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La Revolución de 1868 y la
Guinea Española
de Mariano L.
de Castro Antolín
Artículo publicado en la revista "Cuadernos de Historia
Contemporanea", 2003, número extraordinario, páginas 191-204. Su
autor, Mariano L. de Castro Antolin, es catedrático de Geografía
e Historia en Valladolid y autor de numerosas publicaciones
sobre las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España y también
sobre la historia de Guinea Ecuatorial.
"Las noticias de la revolución de septiembre de 1868 llegaron
con el vapor transporte «Ferrol» a Fernando Póo en noviembre. La
Colonia mostró su adhesión al alzamiento nacional, y un bando
del gobernador Joaquín de Souza así lo proclama el 9 de
noviembre: «Habitantes de esta Colonia: El Gobernador que
suscribe, el Ejército, la Armada, los empleados de todos los
ramos del servicio público y el comercio español, estamos
adheridos al nuevo orden de cosas establecido en nuestra
Península. Viva España. Viva el orden».Otro bando del mismo día
presenta un cariz más pesimista: «Habitantes de esta Colonia: en
atención al nuevo sistema de Gobierno establecido en la Nación,
no tendrán lugar las fiestas que se han celebrado los años
anteriores el 19 de éste mes. Dios libre a la Patria de una
guerra civil».
Para solemnizar la revolución dispuso el Gobernador, por una
orden del día 10, que se celebrase el 12 un
Tedeum
en acción de gracias por
haberse llevado a cabo tan importante empresa sin derramar más
sangre que la de los campos de Alcolea. Al mismo tiempo ordena
engalanar los edificios públicos, buques de la Armada y casas
particulares, que se iluminarían por la noche.
Días más tarde, el 23 de noviembre, manifiesta el Gobernador la
satisfacción sentida en la Colonia al conocer el nombramiento de
Adelardo López de Ayala como Ministro de Ultramar.
Ahora bien, el mismo día 12 de noviembre de 1868 el ministro
López de Ayala va a firmar un decreto que reestructura la
organización de la Colonia, y que comenzaría a regir desde el
primero de julio de 1869. Los diez años transcurridos desde que
el Real Decreto de 13 de diciembre de 1858 estableciera las
bases de la actuación colonial, habían sido suficientes para
mostrar el fracaso de aquellas. Tal es así que desde 1867 se
pensaba en llevar a cabo reformas en la organización de la
Colonia. El Consejo de Estado abogaba por la reducción de
gastos, y el Ministerio de Marina había propuesto un sistema
organizativo muy distinto al existente (1), basado en el
principio de que los frutos de la Colonia debían bastar para su
mantenimiento, evitando el gravamen que suponía para el Erario
la compleja administración emanada del R.D. de 1858. Partía pues
del supuesto de que una administración con numerosos destinos
era una pesada carga que impedía el desarrollo de la
colonización. Para que ésta se dinamizara propone diversas
medidas:
– Gratuidad absoluta en la concesión de terrenos en las islas a
todo nacional o extranjero que las cultivase.
– Exención del pago de
derechos aduaneros durante cierto número de años de todos los
bienes que introdujese el colono.
– Revisión a la baja del
arancel existente.
– Atracción de colonos a las
posesiones, eliminando cualquier traba existente, y facilitando
el pasaje gratuito en los buques del Estado para ellos y sus
familias.
– Auxiliar durante el primer
año a los colonos con braceros krumanes pagados por el Gobierno.
–
Exonerar durante un tiempo a los colonos del pago de
contribuciones o cánones.
La reducción de gastos se manifestaba en la propuesta de variar
la expedición bimestral del buque de vapor por una cada cuatro
meses, ya que los costes de una expedición bimestral no tenían
contrapartida productiva alguna. Los efectos que necesitara el
Gobierno de la Colonia podía encargarlos directamente a Santa
Cruz de Tenerife, y conducirlos los vapores ingleses a Fernando
Póo. Respecto a los víveres para la Estación naval, deberían
contratarse en la Isla, con lo que habrían de favorecerse los
intereses comerciales de la Colonia, al tiempo que se
economizaba el gasto que producía la expedición bimensual en
carbón, lubricantes, sueldos de Ultramar... Las expediciones
cuatrimestrales se suponían suficientes para el transporte de
individuos dependientes del Gobierno que fueran allí destinados,
o que volvieran por licencia o enfermedad, para conducir
repuestos, para transportar colonos o familias, para recoger
krumanes y retornar a los cumplidos, y, finalmente, para
conservar el sentimiento de nacionalidad, para mantener vivo el
recuerdo de la Metrópoli.
El mismo sentido ahorrativo se mostraba en la reducción del
personal afecto al Gobierno y Administración de la Colonia, cuyo
Gobernador había de reunir además el cargo de Comandante de la
Estación naval, como años antes había propuesto el gobernador la
Gándara, pudiendo tener el grado de Capitán de fragata. Su
secretario podía ser un Teniente de navío, al tiempo que un
oficial subalterno, Teniente de Infantería de Marina, con
veinticinco soldados, compondrían toda la fuerza militar, ya que
ni había enemigos que atacar, ni invasiones que temer. Las
fuerzas de orden público habrían de estar compuestas por gentes
del país. Ello suponía la supresión de la Compañía de guarnición
de la Colonia, y el ahorro de los gastos que originaba.
El Consejo de Gobierno estaría formado por el Gobernador, que lo
presidiría, el Superior de la Misión, el Juez letrado, el
Comandante de buque más antiguo o caracterizado que se hallase
en el puerto, y dos personas de la población elegidas por el
presidente.
Respecto a la Administración de Hacienda, precisa que los
empleados que se nombrasen habrían de ser de la clase
subalterna, para reducir los crecidos salarios que habrían de
corresponder a funcionarios de mayor categoría. Por otra parte,
sus funciones eran muy simples, pues estaban limitadas a un
simple registro de entradas y salidas de efectos, y a rendir una
muy simple cuenta de las escasas cantidades ingresadas en el
Tesoro de la Colonia.
Sin embargo, en Fomento, el Gobierno debía ser muy cuidadoso en
el nombramiento del maestro mayor, director de las obras que se
realizasen en las islas, así como en el de los capataces que
habían de auxiliarle, ya que ellos debían ser los primeros
ejecutores del progreso de la Colonia.
También parecía preciso incrementar los recursos de la Misión,
para lo que el Gobierno debía ponerse en contacto con el P.
Antonio Zarandona, Procurador de los misioneros jesuitas
residente en Madrid.
Ahora bien, si lo que se deseaba era procurar la prosperidad de
la Colonia, era preciso no destinarla a presidio o colonia
penitencial, ya que tal carácter bastaría para anular todo
progreso. Sólo Annobón podría ser, en todo caso, el lugar donde
podría asentarse. Finalmente, el Ministerio de Marina propone la
reunión de una comisión que elaborase un proyecto articulado que
tuviera en cuenta los principios apuntados.
La Comisión llegó a constituirse, si bien sus labores quedaron
en suspenso por la Revolución. Esto no significa que las ideas
expresadas cayeran en el olvido, pues el Decreto Orgánico de
López de Ayala las acepta en gran medida. Es decir, la
Revolución no supuso una quiebra traumática, sino la
confirmación de una necesidad anteriormente sentida.
Como indica la
Exposición del R.D.
de 12 de noviembre de 1868 (Gaceta
de Madrid del 13-XI-1868)
el fracaso de una colonización dirigida por el Estado daba lugar
a una nueva fórmula colonial asentada en la iniciativa privada,
y en la extensión de las más amplias libertades: libertad de
comercio, exención de gravámenes, tolerancia con los usos y
costumbres de los colonos, libertad de cultos... Las
obligaciones del Estado quedaban constreñidas a la atención del
gobierno, obras públicas, enseñanza, parroquia y juzgado. Es
decir a la estructura que consideraban el mínimo necesario sobre
el que pudiera actuar la iniciativa individual, a la que se
considera el autentico agente colonizador.
Esta reducción del Estado
tiene su reflejo en el presupuesto de gastos de la Colonia, que
disminuyen más del 50%. El presupuesto del ejercicio 1868/69
ascendía a 495.071 escudos, en tanto que el aprobado para
1869/70 se redujo a 228.441 escudos. Aspecto importante a tener
en cuenta: los presupuestos de la Colonia se nutrían de los
sobrantes del presupuesto de Cuba.
La nueva organización recogía aspectos señalados por el
Ministerio de Marina, como la unión del cargo de Gobernador y
Jefe de la Estación naval en la misma persona, la supresión de
la Compañía de guarnición; la composición del Consejo de
Gobierno, que habría de tratar los asuntos importantes de la
Colonia quedó formado por el Gobernador, el Jefe de Fomento, el
oficial de mayor graduación de la Estación naval, el Juez
asesor, el Secretario y el Cura párroco. Su carácter era
consultivo, y su voto no determinaba la actitud del Gobernador.
Cada uno de estos funcionarios tenía encomendadas numerosas
competencias. Así, el Jefe de Fomento era el encargado del
estudio y ejecución de cuanto pudiera contribuir al desarrollo
moral y material de las posesiones. Promueve la instrucción, la
agricultura, industria y comercio; estimula la organización de
los municipios; dirige las obras públicas, la policía urbana, la
enseñanza, la sanidad y la beneficencia; entiende en la
recaudación y administración de los fondos que pertenecieran al
Estado como consecuencia de los arbitrios o de los recursos que
se pudieran establecer. Para auxiliarle se destinan dos maestros
y una maestra de Instrucción Primaria, un ayudante facultativo
de obras públicas, un agrimensor-capataz de labranza, un
médico-cirujano, dos practicantes de Medicina y Cirugía, un
farmacéutico y un practicante de Farmacia.
El Juez-Asesor tendría entre sus funciones la Administración de
Justicia, y a la vez sería asesor de la administración civil y
económica. En su cometido se ayudaría de un escribano notario de
reinos, que desempeñaría la fe pública y demás funciones de su
destino, sin percibir derecho alguno a los particulares.
El Cura-párroco atendería las
necesidades espirituales de los colonos e indígenas
catequizados, estableciéndose una parroquia católica en Santa
Isabel, matriz de cuantas se pudieran establecer en lo sucesivo
en la Colonia. El párroco estaría auxiliado por un coadjutor.
Ante la posibilidad de enfermedad o fallecimiento de alguno de
estos pilares de la administración, el Decreto establece el
sistema de sustituciones: al Gobernador le sustituiría el jefe u
oficial de mayor graduación de la Estación naval, al jefe de
Fomento, el ayudante de obras públicas, al párroco, el
coadjutor.
Esta organización reducía el
número de efectivos de la Administración, pero al tiempo
rebajaba su categoría; así el Juez-Asesor de Fernando Póo era de
8 ° grado de los nueve establecidos al organizarse la carrera
judicial de Ultramar el 9 de mayo de 1869.
***
Si importantes fueron los cambios en la Administración, notables
fueron también los referidos a la economía colonial. El impulso
colonial iniciado en 1858 no respondía a una exigencia económica
sino, ante todo, a postulados políticos, por lo que el Estado
hubo de tomar sobre sí los trabajos de colonización, realizando
inversiones que mostrasen las posibilidades agrícolas y
comerciales de las posesiones para atraer a la iniciativa
privada. Sin embargo, la respuesta del capital español fue casi
inexistente, y sólo mostraron interés por la Colonia
especuladores que pretendían beneficiarse de las ayudas del
Estado, o ilusos que soñaban encontrar un nuevo Eldorado. Poco
capital se arriesgó en el comercio y la agricultura colonial.
El comercio de las posesiones había sido captado por la línea de
vapores ingleses establecida en 1852 por Mac Gregor Laird, la
Áfrican Steam Ship
Company, que había
establecido agentes en la costa occidental africana. Estos
agentes acopiaban el aceite de palma, principal artículo de
exportación de las posesiones, y lo embarcaban al llegar los
vapores, que a su vez desembarcaban diversos artículos (telas,
tabaco, aguardiente de caña, espingardas, pólvora, objetos de
vidrio...) que animaban el comercio (2).
La actividad comercial suponía la existencia de dos sistemas
conexos. Por una parte el representado por los fernandinos, que
distribuían los productos ingleses entre los bubis de Fernando
Póo y recogían aceite de palma o ñames, que vendían en la ciudad
a los comerciantes y comisionados de las casas inglesas:
Lynslager, Langhland y Brown, Townsend, Simpson, Holt. Estos
entran en contacto con la compañía de vapores y envían el aceite
de palma a Liverpool, al tiempo que recibían los efectos
consignados a su nombre, con los que mantenían la actividad
comercial.
Pero Santa Isabel no era sólo un puerto de importación y
exportación, sino que también ejercía un importante papel en la
distribución, pues las poblaciones costeras de la desembocadura
del río Muni mostraron interés en encontrar una salida para sus
producciones y adquirir bienes europeos. Ya el rey Bonkoro y los
principales de la región de Cabo San Juan habían mostrado en
1858 vivos deseos de que se establecieran factorías españolas en
su tierra para cambiar sus productos por los de Europa. A lo
largo de los años sesenta, compañías inglesas y alemanas se
asentaron en Elobey Chico (Holt, Hamilton, Hatton Cookson,
Langhland, Thompson, Woermann) estableciendo un activo comercio
de palo tinte, goma y marfil.
Santa Isabel se consagró como el puerto de distribución de la
demanda de éste comercio, así como en depósito de los productos
de la costa, y numerosos almacenes se ubicaron en su puerto.
Ante la pujanza del comercio inglés el comercio español sólo
pudo realizar escasos ensayos que tuvieron una vida efímera. Las
dos casas de comercio españolas que citaba el gobernador López
de Ayllón, la «Coco,Obon
y Compañía» y la de
Trello no llegaron a superar la crisis de 1866. Si bien es
cierto que durante los años 1867 y 1868 encontramos balandras y
pailebotes que izan bandera española, lo cierto es que
respondían a los intereses de los fernandinos y estaban
integrados en las redes del comercio británico. Por ello, la
declaración por el Decreto Orgánico de 12 de noviembre de 1868,
de puertos francos a los de la Colonia, suprimiendo los derechos
de importación, exportación y anclaje de buques, tanto
nacionales como extranjeros, no tuvo efecto alguno para el
comercio español pues no tenía representación en la Colonia, ni
posibilidades de enfrentarse a la competencia de las organizadas
redes británicas. De hecho, las nuevas disposiciones no
atrajeron al comercio español, pues ni en 1869 ni en 1870 entró
mercante alguno metropolitano en el puerto de Santa Isabel,
donde sólo la balandra
San Antonio
de Laureano Díaz da Cunha, que
respondía a intereses locales, arbolaba bandera española.
Por el contrario, la nueva situación va a facilitar que desde
1869 una nueva línea de vapores toque en su derrota el puerto de
Santa Isabel, la
British and African Steam Navigation Company,
lo que reforzaba la relación entre el puerto guineano y
Liverpool, a donde se dirigían casi inexorablemente las
producciones de la Colonia, pues el establecimiento de una línea
hamburguesa atenuaba el monopolio.
La presencia de las dos líneas de vapores inglesas da lugar a la
multiplicación de factorías de los fernandinos en la isla de
Fernando Póo, y a comienzos de 1872 había establecidas 56, que
dependían de los comerciantes de la ciudad. Al mismo tiempo,
como la ausencia de caminos determinaba que el transporte del
aceite de palma y de los productos de intercambio se hubiera de
realizar por mar, aumentó notablemente el número de
embarcaciones (balandras, pailebotes, cayucos, botes y lanchas).
El gobernador de Souza hizo en 1869 un alistamiento en el que se
contabilizaban 57 embarcaciones, lo que suponía más del doble de
las existentes tres años antes.
Como la completa libertad de comercio no favorecía en nada a los
intereses españoles, de forma que los beneficios que pudiera
deparar la administración de la Colonia solo favorecían al
comercio inglés, no sorprende que el gobernador interino Canga
Argüelles reclame en 1872 el restablecimiento de los derechos de
importación y exportación, pues los intereses que se mantenían
en la Colonia eran ingleses.
***
El decreto de López de Ayala había declarado propiedad de los
habitantes de la Isla las tierras que tuvieran en cultivo y los
solares construidos dentro de las poblaciones, advirtiendo a los
funcionarios del Gobierno que cuando se regularizase la
propiedad rústica y urbana habrían de proceder siempre por
extensión y nunca por merma de lo que correspondiese a los hijos
del país. Pero al margen de ésta norma el resto del territorio
podría ser concedido a todos aquellos que se avecindaran en la
Colonia, permitiéndose concesiones gratuitas de hasta 50 has. a
los españoles y 10 has. a los extranjeros. El exceso de éstos
límites se podría adquirir mediante un censo redimible de un
real de vellón por hectárea, o en pleno dominio mediante el pago
de dos escudos por hectárea hecho en una sola vez. Las tierras a
censo pasarían a ser propiedad del colono cuando hubiera pagado
los dos escudos, es decir a los veinte años. Con todo, las
propiedades concedidas estarían exentas de contribuciones
directas durante cinco años.
Para facilitar el establecimiento de colonos el Gobierno se
comprometía a conducirlos en los buques del Estado de forma
gratuita, siempre y cuando pudieran llevar a cabo la tarea
colonizadora, bien con su trabajo, bien con su capital.
Estas disposiciones del Gobierno dan lugar a la formación de una
expedición integrada por 27 familias (89 personas) que llegó a
Santa Isabel el 31 de julio de 1869 a bordo de la urca
Pinta.
A pesar de la buena disposición del Gobernador en atender a los
colonos, al mes de su estancia la mayor parte sufría de
paludismo, y el mes de noviembre hubieron de regresar a la
Península, lo que causó la irritación del Negociado de Ultramar,
que critica a los mal llamados colonos, y les acusa de no desear
la incomodidad del trabajo y de buscar sólo «la soñada Jauja de
holgazanes y aventureros», ya que en vez de alistarse personas
idóneas para las tareas agrícolas, lo hacían tapiceros,
pintores, modistas, dibujantes o fotógrafos, con los que el
fracaso era seguro (3).
La actividad agrícola colonial se contraía a dos agricultores,
según el gobernador interino Antonio de Vivar. Estos eran
Anselmo Gazulla, que cultivaba 170 has. Con plantaciones de
cacao, y Laureano Díaz da Cunha, con una explotación de 40 has.
Sus producciones se enviaban irremediablemente a Liverpool. En
la antigua granja del Gobierno, la granja «Matilde», se
cultivaba café y cacao, si bien apenas producía.
En suma, la postración de la agricultura da oportunidad para
formular proyectos que se consideran los más convenientes, como
podía ser la explotación del aceite de palma, contando con la
experiencia y ayuda de los naturales de la Isla e introduciendo
técnicas europeas para mejorar la producción. También se fijan
en el cultivo del arroz, la caña y el tabaco, por ser productos
de gran consumo en la Isla y en la cercana costa. La escasez de
vituallas, tradicional en la ciudad que sólo podía surtirse por
medio de los vapores correo ingleses, induce al gobernador
Sánchez Ocaña a proponer cultivos de subsistencia, y puesto que
no eran atractivos para los capitalistas españoles, debía
introducirlos el Gobierno y protegerlos, siendo el ejecutor de
la actividad agraria. Esta misma idea la mantiene el gobernador
interino Manuel Vial, que indica la oportunidad de crear un
establecimiento agrícola y ganadero (4). Sin embargo, el
Gobierno metropolitano no llegó a aprobarla.
No deja de ser notable el cambio operado, pues de una
agricultura colonial iniciada en los años sesenta, basada en el
algodón y el café, que fracasó, se propone o bien una
agricultura tradicional de palmera de aceite, o bien una
agricultura de subsistencia.
***
Ya hemos indicado más arriba que a partir de la Revolución de
1868 se había reducido el presupuesto de la Colonia, pero es
que, desde 1866, desde la crisis de las relaciones comerciales
entre la Colonia y la Metrópoli, situar fondos en la Colonia era
asaz complicado. En principio, la situación de fondos no se
realizaba directamente, pues apenas se enviaba numerario, sino
que el presupuesto se cumplía fundamentalmente mediante cartas
de pago que satisfacía la caja especial de Fernando Póo en
Madrid. El presupuesto lo cubría el Tesoro de Cuba, pero ya en
junio de 1866 no había podido cumplir el presupuesto de 1865/66,
por lo que propone rebajar para el ejercicio de 1866/67 sus
obligaciones con las posesiones guineanas, con lo que se inicia
una tendencia de reducción presupuestaria que continuó en los
presupuestos de 1867/68. La Revolución y el inicio de la guerra
en Cuba dieron lugar a la quiebra del sistema de financiación de
la Colonia, cuyo presupuesto se redujo más de la mitad. Y si la
Colonia apenas generaba ingresos en los momentos anteriores a la
Revolución (9.100 pesos), las exenciones comerciales lo
redujeron prácticamente en su totalidad.
Pero es que, al no remesar Cuba las sumas presupuestadas en su
totalidad, la Colonia se vio abocada a constantes dificultades
económicas. Por ello, la Caja de Fernando Póo en Madrid no
cumplía a tiempo sus deudas con los proveedores ingleses de
alimentos para los funcionarios del Gobierno y Estación naval,
singularmente la casa «Zulueta y Compañía» de Londres, con lo
que la amenaza de cortar el suministro de provisiones mantenía
en inquietud constante a la Colonia.
Además, apenas había numerario en la Colonia. En abril de 1868
el gobernador interino Félix Recio informaba de que sólo contaba
con un efectivo en metálico de 19.939 escudos, en tanto que las
obligaciones producidas por los sueldos devengados por los
empleados civiles y militares, incluida la Marina, en el
trimestre anterior y aun no satisfechos, ascendían a 67.335
escudos. Por ello pide con urgencia que un transporte le enviase
numerario, o bien que se utilizara el vapor correo inglés. Dos
meses más tarde llegaría el
San Antonio
conduciendo 200.000 escudos.
La situación creada por la tardanza en percibir sus sueldos
lleva a los funcionarios del Gobierno en la Colonia a endeudarse
con los fernandinos, pero aun hay más, pues «si aquí sufrimos
tanto, nuestro sufrimiento se convierte en desesperación al
saber que nuestras desgraciadas familias, que son todas pobres,
y que están atenidas a los auxilios que de nosotros reciben, se
encuentran en España sumidas en la indigencia, porque no pueden
realizar en la Tesorería central, de ningún modo, las cartas de
pago que enviamos a cuenta de nuestros sueldos vencidos» (5).
***
Desde el punto de vista, misional, la Revolución, al establecer
la libertad de cultos, venía a romper el supuesto de la unidad
católica. El artículo 32 del Decreto Orgánico permitía a los
protestantes practicar el suyo sin limitación alguna. Esto
suponía también que la asignación económica a la misión
jesuítica establecida en 1858 se suprimió.
Ciertamente no se prohibía a los jesuitas misionar, pero las
nuevas circunstancias hacían inviable la Misión, si bien se
hicieron cargo de la parroquia de Santa Isabel hasta abril de
1872 (6).
Las posibilidades de actuación del párroco y el coadjutor fueron
escasas, y no sólo por sus limitadas fuerzas, sino porque la
población de Santa Isabel era esencialmente protestante
(fernandinos) o mantenían creencias tradicionales (krumanes).
Los pocos católicos, «congos» o inmigrantes de Sâo Tomé y
Príncipe, constituían una minoría. Evidentemente, las
posibilidades de misión entre los bubis quedaron paralizadas. En
tales circunstancias no es de extrañar que en 1871 los
superiores pidieran al Gobierno de Madrid que permitiera volver
a los dos jesuitas que servían los puestos de párroco y
coadjutor, y encargase la parroquia a sacerdotes seglares.
De todas formas, lo cierto era que la Misión jesuítica no había
prosperado en los años precedentes: la intromisión de los
gobernadores impidió la fundación de misiones en Annobón, la
escasez de misioneros impidió la fundación en Cabo San Juan. La
misión de Corisco, floreciente a principios de 1868, hubo de
abandonarse meses después tras la muerte de los dos Hermanos y
la enfermedad de los dos Padres que la atendían. La de Santa
Isabel recibió un importante revés el 7 de marzo de 1868 al
morir el superior, P. Irisarri, lo que afectó a la de Banapá, ya
que el P. Campillo hubo de sucederle de forma interina en sus
funciones de superior y abandonar Banapá, donde sólo permaneció
el H. Araujo. Sólo la de Basupú del Oeste sufrió las
restricciones impuestas por la Revolución. Pero no cabe
engañarse, excepto en la misión de Corisco, en las otras
misiones no se producía adelanto alguno, lo que explica el
desaliento misional. El H. Araujo que misionaba en Banapá con el
P. Campillo decía en una carta de agosto de 1867: «Por lo que
toca a convertirse, si Dios les ilumina con su gracia, se obrará
éste milagro; pero en lo natural no se ve esperanza. Aprenden la
doctrina y oyen lo que se les dice y convienen; pero no se
convencen, ni creen hayan andado errados en tantos
siglos....Aquí en la población (Santa
Isabel) es muy poco
el adelanto con ésta mezcla de gentes, de sectas y
costumbres....Aunque lentamente, se han bautizado, especialmente
negras, para casarlas con católicos. Pero todo esto no
corresponde a los sacrificios que hace la Provincia y lo mucho
que sufrimos aquí todos. El R.P. Superior ha estado ya dos veces
a la muerte, y yo ya cuatro, y una vez con la unción».
En suma, las disposiciones del Decreto Orgánico de 1868 no
hacían más que facilitar la solución a una situación agónica.
Entre las actividades de los misioneros tenía gran importancia
la enseñanza, que también se vio alterada por las disposiciones
de López de Ayala. Desde 1858 la enseñanza había estado dirigida
por los misioneros jesuitas, que desplazaron a los misioneros
anabaptistas en Santa Isabel, lo que dio lugar a una ruptura con
la población fernandina, anglófona y protestante. A la escuela
jesuítica apenas concurrían alumnos, pues oscilaban entre 11 y
13, y a pesar de que los gobernadores presionaron para que los
niños fernandinos acudieran a la escuela de la Misión con la
condición de no hablarles de religión, sus padres razonaban que
siendo de distinta religión los maestros, era normal que los
alumnos siguieran el ejemplo de ellos, aunque no les enseñaran
nada en materia religiosa, originándose un cisma en el seno de
las familias de funestas consecuencias.
Ahora bien, ellos también estaban preocupados por la educación
de sus hijos, y mostraron su disposición a sufragar, entre
todos, los gastos que ocasionara la fundación y sostenimiento de
una escuela regida por un maestro no perteneciente a la Iglesia,
y si se les permitía, ellos mismos harían las diligencias para
su contratación (7).
Tal propuesta no llegó a aceptarse, por más que el gobernador
López de Ayllón, en una «Memoria» de 1864, la consideraba
ajustada, razonable y conveniente. Más aun, el P. Irisarri había
elaborado un plan misional –que incluía la actividad docente–
que intentaba ampliar la actividad de los jesuitas.
En Banapá, establecida la escuela de primeras letras, acudieron
a ella en los primeros momentos hasta treinta o cuarenta niños y
algunos jóvenes y adultos. En Basupú en cambio, acudían a la
escuela corto número de niños y a veces algún adulto. La
situación en Corisco era distinta, pues la presencia de
misioneros presbiterianos de Estados Unidos desde hacía años era
acogida con agrado por los corisqueños, por lo que el
cumplimiento de la unidad católica en la Isla podía dar lugar a
una ruptura de los isleños con la Misión jesuítica. Así pues,
ambas misiones mantendran sus respectivas escuelas, aunque
lentamente la escuela de los jesuitas va adquiriendo mayor
prestigio y número de alumnos, aunque con una notable excepción:
la enseñanza de las niñas, que estaba totalmente entregada a los
presbiterianos, por lo que los jesuitas buscan compensar ésta
carencia, que también se manifiesta en otros lugares, sobre todo
en Santa Isabel.
La ausencia de enseñanza femenina por carecer de persona
adecuada para ejercerla, daba lugar a que las familias
fernandinas más acomodadas enviasen sus hijas a educarse en
otros lugares del continente, fundamentalmente a Sierra Leona.
Para compensar tal carencia los jesuitas habían pensado en
instruir y habilitar a algunas mujeres catecúmenas, pero la
solución no era fácil de llevar a la práctica. Sin embargo, el
problema entró en vías de solución en marzo de 1868 con la
llegada a la ciudad de una mulata de la isla de Príncipe,
católica y de esmerada educación, capaz de encargarse de la
escuela de niñas. El día 5 de mayo de 1868 abrió la escuela
femenina dirigida por Leonor Xavier Vellozo. La escuela fue
acogida con satisfacción por la población, y a los cuatro días
de su apertura ya acudían a ella más de catorce alumnas.
Con todo, la maestra no mostró gran interés, por lo que a fines
de agosto el Gobernador hubo de despedirla. Con la Revolución de
Septiembre se abrieron nuevas perspectivas. El Decreto Orgánico
preveía la existencia de una escuela oficial servida por dos
profesores y una profesora de Instrucción Primaria (Art. 7), y
aunque la libertad de enseñanza permitía la existencia de
escuelas misionales, ya hemos visto que las dificultades de los
jesuitas y la carencia de apoyo económico determinaron que
abandonaran la enseñanza en la Colonia en 1871. Diferente será
el caso de los metodistas, y a primeros de abril de 1869 el
cónsul inglés y un clérigo de la misión protestante de Victoria
solicitaron al Gobernador que les permitiera ejercer libremente
su religión en la ciudad.
Ante las dudas del Gobernador, el Ministerio evacuó el 15 de
junio del mismo año una respuesta taxativa, ordenando que no se
pusiera obstáculo alguno a las pretensiones basadas en el
artículo 32 del Decreto (8).
Establecida la libertad de culto, de misión, catequesis y
enseñanza, no había impedimento alguno para que en septiembre de
1870 los metodistas abrieran una escuela para niños y otra para
niñas que fueron desde el principio muy concurridas. Tal
acontecimiento no agradó al gobernador Canga Argüelles, pues
opinaba que siendo en la ciudad todo inglés, si se permitía el
ejercicio de la enseñanza primaria a los extranjeros, los
intentos por españolizar las posesiones estaban condenados al
fracaso. Para frenar la importancia de tal escuela procura que
se inaugure el 16 de octubre de 1870 la escuela pública y
gratuita con gran solemnidad, acudiendo además del personal
oficial, los niños educados por los jesuitas y la mayor parte de
los vecinos del barrio «Congo». Un dato notable: no acudió
ningún fernandino, lo que indicaba para el Gobernador la
indiferencia que en la ciudad había hacia lo español, y
presagiaba escasos frutos en la escuela oficial.
Si los maestros nombrados ya habían llegado a Santa Isabel, no
ocurrió así con la maestra, por lo que el 22 de enero de 1871 se
abrió una escuela provisional de niñas, regentada por una mujer
de la ciudad encargada de instruir a las alumnas en las labores
de su sexo, si bien carecía de quien las enseñara lectura y
escritura, pues ésta función que en principio había sido
desempeñada por un niño adelantado de la misión católica, no
pudo continuar desde que los jesuitas cerraron su escuela, donde
se albergaba, instruía y sustentaba.
La enseñanza oficial supuso el resurgir de nuevas dificultades,
pues las enfermedades, o el temor a ellas, hizo que la
discontinuidad y la provisionalidad fueran una constante tanto
en la escuela masculina como en la femenina. El Gobernador
consideraba que el sistema empleado era insatisfactorio para
cubrir las necesidades de la Colonia y oneroso para el Estado,
que no dejaba de satisfacer los sueldos que devengaban los
maestros durante su licencia por enfermedad. Propone confiar la
educación a corporaciones, con las que la continuidad estaba
asegurada, al no confiar la enseñanza a individuos concretos. La
variación de sus miembros no suponía el cambio del método
reglado y fijo de enseñanza, y suponía menos gastos. Proponía,
por ello, que se encargasen de la enseñanza femenina las
Hermanas de la Caridad. Pero si la enseñanza había de ser
secularizada, el Gobierno de la Colonia debía tener potestad
para nombrar maestros a quienes considerase idóneos, aunque
careciesen de título competente, lo que supondría un ahorro en
los gastos de viaje y en caso de enfermedad, al considerarse
plazas eventuales.
***
El fracaso de la expedición de colonos de 1869 induce al
Gobierno a reunir una Junta Consultiva para que informase si la
isla de Fernando Póo reunía condiciones para ser colonizada, o
si lo mejor era abandonar el proyecto, dar por perdido lo
gastado, y retirarse de las posesiones (9). Aunque las
resoluciones de la Junta Consultiva (evacuadas el 12 de marzo de
1870) eran en general favorables al abandono de las posesiones,
el interés político prevaleció, de suerte que las posesiones se
mantuvieron dentro de la soberanía española.
En la segunda sesión (30 de diciembre de 1869) de la Junta, de
Souza indicó que no era aconsejable abandonar las posesiones,
pues siempre se consideraría ello en desdoro de la Revolución, y
sufriría la honra nacional con la desmembración de los
territorios españoles. Ahora bien, el Secretario de la Junta,
Mariano Z. Cazurro, manifestaba que si bien estaba de acuerdo
con la conservación de la Colonia, no dejaba de considerarla una
pesada carga para el presente y una dudosa esperanza para el
futuro. En noviembre de 1871, una «Memoria» redactada por el
gobernador interino Antonio de Vivar se manifiesta en el mismo
sentido, pues considera que los mayores beneficios que la
«Gloriosa» había deparado a la Colonia eran las reducciones en
el presupuesto, por la economía que habían deparado al Erario.
Más aun, piensa que lo mejor sería negociar con Inglaterra para
cambiarla por Gibraltar, o en su defecto, convertirla en colonia
penitenciaria (10).
En tales circunstancias no sorprende que un Decreto Orgánico de
26 de octubre de 1872 proponga una notable reducción del
presupuesto, que alcanzaría sólo 134.180 escudos, y
consecuentemente una evolución restrictiva de la Administración,
de suerte que la Colonia vino en reducirse a poco más que una
Estación naval, dotada de una goleta de hélice y un pontón.
Pero, si se había abandonado toda idea de colonización por parte
del Estado, la Estación naval no tenía sentido. La idea de
abandonar las posesiones del Golfo de Guinea aun no se había
disipado".
NOTAS
(1)
Archivo General de la
Administración (en adelante A.G.A.), África. Guinea. c.780, exp.
34.
(2) Vid. LYNN, M.: "From sail to steam: the impact of the
steamship services on the British palm oil trade with West
Africa. 1850-1890". Journal of African History, 30
(1989). pp. 227-245.
(3) A.G.A. África. Guinea. c. 776, exp. 4.
(4) A.G.A. África. Guinea. c. 672, exp. 6.
(5) A.G.A. África. Guinea. c. 709, exp. 13.
(6) FRÍAS, L.: La
provincia de Castilla de la Compañía de Jesús. Desde 1863 hasta
1914, Bilbao,
Deusto, 1915, p.107.
(7) A.G.A. África. Guinea. c. 687, exp. 3.
(8) A.G.A. África. Guinea. c. 677
(9) Gaceta de Madrid
de 18 de diciembre
de 1869.
(10) A.G.A. África. Guinea. c.781, exp. 29.
[Este artículo puede leerse también en:
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/0214400x/articulos/CHCO0303220191A.PDF]
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