HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

Capítulo 42. NUEVOS AIRES EN ESPAÑA. 

Los guineanos observaron con curiosidad el triunfo de las socialistas en España. Muchos pensaron que las cosas iban a cambiar gracias a la mayoría absoluta que obtuvo el PSOE, al ser más fuerte el Gobierno español. De todas formas, y siguiendo un proceso que se había iniciado ya unos meses antes, Guinea Ecuatorial solicitó su ingreso a la Unión Aduanera y Económica de Africa Central (UDEAC).

La XVIII cumbre de jefes de Estado de la UDEAC se celebró en diciembre de 1982 en la capital de Camerún, país todavía conmocionado por la caída del histórico Amadu Aiyo. Paul Biya, nuevo gobernante camerunés, invitó a Obiang a participar en la reunión, igual que hizo con el nuevo presidente del Chad, Hisén Habré, que acababa de expulsar a Gukuni Uedei. El ministro de la Presidencia guineano, Federico Messa Bill, dijo a Paul Biya, en una reunión preparatoria de la cumbre de la UDEAC, que Guinea Ecuatorial estaba "empeñada en los esfuerzos para formar una comunidad económica de África Central, que sirviera para lograr el objetivo de instaurar un nuevo orden económico mundial", según informó el diario Camerún Tribuna.

En la cumbre de Yaundé, a la que asistió Obiang Nguema como observador, se aprobó "el principio de la adhesión" de Guinea Ecuatorial a la UDEAC y se acordó iniciar los estudios y negociaciones para preparar el ingreso al organismo de la antigua colonia española.

Los dirigentes de Camerún, Gabón, Congo y la República Centroafricana, los cuatro países ex-colonias francesas, advirtieron a Obiang de que las normas de la UDEAC eran muy estrictas y que los franceses no permitían ninguna irregularidad. Las reglas financieras de la UDEAC las dicta el Banco de los Estados de África Central (BEAC), que controla la emisión de moneda, el endeudamiento y el comercio exterior de los países miembros, codirigido por expertos franceses, pero Obiang no tenía alternativa. Ya sabía que España no podía ayudarle a salir del caos. Había que intentar otro camino, aunque se perdiera la oportunidad de aprovechar al mismo tiempo su situación geográfica y el elemento diferenciador que suponía haber sido colonizado por España. Además, Guinea pedía el ingreso en la UDEAC sin apenas ofrecer nada a cambio. Ni siquiera tenía una moneda convertible y las posibilidades de llegar a ser una zona de libre comercio, un puerto franco aprovechando su envidiable situación geográfica, se veían muy lejanas.

Por otra parte, Obiang dio aquel paso consciente de que sus vecinos podrían saciar su siempre mal disimulado apetito anexionista mediante una integración natural, con el pretexto de buscar la complementariedad económica entre sus países. Junto a sus vecinos, Guinea es un país minúsculo y, además, dividido geográficamente. Obiang no olvidaba que los islotes de Cocoteros, Conga y Mbañé estaban de hecho en poder de Gabón.

A  su  regreso  de Yaundé, Obiang dijo a los funcionarios públicos, en un discurso que pronunció en Malabo, que debían ponerse a aprender francés, dada la proximidad del país a Gabán y Camerún y debido al acercamiento a la UDEAC, aunque recordaba "la identidad de Guinea Ecuatorial como país perteneciente a la comunidad hispánica de naciones".

En un proceso paralelo de acercamiento al mundo galo, en aquellos meses, y según afirmaba el semanario satírico francés Le Canard Enchainé, Obiang había comprado algunas propiedades inmobiliarias en París. La misma publicación aseguraba que el nepotismo había adquirido proporciones gigantescas en Guinea, pues anotaba que entre los 36 principales cargos guineanos había 20 parientes del jefe del Estado. La revista precisaba que Constancia había amueblado un pisos en la calle Faisanderie, comprado por 2.200.000 francos franceses (unos 45 millones de pesetas). Quien peor parado salió de aquel oscuro asunto fue el embajador guineano en Francia, Julián Esono, condenado a trabajos forzados tras ser acusado de apropiación indebida de fondos destinados a cubrir gastos de la familia Obiang en París.

El Gobierno de Madrid apenas tomó medidas ante el progresivo alineamiento de Malabo con París. Durante los últimos meses del Gobierno de Calvo Sotelo la consigna era "aguantar", como reconoció el subsecretario de Exteriores Ortega a los diplomáticos que salieron aquel año de la Escuela. Según aquellos criterios, los diplomáticos destinados en Malabo debían ser unos estupendos fajadores, para no desfallecer ante los numerosos golpes que previsiblemente iban a recibir.

Las autoridades de Malabo no ocultaran su malestar al comprobar que Felipe González no realizó ningún comentario sobre Guinea Ecuatorial durante el discurso de investidura como Presidente.

Durante varios meses, el nuevo Gobierno socialista se preocupó de cuestiones internas y los asuntos guineanos siguieron en una situación estacionaria. Lo único que pudieron apreciar los cooperantes destinados en Guinea, fue una cierta actitud de mayor dureza institucional española en relación con los guineanos que comenzó con el año 1983. La prensa española empezó a publicar comentarios sobre el deseo del Gobierno socialista de replantear sus relaciones con Guinea Ecuatorial. Se iniciaba un tormentoso año, en el que la máxima tensión se alcanzó en junio, con el llamado "caso Mikó".

En aquellos primeros meses de 1983 la ex-colonia española absorbía el 80 % de los recursos económicos destinados por el Estado para la cooperación internacional y los 350 cooperantes destacados en el pequeño país africano representaban el 60 % de los funcionarios españoles destinados en el exterior, como señalaba Alberto Miguez en un artículo publicado en ABC. España había gastado ya en Guinea unos 15.000 millones de pesetas, pero lo grave es que apenas se veían resultados."La corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, el tribalismo, se mantienen en Guinea como en los peores tiempo de Macías", observaba Alberto Míguez. Se comentaba que sólo se habían recogido unas 7.000 toneladas de cacao durante la última campaña y se recordaba que el país exportaba productos por valor de 18 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendían a 43 millones.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Moran, relevó al inútil Martínez Pujalte por el diplomático Ricardo Peidró. Muchos pensaban que la experiencia africana de Moran podía servir para que cambiara la situación y la cooperación española lograra mejores resultados. Moran, en su carrera diplomática, estuvo destinado en Suráfrica y luego fue director general de África durante la dictadura franquista. De todas formas, los dirigentes socialistas no mostraban demasiado interés en sus declaraciones por comprometerse a fondo en una empresa que muchos seguían viendo como una forma neocolonialista de actuar. Moran se había negado al envió de tropas cuando las pidió Qbiang.

Peidró y las nuevas autoridades socialistas querían reorganizar la cooperación, ejercer un cierto control y evitar que todos las conflictos se resolviesen mediante continuas cesiones españolas. Peidró no tenía una posición abandonista en un primer momento. Simplemente quiso imprimir un mayor rigor a la cooperación, aplicando en ocasiones medidas más o menos duras y exigiendo a los guineanos seriedad y contraprestaciones como condiciones para que continuara la ayuda española. Las autoridades guineanas fueron aumentando su resentimiento contra España. La cuerda iba tensándose y en abril de 1983, justo coincidiendo con la salida del embajador Fernández Tréllez de Malabo, se produjo un suceso que hizo enturbiar las relaciones hispano-guineanas, preludio del casó Mikó.

En la Administración española se estaba produciendo una discusión sobre Guinea Ecuatorial. Por una parte, los funcionarios relacionados con Hacienda y Comercio, liderados por Luis Velasco, pedían la retirada española de Guinea y argumentaban que la inversión era ruinosa, sin. rentabilidad posible. En Exteriores, aunque con menos fuerza que durante los gobiernos de la UCD, se utilizaban argumentos más políticos para justificar la necesidad de mantener la presencia institucional española en Guinea. Hablaban de la importancia de ejercer cierta influencia en el único país africano de habla hispana. Peidró no esgrimía el argumento del "prestigio de España en África", pero rechazaba las tesis más radicales de Hacienda y Comercio y se negaba a suprimir las ayudas, o dejarlas en niveles simbólicos para entregar el país a los franceses de la forma más digna posible. De todas termas, se hablaba de reorientar la cooperación, hacerla más puntual y concreta y, desde luego, darle una mayor seriedad. Poco a poco se había ido olvidando la idea de la cooperación integral.

España había decidido no seguir enviando nuevos barcos con combustible pagado con créditos que iban engrosando la deuda guineana. Ya era una costumbre el que España resolviera el problema de la falta de gasolina y gasoil con el envió de un petrolero. Además, cada vez se acababan antes estos productos. Se sabía que buena parte del combustible que entraba en Guinea, especialmente en Río Muni, salía por las fronteras vendido en pequeñas cantidades, al estar más barato que en los países vecinos. Era el famoso "gurú-gurú", o mercado negro. La condición insular de Bioco servía para que durara algo más el combustible, pero en Río Muni se había organizado una red para exportar clandestinamente los derivados del petróleo.

A principios de 1983 el país se quedó de nuevo sin petróleo y  las autoridades españolas no respondieron a las peticiones de auxilio de las guineanas. Aquello parecían los negros tiempos de la dictadura de Macías, con prolongadísimos cortes de energía eléctrica. La ciudad de Malabo estaba a oscuras, excepto la zona donde reside Obiang, los barrios de los cooperantes o diplomáticos y las casas de los extranjeros que tenían grupos electrógenos propios.

Coincidiendo con aquella crisis se produjo un prolongado corte del suministro de agua en la ciudad, debido a unos fallos en los depósitos, que también afectó a los cooperantes y diplomáticos españoles, quienes comenzaban a sentir la falta de gasoil y gasolina. Se inició un plan de restricciones para ahorrar combustible y agua. En la Embajada de España sólo estaba encendida la luz en las horas de oficina. Luego se apagaba todo y el policía nacional que se quedaba de guardia tenía que alumbrarse con un camping gas. Aquello se convertía en una especie de sauna, al estar también parado el aire acondicionado. Durante un mes la vida se puso muy difícil para los extranjeros. Era complicado hasta darse una ducha, cosa tremendamente importante en aquellas cálidas y húmedas latitudes ecuatoriales.

Los guineanos, al comprobar que la actitud española había cambiado y que era más rigurosa, respondieron con presiones a su manera. Emprendieron acciones de hostigamiento contra los españoles, que se hacían palpables en diversos lugares, como al entrar al país por el aeropuerto, cuando un policía detenía a un coche conducido por un español y lo acusaba de cualquier tontería o en los contactos que se producían en los ministerios o instituciones guineanas. El teniente coronel Mbá Oñana, que vivía en un chalet cerca de la salida hacia el aeropuerto, cerraba de vez en cuando el camino que pasaba junto a la verja de su casa, único acceso a las "caracolas" situadas junto a la playa de Carboneras. Algunos españoles vivían en situación casi prebélica.

Fernández Tréllez mantuvo como pudo la sensación de que allí no pasaba nada. El diplomático aguantó lo indecible para que no se malograra su designación como embajador en otro país, al término de su misión en Malabo. Se lo había asegurado Pérez-Llorca y trataba de que el nuevo equipo que dirigía Exteriores respetase aquella promesa. Llevaba meses acariciando la idea de ir destinado como embajador en algún país iberoamericano y parecía que era un hecho su nombramiento como representante de España en Paraguay.

Durante los últimos meses de su estancia en Guinea el embajador de España dio la imagen del mono sabio de la leyenda, cuyas tres máximas son no ver, no escuchar y no hablar. Aunque él era el jefe de la cooperación en Guinea, como quedó estipulado en el Estatuto de la Cooperación firmado en 1982, jamás tomó ninguna medida contra funcionarios corruptos. Cuando sus colaboradores más cercanos, o algunos españoles preocupados por el rumbo que iban tomando las cosas, le comentaban algo él contestaba can evasivas o daba largas con buenas palabras. No le importaba constatar que había cooperantes que cobraban un sueldo y nunca aparecían por Malabo o los escándalos que se comentaban de la organización de la Cruz Roja en Guinea. En aquellos momentos, casi todos las medicamentos que llegaban a Guinea eran del mismo laboratorio, en muchas ocasiones caducados o innecesarios, como insulina para diabéticos, enfermedad que apenas se conoce en Guinea,  o productos para abrir el apetito, mientras faltaban los antipalúdicos o las sulfamidas para los leprosos.

Fernández Tréllez no quería problemas. El había sido un fiel ejecutor de la consigna de "aguantar" impartida por los últimos gobiernos de la UCD. Cuando Peidró empezó a ordenar que se procediera con cierta dureza, Fernández Trélles trataba de "dulcificar" la aplicación de cualquier medida.

En la Embajada de España en Malabo se supo que, un día antes de salir de Guinea, Fernandez Tréllez llamó a su despacho al consejero Norberto Ferrer. Al entregarle las llaves de la caja fuerte en la que se guardaban los documentos más secretos de la legación le comunicó que tenía en una carpeta una serie de cuestiones urgentes, que por favor las fuera viendo y resolviese poco a poco o esperase a su sucesor. Cuando Norberto Ferrer, ya sólo, abrió aquella carpeta, se quedó estupefacto por la importancia de aquella veintena de asuntos que el diplomático asturiano no había querido ni tocar para evitarse problemas.

Los guineanos encontraron un nuevo aliado en su lucha contra la nueva política española. El comandante Luis Arjona, jefe de la Policía Nacional en Guinea, destinado en Malabo desde poco después del golpe de 1979 y con excelentes relaciones personales con Obiang. Arjona no se ajustaba al cambio de política que se estaba impulsando desde Madrid. Con frecuencia acudía a visitar a Obiang, sin el conocimiento de los diplomáticos españoles, especialmente en el largo lapso de tiempo entre la salida de Fernández Tréllez, el dos de abril, y la llegada del nuevo embajador, García Abad, a finales de julio, cuando ocurrieron numerosos sucesos y percances. El diplomático que quedó como encargado de negocios durante aquellos meses, Norberto Ferrer, prohibió a Arjona ir a hablar con Obiang, pero el policía no le obedeció. Los diplomáticos españoles destinados en Malabo lucharon durante meses para que el Gobierno de Madrid destituyera a Arjona de su cargo.

Cuando Fernández Tréllez salió de Malabo había estallado el caso protagonizado par Francisco Fernández Goberna, que durante varios días trató de mantener oculto. El embajador, que durante su estancia de casi tres años en Guinea tuvo que presenciar casos tan graves como la violación de la valija diplomática, regresó a Madrid en al mismo avión que Fernández Goberna, aunque al llegar a la capital de España se escabulló con habilidad para eludir a los periodistas que estaban en el aeropuerto. Lo único que le importaba es que no se estropease su inminente nombramiento como embajador en Paraguay.

Unos días antes, las autoridades guineanas habían metido en la cárcel a Francisco Fernández Goberna, un joven abogado donostiarra, acusado de estar implicado en un golpe de Estado. Fernández Goberna llegó a trabajar tres meses como gerente y asesor jurídico de la empresa mixta para el desarrollo agropecuario PEDASA, una explotación agrícola que dirigía un extraño personaje de origen cubano instalado en Akonibe, la localidad de Río Muni donde se habían recluido las personas que redactaron la Constitución. El español se dio cuenta de que aquello era un asunto turbio para aprovecharse de la concesión de créditos y ayudas y acusó de corrupción al director de la empresa, Sergio Emilio Acosta,  y a dos ministros del Gobierno guineano implicados en aquellos negocios. Los diplomáticos españoles lograron que las autoridades guineanas devolvieran el pasaporte al abogado, que fue expulsado del país. Fernández Goberna, al llegar a Madrid, denunció la corrupción que persistía en Guinea y el mal uso que se hacía de los fondos españoles.

Fernando Moran aseguró que el Gobierno español enviaría una nota de protesta al guineano por la expulsión del abogado y que se iba a analizar la "delicada situación" por la que atravesaban las relaciones entre Guinea y España.

Los sucesos ocurridos en Malabo, los intentos de la oposición guineana para formar un grupo unitario en una reunión celebrada por aquellas fechas en Zaragoza (luego se frustraron, como en ocasiones anteriores) y el anuncio de la oposición española de presentar una interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la forma de llevar las relaciones con Guinea, obligaron al Partido Socialista a entrar de lleno en la cuestión. "Estamos en un periodo de examen serio. Debemos buscar los criterios más funcionales posibles para el mantenimiento de nuestra presencia en Guinea, analizándola críticamente y reestructurándola, pero siempre a través de la renegociación con las autoridades guineanas". decía Peidró. El director de la OCGE reconocía que durante 1982 se habían destinada a Guinea Ecuatorial fondos que se elevaban a unos 3.500 millones de pesetas, entre créditos, proyectos y otros gastos. "Hay vinculaciones de tipo económico e histórico que nos obligan a no tomar este tema con frivolidad", manifestó Ricardo Peidró.

Un grupo de partidos de la fragmentada oposición guineana se habían reunido en Zaragoza para crear la Junta Coordinadora de las Fuerzas de la Oposición de Guinea Ecuatorial, siguiendo el ejemplo de la oposición española al final del franquismo. Francisco Javier Ela Ademe, residente en Tenerife, fue elegido, secretario general de la Junta Coordinadora. En declaraciones a la prensa, el también secretario general del Frente de Liberación de Guinea Ecuatorial (FRELIGE) afirmaba que Obiang era políticamente recuperable, pero pensaban que debía hacer una limpia en el seno de su Gobierno y eliminar a los elementos prosoviéticos. Proponía la quimera de que Obiang entregase el poder a los dirigentes de la oposición, quienes se comprometían a organizar elecciones libres en el plazo de cinco años. De nuevo, una acción de la oposición guineana tuvo más eco en España que en su propio país. También participaron Severo Moto, que acababa de fundar el Partido del Progreso, y representantes de la ANRD, el MOLIFUGE y algunos independientes.

Unos días después, algunos opositores de origen bubi se reunieron en Valencia» molestos porque en Zaragoza sólo habían participado fang, y  dijeron que ellos pretendían la autodeterminación de la isla de Bioco.

El País se hacía eco de la existencia de dificultades para la obtención de visados para entrar en Guinea, medidas que "cuadran con el deterioro de las relaciones hispano-guineanas". Guinea había retrasado la llegada de su nuevo embajador en Madrid, Luis Obiang, y España tampoco había nombrado al suyo en Malabo, aunque se hablaba ya que podría ocupar aquel puesto Antonio García Abad, cónsul general en Lieja (Bélgica).

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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