HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

Capítulo 46.PENA DE MUERTE PARA MICÓ.

Cuando se supo en España que el fiscal había pedido la pena de muerte para el sargento Venancio Mico se puso en marcha una apresurada operación para evitar que fuera ejecutado, en la que inclusa participó el rey Juan Carlos. La reunión de la Comisión Mixta había sido un fracaso y circulaban informes elaborados por determinadas instituciones de la Administración española que recomendaban abiertamente reducir la cooperación, mientras Madrid parecía iniciar una coordinación con París.

El 2 de julio llegó a España la noticia de que el fiscal había pedido la pena de muerte para los alféreces Carmelo Owono Ndongo y Gregorio Micha Elá y para el sargento Venancio Mico. Durante el consejo de guerra, según informó desde Malabo Ángel Asensio, delegado de EFE, se escucharon extrañas historias de brujerías y hechizos, coma la de una joven de Mongomo que había preparado un mejunje de hierbas para arrojárselo a Obiang y causarle la muerte.

La vista del proceso fue, una ves más, un morboso espectáculo seguido por varios cientos de personas desde el patio de butacas del cine Marfil. La sala estaba abarrotada de guineanos y apenas un periodista blanco, algún diplomático español y otros chinos ocupaban las primeras filas del deteriorado patio de butacas, con asientos de madera o de cintas de persiana entrelazadas. El proceso, instruido con muy poco rigor judicial, se había convertido en un asunto prácticamente interno de Mongomo, de donde procedían jueces y acusados. Asensio informaba de que algunos procesados, como el soldado Ricardo Ecuga, o el teniente Domingo Nfá, aseguraban que la población estaba descontenta por la escasez de alimentos, hecho que achacaban a la confianza que el presidente Obiang había depositado en los españoles. "En tiempos de Macías esta confianza era para los chinos, que proveían de comida abundante y barata".

Nfá aseguró que Mico le había comentado que se preparaba un complot para derrocar al Gobierno. Más tarde, el mismo Mico reconoció que habían pensado en designar como presidente a Carmelo Owono o a Florencio Mayé. El juez instructor precisaba en sus conclusiones que Owono fue el encargado de pedir ayuda a la Embajada soviética en Malabo, pero que le fue denegada.

Los tres supuestos cabecillas fueron condenados a muerte el lunes, cuatro de julio, y al día siguiente fueron ejecutados los alféreces Owono y Michá. No se sabía qué había ocurrido con Mico, Felipe González declaró en Madrid, "confiamos en que los guineanos cumplan los compromisos adquiridos".

Marcelino Nguema, el ministro guineano de Exteriores, llegó a España el día 6 con un mensaje de Obiang para Felipe González y otro, en un sobre lacrado, para el Rey de España. El País informó que Moran no permitió a su colega que hiciera declaraciones a la prensa a su llegada a Madrid. Europa Press difundió que el rey Juan Carlos había telefoneado al presidente Obiang para recordarle su compromiso de respetar la vida del sargento rebelde. Los diplomáticos españoles destacados en Nueva York se movilizaron también para que el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, enviara una carta solicitando a Obiang la medida de gracia.

El ministro guineano de Exteriores regresó a Malabo sin hacer declaraciones. Sólo dijo que el caso Micó era un asunto interno, que no debía afectar a las relaciones bilaterales hispano-guineanas, y que confiaba en que la cooperación de España iba a seguir como hasta la fecha, "para ayudar a Guinea a recuperarse de la desastrosa situación por la que atraviesa". Obiang solicitó entonces, por medio del ministro de Exteriores, una entrevista personal con Felipe González, en Madrid o en Malabo, para tratar de dar una salida definitiva a la crisis.

A pesar de que el Gobierno español pidió oficialmente al guineano que le fuera conmutada la pena de muerte a Micó, esta medida se fue demorando y no se concretó hasta el viaje que finalmente realizó Obiang a Madrid en los últimos días de julio. El nuevo embajador de España, Antonio García Abad, que antes de tomar posesión se encontró con aquel conflicto, transmitió a Obiang las respuestas del Rey y del Presidente del Gobierno español a sus misivas. Las autoridades españolas solicitaban la aplicación de medidas de gracia para Micó y que se le expulsara del país. Obiang comprendió que la vida del sargento se había convertido en una condición imprescindible para el mantenimiento de la cooperación española, aunque pensó que también podía sacar algo de provecho de aquella situación.

En medios diplomáticos españoles se temía que en cualquier momento se anunciara que Micó había sido ajusticiado, cosa que habría dejado en muy difícil posición a Moran, al haberse responsabilizado de la entrega del sargento refugiado en la Embajada de España. Muchos cooperantes pensaban que no volverían a Guinea tras las vacaciones de verano.

El caso Mico sirvió para que reforzaran su posición los sectores de la Administración española partidarios de suprimir la ayuda al país africano, bien por razones de rentabilidad económica o al opinar que España no tenía capacidad para sacar a Guinea de la situación en que se encontraba. Iba aumentante el número de personas convencidas de que las cosas habían llegado a un punto en el que ya era imposible el entendimiento entre los dos países.

Felipe González repasaba el informe que tenía en su mesa sobre Guinea y trataba de diseñar la política socialista sobre la antigua colonia. El informe consideraba que "con el sistema de cooperación puesto en práctica por España no se ha conseguido, prácticamente, nada positivo, excepto la salida de una situación de total emergencia", ni en el terreno económico, ni en el político, ni en el de la integración social, desarrollo cultural o defensa de los derechos humanos. Según El País, aquel informe expresaba una opinión favorable a la integración de Guinea en la zona francófona, y apuntaba la posibilidad de que España coordinase con Francia la realización de obras de cooperación para crear una cierta infraestructura y la explotación de proyectos mineros o petroleros. Presentaba la situación interna guineana como "caótica" y precisaba que faltaba "una clase dirigente, una clase empresarial o administrativa y una conciencia de nación o Estado".

Una vez más se reconocía que la falta de una presencia militar española y de una convertibilidad de la moneda local eran las causas principales de la nula rentabilidad de los 15.000 millones de pesetas gastados por España en Guinea Ecuatorial en aquellos cuatro años. Según aquel informe, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y el Banco de España, con la colaboración de algún funcionario de Exteriores, de aquella cantidad, unos 6.400 millones de pesetas fueron donaciones y el resto créditos FAD, créditos comerciales y aportaciones de capital. Además, se acababa de aprobar la concesión de otras ayudas por valor de 1.400 millones de pesetas.

"Desde el punto de vista económico, la casta dirigente ha llevado al país a una situación peor a la que había en agosto de 1979", anotaba el informe, refiriéndose al incremento de la deuda externa. Señalaba que entre los problemas intrínsecos de la economía guineana destacaban "el exceso de trabas administrativas motivadas por el intervencionismo distorsionante y arbitrario del Gobierno, la existencia, de un doble mercado para la moneda local que actúa en contra de las actividades productivas, pues deben ceder las divisas obtenidas por la exportación a la paridad oficial (una peseta = dos bikuele) y en cambio deben satisfacer en sus compras de divisas la paridad del mercado negro (una peseta = diez bikuele)".

Pasaba revista a los problemas exteriores de la economía y anotaba la existencia del "despilfarro de la abundante reserva de divisas (en agosto de 1979 había 19 millones de dólares) y la importancia de la deuda externa, con gran cantidad de vencimientos a corto plazo, que se calcula en el equivalente a 150 millones de dólares, de los que la tercera parte son con España". En el análisis presentado a Felipe González se calculaba que el déficit de la balanza de pagos correspondiente a 1983 iba a ser de 19 millones de dólares.

Por todas estas razones, el informe concluía que "la única solución válida es una reducción drástica de la ayuda española y, como mucho, que la ayuda se limite al sector educativo y al sanitario".

Aquel texto daba por hecho el ingreso de Guinea en la UDEAC "a corto plazo", cosa que no criticaba, pues "tendrá garantizada la convertibilidad de su moneda, a la vez que se asegurará una disciplina monetaria, presupuestaria y comercial, como sucede en sus países limítrofes". Sin embargo, sí decía que era perjudicial que España siguiera actuando en Guinea de la misma forma, pues anotaba que suponía enfrentarse con Francia y aceptar que la peseta respaldara al ekuele. Consideraba que esta última medida iba a ser "difícil" de llevar a la práctica, "toda vez que conllevaría la necesidad de un control español de la definición y ejecución de la política cambiarla guineana, al mismo tiempo que exigiría un férreo control económico y político del país y la asunción de los costes, que en la práctica serían pérdidas netas, y que vendrían determinados por la suma del déficit de la balanza de pagos (entre 150 y 183 millones de dólares) más los costes de la cooperación".

El informe señalaba que la adhesión a la zona del franca podía ser la medida que más confianza diera a posibles inversores españoles y apuntaba que los sectores económicos más interesantes eran el maderero, la minería y la explotación petrolera. Aseguraba que la existencia de uranio, además del crudo, eran los principales motivos del interés de Francia por Guinea. También se apuntaba la posibilidad de acometer proyectos de cierta envergadura en colaboración con Francia o con otros países, como carreteras, frigoríficos para las flotas pesqueras y aeropuertos.

La historia de la cooperación española en Guinea quedaba dividida en dos etapas, una de máximo esfuerzo y realizaciones, aunque no siempre a cargo de las personas más competentes, entre agosto de 1979 y marzo de 1981 (salida de Graullera), y la siguiente hasta la primavera de 1983. El informe señalaba que durante la primera época la dirección de la cooperación estaba en Presidencia del Gobierno y luego pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se creó la Oficina de Cooperación con Guinea. El informe reservado, difundido por El País, anotaba que también falló en la segunda etapa, en forma generalizada, la designación de los responsables de la cooperación.

"Francia nos va a sustituir en Guinea", opinaba entonces el periodista Fernando Reinlein, que pasó bastantes días en Guinea durante el conflicto del sargento Mico. El ex-miembro de la UMD afirmaba en Diario-16 que "en un país como Guinea, el control real, ejercido mediante la "seguridad y asesoramiento militar", era. el único capaz de reconducir una nación que salía del terror sanguinario de Macías". Esto lo sabía Obiang, razón por la cual pidió ayuda militar a Suárez para, garantizar su seguridad, decía Reinlein antes de precisar que "la tibieza centrista de entonces y el veto de la oposición socialista -es un dato que no se debe olvidar- por el miedo a que nos tildaran de neocolonialistas, dejó el campo libre a Francia, quien a través de Marruecos, colocó la primera ficha sobre el tablero".

En su comentario, el periodista consideraba que el caso Micó fue "un triste espectáculo", pues "tras aplicar el derecho de asilo, adoptar una postura enérgica ante la amenaza -se prepararon dos dispositivos militares- se pasó a pactar una entrega vergonzosa que empieza ahora a presentar sus consecuencias negativas". Reinlein concluía afirmando que "Guinea Ecuatorial ha empezado, claramente, a ser francesa. Tal vez no le han dado alternativa".

Durante la visita del primer ministro francés. Fierre Mauroy, a Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de junio de 1983, se trató el asunto de Guinea Ecuatorial como una de las cuestiones "básicas" que afectaban a las relaciones entre los dos países. El político galo aseguró que Francia no haría nada en Guinea sin el acuerdo de España. Posiblemente decía aquellas palabras porque ya se había llegado a un principio de acuerdo.

Como ya se ha comentado, el 23 de julio se celebró, en la localidad segoviana de La Granja, el segundo seminario entre ministros españoles y franceses. Desde entonces se ha repetido en muchas ocasiones que allí, entre otros temas de mucha más trascendencia, hubo un acuerdo entre España y Francia, al menos para actuar coordinadamente en Guinea. Posiblemente el ministro francés de Asuntos Exteriores, Claude Cheysson, comentó a Fernando Moran las presiones que estaban recibiendo de los países de África Central, especialmente de Gabón y Camerún, para que Guinea ingresara en la UDEAC y Francia pagara la factura.

Muchos comentaristas políticos han manifestado que en aquel clima de buen entendimiento, donde posiblemente se estaba cimentando la colaboración francesa para luchar contra el terrorismo de ETA y limando asperezas ante la ya cercana entrada de España en la CEE, España expresó su escaso interés por seguir siendo la potencia protagonista en Guinea Ecuatorial y acordó con Francia que fuera llenando el hueco que no podía quedarse vacío en perjuicio de Occidente. Son muchas las personas que mantienen que Moran entregó Guinea a cambio del permiso francés para penetrar en los países del Magreb, de gran importancia geoestratégica y económica para España, a las que era especialmente sensible el ministro Moran como puede comprobarse leyendo su libro sobre la política exterior española o sus colaboraciones en prensa.

El mismo Moran quiso hacer "una clarificación en el tema de las siempre difíciles relaciones con Guinea Ecuatorial" y, en una carta enviada a El País en 1987, aseguró que "no ha habido nunca ningún acuerdo de trueque de influencias en Guinea, ni con Francia ni con ningún otro país". Fernando Moren anotaba que durante el periodo que dirigió el Ministerio de Exteriores intentó mantener los intereses españoles en Guinea y "fomentar una cooperación siempre complicada entre potencia administradora y un nuevo país, dificultad incrementada por los datos internos guineanos y por la reticencia de círculos y departamentos económicos españoles". El político socialista aseguraba que ni en La Granja, ni en ninguna otra reunión franco-española, "se pagó nada con la moneda de la influencia en Guinea" y anotaba que el ingreso de Guinea en la UDEAC se debió fundamentalmente a los deseos de la misma Guinea y de algunos estados vecinos, pues "ni todos los países francófonos africanos, ni la misma Francia, fueran entusiastas sin matices de dicha adhesión, sobre todo por los factores de inestabilidad económica y, por tanto, política del país solicitante".

Moran, en su argumentación, asegura que "para evitar falsas interpretaciones" previno "varias veces" a Cheysson "respecto a un exceso de celo francés en Guinea que pudiera arrojar una sombra en nuestras relaciones". Moran recuerda -afirmación muy curiosa- que por lo menos en dos ocasiones su colega francés le repitió que las autoridades monetarias de la UDEAC no tenían "ningún entusiasmo respecto a la adhesión" y que "si el Gobierna español deseaba que no se llevase a cabo, tomarían muy en cuenta su posición". Por estas palabras, parece deducirse que fue España la que animó a Francia a hacerse cargo de Guinea, Moran afirmaba también que "al no haber sido respaldada la moneda guineana por la peseta, al no haber aceptado el Gobierno de Obiang las razonables y acertadas condiciones propuestas por el Gobierno de Calvo Sotelo en 1982", no tenía convertibilidad internacional, cosa que "perjudicaba al sector exportador -en el que tenían tan importante papel empresas españolas- y favorecía el contrabando".

España prefirió, a juicio de Moran, no seguir "la conducta del legendario perro del hortelano", al no poder respaldar la moneda, y no entorpecer entonces su convertibilidad mediante el sistema regional.

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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