prestigio de nuestra política exterior, porque puede ser una vía de penetración en África, porque hay propiedades españolas, una cultura y una lengua españolas y porque existen fuentes de riqueza a cuya explotación nuestro país puede cooperar".

En aquel aniversario continuaba diciéndose que España seguiría realizando su cooperación global, incluida el área de la defensa. Como prueba de que no había cesado la actividad en este campo, una fuente de la OCGE informó de que España había entregado durante 1983 un total de 750 uniformes de campaña al Ejército de Tierra guineano, 200 de marinería, 90 de infantería de marina y 100 de aviación, además de abundante material didáctico.

Para Alberto Míguez la situación política y económica de Guinea seguía siendo "caótica". "Sólo hay una palabra para resumir los resultados de la cooperación: fracaso", añadía el periodista en ABC. Míguez criticaba a Enrique Bernaldo, quien acababa de publicar en otro diario una artículo laudatorio de la actividad de la cooperación y había acusado a los medios de comunicación españoles de ser los culpables de los males ocurridos en Guinea. El periodista consideraba que Bernaldo representaba "un estilo de cooperación eurocentrista" y opinaba que "las triunfales cifras y los optimistas resultados" expuestos por él estaban tan alejados de la realidad como de las necesidades africanas.  Añadía que España había sido incapaz de definir  el  tipo de cooperación que deseaba y  la que estaba dispuesta a ofrecer.

Alberto Míguez afirmaba al final de su articulo que tampoco el presupuesto español de 1985 incluía una partida dedicada expresamente a Guinea y que el dinero para pagar a los cooperantes debía salir de "fondos previstos para cualquier actividad olvidada". Míguez comentaba que el director de la OCGE "se las ve y se las desea para saber qué demonios quiere hacer el Gobierno socialista con el muerto guineano".

El Comité Ejecutivo de la Junta Coordinadora de las Fuerzas de Oposición de Guinea Ecuatorial, creada en Zaragoza en la primavera anterior, se reunió en Madrid para denunciar la "testarudez e imposibilidad de diálogo y negociación por parte del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial". A propuesta del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, que lideraba Severo Moto, y de la Alianza Nacional para la Restauración Democrática, los dos grupos más activos, los opositores acordaron celebrar aquel 3 de agosto el "Día del refugiado guineano".

Severo Moto dijo al Ya que experimentaba una sensación de "decepción y frustración" pues en su país seguía produciéndose "una violación sistemática de los derechos humanos, continuos abusos de poder, desmoronamiento de la estructura administrativa y productiva, endeudamiento exterior irracional y arbitrario, financiación exterior bloqueada, inexistencia de ingresos por parte del Estado, ausencia de convertibilidad de la moneda, empobrecimiento generalizado de la población, crispación social, aislamiento y descrédito internacional, cinismo y ninguna voluntad democratizadora".

Nadie hizo comentarios en España sobre la firma, el 27 de agosto de 1984, del Tratado por el que Guinea Ecuatorial pasaba a formar parte del Banco de los Estados de África Central (BEAC), preludio de su integración definitiva en la zona del franco.

Aquel 12 de octubre, cuando se cumplían 16 años de independencia, Obiang pronunció un discurso de 8 folios en el que no hizo ni una sola mención a España. Afirmó que el 12 de octubre servía para recordar la independencia del país, cuando "surgió de las tinieblas de una larga dominación colonial". En aquel discurso subrayó la necesidad de reformar la administración y advirtió que "la integración en las instituciones económicas de la subregión no supone la solución definitiva de nuestro malestar social, sino que constituye el inicio de una ardua empresa a la que estamos todos llamados a contribuir".

Obiang pidió a los inversores extranjeros que no se sintieran "recelosos" con la entrada del país en el Área del franco, "pues ello constituye la solución de muchos de los problemas que mermaban la actividad productiva de sus empresas, por la falta de convertibilidad de nuestra moneda". Antes de pasar a emitir juicios sobre diversas situaciones internacionales y reiterar las condenas a Israel, el Frente Polisario, al racismo sudafricano, y algunas otras que Obiang acostumbra a recordar, dedicó unas palabras a los opositores, "un grupillo de individuos descontentos, que en ningún momento ven nada con buenos ojos". Dijo que sus acciones no eran antigubernamentales, sino que "su actitud es enteramente antisocial".

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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