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HOJAS  INFORMATIVAS

 

25 de febrero de 2010

El gobierno camerunés dice que el incidente del día 17 fue  resultado de la casualidad y el mal tiempo

   El gobierno de Camerún afirmó que no habían violado deliberadamente la pasada semana las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial y ha culpado del incidente a las desfavorables condiciones atmosféricas. Una pequeña embarcación violó "accidentalmente" las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial antes de regresar a su base en Douala, dijo Issa Tchiroma, Ministro de Comunicaciones de Camerún en un comunicado de prensa hecho público ayer en Yaunde.

   http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601116&sid=aa6jSYrJ2KJE

   A: Esperaremos lo que tengan que decir Le Messager y Le Jour

 

"Respuesta de Amnistía Internacional al informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial. Declaración escrita para el 13 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1-26 de marzo de 2010)"

 

AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

 

24 de febrero de 2010

Índice AI: AFR 24/002/2010  

 

Respuesta de Amnistía Internacional al informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial

 

Declaración escrita para el 13 periodo de sesiones

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (1-26 de marzo de 2010) 

   Amnistía Internacional acoge con satisfacción el informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con motivo de su visita a Guinea Ecuatorial en noviembre de 2008 (A/HRC/13/39/Add.4).

   Esta visita se consideró una muestra de la disposición del gobierno a someter sus centros de detención a examen y a buscar asesoramiento para reforzar el marco jurídico, político y administrativo correspondiente. Amnistía Internacional aplaude estas novedades positivas, pero, al mismo tiempo, considera motivo de preocupación que no se permitiese al relator especial sobre la cuestión de la tortura visitar centros de detención militares y que no pudiera realizar visitas de seguimiento a los centros de Malabo y Bata, con las que el relator especial pretendía asegurarse –al menos en parte– de que no se habían tomado represalias contra personas que se habían reunido previamente con él. Se espera que todos los Estados colaboren con los titulares de los mandatos de los Procedimientos Especiales en todas las fases de las misiones a países, entre otras cosas respetando plenamente las atribuciones otorgadas para las misiones de investigación de los Procedimientos Especiales en 1998.

   El relator especial concluyó que la práctica de la tortura es sistemática en Guinea Ecuatorial y formuló una serie de recomendaciones que, hasta la fecha, las autoridades no han puesto en práctica. Algunas de sus recomendaciones se basan en las realizadas anteriormente tras una visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en 2007, que tampoco se habían llevado a cabo. Amnistía Internacional observa que, durante el último Examen Periódico Universal sobre Guinea Ecuatorial, el gobierno se mostró dispuesto a tener en cuenta las recomendaciones del EPU relativas a la aplicación de las recomendaciones del relator especial y, en general, a la cuestión de la tortura y los malos tratos.

   Durante los dos últimos años, Amnistía Internacional ha recibido menos informes de tortura y malos tratos a personas encarceladas por motivos políticos en Guinea Ecuatorial. Esto se produce después de la promulgación de la Ley 6/2006 sobre la Prevención y Sanción de la Tortura, que refleja algunas de las disposiciones de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), en la que Guinea Ecuatorial es Estado Parte.

   No obstante, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes sobre tortura y otros malos tratos en comisarías, especialmente en Bata. Según los informes, tanto en la prisión de Black Beach como en la de Bata, los delincuentes convictos reciben palizas sistemáticamente como forma de castigo. Los presos políticos son sometidos a tortura y otras formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante, como la reclusión prolongada en régimen de incomunicación, el uso de esposas, grilletes o ambas cosas, y la negación de alimentación o atención médica adecuadas. Amnistía Internacional ha recibido informes detallados de tortura infligida a personas detenidas tras un presunto atentado perpetrado contra el palacio presidencial en Malabo en febrero de 2009. Entre esas personas figuraban siete ciudadanos nigerianos y al menos dos guineanos de un grupo de 10 miembros del partido político Unión Popular.

   Según los informes, la mayoría de los casos de tortura y otros malos tratos se producen en el momento del arresto y durante la detención en espera de juicio. Se practican como forma de castigo y para obtener confesiones que se puedan usar como prueba ante un tribunal, lo que contraviene las normas internacionales de derechos humanos.

   Por lo general, la tortura y otros malos tratos consisten en golpear diversas partes del cuerpo, normalmente la planta de los pies y las nalgas, con porras, cables recubiertos de goma y palos, y en aplicar descargas eléctricas con cargadores de batería o baterías de automóvil. A menudo atan a los detenidos de pies y manos y, a continuación, los suspenden del techo y los golpean. A veces les colocan un objeto pesado sobre la espalda. Casi nunca reciben tratamiento médico por las lesiones sufridas a causa de la tortura u otros malos tratos.

   Las visitas a las prisiones se suspendieron en diciembre de 2007 y no se reanudaron hasta diciembre de 2009, por lo que todas las personas encarceladas estuvieron de hecho recluidas en régimen de incomunicación durante dos años. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la reanudación de las visitas a las prisiones, ya que el acceso a sus familias es fundamental para el bienestar de los presos.

   Desde 1998, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de muerte bajo custodia como consecuencia de tortura. Otras muertes se han producido a causa de la negativa a administrar el tratamiento médico necesario para enfermedades crónicas o contraídas mientras la persona se encontraba detenida. No se ha investigado ninguno de estos casos ni se ha procesado a los responsables.

   Lo cierto es que, tal y como concluyó el relator especial sobre la cuestión de la tortura, en Guinea Ecuatorial reina la impunidad. A Amnistía Internacional sólo le consta que haya habido un procesamiento, en concreto el de un agente de policía que fue juzgado a principios de 2008 y condenado a siete meses de prisión en relación con la muerte de un hombre como consecuencia de tortura. Sin embargo, en las comisarías de policía siguen en activo otros agentes, algunos de ellos de alta graduación, de los que se sabe que han torturado con regularidad a los detenidos.

   En contra de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, se continúa recluyendo a menores que no han alcanzado la edad de responsabilidad penal, que en Guinea Ecuatorial está fijada en los 16 años, en los mismos centros que los presos adultos. Por ejemplo, un grupo de menores de entre 10 y 16 años detenido a finales de enero de 2009 fue recluido durante distintos periodos de tiempo en la prisión de Black Beach, en Malabo, una cárcel para presos adultos convictos.

   Amnistía Internacional insta al gobierno de Guinea Ecuatorial:

   A que actúe sin dilación para poner en práctica las recomendaciones formuladas en el informe del relator especial sobre la cuestión de la tortura e informe al Consejo de Derechos Humanos sobre las medidas adoptadas;

   A que garantice que no se toman represalias contra las personas, sus familias o representantes, que se reunieron con el relator especial durante su visita; y a que se procese, conforme a las normas internacionales, a los responsables de cualquier represalia que se haya tomado.

 

   Además, Amnistía Internacional alienta al gobierno a:

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y hacer la declaración necesaria conforme al artículo 22 para que se puedan presentar comunicaciones individuales ante el Comité contra la Tortura; y a retirar su reserva conforme al artículo 28 de la Convención y reconocer la competencia del Comité para investigar las denuncias de tortura sistemática.   

 

El gobierno ecuatoguineano ha firmado un contrato con la empresa norteamericana L3 Communications (MPRI) para la seguridad de sus costas por un importe que podría llegar a los 250 millones de dólares en cinco años

   La agencia norteamericana Associated Press difundió ayer un despacho en el que se dice que la "contratista militar" L3 Communications Holdings Inc. había anunciado (también ayer miércoles) la firma con el gobierno ecuatoguineano de un contrato destinado a "la vigilancia de las costas de la nación africana" para lo que establecerá una serie de puestos y de redes de observación. El contrato inicial costará al dictador ecuatoguineano 58 millones de dólares anuales por un periodo de tres años, en el que "el trabajo" deberá estar completado. El gobierno ecuatoguineano podrá ampliarlo por otros dos años más.

   http://www.latimes.com/business/nationworld/wire/sns-ap-us-l3-communications-equatorial-guinea,0,3024013.story

   La página MarketWatch amplía esa información indicando que el contrato lo ha conseguido MPRI, división de L3 Communications, que establecerá un programa de mejora de la seguridad marítima en Guinea (MSEP), con un "valor potencial" de 250 millones de dólares que "cubrirá la vigilancia costera a nivel nacional". Incluye, además, unas declaraciones del director gerente de MPRI, Jim Jakson, en los términos habituales para este tipo de ejecutivos: están muy satisfechos, dice, de contribuir no sólo a la seguridad de Guinea Ecuatorial, sino a la estabilidad de toda la región. Más adelante, MarketWatch, informa de quien es MPRI (conocida en Guinea hace más de una década), empresa con sede en Alexandría (Virginia) a la califica de "líder" del sector, respetuosa con el medio ambiente y cumplidora de todo tipo de códigos "éticos" y de calidad... Informa también de L3 Communications, el número de personas que trabajan en ella, los sectores en los actúa y recomienda, si se quiere ampliar este información, que se visite su página [www.l-3com.com].

   http://www.marketwatch.com/story/l-3-awarded-maritime-security-work-in-equatorial-guinea-2010-02-24?reflink=MW_news_stmp

 

   A: Hablando, en primer lugar, de los aspectos "técnicos" digamos que se trata de un contrato importante (si se juzga por su coste) pero que, aunque sus relaciones con el dictador han tenido que sortear importantes obstáculos,  no es el primero que consigue MPRI en Guinea Ecuatorial:

   - En mayo de 2000 escribíamos lo siguiente: "La publicación francesa Lettre du Continent (nº 352, 11/05/00) parece aclarar algunos aspectos del último viaje intercontinental del dictador guineano. Según esta publicación Obiang habría pasado por Estados Unidos a mediados de abril en un viaje calificado como de "muy discreto" y habría entrado en contacto con las compañías americanas Kroll O’Gara y MPRI (Military Professional Ressources Incorporated). Con la primera de ellas habría negociado la compra de una seria de vehículos blindados, tipo Hummers, por un importe de 10 millones de dólares. Las relaciones con el MPRI no son nuevas, puesto que ya en 1997 y 1999 esta compañía privada de servicios militares (incluidos "asesores" sobre el terreno) había solicitado a las autoridades norteamericanas autorización para trabajar en Guinea. Su presencia no fue autorizada en 1997 tras las objeciones presentadas por la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado USA; en 1999 las dificultades vinieron de la Oficina de Asuntos Africanos que no creía oportuno mezclarse en una zona con problemas fronterizos evidentes entre Camerún, Nigeria, Guinea Ecuatorial... En esta oportunidad, los dos vicepresidentes del departamento "internacional" de MPRI (Ed Soyster y Dorn Mullori) han visitado a Susan Rice (Secretaria Adjunta para Asuntos Africanos en el Departamento de Estado USA) para solucionar objeciones, previamente a la visita de Obiang. Aceptados sus planes, han firmado con el dictador guineano un acuerdo que incluye la visita a Malabo de varios expertos del MPRI que, durante dos meses, "valoraran las capacidades de las fuerzas armadas" guineanas y en especial de su capacidad para vigilar las costas (una de las obsesiones de Obiang). Emitirán después una serie de recomendaciones en especial relacionadas con la adquisición de guardacostas. [http://www.asodegue.org/mayo1100.htm].

   - En septiembre de 2004 publicamos la información siguiente: "La publicación francesa, África Energy Intelligence, dice en su número 494, correspondiente al 22 de septiembre: "El presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema ha viajado la última semana a Kiev y ha celebrado largas reuniones con su homologo ucraniano Leonidas Kutchma. Malabo ha comprado recientemente una decena de helicópteros de combate a Ucrania, destinados a reforzar la capacidad de intervención rápida del ejercito. Guinea Ecuatorial negoció durante mucho tiempo con el grupo norteamericano MPRI [grupo de "asesores de seguridad", ¿o de mercenarios?, integrado por oficiales retirados del ejército norteamericano] un contrato de protección a sus fronteras marítimas, después, ante la oposición del gobierno americano, se volvió hacia grupos europeos. Una parte de los mercenarios implicados en el intento de golpe de estado en la isla de Bioko, el pasado marzo, había negociado en 2001 un contrato de vigilancia de las aguas territoriales ecuatoguineanas".[Puede leerse  en http://www.asodegue.org/septiembre2204.htm]

MPRI Redesign (Collective work with several other designers)

   - Y en febrero de 2007: "El último número de la publicación francesa La Lettre du Continent (nº 511, 8 de febrero) publica una noticia con el título: "¡Seguridad americana para Obiang!", cuyo texto es el siguiente: "Omnipresentes en el petróleo, los americanos van a garantizar ahora la seguridad del presidente Obiang. En oportunidades anteriores, Washington había impedido que la empresa de seguridad privada Military Professional Resources Incorporated (MPRI) presidido por  Carl Vuono, un exgeneral del ejército americano, trabajase en Guinea Ecuatorial. En el periodo del affaire de las cuentas presidenciales en la Bank Riggs, Teodoro Obiang Nguema estaba considerado  como  Mister-iz-no good  (don impresentable) en  Washington… El empuje del petróleo en el emirato bajo influencia de Exxon ha cambiado las cosas. El 25 de enero, el exparacaidista  William Kernan, director general de  MPRI, ha firmado un acuerdo con el presidente Obiang para la formación, durante cinco años, de unidades del ejército y de la guardia presidencial, en la actualidad instruida por marroquíes. El ministro de defensa, el general Antonio Mba Nguema que no está precisamente en la onda del delfín Teodorin, estaba presente en la entrevista. Dos manifestaciones más de la “amistosa” alineación americana de este país: la decisión de Exxon de participar en los programas sociales del país y sobre todo la presencia de Donal C. Johnson, nuevo embajador en Malabo y  Niels Marquardt, embajador residente en Camerún en la boda, tan privada, de Patricia Obiang Nguema, hija de su “papá”, el 22 de diciembre de 2006 en Malabo". [http://www.asodegue.org/febrero0907.htm]

   MPRI fue comprada por L-3 en el año 2000 [http://www.mpri.com/esite/] en una operación que hizo (más) multimillonarios a los ex-generales que la dirigían.

   A juzgar por la información anterior cabría suponer que MPRI, que habría conseguido entrar finalmente en Guinea Ecuatorial de la mano de las petroleras, ha conseguido ampliar su participación en la seguridad del país precisamente para la protección de las instalaciones de esas compañías norteamericanas del sector de los hidrocarburos. No cabe la posibilidad de que el contrato que ahora se anuncia sea una consecuencia a los sucedido el pasado 17 de febrero.

   Desde el punto de vista político este contrato es un capítulo más de los intentos del dictador de dotarse de un ejercito (de una seguridad) solvente y de los fracasos que cosecha en este campo. La defensa nacional es un objetivo inalcanzable por un régimen como el ecuatoguineano enfrentado a la mayoría de la población del país. Este es un aspecto que no deberían pasar por alto ni las empresas que colaboran con él, ni los gobiernos que autorizan esa colaboración [los anteriores acuerdos de MPRI contaron con el visto bueno (o no) de las autoridades norteamericanas, nada permite suponer que no ha sido así también en este caso]. El pretexto de la "seguridad de las instalaciones" o la "lucha contra el terrorismo" no puede servir de cobertura para lo que no es sino colaboración en las supervivencia de un régimen dictatorial y corrupto como el ecuatoguineano. Porque,  ¿para qué sirve el régimen ecuatoguineano? ¿qué es capaz de hacer? En realidad sólo sirve para "dar legitimidad" a la incuria y la corrupción de Obiang y los suyos. No estaría demás que alguna instancia norteamericana (el nuevo embajador, por ejemplo) diesen alguna valoración de qué supone, en su criterio, este nuevo contrato y si representa, o no, una implicación directa de los Estados Unidos en la defensa de la dictadura ecuatoguineana. En muchas oportunidades se ha dicho que empresas como MPRI actuaban allí donde "no estaría bien visto" que apareciera el ejercito de los Estados Unidos. ¿Es este uno de esos casos? Habíamos creído que este tipo de cosas eran propias de la "era Bush" y que habían desaparecido ya.

 

"El régimen colonial franquista en el Golfo de Guinea"

Alicia Campos Serrano, Revista Jurídica de la UAM, nº 3, año 2000

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