HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

 

Capítulo 23. SEGUNDA VISITA DE LOS REYES

La segunda visita de los Reyes de España, en diciembre de 1980, justo un año después de la anterior, se realizó en un ambiente mucho más crítico con la cooperación española en Guinea. Habían surgido algunas tensiones y conflictos entre guineanos y españoles.

A primeros de diciembre, Cambio-16 publicó un extenso reportaje titulado "El descalabro de Guinea". Según la revista, el Gobierno español estaba "profundamente preocupado por la situación guineana y por el interés de Francia de asentarse en Guinea Ecuatorial". Peru Egurbide, autor del reportaje, afirmaba que las autoridades guineanas estaban cansadas de promesas no cumplidas "y, sobre todo, de cómo se está canalizando la ayuda española para la reconstrucción del país". Poco habían cambiado las cosas al cabo de un año largo de cooperación española. En Malabo seguía faltando la luz y escaseaba la comida. Tras señalar una serie de deficiencias y problemas en las comunicaciones, los transportes, la sanidad y otras "infraestructuras básicas", el periodista afirma que el resultado de la cooperación hispano-guineana "difícilmente puede ser optimista, aunque se anuncien algunos logros parciales, sobre todo en los campos de la enseñanza, y la organización de la Administración pública". Tras una mejora "aparente", a partir de septiembre la situación volvió -a "caer en picado", según Cambio-16.

Ni siquiera se había podido levantar la producción de cacao en forma significativa. Aunque la bondad del clima hacía que las plantaciones, pese a estar muy deterioradas y sin recibir cuidados durante años, siguieran dando piñas de cacao estas se pudrían en los árboles al faltar la mano de obra para las tareas de cosechado y secado. En 1979 sólo se recogieron 4.000 toneladas y en 1980 no se llegó a las 8.000, lejísimos de las 40.000 de la época de la colonia, y las exportaciones de madera apenas superaban los 40.000 metros cúbicos.

Las causas de esta situación, a juicio de Cambio-16, eran tanto "las veleidades y contradicciones de las nuevas autoridades guineanas", como "la imprevisión y descoordinación de la Administración española, que abordó esta tarea de envergadura sin ninguna experiencia previa".

En aquel momento todavía no se había discutido en el Parlamento español la cooperación con Guinea, ni había un plan global o unas coordenadas para diseñar a medio plazo la ayuda. Los asuntos relacionados con Guinea los dirigía Alberto Recarte, un economista asesor de Suárez, desde La Moncloa, en relación directa con Graullera. En un principio se encargó Exteriores de los asuntos de Guinea, pero luego pasó a depender del ministro de Economía, José Luis Leal, quien no quiso crear una comisión interministerial para organizar la cooperación, al parecer para evitar burocratismos que lastraran los envíos de ayuda.

A Recarte, uno de los famosos "fontaneros" de La Moncloa, le ayudaban los diplomáticos José Luis Alcina y Raimundo Pérez Hernández. Todo estaba mezclado, los asuntos diplomáticos propios de una delegación española en el extranjero con las cuestiones políticas o económicas que planteaba la ambiciosa cooperación que se pretendía llevar a cabo. Recarte tenía que utilizar la fuerza que le daba llamar desde Moncloa a los distintos ministerios para que cada departamento entregara la parte del presupuesto que le correspondía para mantener a sus propios funcionarios destacados como cooperantes en Guinea, cada uno con un sueldo y unas dietas distintas. Los tramites se eternizaban y no había ninguna coordinación, todo agravado por la falta de colaboración de las autoridades guineanas y la corrupción del país africano.

La cooperación estaba en crisis, mientras los empresarios privados no veían nada claro invertir en Guinea. Según Cambio-16, crecía la desconfianza entre guineanos y españoles, cuando se habían invertido ya unos 5.000 millones de pesetas en la cooperación, incluidos unos 400 millones de pesetas en alimentos y medicinas, que en cierta medida habían sido vendidos por avispados funcionarios a los países limítrofes. Las empresas constructoras españolas Dragados y Construcciones, Huarte y Escuder y Galiana se estaban repartiendo unos 1.200 millones de pesetas en diversas obras, como por ejemplo el acondicionamiento de hospitales, construcción de viviendas o la traída de aguas a Bata. También había que descontar la parte entregada a la Compañía Transmediterránea por el alquiler del Ciudad de Pamplona, fondeado en el puerto de Malabo durante casi un año. Dragados había cobrado unas 1.500 millones de pesetas por la construcción de las "caracolas" y también se había financiado con ese dinero la actividad de los dos Aviocar desplazados a Guinea para garantizar el transporte de los cooperantes españoles entre Bioco y Río Muni, mas los sueldos de los cooperantes, vehículos para uso de la cooperación, etc.

Enrique Bernaldo, asesor español destinado como experto para organizar la Aduana guineana, institución que debía recaudar la mayor parte de los impuestos, era incapaz de superar la corrupción. Cada empresa privada o mixta se buscaba a un guineano influyente, para eludir el pago de los impuestos o tasas, y lo situaba en un cargo elevado, con un buen sueldo. Florencio Mayé pudo saciar su ambición con un fabuloso sueldo como presidente de GEPSA, a cambio de realizar importantísimos servicios en beneficio de la empresa mixta, en definitiva de Hispanoil. Bernaldo, inspector de Aduanas, inició en ese puesto una larga actividad relacionada con Guinea, que terminó en verano de 1987 al ser destituido como coordinador general de la cooperación, un cargo que desempeñaba entre Madrid y Malabo, acusado de diversas irregularidades y corrupción. Era la imagen del antiguo colono español, con un profundo desprecio por los guineanos a quienes habitualmente llamaba "estos monos". No importó su fracaso como asesor en la Aduana (tendría que llegar un francés para organizarla) y fue escalando cargos en la cooperación ante la indignación de las autoridades guineanas más sensibles.

Las exiguas reservas de divisas que había en el país, unos 16 millones de dólares, las gastaban las autoridades guineanas en importar vehículos o en reparar los palacios de punta Fernanda, el corazón de la "ciudad prohibida" de Macías, la zona más selecta durante la colonia española, residencia también de los nuevos gobernantes. La concesión de licencias de importación era arbitraria e irregular, sin tener en cuenta las necesidades de la población, ni inspeccionar si las licencias otorgadas se empleaban para lo que realmente se habían solicitado.

Peru Egurbide observó que los 103 finqueros españoles que, en teoría, habían recuperado la posesión de sus propiedades relacionadas con el cultivo del cacao en la isla, apenas si habían realizado inversiones para mejorar las fincas o los secaderos, porque no se fiaban de las promesas de los funcionarios guineanos. Casi todos se encontraban en sus propiedades a "administradores" o "inquilinos" que se negaban a salir de ellas. Unos no se marchaban de las fincas "ocupadas" sencillamente por que no querían y su único argumento era que se habían encontrado aquello vacío y abandonado. Otros se hacían los sordos desde la seguridad que les daba una alta posición gubernamental o militar. Y quien debía dar ejemplo, el mismo presidente Obiang, se negaba a abandonar las fincas que ocupaba desde hacía años, como algunas de Muñoz y Gala, aunque estos propietarios las reclamaron incansablemente, e incluso enviaron un apoderado a Malabo que gestionó su devolución durante seis años, pero no lograron recuperarlas, pese a utilizar casi todos los métodos y sistemas posibles, legales e ilegales.

En aquel momento, la cotización oficial del ekuele era de dos pesetas, aunque la moneda guineana ya valía menos en el mercado negro. El sueldo mensual medio seguía siendo de unos 5.000 bikuele, mientras un kilo de azúcar costaba 1.500 bikuele. Esta situación impedía que se normalizara la economía, al hacer imposible, por ejemplo, la contratación de braceros para los cacaotales o que fuera rentable el cultivo y comercialización del cacao de Bioco o el café de Río Muni. Gran parte de estos productos, básicos para la economía guineana, se exportaban clandestinamente, en lanchas que salían de noche hacia las costas nigerianas o por las fronteras terrestres a los países vecinos.

Cuando el embajador Graullera se enteró de que los Reyes de España iban a viajar a Gabón y Camerún sin hacer, al menos, una escala en Guinea, se puso en movimiento. Graullera alegó que la visita era importante para impulsar la cooperación y, sobre todo, para dar un apoyo a los tres centenares largos de cooperantes que estaban allí trabajando, algunos en condiciones durísimas. En Exteriores estaban muy molestos con el embajador político, que tomaba decisiones sin contar con ellos, y debido a que la dirección de los asuntos relacionados con la cooperación se encontraba en La Moncloa.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, dijo a los periodistas que el objetivo del viaje era reforzar la posición de España en la zona, con el fin de impulsar la cooperación emprendida en Guinea. Posiblemente la invitación de Francia a Obiang, unas semanas antes, fue una advertencia a la diplomacia española ante la penetración en una zona de su influencia.

A pesar de todas las críticas que se escuchaban, todavía se pensaba que la acción española en Guinea podía culminar con éxito. "Es una de la áreas estratégicas y económicas más apetecibles de la región, razón mas que suficiente para que se haya desencadenado una carrera hacia Guinea, en la que tratan de competir con España, Estados Unidos y la Unión Soviética, China y Cuba, Marruecos y Francia, como más próximos rivales de nuestro país. Si España, unida a Guinea por viejos lazos del idioma y la cultura, no llega a tiempo a Guinea, habrá perdido una inmejorable oportunidad de afincar su influencia en esa región", editorializaba el periódico Ya.

Según Pablo Sebastián, enviado especial de El País al viaje de los Reyes, la desorganización de la cooperación española en Guinea tenis su origen en la "indecisión del Gobierno de Suárez tras el "golpe de libertad", cuando "actuó con más complejos que decisiones" ante la petición de Obiang a España de recibir ayuda militar para garantizar su seguridad personal.

José Luis Graullera expresó a El País, con su optimismo característico, que la cooperación española en Guinea había dado frutos muy positivos. El embajador anunciaba importantes mejoras en la organización de la Justicia y la integración de jueces españoles en las instituciones guineanas, cosa que "aparte de permitir el progreso hacia un Estado de derecho, dará, toda una serie de garantías jurídicas y legales a empresarios y cooperantes en favor de las inversiones, desarrollo y creación de las fuentes de riqueza".

Camerún, con una situación financiera relativamente saneada y un gran peso político en África, ofrecía buenos mercados a España e interesantes posibilidades de intercambios comerciales. El presidente de Camerún, Amadú Aidjo, sugirió a los monarcas españoles realizar una cooperación triangular con su país y Guinea Ecuatorial. Esta idea fue llevada después a Gabón, país con el que también se pensaban realizar grandes negocios, según comentaban los periódicos españoles.

Aunque formalmente las relaciones de Guinea con sus dos vecinos francófonos eran buenas, con ambos habían surgido problemas y con Gabón se mantenía el contencioso de los islotes reclamados por una supuesta cesión guineana. Pérez-Llorca prefería no hacer comentarios sobre este asunto "muy delicado" y Graullera afirmaba que "no nos consta que Guinea haya hecho ninguna concesión. Sabemos que el presidente Obiang planteó el tema del control de las aguas durante su viaje a París, en busca de soluciones al contencioso,, pero no tenemos noticias de que firmara nada en la capital francesa".

Lo que sí debía de ser cierto es que Obiang, en su viaje a Libreville, el primero que hizo al exterior como jefe del Estado, en noviembre de 1979, firmó un documento de cesión para formalizar la venta realizada por Macías a Bongo. Graullera intentaba quitar hierro al asunto y decía que "en ese documento se incluía una cláusula en la que dejaba pendiente su ratificación, cosa que Guinea no ha hecho y, por tanto, no ha renunciado a su soberanía sobre la zona en debate". Según Cambio-16, "un importante catedrático de derecho internacional" estaba estudiando los documentos firmados por el presidente Obiang durante su visita a Gabón, "en la que, al parecer, cedió los derechos de prospección petrolífera en la zona reclamada por el Gobierno de Bongo". La revista añadía que el primer dictamen del especialista no daba "ningún valor al documento firmado por Obiang, con total desconocimiento y de forma apresurada".

El embajador no se atrevía a cifrar la cantidad de petróleo que se suponía había en el subsuelo guineano, "porque todavía no han terminado las prospecciones", pero rechazó las acusaciones de corrupción lanzadas contra Florencio Mayé, vicepresidente del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores y presidente de GEPSA. "Tengo que a-firmar que Mayé goza de toda mi confianza. Cuando a Mayé se le explicó claramente el objetivo de la cooperación hispana, la apoyó sin recelos".

Graullera pensaba que todavía era posible la sustitución de los soldados marroquíes. Se estaban formando en España los futuros oficiales del Ejército guineano y otros jóvenes realizaban cursos en academias policiales, diez de ellos con los GEO, en Guadalajara. A su juicio, Qbiang era "consciente de la necesidad de contar con una guardia personal guineana" que sustituyera a la marroquí. De estas palabras se puede deducir que Obiang engañaba a Graullera, que luego cambió de opinión, o que no pudo imponer su criterio, pues en 1988 seguían los militares marroquíes cumpliendo las tareas de protección del Presidente.

El funcionario, que hablaba ya de un posible relevo al frente de la Embajada española en Malabo, resaltaba que su sucesor debía tener capacidad decisoria, para "actuar sin tener que consultar permanentemente". Sin embargo, al terminar su misión, medio año más tarde, fue nombrado para reemplazarle un sumiso y prudentísimo diplomático. En aquel momento, Graullera pensaba que a su regreso a Madrid podría "dirigir una unidad operativa de cooperación con Guinea que, si funciona bien y da resultados positivos, podrá dar pie a la creación de una Secretaría de Estado para la cooperación exterior de España". Estas declaraciones a El País produjeron malestar en Exteriores, donde ya estaban "muy quemados" con "el embajador de Suárez". Graullera pensaba que esa futura Secretaría de Estado debía depender del. Ministerio de la Presidencia, en lugar de ser una parte de Exteriores, debido a que necesita coordinar la actividad de varios departamentos, siguiendo el ejemplo francés.

 

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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