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HOJAS INFORMATIVAS
25 de febrero
de 2010
El gobierno camerunés dice que el
incidente del día 17 fue resultado de la casualidad y el mal
tiempo
El gobierno de Camerún
afirmó que no habían violado deliberadamente la pasada semana
las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial y ha culpado del
incidente a las desfavorables condiciones atmosféricas. Una
pequeña embarcación violó "accidentalmente" las aguas
territoriales de Guinea Ecuatorial antes de regresar a su base
en Douala, dijo Issa Tchiroma, Ministro de Comunicaciones de
Camerún en un comunicado de prensa hecho público ayer en Yaunde.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=aa6jSYrJ2KJE
A:
Esperaremos lo que tengan que decir Le Messager y Le
Jour
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"Respuesta de Amnistía Internacional al informe
del relator especial sobre la cuestión de la
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes con motivo de su visita
a Guinea Ecuatorial. Declaración escrita para el
13 periodo de sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (1-26 de marzo de 2010)"
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
24 de febrero de 2010
Índice AI: AFR
24/002/2010
Respuesta de
Amnistía Internacional al informe del relator
especial sobre la cuestión de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial
Declaración
escrita para el 13 periodo de sesiones
del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU (1-26 de marzo de
2010)
Amnistía
Internacional acoge con satisfacción el informe
del relator especial sobre la cuestión de la
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes con motivo de su visita
a Guinea Ecuatorial en noviembre de 2008 (A/HRC/13/39/Add.4).
Esta visita se
consideró una muestra de la disposición del
gobierno a someter sus centros de detención a
examen y a buscar asesoramiento para reforzar el
marco jurídico, político y administrativo
correspondiente. Amnistía Internacional aplaude
estas novedades positivas, pero, al mismo
tiempo, considera motivo de preocupación que no
se permitiese al relator especial sobre la
cuestión de la tortura visitar centros de
detención militares y que no pudiera realizar
visitas de seguimiento a los centros de Malabo y
Bata, con las que el relator especial pretendía
asegurarse –al menos en parte– de que no se
habían tomado represalias contra personas que se
habían reunido previamente con él. Se espera que
todos los Estados colaboren con los titulares de
los mandatos de los Procedimientos Especiales en
todas las fases de las misiones a países, entre
otras cosas respetando plenamente las
atribuciones otorgadas para las misiones de
investigación de los Procedimientos Especiales
en 1998.
El relator
especial concluyó que la práctica de la tortura
es sistemática en Guinea Ecuatorial y formuló
una serie de recomendaciones que, hasta la
fecha, las autoridades no han puesto en
práctica. Algunas de sus recomendaciones se
basan en las realizadas anteriormente tras una
visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria en 2007, que tampoco se
habían llevado a cabo. Amnistía Internacional
observa que, durante el último Examen Periódico
Universal sobre Guinea Ecuatorial, el gobierno
se mostró dispuesto a tener en cuenta las
recomendaciones del EPU relativas a la
aplicación de las recomendaciones del relator
especial y, en general, a la cuestión de la
tortura y los malos tratos.
Durante los dos
últimos años, Amnistía Internacional ha recibido
menos informes de tortura y malos tratos a
personas encarceladas por motivos políticos en
Guinea Ecuatorial. Esto se produce después de la
promulgación de la Ley 6/2006 sobre la
Prevención y Sanción de la Tortura, que refleja
algunas de las disposiciones de la Convención de
la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención
contra la Tortura), en la que Guinea Ecuatorial
es Estado Parte.
No obstante,
Amnistía Internacional sigue recibiendo informes
sobre tortura y otros malos tratos en
comisarías, especialmente en Bata. Según los
informes, tanto en la prisión de Black Beach
como en la de Bata, los delincuentes convictos
reciben palizas sistemáticamente como forma de
castigo. Los presos políticos son sometidos a
tortura y otras formas de trato o castigo cruel,
inhumano o degradante, como la reclusión
prolongada en régimen de incomunicación, el uso
de esposas, grilletes o ambas cosas, y la
negación de alimentación o atención médica
adecuadas. Amnistía Internacional ha recibido
informes detallados de tortura infligida a
personas detenidas tras un presunto atentado
perpetrado contra el palacio presidencial en
Malabo en febrero de 2009. Entre esas personas
figuraban siete ciudadanos nigerianos y al menos
dos guineanos de un grupo de 10 miembros del
partido político Unión Popular.
Según los
informes, la mayoría de los casos de tortura y
otros malos tratos se producen en el momento del
arresto y durante la detención en espera de
juicio. Se practican como forma de castigo y
para obtener confesiones que se puedan usar como
prueba ante un tribunal, lo que contraviene las
normas internacionales de derechos humanos.
Por lo general, la
tortura y otros malos tratos consisten en
golpear diversas partes del cuerpo, normalmente
la planta de los pies y las nalgas, con porras,
cables recubiertos de goma y palos, y en aplicar
descargas eléctricas con cargadores de batería o
baterías de automóvil. A menudo atan a los
detenidos de pies y manos y, a continuación, los
suspenden del techo y los golpean. A veces les
colocan un objeto pesado sobre la espalda. Casi
nunca reciben tratamiento médico por las
lesiones sufridas a causa de la tortura u otros
malos tratos.
Las visitas a las
prisiones se suspendieron en diciembre de 2007 y
no se reanudaron hasta diciembre de 2009, por lo
que todas las personas encarceladas estuvieron
de hecho recluidas en régimen de incomunicación
durante dos años. Amnistía Internacional acoge
con satisfacción la reanudación de las visitas a
las prisiones, ya que el acceso a sus familias
es fundamental para el bienestar de los presos.
Desde 1998,
Amnistía Internacional ha documentado varios
casos de muerte bajo custodia como consecuencia
de tortura. Otras muertes se han producido a
causa de la negativa a administrar el
tratamiento médico necesario para enfermedades
crónicas o contraídas mientras la persona se
encontraba detenida. No se ha investigado
ninguno de estos casos ni se ha procesado a los
responsables.
Lo cierto es que,
tal y como concluyó el relator especial sobre la
cuestión de la tortura, en Guinea Ecuatorial
reina la impunidad. A Amnistía Internacional
sólo le consta que haya habido un procesamiento,
en concreto el de un agente de policía que fue
juzgado a principios de 2008 y condenado a siete
meses de prisión en relación con la muerte de un
hombre como consecuencia de tortura. Sin
embargo, en las comisarías de policía siguen en
activo otros agentes, algunos de ellos de alta
graduación, de los que se sabe que han torturado
con regularidad a los detenidos.
En contra de lo
establecido en la Convención sobre los Derechos
del Niño, se continúa recluyendo a menores que
no han alcanzado la edad de responsabilidad
penal, que en Guinea Ecuatorial está fijada en
los 16 años, en los mismos centros que los
presos adultos. Por ejemplo, un grupo de menores
de entre 10 y 16 años detenido a finales de
enero de 2009 fue recluido durante distintos
periodos de tiempo en la prisión de Black Beach,
en Malabo, una cárcel para presos adultos
convictos.
Amnistía
Internacional insta al gobierno de Guinea
Ecuatorial:
A que actúe sin
dilación para poner en práctica las
recomendaciones formuladas en el informe del
relator especial sobre la cuestión de la tortura
e informe al Consejo de Derechos Humanos sobre
las medidas adoptadas;
A que garantice
que no se toman represalias contra las personas,
sus familias o representantes, que se reunieron
con el relator especial durante su visita; y a
que se procese, conforme a las normas
internacionales, a los responsables de cualquier
represalia que se haya tomado.
Además,
Amnistía Internacional alienta al gobierno a:
Ratificar el
Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU
contra la Tortura y hacer la declaración
necesaria conforme al artículo 22 para que se
puedan presentar comunicaciones individuales
ante el Comité contra la Tortura; y a retirar su
reserva conforme al artículo 28 de la Convención
y reconocer la competencia del Comité para
investigar las denuncias de tortura sistemática.
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El gobierno ecuatoguineano ha
firmado un contrato con la empresa norteamericana L3
Communications (MPRI) para la seguridad de sus costas por un
importe que podría llegar a los 250 millones de dólares en cinco
años
La agencia
norteamericana Associated Press difundió ayer un despacho
en el que se dice que la "contratista militar" L3 Communications
Holdings Inc. había anunciado (también ayer miércoles) la firma
con el gobierno ecuatoguineano de un contrato destinado a "la
vigilancia de las costas de la nación africana" para lo que
establecerá una serie de puestos y de redes de observación. El
contrato inicial costará al dictador ecuatoguineano 58 millones
de dólares anuales por un periodo de tres años, en el que "el
trabajo" deberá estar completado. El gobierno ecuatoguineano
podrá ampliarlo por otros dos años más.
http://www.latimes.com/business/nationworld/wire/sns-ap-us-l3-communications-equatorial-guinea,0,3024013.story

La página
MarketWatch amplía esa información indicando que el contrato
lo ha conseguido MPRI, división de L3 Communications, que
establecerá un programa de mejora de la seguridad marítima en
Guinea (MSEP), con un "valor potencial" de 250 millones de
dólares que "cubrirá la vigilancia costera a nivel nacional".
Incluye, además, unas declaraciones del director gerente de MPRI,
Jim Jakson, en los términos habituales para este tipo de
ejecutivos: están muy satisfechos, dice, de contribuir no sólo a
la seguridad de Guinea Ecuatorial, sino a la estabilidad de toda
la región. Más adelante, MarketWatch, informa de quien es
MPRI (conocida en Guinea hace más de una década), empresa con
sede en Alexandría (Virginia) a la califica de "líder" del
sector, respetuosa con el medio ambiente y cumplidora de todo
tipo de códigos "éticos" y de calidad... Informa también de L3
Communications, el número de personas que trabajan en ella, los
sectores en los actúa y recomienda, si se quiere ampliar este
información, que se visite su página
[www.l-3com.com].
http://www.marketwatch.com/story/l-3-awarded-maritime-security-work-in-equatorial-guinea-2010-02-24?reflink=MW_news_stmp
A:
Hablando, en primer lugar, de los
aspectos "técnicos" digamos que se trata de un contrato
importante (si se juzga por su coste) pero que, aunque sus
relaciones con el dictador han tenido que sortear importantes
obstáculos, no es el primero que consigue MPRI en Guinea
Ecuatorial:
- En mayo de 2000
escribíamos lo siguiente: "La publicación francesa Lettre
du Continent (nº 352, 11/05/00) parece aclarar algunos
aspectos del último viaje intercontinental del dictador
guineano. Según esta publicación Obiang habría pasado por
Estados Unidos a mediados de abril en un viaje calificado como
de "muy discreto" y habría entrado en contacto con las compañías
americanas Kroll O’Gara y MPRI (Military Professional Ressources
Incorporated). Con la primera de ellas habría negociado la
compra de una seria de vehículos blindados, tipo Hummers, por un
importe de 10 millones de dólares. Las relaciones con el MPRI no
son nuevas, puesto que ya en 1997 y 1999 esta compañía privada
de servicios militares (incluidos "asesores" sobre el terreno)
había solicitado a las autoridades norteamericanas autorización
para trabajar en Guinea. Su presencia no fue autorizada en 1997
tras las objeciones presentadas por la Oficina de Derechos
Humanos del Departamento de Estado USA; en 1999 las dificultades
vinieron de la Oficina de Asuntos Africanos que no creía
oportuno mezclarse en una zona con problemas fronterizos
evidentes entre Camerún, Nigeria, Guinea Ecuatorial... En esta
oportunidad, los dos vicepresidentes del departamento
"internacional" de MPRI (Ed Soyster y Dorn Mullori) han visitado
a Susan Rice (Secretaria Adjunta para Asuntos Africanos en el
Departamento de Estado USA) para solucionar objeciones,
previamente a la visita de Obiang. Aceptados sus planes, han
firmado con el dictador guineano un acuerdo que incluye la
visita a Malabo de varios expertos del MPRI que, durante dos
meses, "valoraran las capacidades de las fuerzas armadas"
guineanas y en especial de su capacidad para vigilar las costas
(una de las obsesiones de Obiang). Emitirán después una serie de
recomendaciones en especial relacionadas con la adquisición de
guardacostas. [http://www.asodegue.org/mayo1100.htm].
- En septiembre de
2004 publicamos la información siguiente: "La publicación
francesa, África Energy Intelligence, dice en su número
494, correspondiente al 22 de septiembre: "El presidente
ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema ha viajado la última semana
a Kiev y ha celebrado largas reuniones con su homologo ucraniano
Leonidas Kutchma. Malabo ha comprado recientemente una decena de
helicópteros de combate a Ucrania, destinados a reforzar la
capacidad de intervención rápida del ejercito. Guinea Ecuatorial
negoció durante mucho tiempo con el grupo norteamericano MPRI
[grupo de "asesores de seguridad", ¿o de mercenarios?, integrado
por oficiales retirados del ejército norteamericano] un contrato
de protección a sus fronteras marítimas, después, ante la
oposición del gobierno americano, se volvió hacia grupos
europeos. Una parte de los mercenarios implicados en el intento
de golpe de estado en la isla de Bioko, el pasado marzo, había
negociado en 2001 un contrato de vigilancia de las aguas
territoriales ecuatoguineanas".[Puede leerse en
http://www.asodegue.org/septiembre2204.htm]

- Y en febrero de
2007: "El último número de la publicación francesa La Lettre
du Continent (nº 511, 8 de febrero) publica una noticia con
el título: "¡Seguridad
americana para Obiang!", cuyo texto es el siguiente:
"Omnipresentes en el petróleo, los americanos van a garantizar
ahora la seguridad del presidente Obiang. En oportunidades
anteriores, Washington había impedido que la empresa de
seguridad privada Military Professional Resources
Incorporated (MPRI) presidido por Carl Vuono, un exgeneral
del ejército americano, trabajase en Guinea Ecuatorial. En el
periodo del affaire de las cuentas presidenciales en la Bank
Riggs, Teodoro Obiang Nguema estaba considerado como Mister-iz-no
good (don impresentable) en Washington… El empuje del
petróleo en el emirato bajo influencia de Exxon ha cambiado las
cosas. El 25 de enero, el exparacaidista William Kernan,
director general de MPRI, ha firmado un acuerdo con el
presidente Obiang para la formación, durante cinco años, de
unidades del ejército y de la guardia presidencial, en la
actualidad instruida por marroquíes. El ministro de defensa, el
general Antonio Mba Nguema que no está precisamente en la onda
del delfín Teodorin, estaba presente en la entrevista. Dos
manifestaciones más de la “amistosa” alineación americana de
este país: la decisión de Exxon de participar en los programas
sociales del país y sobre todo la presencia de Donal C. Johnson,
nuevo embajador en Malabo y Niels Marquardt, embajador
residente en Camerún en la boda, tan privada, de Patricia Obiang
Nguema, hija de su “papá”, el 22 de diciembre de 2006 en
Malabo". [http://www.asodegue.org/febrero0907.htm]
MPRI fue comprada por L-3 en el año 2000 [http://www.mpri.com/esite/]
en una operación que hizo (más) multimillonarios a los
ex-generales que la dirigían.
A juzgar por la información anterior cabría suponer que MPRI,
que habría conseguido entrar finalmente en Guinea Ecuatorial de
la mano de las petroleras, ha conseguido ampliar su
participación en la seguridad del país precisamente para la
protección de las instalaciones de esas compañías
norteamericanas del sector de los hidrocarburos. No cabe la
posibilidad de que el contrato que ahora se anuncia sea una
consecuencia a los sucedido el pasado 17 de febrero.
Desde el punto de vista político este contrato es un capítulo
más de los intentos del dictador de dotarse de un ejercito (de
una seguridad) solvente y de los fracasos que cosecha en este
campo. La defensa nacional es un objetivo inalcanzable por un
régimen como el ecuatoguineano enfrentado a la mayoría de la
población del país. Este es un aspecto que no deberían pasar por
alto ni las empresas que colaboran con él, ni los gobiernos que
autorizan esa colaboración [los anteriores acuerdos de MPRI
contaron con el visto bueno (o no) de las autoridades
norteamericanas, nada permite suponer que no ha sido así también
en este caso]. El pretexto de la "seguridad de las
instalaciones" o la "lucha contra el terrorismo" no puede servir
de cobertura para lo que no es sino colaboración en las
supervivencia de un régimen dictatorial y corrupto como el
ecuatoguineano. Porque, ¿para qué sirve el régimen
ecuatoguineano? ¿qué es capaz de hacer? En realidad sólo sirve
para "dar legitimidad" a la incuria y la corrupción de Obiang y
los suyos. No estaría demás que alguna instancia norteamericana
(el nuevo embajador, por ejemplo) diesen alguna valoración de
qué supone, en su criterio, este nuevo contrato y si representa,
o no, una implicación directa de los Estados Unidos en la
defensa de la dictadura ecuatoguineana. En muchas oportunidades
se ha dicho que empresas como MPRI actuaban allí donde "no
estaría bien visto" que apareciera el ejercito de los Estados
Unidos. ¿Es este uno de esos casos? Habíamos creído que este
tipo de cosas eran propias de la "era Bush" y que habían
desaparecido ya.
"El régimen colonial franquista en
el Golfo de Guinea"
Alicia Campos Serrano, Revista
Jurídica de la UAM, nº 3, año 2000
[Pinchar
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Editado y distribuido por
ASODEGUE
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