HISTORIA DE GUINEA

 
   

 

 

 

 

 

 

"Acompañarme no implica que me lleves la delantera". Proverbio fang

Capítulo 21. ESPAÑA Y GUINEA FIRMAN UN TRATADO DE COOPERACIÓN

En octubre de 1980 España y Guinea firman un Tratado de Amistad y Cooperación, "un texto básico único que regule las relaciones de cooperación entre los dos países, establezca los principios rectores y los cauces legales de esta cooperación y recoja el alcance y las características de las acciones y proyectos realizados desde el 3 de agosto de 1979".

Graullera deseaba mostrar ante la opinión pública que Guinea no era un gasto inútil y que no sólo podía tener una rentabilidad política, u obedecer a un deber histórico por los antiguos lazos que unían a España con el territorio africano. Quería que España obtuviera unos beneficios económicos y, además de los productos tradicionales, como el cacao, la madera o el café, Guinea podía ofrecer pesca, petróleo y minerales. El planteamiento español era iniciar en ese momento, un año largo después del comienzo de la asistencia a Guinea, una nueva etapa de la cooperación, teniendo muy presentes posibles "contraprestaciones". La primera etapa, entre agosto y diciembre de 1979, había sido simplemente de ayuda humanitaria urgente y envió de algunos expertos y asesores, de forma un tanto atropellada y desordenada. En la segunda, entre enero y octubre de 1980, se intentan construir los fundamentos del Estado guineano y llegan a enviarse hasta 400 cooperantes.

En octubre de 1980 comienza un período, que se prologaría hasta junio de 1981, en el que se supone que ya funciona la Administración guineana, se han dictado las primeras leyes, hay asesores españoles en todos los departamentos, existe una instrumentación adecuada para el cumplimiento del programa económico (un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional), se aprueba la ley de devolución de bienes rústicos y urbanos a antiguos colonos y residentes españoles -que luego no sirvió para nada al faltar la voluntad política de llevarlo a la práctica y persistir el problema de la falta de mano de obra-, se aprueba también una iniciativa que da preferencia a los empresarios españoles y se conceden algunos créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo y otros comerciales.

Terminado el período de emergencia, se consideraba finalizada también la concesión de donaciones o créditos no reembolsables. El ambiente era de cierto optimismo oficial, pues parecía, que había mejorado algo la producción de cacao, a pesar de la falta de mano de obra, y se había recuperado la producción maderera. Además de los alumnos militares guineanos que seguían cursos en España, se preparaba la concesión de casi un centenar de becas para que jóvenes guineanos estudiaran carreras universitarias.

En este período también se crearon una serie de empresas mixtas, o se potenciaron las recién formadas, con participaciones de alrededor del 50 por ciento por cada país. Además de las ya mencionadas GEPSA y GEMSA, de petróleos y minerales, hay que destacar Guinextebak (Banco Exterior de Guinea Ecuatorial y España),  CETA  (Compañía  Ecuatoguineana de Transporte Aéreo)  y OFICAR, para el transporte urbano de pasajeros. Graullera puso especial interés en el funcionamiento de GEPSA y GEMSA, pues eran las que parecían ser más rentables para España. En la primera participaba la empresa Hispanoil, que realizó una costosa campaña de prospecciones y estudios y la parte española de GEMSA pertenecía a ADARO, la empresa del INI que se encarga de la investigación y explotación de recursos minerales, que estudió todo el mapa geológico de Guinea. La caída de los precios del petróleo y los conflictos que fueron aumentando entre España y Guinea hicieron que ambos proyectos fracasaran absolutamente.

Hasta ese mes de octubre, España había invertido casi cinco mil millones de pesetas, entre ayudas no reembolsables, créditos a medio y largo plazo y otros proyectos de cooperación. Graullera esperaba que aquel tratado que firmaron el 23 de octubre de 1980 en Madrid Florencio Mayé y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, sirviera para dar un nuevo impulso a la cooperación y reducir los problemas personales que se planteaban entre asesores españoles y funcionarios guineanos. Según el diario ABC, el viaje de Mayé a Madrid para firmar estos acuerdos tenía una "importancia capital" para el futuro de las relaciones bilaterales. En el tratado se incluía la creación de una Comisión Mixta que fuera programando y siguiendo los planes de cooperación, se derogaban todos los acuerdos firmados entre España y Guinea antes del 30 de octubre de 1979, como una forma de romper con el pasado colonial y maciista, y se recogían todos los acuerdos, convenios y protocolos firmados desde esa fecha, un total de 17.

Es impresionante analizar los planes diseñados a la luz del fracaso que ha supuesto la cooperación española. Hay que reconocer que la idea era muy ambiciosa. Por ejemplo, el Ministerio de Economía guineano debía contar con cinco funcionarios del Banco de España para la reorganización y puesta en funcionamiento del Banco de Guinea Ecuatorial, un funcionario del Instituto de Crédito Oficial para organizar el Banco de Crédito y Desarrollo y dos asesores del Instituto Nacional de Estadística para la elaboración de las estadísticas generales básicas del país; se pensaba preparar un proyecto de plan de desarrollo económico. Además, el Ministerio de Hacienda contaría con la ayuda de cinco asesores de Aduanas, Inspección Financiera y Tributación e Intervención General, el Ministerio de Comercio y Turismo recibiría a doce funcionarios y nueve camiones para la distribución de ayuda alimentaria y la organización de los canales de comercialización. Las cuentas del Gran Capitán.

Algunos  proyectos incluidos en aquel Tratado se han llevado a cabo, como determinadas obras públicas, organización de algunos servicios  y  escuelas  (destaca la  de capacitación  agrícola), levantamiento de mapas topográficos del país,  estructuración  de la  enseñanza primaria o la sanidad,  pero muchos han fracasado y la  idea de  una  cooperación estructural y  de  que  España  se responsabilizara  de  sacar adelante a Guinea está  ya  olvidada. Francia se encarga ahora de cumplir esta misión.

La parte inicial del tratado, igual que en la mayoría de los textos legales que se firmaban, resaltaba que las relaciones entre los dos países se basaban en la "no injerencia", el "mutuo respeto",  la  necesidad  de  mantener "un plano de  igualdad"  y muchas expresiones similares que denotan un profundo resentimiento y resquemor. Los guineanos recordaban la dominación colonial, idea repetida durante los once años de gobierno de Macías, mientras que los españoles no se llegaron a plantear nunca en serio una verdadera cooperación moderna y muchos funcionarios destinados en Guinea mantenían una actitud neocolonialista y un profundo desprecio por el negro.

Excepto en contadísimas excepciones, los guineanos no se integraron en el proceso productivo, que apenas llegó a despegar, y ni siquiera tuvieron papeles destacados en la cooperación. Sus únicas ocupaciones relacionadas con estas actividades conjuntas eran conducir vehículos, actuar como mecánicos o cargar bultos. Se puede decir que de la cooperación española en Guinea sacaron mucho más provecho los cooperantes españoles, en el plano personal, y España en lo general, que los guineanos y el país africano. Es una falacia decir que en los ocho primeros años de cooperación se han invertido allí más de 20.000 millones de pesetas. Es cierto que se ha destinado esta suma al presupuesto de la cooperación hispano-guineana, pero también hay que . decir que esta cantidad, importante, aunque no exagerada para las posibilidades de España, se ha dedicado fundamentalmente a pagar sueldos de cooperantes o comprar productos españoles, lo cual ha supuesto, en cualquier caso, un beneficio directo para España. En aquellos primeros meses España podría haber ayudado al traslado e instalación en Guinea de dos o tres centenares de guineanos establecidos en la península y Canarias, la mayoría licenciados universitarios o técnicos de grado medio, qué deseaban regresar a su país, y lo habrían hecho si alguien les hubiera asegurado un futuro más o menos digno.

Al parecer, hubo un intento de hacer algo con los exiliados, pero fue denunciado por la ANRD. El secretario general del principal grupo opositor, Eyá Nchama, escribió una carta al director del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Paul Hartling, acusando al representante de ACNUR en España, Guy Prim, de haber ejercido presiones para la repatriación de los guineanos refugiados. Adrián Mac Liman, corresponsal de La Vanguardia en Ginebra, informaba que Eyá Nchama había señalado que la repatriación no podía realizarse sin el consentimiento de los interesados, que en Guinea no había campamentos para albergar a las personas desplazadas y que nadie garantizaba la devolución o restitución de sus bienes.

Aunque algunos intentaban hacer algo distinto, la filosofía de aquella cooperación estaba dominada por un concepto neocolonialista. Muchos opositores la veían como una "recolonización" del país africano. España trataba de imponer de nuevo su modelo cultural, sus costumbres, su arquitectura y, si hubiera podido, una dominación política y económica.

Además de ratificar los convenios o tratados ya rubricados en los meses anteriores. Mayé y Pérez-Llorca firmaron aquel 23 de octubre un acuerda para el desarrollo de un programa en materia sociolaboral y de Formación Profesional y Empleo, otro complementaria en materia de educación, un protocolo de Asistencia Técnica en Materia de Defensa y Seguridad y un acuerda en materia agraria.

En dos cartas anejas al Tratado, firmadas por cada ministro se recordaba que España se había comprometido a financiar y ejecutar las obras de traída de aguas a Bata, la reparación de la red de aguas de Malabo, la construcción de 218 viviendas, el remozamiento de los centros hospitalarios de Malabo, Luba, Riaba, Niefang, Mongomo, Añisok, Ebebiyin, Micomeseng, Ebinayon y Bata, así como a reservar 80 plazas en el Colegio Mayor Virgen de África para ser utilizadas por estudiantes guineanos. En la otra carta se precisaba que Guinea Ecuatorial se comprometía a pagar una deuda con España que se elevaba a 4.991.318,95 dólares USA.

En aquellos primeros meses creció enormemente la deuda externa guineana, debido al aumento de las importaciones por la necesidad de poner en marcha el aparato productivo, pero también por las compras de productos suntuarios o superfluos, como el alcohol.

Debido a que se hacía necesario regular la actividad de los militares y policías españoles destinados en Guinea Ecuatorial, en esta misma ocasión se firmó un protocolo de Asistencia Técnica en Materia de Defensa y Seguridad, un texto de apenas dos páginas en el que simplemente se apuntaba que la Comisión Mixta decidiría el número de asesores necesario para cooperar en la estructuración del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como para completar la formación de los cuadros de mando y de las tropas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden Público de Guinea Ecuatorial. Se añadía que España concedería becas a militares y policías guineanos, en número a determinar por la Comisión Mixta, y créditos para adquirir material.

Como un símbolo de que se entraba en una nueva etapa de la cooperación española en Guinea, el 22 de octubre zarpó del puerto de Malabo el Ciudad de Pamplona. El barco de la Compañía Transmediterránea cumplió un papel importantísimo hasta que se construyeron las viviendas prefabricadas para alojar a los cooperantes, que muy pronto pasarían a llamarse "caracolas". La Transmediterránea recibió, de la cooperación española, 750.000 pesetas por cada día de permanencia en Guinea del buque en las primeras semanas y un millón diario en la última época. Para los empresarios o los visitantes que deseaban alojarse en el barco, debida a la falta de hoteles en Malabo, el camarote costaba 4.000 pesetas diarias.

Los cooperantes españoles en Malabo o Bata pasaron a residir en las "caracolas". En Malabo se construyeron en dos zonas, un grupo de ellas cercano a la Embajada de España, al sur de la salida hacia el aeropuerto, y el segundo en esa misma salida de la capital, pero junto a la costa, en un precioso palmeral. Las de Bata se situaran al norte de la ciudad, cerca del aeropuerto, junto a la playa de Asonga. A muchos les pareció una exageración que instalar este centenar de viviendas prefabricadas costara 1.500 millones de pesetas, suma que se embolsó Dragadas y Construcciones. El clima de Guinea ha deteriorado en poco tiempo estos modulas de plástico, dotados de sus propias depósitos de agua y grupos electrógenos, sin que España haya decidida por el momento la construcción de otras residencias más estables, como han hecho otros países u organismos internacionales. La misma Embajada, también construida con materiales prefabricados, da una penosa imagen de provisionalidad.

Un par de semanas después de la firma del Tratada de Amistad entre España y Guinea, Obiang realiza su primer viaje a Francia, curiosamente una visita anunciada a última hora, en vísperas de una gira de los Reyes de España por Gabón y Camerún, con una escala en Guinea, prevista para la primera quincena del siguiente mes de diciembre. Lo que acabó de poner nerviosos a los funcionarios españoles relacionados con Guinea fue que, al regreso de París, Obiang hizo una nueva escala en Rabat. Al término de esta visita un comunicado conjunto aseguraba que se ampliaría la cooperación entre Marruecos y Guinea, concretamente fortaleciendo las relaciones y programas en asuntos culturales, económicos, de información, energía e hidrocarburos.

 

 

Editado y distribuido por ASODEGUE

 

 

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