HOJAS INFORMATIVAS

14 de Enero 

Obiang designa a un nuevo Inspector General de las Fuerzas Armadas

   La agencia Xinhua difundió con fecha 12 de enero, desde Yaundé, el despacho siguiente: "El presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema ha nombrado para el puesto de inspector general de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad de Guinea Ecuatorial al contra-almirante Joaquín Ndong Nvé, según un decreto leído el miércoles en la radio nacional ecuatoguineana. 

   El contra-almirante Joaquín Ndong Nvé sustituye en este puesto al general de brigada del ejercito de tierra, Rafael Mba Esangui, nombrado a mediados de 2003. El decreto no precisa las razones de este cambio.

   El Inspector general de las Fuerzas Armadas es la autoridad militar máxima de la región continental, la más extensa y poblada de este país del Golfo de Guinea, tercer productor de bruto subsahariano.

   De 48 años de edad, el nuevo inspector general de las FAS se formó en la antigua Unión Soviética y más tarde en los Estados Unidos. Antiguo ayuda de campo del presidente Obiang, ha dirigido distintas regiones militares en la isla de Bioko, donde se encuentra la capital y en la región continental.

   El ejército guineano, incluyendo todos los cuerpos que lo integran, cuenta con casi 5000 efectivos, entre ellos 24 generales. El de más alto grado es el presidente Obiang que se autoproclamó capitán general el pasado agosto."

   En los últimos meses se habían difundido,  en varias oportunidades, rumores sobre la suerte política del general Esangui y su posible encarcelamiento. Como es sobradamente conocido, desde el pasado mes de octubre, viene produciéndose una purga de importantes proporciones en las guarniciones militares de la región continental. Otras noticias sobre este mismo tema indican que el ex-general Agustín Ndong Oná, en su día también Inspector General de las Fuerzas Armadas, está encarcelado en el campamento "3 de agosto" de Bata y podría estar siendo objeto de malos tratos. 

El ministro armenio de Asuntos Exteriores visitará Malabo para interesarse por la situación de los pilotos de su país encarcelados en Black Beach.

   Con el título de "Las autoridades armenias esperan conseguir la liberación de los pilotos armenios detenidos en Guinea Ecuatorial", la agencia Novosti difundió ayer un despacho fechado en Erevan en el que, entre otras cosas, se dice: "El ministro armenio de Asuntos Exteriores Vardan Oskarian tiene intención de viajar oficialmente a Guinea Ecuatorial a mediados de febrero. La visita estará dedicada a la suerte de los pilotos armenios condenados a duras penas de cárcel en noviembre último por participar en una tentativa de golpe de estado.

   Las autoridades guineanas han indicado ya su disposición para recibir al ministro. Según el señor Oskarian, queda por fijar la fecha exacta de la visita" (...) "El abogado de los pilotos armenios ha planteado recurso [sobre este asunto] ante el Tribunal Supremo de Guinea Ecuatorial".

   Como se recordará seis aviadores armenios fueron condenados a penas de entre 14 y 24 de cárcel por su participación, nunca demostrada, en el intento de golpe de estado del pasado marzo. La gravedad de las penas impuestas a estos ciudadanos armenios está en relación con el intento del gobierno guineano de "encontrar motivos" a la muerte en Black Beach del ciudadano alemán Gerard Eugen Merz, representante en Guinea de la empresa que había contratado a los pilotos. 

Mark Thatcher paga la multa y abandona Suráfrica

   El diario francés Liberation publicaba en su edición de ayer el artículo siguiente: "Mark Thatcher de 51 años, abandona su casa en Ciudad del Cabo (África del Sur) libre, tras haberse declarado culpable ante el Tribunal Supremo de El Cabo de las acusaciones sobre financiación de un intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial.

   La justicia le ha condenado a pagar una multa de 3 millones de rands surafricanos (unos 380.000 euros) y a cuatro años de prisión "en suspenso" tras un acuerdo previamente establecido con la acusación. Por este procedimiento, previsto en las leyes surafricanas, el hijo de la Dama de Hierro evita un largo procedimiento judicial y un proceso público, y puede reunirse cuando lo desee con su familia en los Estados Unidos. Su situación anterior le impedía abandonar la región de El Cabo.

   El acuerdo escrito por el que se declara culpable, firmado por las dos parte, indica que "el acusado (...) intentó financiar actividades mercenarias, realizando un pago de 275.000 dólares para el alquiler de un helicóptero".

   Tras una breve audiencia, el juez ha declarado: "El acusado se ha reconocido culpable de contravenir (...) la Ley sobre asistencia militar en el extranjero". Esta ley prohíbe a "todos los ciudadanos o residentes surafricanos" "reclutar, utilizar, entrenar a personas para llevar a cabo actividades mercenarias" y también "participar en ellas" o "financiarlas".

   El gobierno ecuatoguineano anunció a principios de marzo de 2004 la detención en Malabo de un grupo de presuntos mercenarios, presentados como la vanguardia de otro grupo detenido en ese mismo momento en el aeropuerto internacional de Harare, en Zimbabwe. Acusado a finales de agosto de 2004, el hijo de la Dama de Hierro había hasta ahora rechazado cualquier participación en este intento de golpe de Estado contra el presidente ecuatoguineano,  Teodoro Obiang Nguema".

   Por su parte la agencia France Press indica que Mark Tahrcher podría haber abandonado Suráfrica en el día de ayer y se refiere a la audiencia judicial en estos términos: "A la salida de la audiencia, las dos partes firmantes del acuerdo señalaban con argumentos evidentemente diferentes, que se trataba de una buena decisión, anticipándose a las posibles críticas por esta salida inesperada del procedimiento judicial.

   Sipho Ngwema, portavoz de los Scorpions, la unidad de investigación encargada de este dossiers, ha considerado que la pena era "justa y equitativa".

   "Mark  Thatcher se ha manifestado dispuesto a cooperar plenamente" con la acusación, señaló, añadiendo que el documento había sido firmado "en interés de la justicia".

  Por su parte, los abogados de Thatcher intentaban limitar el impacto - fuerte - del reconocimiento de culpabilidad de su cliente, señalando que el acuerdo con la acusación se había firmado "sólo en lo que se refiere a la financiación del alquiler de un helicóptero, en unas circunstancias en las que [Mark Thatcher] hubiera debido mostrar mayor prudencia".

Editado y distribuido por ASODEGUE

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