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18 de enero de 2006 Otra carta para Mugabe Manuel Nguema Mba estuvo ayer en Harare para entregar a Mugabe una carta personal de Obiang. Lo dice el diario The Herald, de esa ciudad, en su edición de hoy, día 18. Mugabe recibió al conocido torturador ecuatoguineano acompañado por Michael Nyambuya, uno de los ministros de su gabinete. Tampoco ha trascendido el contenido de esta carta.
La bronca continua El estilo de los últimos discursos de Obiang es la bronca. Bronca a los funcionarios, bronca a las empresas extranjeras, bronca a quienes pedimos el boicot a los productos de las petroleras americanas que le sostienen y bronca, y amenazas, a la oposición democrática ecuatoguineana. La última bronca ha sido para los jueces. El pasado lunes se celebró en Malabo la apertura del año judicial y, según la agencia France Press, el dictador ecuatoguineano afirmó: “La independencia judicial no implica la impunidad de los jueces cuando desnaturalizan el concepto de justicia”. Más adelante “denunció la « ambición » de determinados magistrados « por los bienes materiales » que conducen « a la corrupción administrativa y a la falta de transparencia “. Añadió: “No se puede ser a la vez juez y parte en un mismo asunto”(…) “¿Cómo pueden administrar justicia quienes tienen intereses en determinados negocios ? » y terminó advirtiendo: “Es necesario actuar con rigor contra quienes se mueven en la impunidad” y “desnaturalizan la acción de la justicia ». Nadie deben entender que estamos ante las palabras de un reformador, ni que ahora, en los últimos tiempos, ha empeorado la situación de la justicia en Guinea Ecuatorial, de la que, por cierto, Obiang es el máximo responsable. Desde hace años se suceden los informes de distintas instancias internacional sobre las deficiencias del sistema judicial ecuatoguineano. Una de las últimos fue el de la asociación internacional de abogados BAR en el que se hablaba, pero en otro sentido, de la falta de independencia de los jueces: se señalaba la supeditación al jefe del estado, como una de las principales lacras del sistema. Otros diagnósticos han hecho referencia a deficiencias estructurales y a la escasa formación de los jueces. La cooperación francesa y la española han intentado en un buen número de ocasiones mejorar esta situación. Ha sido en vano, Obiang y los suyos han querido que todo quedase en palabras... El dictador guineano ha adoptado últimamente la costumbre de trasladar a los medios de comunicación los problemas del país, que son ya imposibles de ocultar, con la intención de achacar culpas y responsabilidades a otros y, en general, para hablar en vano, pues tras sus discursos no hay ningún plan realista de mejora, ni la voluntad de arreglar nada. Treinta años después de llegar al poder, de controlar al país con mano de hierro hasta los últimos detalles y haberse enriquecido de forma desproporcionada, no cabe responsabilizar a otros de lo que pasa en Guinea. Los responsables son ellos: Obiang y su familia.
Más sobre las advertencias de Obiang a las empresas extranjeras con inversiones en Guinea El corresponsal de Jeune Afrique en Malabo, Pascal Airault, ha publicado (15 de enero) en la página de L'intelligent/Jeune Afrique con el título "Dura lex sed lex" el artículo siguiente: "El presidente confirma el decreto que obliga a las empresas extranjeras a abrir su capital a accionistas nacionales. «Todas las empresas que se establezcan en Guinea Ecuatorial deben admitir socios nacionales… Aquellos que no acepten nuestra política deberán irse a otro país. El gobierno debe también exigir a estas grandes empresas que inviertan una parte de su dinero en el desarrollo y la construcción del país». La declaración del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, el 3 de enero, ante la televisión nacional, ha creado una situación molesta en los estados mayores de los grupos extranjeros. Dicha declaración confirma un decreto presidencial de septiembre de 2004, aún no aplicado, que obliga a las empresas extranjeras, o creadas por extranjeros, a abrir su capital hasta un 35% como mínimo al accionariado ecuatoguineano. Los operadores económicos ven en este texto una voluntad nacionalizadora, y de estorbar por tanto la libertad de empresa. “Pidiendo a las empresas extranjeras que den participación a socios locales, queremos favorecer las inversiones productivas nacionales y la creación de empleo para nuestros compatriotas », se defiende Melchor Esono Edjo, secretario de Estado del Tesoro y el Presupuesto. Un argumento que no convence a los operadores económicos extranjeros, en especial a las petroleras americanas que garantizan la extracción del oro negro ecuatoguineano. Ni ellos, ni sus subcontratistas se muestran partidarios de abrir su capital hasta un 35% a las personas físicas o a las empresas nacionales. Igualmente afectadas, las empresas extranjeras de obras públicas no tienen tampoco intención de plegarse a tales acuerdos de participación: “Este texto es un monstruo jurídico y una aberración que va contra las reglas de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central [Cemac]", explica un hombre de negocios instalado en Malabo. Otro punto que exaspera a los operadores de obras públicas [en francés: BTP, Construcción y Obras Públicas] es el que se refiere al reparto de beneficios. El nuevo decreto establece que del 5 al 10% de los beneficios netos deberán destinarse a los accionistas nacionales. Para los empresarios extranjeros se trata, ni más, ni menos, que de un acto de “predación”. Pese a las reacciones que suscitó este decreto, las autoridades organizaron dos reuniones, en junio y julio últimos, en Malabo para preparar su aplicación. El Primer Ministro convocó entonces a estos encuentros a todos los operadores petroleros y a sus empresas subcontratistas. “Nos dijeron claramente que la empresa nacional ecuatoguineana de petróleo (Gepetrol) llamaría pronto a nuestra puerta para pedirnos que le abriésemos nuestro capital. No tenemos intención de hacerlo”, ha indicado un operador, amparándose en el anonimato. Los estados mayores de las grandes empresas han puesto en movimiento sus baterías de abogados y sus gabinetes de asesores para examinar las debilidades del texto legal y responder a las autoridades. Tras de una reunión de crisis entre Exxon Mobil y sus subcontratistas, los operadores han desarrollado tres argumentos fundamentales: el texto no es compatible con el tratado de la OHADA [ en español : Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África] ; es anticonstitucional, porque ha sido adoptado por decreto y no ha pasado por el Parlamento; por último, las primas subirán espectacularmente cuando los aseguradores sepan que hay empresas ecuatoguineanas que participan en el capital. Consultoras especializadas en auditorias y en el asesoramiento de empresas instaladas en Malabo, en especial Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers, han iniciado un trabajo de lobbying ante las autoridades para que echan marcha atrás o, al menos, modifiquen el texto. Para muchos, el nuevo decreto fue elaborado a toda prisa en los meses siguientes al intento de golpe de estado. “Es un texto ante todo político. Es una reacción basada en criterios de seguridad ante los acontecimientos de marzo de 2004, señala un diplomático. Parece difícilmente aplicable, inspira temor a todo el mundo. Pase lo que pase, las inversiones extranjeras directas [IDE] podrían resentirse”. Malabo es, sin embargo, un destino muy atractivo. Las IDE alcanzaron 1.700 millones de dólares en 2004, frente a 323 millones en 2002, colocando así al país entre los principales beneficiarios de flujos de inversiones entrantes del África subsahariana. La mayoría de las inversiones se dirigen al sector petrolero. Las declaraciones televisadas del presidente expresan, en todo caso, su voluntad de echarle un pulso a las empresas petroleras americanas que negociaron contratos leoninos en los años noventa (el porcentaje de participación del Estado en los beneficios era de alrededor del 5%) y de llevar ese pulso a los medios de comunicación. De entrada, su puesta en guardia se ha visto precedida a finales de diciembre por una emisión de la Radio-Televisión ecuatoguineana (RTVGE), portavoz muy oficial del poder y habitualmente poco crítica, denunciando sin tapujos la “mala distribución de las riquezas” petroleras. Los últimos invitados a La Tertulia, difundida cada semana, no se mordieron la lengua y criticaron la extrema pobreza en la que vive la inmensa mayoría del millón de habitantes de Guinea Ecuatorial. “El sector del petróleo ha arruinado a todos los demás. En lugar de distribuir los beneficios para promover el crecimiento de otros sectores como la agricultura, [...] algunos han preferido guardarse el dinero en los bolsillos”, afirmó sobre todo Santiago, un agricultor. Malabo ha recuperado ahora el sentido de la negociación y hace jugar la baza de la competencia extranjera, especialmente china, con el riesgo de irritar a la Casa Blanca".
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