HOJAS  INFORMATIVAS

25 de febrero de 2010

"Respuesta de Amnistía Internacional al informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial. Declaración escrita para el 13 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1-26 de marzo de 2010)"

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

24 de febrero de 2010

Índice AI: AFR 24/002/2010  

Respuesta de Amnistía Internacional al informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial

Declaración escrita para el 13 periodo de sesiones

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1-26 de marzo de 2010) 

   Amnistía Internacional acoge con satisfacción el informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial en noviembre de 2008 (A/HRC/13/39/Add.4).

   Esta visita se consideró una muestra de la disposición del gobierno a someter sus centros de detención a examen y a buscar asesoramiento para reforzar el marco jurídico, político y administrativo correspondiente. Amnistía Internacional aplaude estas novedades positivas, pero, al mismo tiempo, considera motivo de preocupación que no se permitiese al relator especial sobre la cuestión de la tortura visitar centros de detención militares y que no pudiera realizar visitas de seguimiento a los centros de Malabo y Bata, con las que el relator especial pretendía asegurarse –al menos en parte– de que no se habían tomado represalias contra personas que se habían reunido previamente con él. Se espera que todos los Estados colaboren con los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales en todas las fases de las misiones a países, entre otras cosas respetando plenamente las atribuciones otorgadas para las misiones de investigación de los Procedimientos Especiales en 1998.

   El relator especial concluyó que la práctica de la tortura es sistemática en Guinea Ecuatorial y formuló una serie de recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades no han puesto en práctica. Algunas de sus recomendaciones se basan en las realizadas anteriormente tras una visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en 2007, que tampoco se habían llevado a cabo. Amnistía Internacional observa que, durante el último Examen Periódico Universal sobre Guinea Ecuatorial, el gobierno se mostró dispuesto a tener en cuenta las recomendaciones del EPU relativas a la aplicación de las recomendaciones del relator especial y, en general, a la cuestión de la tortura y los malos tratos.

   Durante los dos últimos años, Amnistía Internacional ha recibido menos informes de tortura y malos tratos a personas encarceladas por motivos políticos en Guinea Ecuatorial. Esto se produce después de la promulgación de la Ley 6/2006 sobre la Prevención y Sanción de la Tortura, que refleja algunas de las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), en la que Guinea Ecuatorial es Estado Parte.

   No obstante, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre tortura y otros malos tratos en comisarías, especialmente en Bata. Según los informes, tanto en la prisión de Black Beach como en la de Bata, los delincuentes convictos reciben palizas sistemáticamente como forma de castigo. Los presos políticos son sometidos a tortura y otras formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, como la reclusión prolongada en régimen de incomunicación, el uso de esposas, grilletes o ambas cosas, y la negación de alimentación o atención médica adecuadas. Amnistía Internacional ha recibido informes detallados de tortura infligida a personas detenidas tras un presunto atentado perpetrado contra el palacio presidencial en Malabo en febrero de 2009. Entre esas personas figuraban siete ciudadanos nigerianos y al menos dos guineanos de un grupo de 10 miembros del partido político Unión Popular.

   Según los informes, la mayoría de los casos de tortura y otros malos tratos se producen en el momento del arresto y durante la detención en espera de juicio. Se practican como forma de castigo y para obtener confesiones que se puedan usar como prueba ante un tribunal, lo que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.

   Por lo general, la tortura y otros malos tratos consisten en golpear diversas partes del cuerpo, normalmente la planta de los pies y las nalgas, con porras, cables recubiertos de goma y palos, y en aplicar descargas eléctricas con cargadores de batería o baterías de automóvil. A menudo atan a los detenidos de pies y manos y, a continuación, los suspenden del techo y los golpean. A veces les colocan un objeto pesado sobre la espalda. Casi nunca reciben tratamiento médico por las lesiones sufridas a causa de la tortura u otros malos tratos.

   Las visitas a las prisiones se suspendieron en diciembre de 2007 y no se reanudaron hasta diciembre de 2009, por lo que todas las personas encarceladas estuvieron de hecho recluidas en régimen de incomunicación durante dos años. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la reanudación de las visitas a las prisiones, ya que el acceso a sus familias es fundamental para el bienestar de los presos.

   Desde 1998, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de muerte bajo custodia como consecuencia de tortura. Otras muertes se han producido a causa de la negativa a administrar el tratamiento médico necesario para enfermedades crónicas o contraídas mientras la persona se encontraba detenida. No se ha investigado ninguno de estos casos ni se ha procesado a los responsables.

   Lo cierto es que, tal y como concluyó el relator especial sobre la cuestión de la tortura, en Guinea Ecuatorial reina la impunidad. A Amnistía Internacional sólo le consta que haya habido un procesamiento, en concreto el de un agente de policía que fue juzgado a principios de 2008 y condenado a siete meses de prisión en relación con la muerte de un hombre como consecuencia de tortura. Sin embargo, en las comisarías de policía siguen en activo otros agentes, algunos de ellos de alta graduación, de los que se sabe que han torturado con regularidad a los detenidos.

   En contra de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, se continúa recluyendo a menores que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal, que en Guinea Ecuatorial está fijada en los 16 años, en los mismos centros que los presos adultos. Por ejemplo, un grupo de menores de entre 10 y 16 años detenido a finales de enero de 2009 fue recluido durante distintos periodos de tiempo en la prisión de Black Beach, en Malabo, una cárcel para presos adultos convictos.

   Amnistía Internacional insta al gobierno de Guinea Ecuatorial:

   A que actúe sin dilación para poner en práctica las recomendaciones formuladas en el informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura e informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las medidas adoptadas;

   A que garantice que no se toman represalias contra las personas, sus familias o representantes, que se reunieron con el relator especial durante su visita; y a que se procese, conforme a las normas internacionales, a los responsables de cualquier represalia que se haya tomado.

   Además, Amnistía Internacional alienta al gobierno a:

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y hacer la declaración necesaria conforme al artículo 22 para que se puedan presentar comunicaciones individuales ante el Comité contra la Tortura; y a retirar su reserva conforme al artículo 28 de la Convención y reconocer la competencia del Comité para investigar las denuncias de tortura sistemática.  

Editado y distribuido por ASODEGUE

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