HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

 

"Respeto en el pueblo y respeto en el bosque". Proverbio fang sobre la justicia.

Capítulo 24. LA JUSTICIA

Uno de los objetivos iniciales del régimen instaurado por Teodoro Obiang Nguema nada más derrocar a su tío Macías fue "restablecer el imperio de la ley en Guinea Ecuatorial". Tras once años de violaciones de las normas establecidas, de impunes actuaciones ilegales de las autoridades, de falta de respeto a los más elementales derechos humanos, era urgente desempolvar los códigos legales y aplicar las normas jurídicas. Una tarea fundamental era la redacción de una nueva constitución, texto que finalmente se aprobó en agosto de 1982, en un referendum que sirvió para elegir a Obiang para un mandato de siete años.

Seis meses después del "golpe de libertad" viajaron a Malabo dos jueces españoles, con el objetivo de poner orden en la justicia guineana y construir el entramado legal que necesita cualquier estado. Juan Manuel Saenz Bayón y Ramón Trillo Torres llegaron un sábado de febrero de 1980 a Guinea Ecuatorial, sin saber muy bien con qué se iban a encontrar y cuál iba a ser su trabajo. No había ningún plan previo. España respondía así a la solicitud guineana, expresada verbalmente, de que fueran enviados algunos jueces.

Saenz Bayón y Trillo se dieron cuenta inmediatamente de que su labor no sería fácil y de que, desde luego, su trabajo iba a ser muy diferente del que estaban acostumbrados a realizar en la Audiencia Territorial de Madrid. Su primera misión ya tuvo ribetes cómico-trágicos, cuando el embajador de España, José Luis Graullera, no se atrevió a dejarles que se presentaran solos ante el ministro de Justicia, que entonces todavía se llamaba "comisario". Ese cargo lo ocupaba Policarpo Monduy Mbá, un teniente de escasa cultura y gran afición a la banga (droga de uso habitual en Guinea), aunque de gran inteligencia natural. Según se comentaba, Policarpo adquirió gran prestigio cuando mató un gorila con sus propios puños durante un paseo que daba por la selva cerca de su Mongomo natal. Por otra parte, el comisario estaba bien asesorado por Tomás Alfredo King Thomas, entonces secretario general técnico del Ministerio de Justicia.

"La justicia no existía en Guinea Ecuatorial cuando llegamos allí", afirma Saenz Bayón, quien permaneció en Malabo hasta mayo de 1983, fecha en la que dimitió avergonzado por la entrega del sargento Mikó a la policía guineana. Las autoridades del Ministerio de Justicia, situado en un vetusto edificio que antes de 1968 fue un bello palacio colonial cercano a la plaza de la Independencia, enseñaron a los jueces españoles su "despacho". Los funcionarios se dieron cuenta de que debían partir de cero. El "despacho" era una gran habitación completamente vacía. No tenia ni un mueble. En el Ministerio no había ni un texto legal, ni papel, máquina de escribir u otros materiales de oficina. En ese momento, las gotas de sudor que caían por los rostros de los magistrados no se debían sólo al habitual calor guineano.

Lo primero que Obiang pidió a los jueces españoles fue una Ley de Menores y una Ley de Orden Público, pero antes los dos funcionarios habían solicitado a Madrid colecciones de códigos y textos legales y el Aranzadi, ejemplares que repartieron por los ministerios, donde los únicos libros que se veían eran obras de Marx, Engels, Lenin, Mao Ze Dong o Kim II Sung, muchas veces en ruso, chino o coreano- España envió también varios miles de folios blancos, material de oficina y una treintena de vetustas máquinas de escribir, la mayoría ya desahuciadas en el Ministerio de Justicia o en los juzgados de Madrid.

Los jueces españoles repararon inmediatamente en una cuestión que ya había surgido durante el juicio a Macías, en septiembre de 1979. En Guinea había un vacío legal absoluto, pues el primer gobernante derogó la legislación del periodo colonial, pero no promulgó nuevas normas, a excepción de la Constitución redactada en 1973, por la que se proclamó "presidente vitalicio de la República".

Los observadores internacionales que asistieron al proceso de Macías quedaron, en líneas generales, satisfechos de la defensa y de la corrección del juicio. "Un proceso justo, teniendo en cuenta las circunstancias y el marco excepcional en que se ha desarrollado", afirmó el uruguayo Alejandro Artucio, enviado por la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra. Entre las observaciones que señaló en su informe, Artucio dijo que "la mayoría de los cargos resultaron ampliamente probados", aunque en Guinea "hay un enorme vacío legal". Como quedó indicado, para el juicio de Macías se aplicó el Código de Justicia Militar español, también derogado por Macías.

Por esta razón, Saenz Bayón y Trillo redactaron un breve decreto, aprobado por Obiang el 3 de abril de 1980, con el que se puso en vigencia "la legislación anterior al 12 de octubre de 1968", siempre que no "contradiga" las decisiones tomadas por el Consejo Militar Supremo y en forma temporal "hasta que el país disponga de sus propias leyes". Lo que no decía el decreto es que, evidentemente, la legislación anterior a 1968 era. la española, aplicada en la colonia africana.

Poco a poco fue surgiendo una estructura legal en Guinea, aunque la verdad es que costó años ir limando las costumbres habituales del periodo de Macías. Cualquier alto funcionario, la policía o los militares, aunque fueran soldados rasos, podían cometer los abusos que quisieran. En cualquier país africano la ley se respeta con un rigor muy relativo, pera en Guinea sólo regía la ley del más fuerte. De todas formas, las autoridades guineanas pretendían aprobar una reglamentación más adaptada a sus costumbres africanas y menos inspirada por Occidente, especialmente por España. En todo el país sólo había una docena de abogados, pero en realidad no hacían demasiado falta, pues no había costumbre de recurrir a la justicia para resolver pleitos. Para esto existe "la casa de la palabra", el lugar donde el consejo de ancianos de cada poblado soluciona las disputas y litigios y se toman las decisiones importantes. Además, durante la época de la colonia mandaban los blancos y muy pocos demandaron a algún "masa" y cuando el país accedió a la independencia, Macías prescindió de la justicia.

Cuando se aprobó la Ley del Poder Judicial, Ramón Trillo ya había regresado a España, pues en noviembre de 1980 fue nombrado miembro del recién creado Tribunal Constitucional. En el Consejo de Ministros en el que se aprobó esta ley, al que asistió Bayón, ocurrió algo muy divertido. Los guineanos trataban siempre de comprobar las similitudes y diferencias entre las leyes que preparaban los jueces españoles para su país y la legislación vigente o derogada de la antigua potencia colonial, utilizada como modelo por los asesores españoles. Pero, les parecía que la Ley del Poder Judicial no tenía nada que ver con la que regía en España., además de incluir una serie de "africanismos jurídicos", como podía ser la institución de la casa de la palabra. Obiang dijo en ese Consejo de Ministros que no habían encontrado ningún "precedente" a esa ley. Saenz Bayón explicó que fundamentalmente se había utilizado un proyecto español elaborado por una comisión de miembros de la UCD, encabezada por el jurista Arozamena, que todavía no se había aprobado en España.

Varios ministros se durmieron mientras se daba lectura a la ley, pero al final surgieron algunas preguntas. Como era habitual, el comisario de Información y director general de Interior, Isidoro Eyí, planteó algunas críticas, muy en su línea antiespañola. Policarpo Monduy, en lugar de hacer una defensa de la ley, en su calidad de comisario de Justicia, intervino poco menos que para decir que si todavía era un mero proyecto en España, que para qué narices debía ser aprobada en Guinea Ecuatorial. Obiang pidió la palabra. Todos callaron. Tomó el texto de la ley en sus manos y dando un tono solemne a sus palabras dijo "queda aprobada la Ley del Poder Judicial".

Quedaron así establecidos un tribunal supremo, una audiencia territorial para Bioco y Río Muni, dos juzgados de primera instancia, uno en Malabo y otro en Bata, y otros de distrito, todo sobre el papel, pues no había medios para crear las diversas instituciones.

Tampoco había abogados. En esos primeros años tras el "golpe de libertad" había en Guinea una docena de licenciados en Derecho. Ahora hay poco más o menos el mismo número, pues algunos tuvieron que salir del país al plantear una mínima oposición o críticas al régimen. Uno de los casos más notables de abogados "fugados" es el de José Luis Jones, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, el fiscal del juicio de Macías de "origen fernandino" y perteneciente a esa escasísima burguesía guineana de la isla, actualmente residente en Madrid.

Debido a la carencia de juristas y también a que nadie concibe la necesidad de la independencia de los poderes del Estado, el presidente y los dos vocales del Tribunal Supremo de Guinea, Tomás King, Leoncio Edjang Avoro y Eloy Eló Nvé, eran ministros o altos cargos del Gobierno.

El embajador Graullera dijo al periodista Pablo Sebastián, a finales de 1980, que Guinea iba a "avanzar pronto por la senda de los derechos humanos y civiles con la aplicación del derecho por funcionarios guineanos y españoles". Como siempre, optimista, aseguraba que esto, "aparte de permitir el progreso hacia un Estado de derecho, daré toda una serie de garantías jurídicas y legales a empresarios y cooperantes en favor de las inversiones y creación de fuentes de riqueza".

En noviembre de 1981 el ministro Policarpo Manduy había transmitido a los asesores españoles el deseo de su Gobierno de contar con más jueces enviados desde Madrid. Las autoridades guineanas comprobaron que sólo con las leyes no se ponía en marcha la justicia en el país. Pensaron en colocar un español en cada uno de los órganos judiciales, incluidos los jueces de primera instancia. Solicitaron el envío de un magistrado para el Tribunal Supremo, otro para la Audiencia Territorial y cuatro jueces de primera instancia.

Saénz Bayón habló con Federico Sainz de Robles, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, quien prometió estudiar la solicitud con interés, en cuanta recibiera una petición formal de Presidencia del Gobierno. En su carta, de respuesta a Adolfo Suárez, puso como única condición que los organismos de la cooperación española en Guinea se encargaran de la infraestructura y de pagar los sueldos de los magistrados y jueces que fueran desplazados a Guinea.

Todo este proceso sufrió las demoras habituales de la Administración española. A primeros de agosto de 1982, nada más darse a conocer el texto constitucional, el Gobierno guineano cursó una petición formal al español para que enviara dos magistrados, cuatro jueces de primera instancia y cinco oficiales de la administración de justicia. El hecho era muy importante, pues servía para poner en práctica el Estatuto del Cooperante, firmado unos meses antes entre España y Guinea. Obiang deseaba dar una imagen de seriedad en la Justicia, en su intento para que se iniciara la inversión de empresarios privados, como había pedido durante su estancia en España, en mayo de 1982. Los funcionarios españoles encargados de poner orden en la Justicia guineana serían "asesores", es decir funcionarios asimilados a la Administración guineana. Los dos países debían acordar sus-horarios laborales, sus vacaciones y sus cometidos, aunque fuera España el país que les pagara. Los guineanos podían destituirlos, previa notificación a la asistencia técnica española.

Pero lastimosamente era demasiado tarde. El Gobierno español no confiaba en que pudiera enderezarse la situación y las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. Aquellos trámites se paralizaron y luego, con el triunfo socialista, se abrió otro periodo en las relaciones bilaterales. El nuevo director de . la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial, Ricardo Peidró, archivó definitivamente el expediente.

Saenz Bayón pensaba que el proyecto era un tanto arriesgado, pero que merecía la pena intentarlo, dentro de un contexto en el que todavía se pensaba sacar adelante a Guinea Ecuatorial. Sin duda, la actividad de los magistrados y jueces españoles hubiera sido difícil, pero, en cualquier caso, hubiera sido el paso necesario para intentar poner en marcha el funcionamiento de la justicia en Guinea.

La solicitud del envío de los jueces era también muy importante, en un momento en el que las relaciones entre Guinea y España comenzaban a deteriorarse. El riesgo era. tener que impartir justicia en un lugar donde un juez o un abogado tenían un prestigio y un valor muy escaso, sin poder cerrar los ojos ante una serie de irregularidades y arbitrariedades jurídicas que son práctica habitual en Guinea. Poco a poco, la situación ha ido mejorando en este aspecto.

El 20 de marzo de 1982 el presidente Obiang presidió la apertura del Año Judicial, ceremonia que se realizaba por vez primera en el país africano. Este acto "representa de hecho el que empezamos a caminar hacia la senda del estado de derecho que hemos propuesto dar al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial", dijo el presidente en su peculiar castellano. Obiang pidió a las autoridades civiles y militares que colaboraran con los jueces y magistrados y aseguró que su Gobierno -entonces todavía se llamaba el Consejo Militar Supremo- intentaba convertir a Guinea en un estado de derecho y "separar las funciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial".

Intervino también en el acto el fiscal general de Guinea, José Luis Jones, entonces todavía en el país, para solicitar la creación de reformatorios y otras instituciones previstas en la Ley del Menor. Aseguró que la delincuencia juvenil era un problema grave en Guinea, debido a la falta de educación, y cultura como consecuencia de los once años que duró la dictadura de Macías y por el abandono en que quedaron muchos menores, al ser encarcelados o asesinados sus padres. Denunció la costumbre guineana de meter a los menores en las cárceles de adultos.

Para realzar la solemnidad del acto, el Colegio de Abogados de Madrid envió unas cuantas togas. Algunos magistrados guineanos pidieron al embajador de España, Vicente Fernández Tréllez, que las togas se quedaran en Guinea, pero aquel capricho no se concedió a los guineanos, que se veían mucho más imponentes y realzada, su autoridad con las togas negras.

Leoncio Edjang, al mismo tiempo presidente del Tribunal Supremo y secretario técnico del Ministerio de Justicia, expresó su preocupación porque "ciertas autoridades de la Administración del Estado impartan ilegalmente la justicia, tomen la justicia por su mano, coaccionen e intimiden a los jueces y magistrados y abusen  de su autoridad para dejar sin ejecutar las sentencias".

Las palabras de Edjang, dos años y medio después del derrocamiento de Macías, eran prueba de que las cosas no iban muy bien en el campo de la justicia, aunque era bueno que se pudieran decir en público. El magistrado se remangó la toga, pues sudaba casi tanto como los funcionarios españoles que asistían al acto, encabezados por Joaquín Ortega, subsecretario de Asuntos Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de Cooperación con Guinea Ecuatorial, que esa mañana había llegado a Malabo para participar en unas reuniones bilaterales. En el ambiente cargado del salón del Palacio Tres de Agosto, Edjang, con voz engolada, dijo que era necesario que la apertura del Nuevo Año judicial significara "el comienzo absoluto e incondicional del respeto a los derechos humanos, consagrándose el principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, el respeto y subordinación a esta, así como la exigencia de responsabilidades a quienes la incumplan".

Finalmente debía intervenir Obiang, pero el mandatario decidió no leer las tres cuartillas que le había preparado el juez Saenz Bayón. Quizá le pareció que la farsa duraba demasiado y ya no tenía más ganas de aguantar aquella parodia que nadie parecía creerse demasiado. Ortega y el resto de la delegación española le agradecieron que abreviara, pues así pudieron ir antes a descansar. El vuelo entre Madrid y Malabo, toda una noche, siempre fatiga, aunque se viaje en la primera clase del DC-10 de Iberia.

 

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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