NOTICIAS ASODEGUE
HOJAS INFORMATIVAS
5 de febrero de 2007 El comisario de Cogo y el electricista torturado por él El comisario de policía de Cogo se llama Miguel Angel Edjang. El electricista torturado por él es Esteban Mba Engonga. El comisario Miguel Angel Edjang se encuentra en Cogo solamente desde agosto de 2006, como primer destino después de salir de la escuela de formación, en sustitución de otro comisario relevado de su puesto por habérsele "suicidado" bajo custodia, inexplicablemente "colgado", un señor que no tenía porqué encontrarse en la cárcel, don José Meviane Ngua. Esteban ha decidido renunciar definitivamente a su empleo antes de que los "dueños de Kogo" lo ayuden también a suicidarse.
Más sobre la reforma urbanística salvaje de Malabo Tras la reunión del dictador con los jefes de comunidades de vecinos de Malabo han tenido lugar las reuniones de estos con los vecinos. A través suyo el gobierno ha transmitido la orden de que todas las casas sean pintadas por sus propietarios siguiendo unos modelos fijos de color. Quienes no sigan estas instrucciones serán denunciados y se abrirá un proceso que puede culminar con la expropiación de la vivienda. Los propietarios de las casas deberán también reformar a su costa las tuberías de la conducción de agua o hacer frente a las sanciones que se estipulen. El régimen no ha previsto ayudas que faciliten a los vecinos la posibilidad de hacer estas reformas.
Corrupción en las aduanas de los puertos de Malabo y Luba La agencia France Press está difundiendo con fecha de hoy el siguiente despacho: "Las autoridades de Guinea Ecuatorial han impuesto una multa de 100 millones de francos CFA (150.000 euros) a una empresa suiza de logística acusada de haber sobornado a aduaneros para importar material de forma fraudulenta, informó el viernes la radio nacional [ecuatoguineana]. La empresa Transportation and Logistic Consulting (LTC) ha "comprado a aduaneros (ecuatoguineanos) con 37 millones de francos CFA (56.500 euros) para ocultar una grave infracción que había cometido", afirmó el secretario general de la Presidencia, Fortunato Ofa Mbo, en un comunicado leído por la emisora. "Le gobierno (...) ha decidido imponer una multa de 100 millones de FCFA a la empresa TLC y a su director general Stéphane Canal" y "ha puesto a disposición de la justicia a los aduaneros implicados" cuyo número no ha sido precisado, añadió la declaración. "La empresa TLC y su director general Stéphane Canal han prescindido de las instrucciones del Primer Ministro (...) contra la corrupción y han orientado más bien su acción hacia la promoción de esta gangrena social en nuestro país", añadió Ofa Mbo. Con base en Nyon (Suiza), la empresa TLC se ocupa en Guinea Ecuatorial de la logística de las empresas petroleras en los puertos de Malabo y Luba. Se trata de la segunda empresa extranjera a la que se le ha impuesto una multa importante desde la toma de posesión del nuevo primer ministro Ricardo Mangué Obama Nfubea. (...) En septiembre, la empresa belga de trabajos públicos Besix fue multada con 50 millones de francos CFA (75.000 euros)".
A. Durante años, cuando Obiang quería permitir que alguien se enriqueciera rápidamente, le daba un cargo en aduanas. No nos consta que esta situación haya cambiado. Las aduanas de Guinea Ecuatorial se encuentran entre las más lentas y las mas corruptas del mundo y se han convertido, desde hace años, en un lastre para el comercio que se realiza con el país. La "lucha contra la corrupción" es uno de los eslóganes preferentes de Ricardo Mangué, pero es sobre todo un elemento de propaganda. Esta noticia difundida por la radio nacional lo es también: ¿qué valor de disuasión puede tener una multa de 100 millones de CFA (25 millones de las antiguas pesetas) para una empresa como TLC? ¿Porqué no se dice cuantos y quienes son los aduaneros sancionados, qué responsabilidades tenían y cómo se ha descubierto el soborno?
Juzgan otra vez a los mercenarios La agencia EFE distribuyó ayer el siguiente despacho: "Ocho sudafricanos acusados de un intento de golpe de Estado en 2004 en Guinea Ecuatorial comparecen, a partir de mañana, ante un tribunal de Pretoria para ser enjuiciados por una ley que prohíbe las actividades mercenarias.Los ocho procesados forman parte de un grupo de cerca de 70 personas, la mayoría sudafricanos, que fueron detenidos, en marzo del 2004 en Zimbabue, cuando el avión en el que viajaban hizo allí una escala para recoger el cargamento de armas que iban a utilizar para derrocar al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.Los detenidos, sin embargo, negaron estas acusaciones que hicieron las autoridades de Zimbabue y alegaron que se dirigían hacia la República Democrática del Congo para trabajar en la seguridad de una empresa minera.De todos los detenidos, 61 sudafricanos fueron condenados por un tribunal de Zimbabue a doce meses de prisión en septiembre del 2004 por violar las leyes de aviación, inmigración, tenencia de armas y seguridad, y el 15 de mayo regresaron a Sudáfrica después de cumplir la pena.De los 61 que regresaron, la Fiscalía de Sudáfrica sólo ha encontrado indicios para procesar a ocho integrantes del grupo, la mayoría de ellos los organizadores. Sobre el resto, la acusación cree que nunca supieron la verdadera misión que habían emprendido.El juicio que comienza mañana en un tribunal regional de Pretoria debía haber comenzado el 27 de julio pasado, pero fue aplazado porque para esa fecha uno de los abogados de la defensa fue llamado para actuar como juez en un caso de un Tribunal Superior.Los ocho procesados están acusados de violar la Ley de Asistencia Militar en el Extranjero, que prohíbe a cualquier ciudadano o residente en este país vincularse a actividades mercenarias sin el permiso de las autoridades, o tomar parte en acciones para derrocar gobiernos.Después de comparecer por primera vez ante el tribunal, en junio del año pasado, el abogado defensor, Alwyn Griebenow, señaló que, muy probablemente, la Fiscalía pedirá una condena de un año de prisión.Incluso, la pena, según Griebenow, puede llegar a quedar en suspenso en cuanto a su cumplimiento, y los acusados tendrán que pagar una multa.Uno de los ocho acusados, Victor Dracula, es originario de Angola, y otro, Mzanga Kashama, es de la República Democrática del Congo, pero ambos tienen ciudadanía sudafricana.Al margen de los 61 sudafricanos que regresaron en mayo pasado al país, otros dos antiguos militares de este país, Harry Carlse y Lourens Horn, ya han sido enjuiciados en Sudáfrica por violar la ley contra los mercenarios.En la operación para derrocar a Obiang, Carlse y Horn tenían la misión de esperar en Zimbabue la llegada del contingente para inspeccionar las armas, pero no fueron procesados en ese país y fueron liberados sin cargos tras pasar seis meses en prisión.En noviembre del 2004, Carlse y Horn fueron sentenciados por un tribunal sudafricano a cuatro años de cárcel por contravenir las citadas leyes y se comprometieron a declarar como testigos de cargo en procesos contra otros implicados en la supuesta intentona a cambio de que sus condenas fueran suspendidas.Además tuvieron que pagar una multa de 75.000 rands (unos 10.000 dólares).También fue involucrado en la intentona golpista Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, que fue detenido en la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo, donde residía desde hace una década con su familia.Thatcher fue acusado de financiar la compra de un helicóptero que iba a ser utilizado en la intentona golpista, aunque, tras un pacto con la fiscalía sudafricana, se declaró culpable y prometió colaborar con las autoridades.El 13 de enero del año pasado, Thatcher fue sentenciado a cuatro años de prisión, con la condena en suspenso, y a una multa de medio millón de dólares".Cinco obreros peruanos estafados y abandonados en Guinea Ecuatorial
El diario El Comercio de
Lima, y un gran número de periódicos peruanos, informaba el
pasado día 4 de lo siguiente: "Cinco compatriotas contratados
por una empresa para trabajar como obreros en la Isla de Malabo,
en Guinea Ecuatorial, solicitaron al Gobierno gestione su
regreso al Perú tras ser abandonados por sus empleadores,
quienes, según denunciaron, los despojaron de sus pasaportes y
documentos de identidad. Indicaron que han sido expulsados de
sus viviendas y obligados a pagar US$3.400 por retornar al país.
A. En Guinea Ecuatorial florece el capitalismo salvaje: la explotación sin medida de los trabajadores ecuatoguineanos y también de trabajadores de otras partes del mundo llevados allí por las multinacionales del petróleo y afines, por los jerarcas del régimen o por redes de empresarios desaprensivos. Le Messager, de Camerún, hablaba recientemente del drama de trabajadores africanos estafados por pequeños empresarios, finalmente expulsados del país por las autoridades ecuatoguineanas y atrapados en la frontera cerrada entre Guinea Ecuatorial y Camerún. Trabajadores procedentes de Latinoamérica o de Filipinas (un reciente reportaje del diario The Manila Times, de 23 de enero, citaba a Guinea Ecuatorial como un destino importante para los trabajadores de aquel país y no hay familia de "nuevos ricos" del régimen que no se exhiba públicamente sin una niñera filipina) padecen, cada vez en más número, duras condiciones de explotación. El estado ecuatoguineano es incapaz (voluntariamente incapaz) de proporcionar servicios a la población y mantiene a todos los trabajadores (ecuatoguineanos y no ecuatoguineanos) en una total carencia de derechos. La creación de sindicatos es un aspecto más (inexcusable) de las libertades a conseguir por los demócratas ecuatoguineanos.
Editado y distribuido por ASODEGUE
|
||||
