HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

Capítulo 40. LA CONSTITUCIÓN. 

Finalmente, llegó el día 2 de agosto, víspera del tercer aniversario del "golpe de libertad". Gran expectación ante la lectura de la tercera Constitución guineana en apenas 14 años de vida independiente. Aquel texto, mantenido en un absoluto secreto durante su redacción, iba a servir para que Obiang prolongase su mandato, de una forma ya "constitucional",  siete años más.

Los actos de celebración del aniversario del derrocamiento de Macías transcurrieron en medio de un gran caos económico, con un ekuele cuya cotización oficial seguía siendo de dos por cada peseta, pero en la calle daban hasta diez por unidad monetaria española. La cosecha de cacao no llegó a las ocho mil toneladas, seguía muy lejos de los niveles alcanzados durante la época de la colonia.

Para aquellas celebraciones España envió al general de brigada Francisco Ríos García, director de la Secretaría General de Política Militar del Ministerio de Defensa. En Malabo se justificó el bajo nivel de la delegación española "por tener este año las fiestas del 3 de agosto un carácter eminentemente castrense", argumento poco consistente pues precisamente lo más importante de aquellas jornadas era la presentación de la Constitución. Las autoridades españolas estaban molestas al no haber pedido los guineanos la asistencia de ningún experto para la redacción de la Carta Magna.

El Gobierno de Madrid se enteró por los medios de comunicación de que se había creado una comisión nacional constitucional. Cuando se difundió esta noticia, el 1 de marzo de 1982, todavía se pensaba que- algún constitucionalista español podría revisar el texto una vez elaborada una primera redacción por la Comisión Nacional, cuyos miembros, un presidente, dos vicepresidentes y 17 vocales, fueron designados "libremente por el presidente del Consejo Militar Supremo", para -según el decreto por el que se creaba la Comisión- redactar un texto que se basara en "las realidades del país, la idiosincrasia netamente africana y tradicional y las costumbres de Guinea Ecuatorial".

En la Conferencia de Donantes, muchos países habían condicionado la concesión de ayudas al logro de avances reales en la democratización del país. El prestigioso ex-canciller de Costa Rica Fernando Valió Jiménez realizó un informe para la ONU, en 1980, en el que pedía que antes de agosto de 1982 debía estar redactada la Constitución. Previamente debía aprobarse, según su plan, "una ley de asociaciones que permita la participación política del pueblo", en el marco de "una completa libertad de expresión".

En la Comisión Nacional de la Constitución participaron casi todos los juristas que había en el país y algunos intelectuales y políticos de confianza de Obiang. Sus miembros se encerraron durante un mes largo en el pueblo de Akonibe, al sureste de Río Muni, no demasiado lejos de la frontera con Gabón, para evitar que se produjeran filtraciones. Según explica el presidente Obiang, la Comisión se recluyó en Akonibe "para aislarse de las tensiones de las capitales, de las presiones políticas., ambiente de bullicio e intromisiones que enturbiaran su tranquilidad, independencia y libertad" (1).

El presidente de la Comisión era Andrés Ncó Ivasa, entonces ministro de Hacienda, cargo que ya había ocupado durante el mandato de Macías. El texto quedó en absoluto secreto hasta la tarde del 2 de agosto, cuando fue leído en solemne acto en el cine Marfil el mismo escenario que sirvió para juzgar a Macías.

Lo importante, a juicio de Obiang, era "crear estímulos de participación política", dentro de una mayor libertad de opinión. El presidente guineano reflexionaba, al hablar de la necesidad de elaborar la nueva Constitución, sobre el hecho de que "durante muchos años y desde la independencia de 1968, Guinea Ecuatorial sólo ha ganado la angustia, la tristeza, la subyugación, el miedo y el trauma, y perdido su libertad y espontaneidad política". En aquel momento estaba preocupado por "transformar en un orden civil el orden militar que nació con el golpe de libertad", objetivo que se complicaba si se tiene en cuenta que era necesario mantener a las personas que ocupaban los cargos más importantes, muchos de ellos militares.

El fundamenta del sistema político guineano debía residir en el Consejo de Poblado, institución tradicional, que se precisaba estaría formado por siete miembros y un presidente, elegidos por sufragio universal directo y secreto en los poblados.

El Consejo Militar Supremo aprobó el texto del borrador constitucional el 9 de junio tras introducir "ligeras enmiendas" y "corregir" algunos artículos del proyecto presentado por la Comisión. Entonces se inició una carrera para que todo estuviera listo el 3 de agosto y poder realizar un referendum lo antes posible (muchos seguían pensando en que sería el 12 de octubre). Lo más importante era elaborar un censo de población, cosa que comenzó a realizarse a primeros de junio, "con carácter urgente y preferente". Quedó listo en dos meses, pero estaba plagado de errores. La curioso es que la ONU tenía previsto elaborar un censo de población en 1983.

Rubén Hernández Valle, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, y Jorge Mario García Laguardia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, empezaron a analizar el texto constitucional el 16 de julio. Los constitucionalistas, enviados por la División de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, siguieran al pie da la letra la consigna de respetar escrupulosamente el secreto del texto. Solo dijeron, al marcharse dos semanas después, que estaban satisfechos porque el presidente Obiang había aceptado sus sugerencias y anotaban que el texto constitucional era "sumamente positivo". Nunca se había guardado un secreto en Guinea con tanto celo.

Por fin, el 2 de agosto par la tarde, el presidente Obiang dio lectura a la Constitución, ante una gran expectación general debida al secretismo imperante. El cine Marfil estaba casi lleno y se repetían los aplausos y ovaciones al "jefe". Allí se supo que el Consejo Militar Supremo había aprobado la reelección del coronel Obiang Nguema como Presidente de la República por un periodo de siete años, duración del mandato presidencial según el nuevo texto constitucional, que debía ser aprobado, en un apresurado referendum popular, el 15 de agosto. Se había puesto un plazo a la democratización del país, aunque de gran amplitud, pues las primeras elecciones presidenciales debían realizarse siete años después, es decir en agosto de 1989, diez años más tarde del "golpe de libertad".

Obiang manifestó en el cine Marfil que la Constitución recogía los principios de la Carta de Derechos Humanos, completados por "algunos derechos importantes según la doctrina constitucional moderna". Luego afirmó que la "economía de Guinea se basa en el principio de la libertad de mercado y empresa", aunque el Estado podría intervenir "para mejorar la justa distribución de la riqueza". Cuado Obiang acabó de comentar algunos puntos del texto que presentaba, señaló que le correspondía a la población decir la última palabra, para aceptar o rechazar la Constitución. Esto parecía una prueba de democratización, pero las cosas quedaron más claras cuando añadió: "la no aceptación no significa que se rechace al Consejo Militar Supremo, sino tan solo que el pueblo renuncia al derecho de participar en los asuntos políticos del país". Tras una breve pausa, Obiang sentencies "puede haber un Estado sin Constitución, pero nunca un país sin Gobierno".

La Constitución de 1982 es muy presidencialista, aunque se puede considerar avanzada en cuanto al reconocimiento del respeto de las libertades individuales. Según una disposición adicional, "para poner en práctica todas las instituciones previstas en esta ley fundamental, así como asegurar hasta el final el proceso para una democracia total y ordenada, el presidente de la República es Obiang Nguema Mbasogo, autor y ejecutor del glorioso día tres de agosto". A continuación, se añade que "transcurridos siete años desde la adopción de esta ley fundamental, se aplicará lo dispuesto para la elección de un nuevo presidente".

Dos días después de ser presentado el texto constitucional, en el cine Marfil, se convocó el referendum para el día 15 de ese mismo mes. Ya era imposible que fueran repartidos los ejemplares del texto a la población, pues hasta el día 6 no aparecieron publicados los primeros, aunque la verdad es que fuera de las dos grandes ciudades pocos eran los que podían leerlo. Alrededor del 40 % de los guineanos son analfabetos. La trampa fue que al aceptar la Carta Magna, los guineanos también votaban a Obiang como presidente constitucional del país. La oposición denunció, desde el exterior, la falta de control y rigor democrático del referendum que se preparaba a marchas forzadas.

Los poderes del presidente, definidos por el artículo 92 en 18 apartados, eran "sancionar, promulgar o votar los proyectas de ley aprobados por la Cámara de Representantes", hacer ejecutar las leyes y dictar los reglamentos y expedir los decretos. Es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designa libremente a los miembros del Gobierno que preside, nombra a los funcionarios civiles y militares del Estado, negocia y ratifica los acuerdos y tratados internacionales, convoca las elecciones, puede disolver las cámaras, nombrar y separar libremente a los jueces y fiscales y puede también solicitar la revisión de las decisiones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Por último,  el texto precisa que el Presidente de la República tiene atribuciones para suspender los derechos y garantías establecidos por la Constitución, con el único requisito de informar a la Nación.

Tras la figura del Jefe del Estado aparece el Consejo de Estado, el máximo órgano colegiado del país, que tiene el objetivo de "garantizar los sagrados valores de la Patria, soberanía nacional, integridad territorial, unidad nacional, paz, justicia y el ejercicio de las libertades democráticas". Tiene once miembros, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente de Corte Suprema de Justicia y el ministro de Defensa. El resto los nombra el Presidente de la República. Tiene funciones muy importantes, como, por ejemplo, aprobar las candidaturas a la Presidencia de la República, proclamar los resultadas de las elecciones generales, declarar la incapacidad física o mental de un presidente y "asesorar al Gobierno en cuantas cuestiones le someta", además de "velar por la constitucionalidad de las leyes".

En la parte programática -los primeros artículos de la Constitución- Guinea Ecuatorial se define como "un estado soberano, independiente, democrático, unitario y republicano. Su Gobierno es electivo y responsable". También se afirma que "su soberanía reside esencial y exclusivamente en el pueblo, que la ejerce a través del sufragio y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercen en los términos que esta ley fundamental y las demás leyes establecen". Uno de los primeros artículos dice que "la lengua oficial de la República de Guinea Ecuatorial es el español" y que "se reconocen las lenguas aborígenes como integrantes de la cultura nacional".

La separación del poder ejecutivo y judicial, principio fundamental del estado de derecho, es imposible. El artículo 141 señala que el Jefe del Estado es "el primer magistrado de la nación y garantía de la independencia de la función jurisdiccional". El Jefe del Estado nombra al presidente de la Corte Suprema y a sus doce miembros.

La Cámara de Representantes, cuyo número de miembros es entre 45 y 60, tiene también poderes muy limitados, especialmente desde el momento en que no se permite la libre actividad de los partidos políticos. Esto desvirtúa el hecho de que los diputados sean elegidos por sufragio universal, directo, secreto y obligatorio, para un periodo de cinco años.

El régimen económico de la República de Guinea Ecuatorial se funda en el principio de la libertad de mercado y empresa pero la intervención del Estado, según la Constitución, puede ser muy amplia, y además se reserva la explotación de sectores y recursos fundamentales como hidrocarburos o minerales, así como el control de la inversión extranjera, banca, importaciones y exportaciones.

La Constitución guineana es una de las pocas en el mundo que, además de adherirse a la Carta de Naciones Unidas y a la Organización para la Unidad Africana, lo hace también al Movimiento de Países No Alineados.

La definición de las zonas que integran el territorio nacional en la Carta Magna fue objeto de fricción con las autoridades de Gabón. Dice el texto que el territorio ecuatoguineano está formado por la "zona continental de Río Muni y las islas de Bioko,  Annobón,  Corisco,  Elobey Grande, Elobey Chico e islotes adyacentes". El presidente Omar Bongo intentó que se suprimieran las palabras "islotes adyacentes". Estas pequeñas islitas situadas en el estuario del río Muni , en la parte sur de la costa continental junto al límite con Gabón, fueron cedidas por Macías a cambio de unos Mercedes. Se asegura que cuando Obiang viajó a Libreville, poco después de tomar el poder, firmó una cesión de los islotes a Gabón, tras ser emborrachado por el astuto presidente Bongo, uno de los dirigentes que más años llevan en el poder en África. La importancia de estos islotes, actualmente ocupados por un pequeño destacamento gabanes, reside en que sirven para definir las aguas territoriales de los dos países, en una zona de la costa rica en petróleo.

El texto constitucional es muy avanzado, considerando el marco africano, en cuanto al respeto a los derechos del hombre y libertades individuales. Por supuesto, la realidad no tiene nada que ver con los propósitos constitucionales, pero esto ocurre en todos los países, en mayor o menor medida. Según el artículo 20, "quedan prohibidas las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante", se reconoce la libertad de expresar pensamientos, ideas, y opiniones mediante palabra, escrito o cualquier medio de difusión. También se propugna el respeto por la libertad de conciencia y religión, la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones orales, escritas y documentos privados, transitar libremente por el territorio nacional y entrar o salir de Guinea Ecuatorial cuando se desee. Añade que ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratis o forzoso, cosa que incumple el propio Gobierno cuando obliga a los presos a trabajar en la limpieza de carreteras u otras obras públicas. Sin embargo, se mantiene la pena de muerte.

El artículo 75 afirma que "la propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social declarado conforme a la ley y previa indemnización correspondiente". El artículo segundo asegura el respeto a la "persona humana, a su dignidad y libertad y a sus derechos fundamentales". También es un "valor supremo del Estado ecuatoguineano" la protección de la familia, como "célula básica de la sociedad".

En la Constitución guineana se permite la poligamia, al resaltar la importancia de la "familia tradicional". El artículo 41 permite "toda clase de matrimonio". Una interpretación rigurosa del texto constitucional posibilita también la poliandria, pues se afirma que "la mujer tiene iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes de la vida pública, privada y familiar", pero esto es impensable en una sociedad claramente dominada por los varones.

Los guineanos tienen derecho a la asociación y libre reunión "sin más limitaciones que las establecidas por la ley", pero el texto especifica que "están prohibidas las asociaciones o sociedades cuyo fin o actividades son contrarias al buen entendimiento y armonía de los grupos étnicos o atenten contra el espíritu de la unidad nacional", seguramente para poder mantener en la ilegalidad a los partidos políticos.

Una práctica habitual en la Administración guineana, las sanciones a los funcionarios recortando sus salarios, quedó prohibida  al  señalar la Constitución que "la  remuneración  del trabajo  es  inembargable".  La  huelga está prohibida  para  los funcionarios  del Estado y "tampoco pueden hacerla  las  personas que  trabajan en corporaciones o empresas,  cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función...",  es decir que  casi  nadie puede ponerse en huelga.

En el acto realizado el dos de agosto fue leído un manifiesto del Consejo Militar Supremo en el que tras una serie de encendidas alabanzas "al hombre que viene gobernando con tan gran acierto nuestro país desde el "Golpe de libertad de 1979", terminaba diciendo que "tiene el alto honor de invitar al coronel Obiang Mguema Mbasogo a representar a la Nación y al Estado, en calidad de Presidente de la República, durante los próximos siete años, a partir de la entrada en vigor de la Ley Fundamental. en virtud del actual carisma que el pueblo le otorga y en función de todos sus méritos".

Según el presidente Obiang Nguema, la promulgación de la Carta de Akonibe fue "el paso más gigantesco de la reconstrucción de Guinea Ecuatorial, de su conciencia cívica".

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(1) Obiang Nguema, T. Guinea Ecuatorial, país joven. Madrid, Ediciones Guinea, 1985.

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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