DOCUMENTOS ASODEGUE MARZO 2004
|
|
||||
|
|
|
31 de Marzo de 2004 Guinea Ecuatorial Informes sobre derechos humanos – 2002 Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo 31 de marzo, 2002
Guinea Ecuatorial es nominalmente una república constitucional multipartidista; sin embargo, en la práctica, controlan el gobierno el Presidente Teodoro Obiang Nguema y el pequeño subclan de Mongomo, de la mayoría fang, que han gobernado el país desde la independencia, en 1968. El Presidente Obiang, al frente del país desde que tomó el poder en un golpe de Estado militar en 1979, fue reelegido con el 97,1 por ciento de los votos en unas elecciones celebradas en diciembre en las que participó el 98 por ciento de los votantes censados y que se vieron menoscabadas por el fraude y la intimidación. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), el partido del Presidente, ha controlado el poder judicial y la asamblea legislativa; ésta última fue elegida en unas elecciones celebradas en 1999, ampliamente criticadas a causa de sus irregularidades por la comunidad internacional. El poder judicial no ha sido independiente. El Presidente Obiang ha ejercido el control sobre la policía y los cuerpos de seguridad a través del Ministro del Interior, que también actuó como Presidente del Consejo Nacional Electoral. El puesto de Director General de Seguridad Nacional ha estado ocupado por el hermano del presidente, Armengol Ondó Nguema. Las autoridades civiles han mantenido en general el control efectivo de las fuerzas de seguridad; sin embargo, en algunos casos han actuado de manera independiente con respecto a la autoridad gubernamental. Las fuerzas de seguridad han cometido numerosos abusos graves contra los derechos humanos. A pesar de que el censo de 2002 afirmaba que la población era de 1.015.000 habitantes, estimaciones fiables sitúan la cifra real en unos 500.000. La oposición ha manifestado que el Gobierno infló el censo con vistas a las elecciones presidenciales de diciembre. La mayoría de la población vive de la agricultura de subsistencia, complementada con la caza y la pesca. El desempleo y el subempleo han sido muy altos. El trueque ha sido un aspecto fundamental de la economía. El producto interior bruto (PIB) creció en un 23,8 por ciento a lo largo del año. La renta per cápita en 2001 alcanzó los 3.852 dólares. Gran parte del crecimiento de la renta se debió al petróleo, que durante el año ha alcanzado una media de producción de 280.000 barriles al día. La inversión y otras aplicaciones de los ingresos provenientes del petróleo se han hecho sin la debida transparencia, a pesar de los repetidos llamamientos en ese sentido de las instituciones financieras internacionales y de los ciudadanos. La mala gestión de los presupuestos y la falta de transparencia en la contabilidad pública de las finanzas nacionales han menoscabado el potencial económico del país. No hay muchos indicios de que la riqueza del país proveniente del petróleo se esté dedicando al bienestar público. La mayor parte de la ayuda económica extranjera se ha suspendido por la ausencia de reformas económicas y por la mediocre trayectoria del Gobierno en materia de derechos humanos; sin embargo, algunos países han reanudado la ayuda durante el año. Los progresos del Gobierno en materia de derechos humanos siguieron siendo escasos; a pesar de que se observaron algunas mejoras en algunas áreas, han persistido numerosos problemas graves. Siguieron siendo limitadas las posibilidades de que los ciudadanos puedan cambiar el gobierno de manera pacífica. Las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, incluida la tortura, las palizas, y otros abusos físicos a reclusos o a sospechosos, que en ocasiones dieron lugar a muertes. En general, estos abusos los han cometido los miembros de las fuerzas de seguridad con plena impunidad. Las condiciones de las prisiones han sido duras y han supuesto un peligro para la vida. Se produjeron muertes de detenidos por torturas y por abusos a los que hay que añadir la falta permanente de asistencia médica. A menudo se torturó a los detenidos para obligarles a confesar. Las fuerzas de seguridad han practicado detenciones arbitrarias, retenciones, y detenciones con incomunicación. En repetidas ocasiones, el sistema judicial no ha sido capaz de garantizar un procedimiento conforme a derecho y ha seguido sujeto a presiones por parte del ejecutivo. El Gobierno ha limitado el derecho a la intimidad. El Gobierno ha restringido severamente la libertad de expresión y la libertad de prensa; sin embargo, la libertad de expresión aumentó marginalmente durante el año. El Gobierno ha continuado limitando la libertad de reunión y de asociación, así como la de circulación y culto. No hay de hecho ninguna organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos (ONG) en el país. La violencia y la discriminación hacia las mujeres siguieron siendo problemas serios. Continuó la discriminación hacia las minorías étnicas, particularmente hacia grupo étnico bubi, y hacia los extranjeros. El Gobierno ha restringido los derechos laborales. Ha seguido habiendo trabajo infantil y trabajos forzados. Existen informes de que se ha traficado con personas.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Sección 1 Respeto a la integridad de las personas.
Existen informes relativos a muertes ilícitas ocurridas durante el año. Los partidos de la oposición y la prensa internacional han informado de entre tres y cinco muertes debidas a torturas, relacionadas con el juicio por intento de golpe de estado de junio, practicadas por las autoridades carcelarias (consúltense las Secciones 1.c. y 1.e.). Por ejemplo, el 3 de julio, el agente de policía Juan Odo Nguema murió en la cárcel de Black Beach de Malabo, según se informó a causa de las torturas que había padecido. Nguema había sido condenado a 6 años de cárcel por participar en intento de golpe de estado destinado a derrocar al Presidente Obiang (consúltese la Sección 1.e.). Las autoridades gubernamentales atribuyeron la muerte de Nguema a una neumonía bronquial, a un absceso de hígado y a una anemia. Se informó también de que durante el año las autoridades carcelarias torturaron, apalearon y abusaron de los reclusos de distintas maneras; dichos abusos, combinados con la falta de asistencia médica, han producido algunas muertes en prisión. El 15 de febrero, el jefe de una unidad militar mató a Dimas Bueriberi de 35 años de edad a las afueras de Malabo durante un apagón de luz. El hombre que disparó declaró que había confundido a Bueriberi, un electricista, con un bandido. El 7 de octubre, el comandante de la guardia presidencial Narciso Edu Nsue mató a Luis Obiang, un sargento a sus órdenes, después de que ambos hubieran estado bebiendo en un bar de Malabo. Edu Nsue fue detenido, acusado de homicidio y está a la espera de ser juzgado por un tribunal militar. El Gobierno no ha encausado, en años anteriores, a ninguno de los miembros de las fuerzas de seguridad considerados responsables de asesinatos extrajudiciales, ni es probable que lo vaya a hacer.
No se informó de ninguna desaparición durante el año.
La ley exige respeto a la libertad y dignidad de las personas, pero no prohibe específicamente la tortura o las penas crueles o inhumanas. Miembros de las fuerzas de seguridad torturaron, apalearon y abusaron de otras maneras de sospechosos, reclusos y de políticos de la oposición. Después de visitar las prisiones en 2001, el Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNHCR), Gustavo Gallón describió la tortura como "un método normal de investigación". El Gobierno no ha proporcionado asistencia médica a los reclusos o detenidos. Se ha informado de que las autoridades carcelarias han torturado, apaleado y abusado de los reclusos de maneras distintas, y de que estos abusos, combinados con una falta de asistencia médica, han provocado la muerte de algunos reclusos (consúltese la Sección 1.a.). Ha habido informes fiables que indican que durante el año se produjeron, en la cárcel de Black Beach, tres muertes en estas condiciones. Se ha informado de que algunos agentes torturaron a activistas políticos de la oposición tras el juicio por el intento de golpe (consúltese la Sección 1.e.).Hay numerosos informes que indican que las autoridades policiales ataron los pies y las manos de los reclusos detrás de la espalda y los colgaron de una barra. Durante el juicio, hubo indicios de que algunos reclusos tenían las muñecas y los codos dislocados, y muchos cojeaban. La tortura se ha utilizado habitualmente para extraer confesiones forzadas, especialmente entre el grupo de 144 supuestos conspiradores, detenidos en marzo, en el intento de golpe de estado. Es el caso, según los informes, de Felipe Ondó Obiang, líder del partido prohibido Fuerza Demócrata Republicana (FDR), que fue torturado en la cárcel de Black Beach de Malabo. Le golpearon tan fuerte en las manos que según el informe perdió el uso de los dedos. No se le permitía recibir visitas, y los guardias de la prisión tampoco aceptaban la comida que le traían sus familiares y amigos. El 9 de junio, se condenó a Obiang a 20 años de prisión tras de un largo juicio marcado por numerosos abusos procedimentales. El 14 de julio, soldados de la Guardia Presidencial apalearon en la cárcel de Black Beach a Bibiana, la esposa del recluso Plácido Micó, Secretario General de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), cuando fue a llevar comida y ropa para su esposo (Se trata de un error. Bibiana es la esposa de Emilio Ndong, militante de UP, también juzgado y condenado en el proceso de mayo-junio de 2002. Nota de los Traductores). A lo largo del año, las fuerzas de seguridad han acosado a empleados de una empresa petrolera. Ha sido el caso de unos gendarmes que sacaron a un empleado de una empresa petrolera de su vehículo y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente porque se negaba a pagarles una cantidad sin justificación legal alguna. Un barco policial prendió fuego también a un barco de una empresa petrolera sin que se produjeran heridos. Las autoridades locales han elegido a ciudadanos de los países vecinos como su objeto de acoso por medio de la intimidación verbal y la detención arbitraria. La policía ha extorsionado de forma habitual a ciudadanos de Camerún, Nigeria, Ghana, Togo y Benin. Las condiciones de las celdas y las prisiones han seguido siendo duras y constituyendo un peligro para la vida; a los presos no se les ha proporcionado comida, asistencia médica, sanitarios con funcionamiento correcto, agua potable, espacio habitable limpio y salubre, ni elementos de mobiliario mínimo, como pueden ser camas. Hay informes fiables según los cuales las condiciones de la cárcel de Black Beach habrían mejorado durante este año, y se habría comenzado la renovación del centro. En noviembre de 2001, el Representante Especial, Gustavo Gallón, realizó una visita no autorizada a un centro de detención de Bata. Gallón informó de que 17 personas, incluidos 4 niños, estaban retenidos en una celda que medía 4 metros por 1,5 y no disponía de sanitarios. Dos de los reclusos mostraban claros signos de tortura. Cuando se les preguntó, las autoridades carcelarias no negaron la acusación de tortura y no pudieron ofrecer ninguna explicación para la retención de los presos. Las autoridades carcelarias y los presos acosaban sexualmente a las presas. Se utilizaba habitualmente a los presos como mano de obra en trabajos de construcción de algunos agentes de la autoridad, sin recibir por ello pago alguno, ni ninguna otra compensación. Hay informes no confirmados de que algunos jueces han utilizado a presos como asistentes domésticos. El 29 de julio, diversas fuentes informaron de que el suministro de comida para los presos de la cárcel de Black Beach se había agotado, y de que las autoridades carcelarias habían dejado de distribuir arroz y guisantes a los presos; sin embargo, algunos observadores indicaron que los presos estaban siendo alimentados a finales de año. También en julio, las autoridades de Black Beach hospitalizaron al preso Cándido Obiang Abia con retortijones en el estómago y fiebre alta. Según los testimonios de otros presos, los funcionarios de la prisión no habían alimentado a Obiang Abia durante 4 días. No se ha mantenido a los presos de sexo masculino y femenino en sectores separados, ni tampoco a los presos adultos y los menores. Los detenidos a la espera de juicio y los presos políticos no estaban separados de los presos ya condenados. No hay ninguna ONG local aparte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guinea Ecuatorial (CNDH) que está controlada por el Gobierno. En el pasado, la CNDH, aun con esa dependencia, informó de que las condiciones de las cárceles y las celdas eran duras. Aunque la CNDH indicaba que los presos no recibían malos tratos, sus informes señalaban que había escasez de alimentos y no había asistencia médica. La CNDH ha sido en parte responsable de la renovación que se han llevado a cabo durante el año en la cárcel de Black Beach. No hay ninguna ONG internacional de defensa de los derechos humanos con sede en el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que históricamente ha hecho recomendaciones al Gobierno, ha supervisado las condiciones de encarcelamiento. El 8 de octubre, el CICR firmó un acuerdo con el Gobierno para institucionalizar la posibilidad de hacer visitas regulares a los detenidos y a los presos. El acuerdo dispone que el CICR tendría acceso a todos los detenidos, podría hablar libremente con todos los detenidos y presos, repetir sus visitas, y recibir del Gobierno una lista de los detenidos y presos. Durante la primera visita, realizada en noviembre en virtud del acuerdo, los representantes del CICR pudieron visitar a todos los presos y las instalaciones carcelarias.
En teoría existían garantías jurídicas procedimentales con respecto a la detención, la orden de registro, y otras protecciones de los derechos de los ciudadanos; sin embargo, las fuerzas de seguridad han hecho caso omiso, de forma sistemática, de estas garantías y han continuado deteniendo y reteniendo a personas con arbitrariedad e impunidad. Las fuerzas de seguridad han realizado a menudo detenciones "por orden de la superioridad", sin ningún otro requisito. La policía ha mantenido a menudo incomunicados a los presos. En ocasiones, ciudadanos de países vecinos han sido objeto de malos tratos y detenciones arbitrarias (consúltese la Sección 1.c.). Durante el año, las autoridades han detenido a miembros de partidos políticos de la oposición durante periodos cortos. Algunas detenciones políticas han durado varios meses. Es difícil cuantificar el número de detenidos políticos, aunque se cree que ha sido menor de 100. El Gobierno ha utilizado los efectos psicológicos de la detención, junto con el miedo a las palizas y al acoso, para intimidar a los dirigentes y miembros de los partidos de la oposición. En marzo y abril, el Gobierno detuvo a 144 personas en conexión con un supuesto intento de golpe que habría tenido lugar en octubre de 2001, entre ellos los líderes de la FDR Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá. Los detenidos estuvieron incomunicados en la cárcel de Bata y fueron torturados hasta que confesaron (consúltese la Sección 1.e.). El 18 de abril, las autoridades pusieron bajo arresto domiciliario al Secretario General de CPDS Plácido Micó por su participación en la supuesta conspiración para un golpe de estado en 2001. En mayo Micó fue detenido, acusado de intento de golpe de estado, juzgado y condenado a 8 años de cárcel. El 17 de mayo, las fuerzas de la seguridad nacional, dirigidas por el hermano del presidente Obiang, Antonio Mba Nguema, detuvieron y encarcelaron a 17 miembros de la etnia bubi acusados de conspiración para un golpe de estado. Mba Nguema dijo que miembros de la seguridad habrían encontrado planos de campos militares en manos de los detenidos. Los 17 detenidos fueron encarcelados en Black Beach. Los bubis afirmaron que no estaban involucrados en actividades políticas sino que celebraban el aniversario de su fundador y ceremonias tradicionales del pueblo bubi. El 31 de mayo, el grupo de Resistencia Nacional de Guinea Ecuatorial (RENAGE) publicó un comunicado en el que afirmaba que durante la redada, las fuerzas de seguridad cortaron las orejas a 2 de los 17 detenidos, Venancio Epara y Gustavo Epeso. A finales de año no había más información disponible sobre ese tema. En julio, todos los agentes de seguridad del aeropuerto de Bata (entre 15 y 20) fueron detenidos después de que se permitiera al líder del partido opositor Unión Popular (UP) embarcar en un vuelo con destino a Gabón. Las fuerzas de seguridad detuvieron a familiares de los presos y de los sospechosos en un esfuerzo por obligarles confesar (consúltese la Sección 1.f.). Al contrario que en el año anterior, no ha habido informes de que las fuerzas de seguridad del gobierno hayan detenido a trabajadores de empresas petroleras. No ha habido cambios en el caso de Nve Mañana, del año 2000, que ha quedado definitivamente confinado en los alrededores de Mongomo (Ricardo Nve Mañana fue procesado y absuelto en el juicio de mayo-junio de 2002. En la actualidad reside en Malabo. Nota de los Traductores), ni en el de Macías Nguema y otros detenidos del año 2000 que permanecían retenidos a la espera de juicio acusados de conspiración. Se desconoce si Marcelo Seme Nzé, Rubén Sima y Romualdo Angüé Nbons permanecían detenidos a finales de año (Al menos Marcelo Seme y Rubén Sima fueron juzgados y condenados en el juicio de mayo-junio de 2002. Nota de los Traductores). A las fuerzas de seguridad, responsables de detenciones y retenciones arbitrarias y otros abusos no se les ha imputado la responsabilidad de sus acciones. El Representante Especial de la ONU observó que a algunos funcionarios estrechamente vinculados con el aparato de seguridad del Gobierno se les trataba como si estuvieran por encima de la ley. En abril, el Gobierno promulgó una ley para evitar que las mujeres fueran encarceladas por no devolver la dote después del divorcio (consúltese la Sección 5). Las mujeres que habían sido detenidas por no devolver la dote fueron liberadas en una amnistía promulgada el mes de octubre. El Gobierno ha utilizado el exilio interior forzado, como sucedió con cinco hombres que según los informes fueron confinados en Mongomo (consúltese la Sección 1.f.). No ha utilizado el exilio exterior forzado; sin embargo, algunas personas han huido del país por motivos políticos. Durante el año, el Presidente Obiang instó a las figuras exiliadas de la oposición a volver al país y a legalizar sus partidos. En 2001, Joaquín Elema, líder del Foro para la Democracia en Guinea Ecuatorial (FODEGE) aliado con la RENAGE y Coordinador General de la Coordinadora de la Oposición Democrática (CODE) regresó al país; sin embargo, los líderes del RENAGE han informado de que sus intentos por regresar al país habían sido infructuosos. La Constitución reconoce la independencia de la Justicia; sin embargo, el poder judicial no ha sido independiente. Los jueces han desempeñado su cargo a discreción del Presidente, y han sido nombrados, trasladados y destituidos por motivos políticos. La corrupción judicial ha sido generalizada. El sistema judicial está compuesto por tribunales inferiores de ámbito provincial, dos tribunales de apelación, un tribunal militar y un Tribunal Supremo. El presidente nombra a los miembros del Tribunal Supremo, que en la práctica, le reportan y reciben órdenes de él. El Presidente ha sido el miembro más poderoso del sistema judicial. En las zonas rurales los ancianos de las tribus han resuelto las reclamaciones civiles y las cuestiones penales menores en tribunales tradicionales. No han existido criterios objetivos para la selección de los jueces de tribunales inferiores al Tribunal Supremo; la legislación permite al Ministro de Justicia realizar inspecciones periódicas y nombrar jueces. Algunos jueces se han ausentado de sus puestos, lo que ha dado lugar a retrasos de los procedimientos judiciales. Como resultado de estas ausencias, los presos han quedado a menudo retenidos en comisarías a la espera de la vista durante más de las 72 horas estipuladas por la ley; además, las celdas empezaron a veerse más masificadas e insanas (consúltese la Sección 1.d.). La Constitución y las leyes reconocen la representación jurídica en los juicios y el derecho de apelación; sin embargo, a menudo, en la práctica, las autoridades no han respetado estas disposiciones. Los asuntos civiles raras veces han llegado a un juicio público. Los casos en los que estaba implicada la seguridad nacional se han juzgado por el tribunal militar. Los casos esencialmente políticos se han remitido con frecuencia a tribunales militares, aunque los acusados fueran civiles y los cargos no estuvieran relacionados con la jurisdicción militar. El Código de Justicia Militar permite que se juzgue mediante esta jurisdicción a quienes desobedezcan a una autoridad militar con independencia de que los encausados lo sean o no. Los tribunales militares no han asegurado un proceso con garantías y los procedimientos no han sido públicos. La Comisión de Quejas y Peticiones del Parlamento ha sido de facto la tercera rama de la "autoridad judicial", a pesar de que no tenía jurisdicción legal formal. Según los medios de comunicación locales, el Presidente del Parlamento ha actuado como tribunal de última instancia. A partir del 22 de mayo, un tribunal especial declaró culpables a 68 presos y a sus familiares y los condenó a entre 6 y 20 años de cárcel por un presunto intento de golpe de Estado contra el Presidente Obiang. Entre los condenados se encontraban los líderes de los tres principales partidos de la oposición que se mantenían independientes del partido en el poder del Presidente Obiang, es el caso del Secretario General de CPDS Plácido Micó, el Secretario General de UP Guillermo Nguema Elá (Se trata sin duda de un error. El Secretario General de UP es Fabian Nsue que estaba encarcelado por esas mismas fechas acusado de "insultos al Jefe del Estado" por unas declaraciones hechas por Internet. El señor Nsue fue torturado y condenado a dos años de cárcel. Se le indultó el 12 de octubre. Guillermo Nguema Elá es dirigente de la FDR y sí estaba acusado de intento de golpe de estado. Fue también torturado y condenado en este juicio Nota de los Traductores), y el líder del partido prohibido FDR, Felipe Ondó Obiang (consúltese la Sección 1.d.). El juicio se llevó a cabo entre numerosas irregularidades, entre otras indicios de tortura y una ausencia de pruebas sustanciales (consúltese la Sección 1.c.). Se celebró en un cine. El juez denegó repetidamente los intentos de los abogados de la defensa de interrogar a los presos acerca de las practicas de tortura. Los presos que negaron sus declaraciones previas eran torturados, al parecer, cuando regresaban a la prisión. El tribunal proporcionó a la defensa los cargos y las declaraciones de los acusados el día anterior a la celebración del juicio, y los abogados de la defensa no tuvieron acceso a sus clientes durante gran parte del procedimiento. La mayoría de los acusados afirmaron que sus declaraciones no eran verídicas y que las hicieron únicamente para que dejaran de torturarles. La acusación afirmó que Ondó Obiang organizó una reunión en Bata en octubre de 2001 para planear el asesinato del Presidente Obiang y el derrocamiento de su administración. No aportó ninguna prueba aparte de las declaraciones extraídas bajo tortura. Obiang y el resto de los acusados declararon que "la reunión del golpe" fue en realidad una reunión de simpatizantes de la FDR para explorar cómo podían obtenerse nombres adicionales de co-fundadores en cada región del país para solicitar la legalización del partido. El tribunal basó la condena de Micó en el testimonio de un sobrino (De un hijo. N de los T.) de Ondó Obiang, extraído bajo tortura y posteriormente negado. Después del juicio, el juez presidente de la sala fue nombrado juez del Tribunal Supremo. Seis de los 68 condenados, entre ellos el Secretario General de UP Fabián Nsue Nguema, fueron liberados en octubre a consecuencia de un indulto presidencial. El Presidente Obiang ha indicado la posibilidad de que otros condenados en el juicio por el intento de golpe reciban un indulto total o parcial, o que se les reduzca la condena. El 12 de octubre, el Presidente Obiang dictó una amnistía para 40 bubis condenados a raíz de una revuelta que tuvo lugar en Luba en 1998. Además, el Presidente indultó a todas las mujeres y a las personas mayores de 70 años. Todas las personas incluidas en la amnistía fueron liberadas a finales de año; sin embargo, la amnistía se aplicó sólo a algunos de los 68 presos condenados en junio por la supuesta conspiración para un golpe de estado en octubre de 2001. El número exacto de personas liberadas no era conocido a finales de año. El Gobierno mantiene retenidos a una serie de presos políticos; sin embargo, hay informes de que las 20 personas encarceladas con anterioridad en Evinayong fueron liberadas en la amnistía de octubre.
La ley prohibe dichas acciones; sin embargo, el Gobierno no las ha respetado en la práctica. Han seguido llegando informes según los cuales las fuerzas de seguridad registraban habitualmente domicilios y detenían a los ocupantes sin orden judicial previa, y en general lo han hecho con impunidad. Han seguido llegando informes sobre vigilancia por parte del Gobierno a miembros de partidos de la oposición y diplomáticos extranjeros. Durante el año, Reporteros sin fronteras (RSF) han puesto de manifiesto que varios periodistas y políticos se quejaron de que tenían dificultades crecientes para acceder a Internet. Los periodistas declararon que se había producido también un aumento en las escuchas telefónicas ilegales y en la vigilancia del correo electrónico, controlado por el único proveedor de acceso a Internet (público) (consúltese la Sección 4). Las autoridades desplazaron a aproximadamente 500 cameruneses que vivían en Malabo después de que se hiciera pública una nueva política gubernamental destinada a evitar que los extranjeros se beneficiaran de la creciente riqueza proveniente del petróleo (consúltese la Sección 5). A finales de año, los evacuados no habían podido regresar a sus residencias anteriores y su situación exacta era desconocida. El 11 de enero, el Secretario General de UP, Nguema, informó de que las autoridades habían dado a siete oficiales de alto rango, obligados a retirarse por su afiliación a UP, 4 días para abandonar Malabo y dirigirse a sus poblaciones de origen. Nguema dijo que el mandato se había hecho "sin motivo aparente" y contravenía un acuerdo firmado por el Gobierno que prohibía los confinamientos extrajudiciales. La pertenencia al PDGE ha sido en general un requisito previo para la contratación y la promoción, tanto en el sector público como en el privado. La pertenencia a una organización política rival se ha considerado motivo para la destitución de cualquier puesto, público o privado. Los políticos de la oposición que no participan en el Gobierno afirman a menudo que fueron destituidos de sus puestos tras unirse a grupos políticos distintos del PDGE. Las fuerzas de seguridad detuvieron a familiares de presos y de sospechosos en un intento de obligar a los presos y sospechosos a entregarse. Por ejemplo, durante las detenciones de marzo de 144 supuestos conspiradores para un golpe de estado, los familiares de Felipe Ondó Obiang, incluida una sobrina embarazada, fueron incomunicados y torturados.
Sección 2 Respeto a las libertades civiles, entre ellas:
La Constitución reconoce la libertad de expresión y de prensa; sin embargo, en la práctica, el Gobierno restringió severamente estos derechos. Los periodistas practicaban la autocensura. La libertad de expresión ha aumentado marginalmente en los últimos años, aunque muchos sienten que este aumento es superficial y efímero. Se permitió a un pequeño número de enviados de la prensa internacional que cubrieran las elecciones presidenciales de diciembre. El Gobierno no ha tolerado críticas a las instituciones públicas ni a la mala gestión del sector público y no ha permitido críticas al Presidente ni a las fuerzas de seguridad. Los expatriados, dependientes de la buena voluntad del Gobierno, no han hecho oír queja alguna acerca de sus frecuentes abusos hacia ellos. Estas prácticas han englobado desde las exigencias de pagos, por parte de la policía, por infracciones imaginarias hasta la extorsión por parte de funcionarios municipales, provinciales y federales para obtener "permisos" que carecen de base legal alguna. Las quejas referentes a la conducta de los funcionarios siguieron estando acompañadas de peticiones de no ser identificados para evitar represalias. El 29 de abril, las autoridades encarcelaron a Fabián Nsue, Presidente de UP (Es un error, Fabian Nsue es Secretario General de UP. El Presidente es Andrés Moisés Mba Adá. Nota de los Traductores), por insultar al jefe de Estado después de que Nsue hiciera afirmaciones críticas acerca de un importante aumento salarial que fue anunciado y después anulado por el Presidente Obiang. En el momento de su detención, Nsue, abogado, estaba preparando la defensa de varias personas acusadas de estar implicadas en un supuesto golpe en octubre de 2001. Nsue fue liberado en octubre tras una amnistía. Cinco periódicos de interés general se han publicado a intervalos irregulares: La Gaceta, una publicación mensual con base en Malabo y conexiones informales con el Gobierno; El Correo Guineo Ecuatoriano, un periódico quincenal publicado por el grupo de La Gaceta; La Opinión, un periódico de la oposición publicado cada 2 o 3 semanas; El Tiempo, un periódico de la oposición; y Ébano, una publicación del Ministerio de Información, Turismo y Cultura, que se publicaba aproximadamente dos veces al mes. Los estudiantes de la Universidad Nacional han publicado una revista, AYO, y el Centro Cultural Hispano-Guineano también ha publicado una revista cultural mensual, El Patio. El PDGE ha publicado La Voz del Pueblo, y el partido de la oposición CPDS ha publicado La Verdad. Aunque no se publicaron leyes ni normativas durante el año, La Gaceta tiene un contrato con el Gobierno para publicar las leyes y normativas adoptadas regularmente por la administración. Todos los periodistas deben estar registrados en el Ministerio de Información. Según el Ministerio, en 2001 había 18 reporteros independientes registrados, y entre 35 y 45 reporteros contratados por el partido oficial o por el Gobierno. En años anteriores, un guía del Ministerio tenía que acompañar a los reporteros extranjeros de visita; sin embargo, en 2001 al menos cuatro reporteros extranjeros de varias publicaciones viajaron por el país e informaron independientemente. El Gobierno permitió a aproximadamente 5 periodistas cubrir las elecciones presidenciales de diciembre. La ley autoriza la censura gubernamental de todas las publicaciones. En varias ocasiones a lo largo del año, el Ministerio ha solicitado a los editores que le proporcionaran una copia para aprobarla antes de su publicación. Además, todas las publicaciones locales practicaban la autocensura y han estado sujetas a restricciones. La disponibilidad de publicaciones extranjeras ha sido muy limitada. El 21 de mayo, el Viceministro de prensa, radio y televisión, Alfonso Nsue Mokuy, convirtió en ley una resolución que exigía a los medios de comunicación y corresponsales de prensa extranjeros que obtuvieran una acreditación ministerial antes de entrar en el país. Antes de esta decisión, el Ministerio sólo exigía a los medios de comunicación y corresponsales que estuvieran registrados en el Ministerio. La resolución coincidió con el comienzo del juicio por el golpe de Estado en junio y fue descrita como "temporal", y renovable en cada caso. A finales de año la resolución permanecía vigente. También en mayo, las autoridades impidieron a la Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE) que organizara unas exposiciones y conferencias programadas para el 3 de mayo, Día internacional de la libertad de prensa. Mokuy afirmó que la ASOPGE había sido previamente declarada ilegal y acusó a la asociación de trabajar en un "gobierno paralelo" y no legalmente con el Ministerio. A finales de año la situación de la ASOPGE era desconocida. El 1 de junio, las fuerzas de seguridad presidenciales interrogaron al presidente de la ASOPGE, Pedro Nolasco Ndong, y amenazaron con negarle la entrada al juicio por el golpe de Estado a no ser que dejara de tener contacto con los acusados y con los observadores internacionales (consúltese Sección 1.e.). El 9 de julio, un miembro de la guardia presidencial le advirtió de que el Presidente Obiang había ordenado su detención. Temiendo por su vida, Ndong abandonó Malabo al día siguiente rumbo a España y ha permanecido allí hasta finales de año. El periódico de Nolasco Ndong, la Nación, había publicado una serie de artículos que criticaban las condiciones de encarcelamiento en Black Beach, donde, según se decía en ellos, estaban retenidos muchos miembros de la oposición. El 2 de junio, las autoridades policiales encargadas del control del juicio por el intento de golpe de Estado prohibieron al corresponsal independiente de la AFP y la BBC Rodrigo Angüé Nguema que entrara en la sala, incluso después de que Nguema mostrara su acreditación de prensa (consúltese la Sección 1.e.). La radio ha sido el medio de comunicación más importante e influyente. Durante el año, el Gobierno ha seguido dominando de manera efectiva la radiodifusión nacional. Ha controlado y operado la emisora Radio Malabo. El hijo del Presidente, Teodorino Obiang Nguema, que es también Ministro de Bosques, Medio Ambiente y Pesca, es propietario de la única radio local privada, Radio Asonga. El Gobierno no ha aprobado ninguna de las dos solicitudes para emisoras de radio privadas que llevan pendientes hace años. Al contrario que en el año anterior, no se ha cerrado ninguna emisora de radio. El único canal de televisión del país ha estado controlado por el Gobierno, y sólo ha emitido unas cuantas horas. Televisión Asonga, propiedad del Presidente Obiang y dirigido por su hijo en coordinación con Radio Asonga, ha emitido por cable sólo en Bata. Se ha podido acceder a la televisión extranjera por cable, que ofrecía Cable News Network (CNN), noticias francesas, películas, acontecimientos deportivos y dibujos animados; sin embargo, son relativamente pocos los ciudadanos que han podido acceder a este servicio. El acceso a la televisión vía satélite iba en aumento. En general, el Gobierno ha negado el acceso a la televisión nacional de los partidos de la oposición y rara vez se ha referido a ellos en las noticias en términos que no fueran negativos. Se ha podido acceder a medios electrónicos internacionales, y entre ellos a Radio France International, que emitía en Malabo, y Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta desde España. A menudo Radio Exterior ha emitido noticias acerca del país y entrevistas con políticos de la oposición. Ha sido virtualmente el único medio por el cual la oposición podía difundir ampliamente sus opiniones y posturas. Sus editoriales, como los de la mayoría de los medios españoles, han sido con frecuencia muy críticos con el Gobierno. El Gobierno acusaba regularmente a Radio Exterior, a veces justificadamente, de tergiversar la situación del país. Se ha podido acceder a Internet, a pesar de que era costoso y no está generalizada la posesión de equipos informáticos. El Secretario General de UP Fabián Nsue fue detenido y hallado culpable de "calumniar" al Presidente en un artículo aparecido en Internet. El Gobierno no ha restringido la libertad académica.
La Constitución reconoce el derecho de reunión; sin embargo, en la práctica el Gobierno ha restringido este derecho. Había que obtener autorización del Gobierno para celebrar reuniones de más de 10 personas en domicilios particulares con vistas a hacer debates que el Gobierno considere de naturaleza política. A pesar de que el Gobierno ha abolido formalmente la obligación de pedir permiso para celebrar reuniones de partido en las propias sedes, en la práctica los partidos de la oposición deben informar a las autoridades para poder organizar reuniones de cualquier tipo, con independencia de dónde se celebren. Las fuerzas de seguridad han supervisado habitualmente las reuniones en lugares públicos, incluso las reuniones pequeñas. El Gobierno ha exigido notificación de los eventos públicos, pero no ha denegado sistemáticamente el permiso para celebrarlos. El Gobierno ha seguido exigiendo que la ONG católica Desarrollo Autónomo Rural (DAR), en la diócesis de Ebebiyin, informara al delegado público local de cada reunión de su junta. El DAR ha acatado la exigencia y recibía permiso para reunirse, pero el delegado local ha insistido en estar presente en las reuniones. A lo largo del año, el DAR ha evitado la orden de Ebebiyin reuniéndose en Bata. La Constitución reconoce el derecho de asociación; sin embargo, en la práctica el Gobierno ha restringido este derecho. La legislación prohibe la formación de partidos políticos basándose en criterios étnicos. La legislación prohibe las coaliciones entre partidos políticos; sin embargo, cinco grupos opositores han formado una coalición (consúltese la Sección 3). Los miembros del partido de la oposición se quejaron de que se han perturbado el desarrollo de sus reuniones. De entre los 12 partidos políticos que el Gobierno ha denominado "partidos de la oposición", once se han aliado con el PDGE, el partido en el poder. El Gobierno ha mostrado a estos partidos de la oposición como ejemplo de la democracia multipartidista existente en el país. El Partido del Progreso (PP) ha seguido siendo ilegal a causa de condenas impuestas en 1997, y también en este año, a su líder Severo Moto por un intento de golpe en 1996. Hay informes que indican que Moto ha huido a España. El Presidente invitó al PP a organizar un nuevo partido político con un nuevo nombre; sin embargo, a finales de año el PP no lo había hecho. El Partido Independiente Democrático y Social (PIDS) y la Fuerza Demócrata Republicana (FDR) han seguido intentando su legalización. Hay informes en el sentido de que el Gobierno ha presionado a los miembros o dirigentes de la oposición para persuadirles de que se unieran al partido PDGE; el hecho de que un número significativo de miembros de la oposición lo haya hecho a lo largo del año sugiere que dichas prácticas han persistido. Hay informes de que el Gobierno sobornó a miembros de la oposición. La legislación reconoce la libertad de culto; sin embargo, en la práctica el Gobierno ha limitado este derecho en algunos aspectos. La legislación incluye una afirmación de la preferencia oficial por la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial a causa de sus raíces tradicionales y su influencia histórica en la vida social y cultural de la población. Por ejemplo, normalmente se ha celebrado una misa católica en una ceremonia importante como es la del 12 de octubre, día nacional. Cualquier organización religiosa debe registrarse formalmente en el Ministerio de Justicia y Culto antes de que se permitan sus actividades. Aunque los grupos religiosos deben ser aprobados y registrados para poder funcionar legalmente, no hay informes de que durante este año el Gobierno se haya negado a registrar a ningún grupo. El proceso de aprobación suele llevar varios días, principalmente a causa del retraso burocrático general y no como resultado de una política destinada a impedir que operen los grupos religiosos. El Gobierno ha seguido restringiendo la libertad de expresión del clero, en especial respecto a cualquier crítica abierta hacia el Gobierno. Según el Director del DAR, José Maguga, a lo largo del año los representantes eclesiásticos practicaron la autocensura sobre estas cuestiones. El Gobierno ha exigido la solicitud de permiso para realizar cualquier actividad religiosa fuera de la iglesia, pero en la práctica no parece que este requisito haya impedido la actividad de los grupos religiosos organizados. El Gobierno ha exigido al DAR que informara al delegado local de Ebebiyin cada vez que se celebrara una reunión de su Junta (consúltese la Sección 2.b.). La enseñanza religiosa ha sido obligatoria en las escuelas y ha sido normalmente católica, aunque no en todos los casos. Para conseguir una explicación más detallada, consúltese el Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2002.
La legislación reconoce estos derechos; sin embargo, en la práctica el Gobierno los ha limitado. La policía local ha exigido dinero de forma rutinaria a los ocupantes de los vehículos que viajaban fuera de la capital. La policía ha detenido de manera habitual a ciudadanos en los controles de carretera, los ha registrado y extorsionado. La policía y los soldados han seguido teniendo en su punto de mira a ciudadanos de Camerún, Gabón y Nigeria (consúltese la Sección 1.c.). El Gobierno ha justificado estos controles de carretera como nuevos controles de aduanas para compensar su incapacidad de controlar de forma efectiva las fronteras del país. Su mantenimiento ha restringido de manera efectiva la libertad de movimientos de los miembros de la oposición. Antes de las elecciones presidenciales, el gobierno volvió a establecer una serie de controles militares de carretera en la isla de Bioko entre Malabo y Luba y también en las cercanías de Bata. Cualquier ciudadano, para viajar al extranjero, ha tenido que obtener permiso del inspector de policía local, y se ha negado este permiso a algunos miembros de partidos de la oposición; algunos de los que han viajado han sido interrogados a su regreso (consúltese la Sección 2.a.). El 20 de enero, la Comisión Interministerial de Derechos Humanos eliminó el visado de salida para los ciudadanos que viajaban fuera del país; sin embargo, a lo largo del año el Gobierno ha negado la expedición de visados de salida a algunas figuras de la oposición. Durante el año, el Presidente Obiang ha seguido instando a figuras opositoras del exilio a regresar al país y a legalizar sus partidos; sin embargo, no hay informes de que ninguno regresara en este periodo. La legislación reconoce la concesión de asilo y estatus de refugiado conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y a su Protocolo de 1967. En los últimos años, una media de una o dos personas solicitaron estatus de refugiado en el país. El Gobierno ha proporcionado primer asilo a los solicitantes y, en general, ha aceptado las peticiones de asilo; el Gobierno ha cooperado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR). No hay informes de que se haya obligado a nadie a regresar a un país donde temiera ser perseguido.
Sección 3 Respeto a los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno por medios pacíficos; sin embargo, en la práctica no se han celebrado elecciones libres, justas y transparentes desde la independencia, en 1968. El Presidente ha ejercido un poder fuerte como jefe de Estado, comandante de las fuerzas armadas y líder del partido del gobierno, el PDGE. En la Constitución queda prohibido formular cargos contra el jefe de Estado. En general, los puestos de liderazgo en el Gobierno han estado restringidos al clan de Mongomo, al que pertenece el Presidente, de la etnia fang y a sus seguidores más cercanos. El Gobierno ha dominado por completo el Congreso de los Diputados y el Ministro del Interior ha actuado también como Presidente del Consejo Nacional Electoral. En 1997, el Gobierno y trece partidos políticos firmaron la revisión del pacto nacional que llamaba a la creación de una comisión electoral multipartidista y de una comisión de observación que supervisara el cumplimiento del acuerdo. El pacto ponía fin también a distintos abusos políticos y electorales y estipulaba la ampliación de los derechos electorales ya dispuestos nominalmente en la Constitución. Sin embargo, el Gobierno no ha acatado la mayoría de las disposiciones del pacto y activistas de la oposición han informado de que no ha realizado esfuerzo alguno para llevar el pacto a la práctica. Su negativa a conceder durante el año visados de salida a algunas figuras de la oposición ha violado el principio de libertad de desplazamiento establecida en el pacto y la eliminación del requisito del visado de salida acordada por el propio Gobierno. Las continuadas detenciones de líderes de los partidos CPDS y UP han hecho aún menos creíbles las afirmaciones del Gobierno de que estaba cumpliendo con el pacto; lo mismo cabe decir de sus continuas restricciones a la libertad de circulación y de la permanente limitación a los partidos opositores para que puedan acceder a los medios de comunicación controlados por el Gobierno (consúltense las Secciones 2.a. y 2.d.). La ley electoral exige la sustitución del voto público por el voto secreto en futuras elecciones pero prohibe las coaliciones entre partidos políticos. Sin embargo, cinco partidos de la oposición, CPDS, el Partido Social Demócrata (PSD), PP, Alianza Democrática Progresista (ADP) y UP formaron el Frente de Oposición Democrática (FOD) (ADP no formaba parte del FOD. Si lo hacía, en cambio, la FDR. N. de los T.). Se presume que la formación de esta alianza con un partido no reconocido fue el motivo real de la detención del Secretario General de CPDS Plácido Micó (consúltese la Sección 1.d.). A finales de año partes significativas de la oposición política han seguido prohibidas o a la espera de ser reconocidas por el Gobierno, es el caso de la FDR, el PP, el PIDS, y el Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) (consúltese la Sección 2.b.). Las últimas elecciones legislativas que debieron haberse celebrado en 1998 se pospusieron hasta marzo de 1999. Inicialmente los tres partidos de la oposición llamaron al boicot para protestar contra las irregularidades cometidas en el periodo anterior a las elecciones; sin embargo, al final todos los partidos menos uno, CPDS, participaron en la votación (CPDS sí partició en las elecciones legislativas de 1999. Boicoteó, en cambio, las municipales de mayo de 2000. CPDS presentó, en 1999, candidaturas en todos los distritos con la excepción de Mongomo. Nota de los Traductores). Un candidato de CPDS fue elegido; sin embargo, se negó a tomar posesión de su escaño después de acusar al Gobierno de amañar la votación. Observadores internacionales han considerado que el proceso electoral de 1999 estuvo viciado y caracterizado por numerosas irregularidades y restricciones a la capacidad de la oposición de hacer campaña. Los controles de carreteras dificultaron sus posibilidades de viajar, y sus líderes fueron retenidos de forma intermitente y a veces maltratados, torturados, y se les impusieron fuertes multas. Los partidos opositores UP y CPDS lograron 5 de los 80 escaños, se negaron a tomar posesión de los mismos en la nueva asamblea legislativa y solicitaron la anulación de los resultados y la celebración de unos nuevos comicios. (Efectivamente CPDS y UP se negaron en un primer momento a aceptar los puestos en el Parlamento que les "otorgaba" Obiang y llegaron a firmar una declaración conjunta en este sentido. Más tarde militantes de UP ocuparon sus cuatro escaños. CPDS no ocupó nunca el suyo. Nota de los Traductores.). Hay informes según los cuales, antes de las elecciones presidenciales de diciembre, aumentaron las detenciones y el acoso a los miembros de los partidos de la oposición (consúltese la Sección 1.d.). El Presidente Obiang ganó las elecciones del 15 de diciembre, con el 97,1 por ciento de los votos y el 98 por ciento de participación. Los líderes de la oposición habían denunciado anteriormente que los resultados del censo, según los cuales la población se había multiplicado por dos, estaban viciados y que los números se habían inflado para perpetuar el fraude electoral. Cuatro de los principales candidatos opositores publicaron una declaración en la que rechazaban la votación y solicitaban nuevas elecciones. Ha habido informes de irregularidades generalizadas el día de la votación, incluida la intimidación en el momento del voto. En algunos poblados, los miembros de la comisión reunieron a los votantes y les preguntaron si alguno tenía intención de votar a la oposición. Si nadie respondía afirmativamente, sus votos se contabilizaban como votos para el Presidente. Se disuadió a los votantes de votar en secreto, se abrieron las papeletas, y hay informes según los cuales los representantes del partido en el poder emitieron votos por propio derecho así como en nombre de menores y de personas fallecidas. También hubo informes de que las fuerzas de seguridad intimidaron a los votantes con su presencia en las cabinas de votación. La Unión Europea (UE) expresó su preocupación acerca del proceso democrático, criticó duramente la manera en la que se estaban desarrollando las elecciones presidenciales y recomendó que el Gobierno invitara a la ONU o a la UE a enviar una delegación de asistencia electoral. No ha habido restricciones legales de la participación de las mujeres o de las minorías en la política. Había 5 mujeres en la asamblea legislativa compuesta por 80 miembros y 3 en el gabinete compuesto por 41 miembros.
Sección 4. Actitud del Gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos No ha habido en el país durante este periodo ninguna ONG efectiva en la defensa de los derechos humanos (ONG). Las leyes limitan a las ONG e identifican las áreas específicas en las que pueden operar; los derechos humanos no han sido una de esas áreas. La CNDH fue creada por el Parlamento en 1991 y su principal responsabilidad era supervisar en el país el respeto a los derechos humanos fundamentales. Se centró principalmente en las condiciones de las cárceles. Fuentes no confirmadas han afirmado que el Parlamento ("Cámara de Representantes del Pueblo") es quien nombraba a los miembros de la CNDH. No había ninguna ONG internacional de defensa de los derechos humanos instalada en el país; sin embargo, se han percibido indicios de mejora de las relaciones entre algunas organizaciones internacionales y el Gobierno. En este año, el Gobierno ha firmado un acuerdo que proporcionaba al CICR acceso regular a las cárceles (consúltese la Sección 1.c.). Catholic Relief Services (CRS) limitó su programa a cuestiones relacionadas con la salud, alegando preocupación por la seguridad de sus miembros y empleados. Se han producido denuncias por parte de CRS, Reporteros Sin Fronteras y el Centro de Desarrollo Rural según las cuales se ha controlado sus movimientos, sus llamadas, los correos electrónicos y los faxes de los representantes de las ONG que visitaban Malabo (consúltese la Sección 1.f.). En agosto, un voluntario español miembro de la ONG Cáritas pasó 3 semanas en la cárcel acusado de espionaje tras ser detenido en Malabo por observar, desde una vía pública, paneles solares ubicados en unas instalaciones militares. Durante el año, el Gobierno ha rechazado las peticiones de entrada en la zona de Micomiseng de una orden religiosa de monjas españolas cuya labor benéfica consiste en abastecer a los hospitales y proporcionar fuentes de agua limpia. En abril, la Comisión de Derechos Humanos puso fin al mandato del Representante Especial de la UNHCR Gustavo Gallón, a pesar de las protestas de la comunidad internacional y del propio Representante Especial. Gallón afirmó en su informe de enero que el país debía seguir siendo supervisado, y según la resolución de la Comisión, continuará el apoyo consultivo y técnico en materia de derechos humanos.
Sección 5 Discriminación por raza, sexo, discapacidad, idioma o estatus social La Constitución prohibe cualquier forma de discriminación; sin embargo, ha continuado la discriminación tanto gubernamental como social de las mujeres y de las minorías étnicas.
Mujeres La violencia doméstica y social contra las mujeres, especialmente los malos tratos a las esposas, ha sido frecuente. Un decreto gubernamental prohibe el apaleamiento en público de las esposas; sin embargo, en general, se ha tolerado la violencia doméstica. El Gobierno no persigue a quienes la ejercen. Muchas cárceles no tienen áreas separadas para hombres y mujeres, y las mujeres han sufrido abusos sexuales por parte de las autoridades y otros presos mientras estaban encarceladas. La llegada masiva de hombres extranjeros solteros, del sector petrolero, ha contribuido al aumento de la prostitución. En redadas periódicas, la policía detuvo a las prostitutas pero dejó en libertad a sus clientes, generalmente expatriados. A pesar de que la Constitución reconoce la igualdad de derechos, las mujeres han estado limitadas, en gran medida por la costumbre, a roles tradicionales, especialmente en la agricultura. La poligamia, extendida entre los fang, ha contribuido al estatus secundario de la mujer, así como la limitación de sus oportunidades educativas. No existe discriminación hacia las mujeres en el derecho de herencia y de familia; sin embargo, en las culturas fang, ndowe y bisió, se reconoce la primogenitura. Dado que las mujeres se convierten al casarse en miembros de la familia de su esposo, no se les solía conceder derechos de herencia. Cuando el esposo fallece, la viuda permanece con la familia de aquel en una situación de dependencia y marginación, o bien devuelve la dote y se marcha sin nada. Existía discriminación hacia las mujeres en las prácticas tradicionales. Se estima que para el 90 por ciento de las mujeres, incluidos prácticamente todos los grupos étnicos excepto los bubis, la tradición dicta que si un matrimonio se disuelve, la esposa (o su padre o hermano) debe devolver la dote entregada por el novio a la familia en el momento del casamiento. La tradición dicta también que si la familia de una chica acepta la dote de un hombre, la chica debe casarse con él, con independencia de lo que ella desee. Si el casamiento no se celebra, la tradición exige que la familia devuelva la dote, lo cual a veces resulta imposible. Esta situación puede conducir a que se encarcele a la novia o a un miembro de su familia (consúltese la Sección 1.d.). Si un matrimonio se disuelve, el esposo también recibe automáticamente la custodia de todos los hijos nacidos después del matrimonio, mientras que la esposa mantiene la custodia de todos los hijos nacidos previamente al mismo. Según la ley, las mujeres tienen derecho a comprar y vender propiedades y bienes; sin embargo, en la práctica la sociedad, dominada por los hombres, permite a pocas mujeres acceder a fondos suficientes para poder realizar comercio al por menor o para comprar un inmueble que no sea una parcela para un jardín o una modesta casa.
Niños No existen en la ley disposiciones para el bienestar de los niños. El Gobierno dedicó poca atención a los derechos de los niños o a su bienestar y no ha establecido ninguna política en ese terreno. La educación es obligatoria en el nivel primario, pero la ley no se cumple. Se esperaba que los niños cursaran 7 años adicionales de educación secundaria o bien completaran un programa de estudio vocacional después de la enseñanza primaria. Los embarazos precoces y la obligación de ayudar en las labores de agricultura han hecho que fuera menos probable que las niñas alcanzaran ese nivel de educación. Muchas familias rurales han sido incapaces de pagar las cuotas del colegio y los gastos en libros para los niños mayores de 10 años. El informe de 1999 del Representante Especial de la ONU indicaba que sólo el 12 por ciento de las niñas alcanzaba la educación secundaria, comparado con el 24 por ciento de los niños. Sólo el 9 por ciento de las niñas terminaban quinto grado. En general, las mujeres alcanzaban sólo la quinta parte del nivel educativo de los hombres. Se han abierto nuevas escuelas; sin embargo, se ha informado de que no disponen de materiales básicos como libros y pupitres. Se designa a los profesores por criterios políticos y a menudo no han recibido ninguna formación. Los niños padecen de mala salud y de una alta tasa de mortalidad.
Personas con discapacidades No hay ninguna disposición constitucional o jurídica para proteger a las personas con discapacidades de la discriminación en el trabajo, la educación o la prestación de otros servicios estatales. Aunque no existen pruebas formales de discriminación hacia estas personas, hay pruebas anecdóticas que sugieren la posibilidad de que se haya negado asistencia básica a niños que pudieran tener enfermedades que causan desfiguración, como la polio. La legislación no exige que se tomen medidas para que personas con discapacidad puedan acceder a los edificios.
Minorías nacionales, raciales y étnicas La discriminación hacia las minorías étnicas o raciales no es legal, y el Gobierno no ha limitado abiertamente su participación en la política; sin embargo, se ha mantenido el monopolio del poder político por parte del clan de Mongomo, de la etnia fang, al que pertenece el Presidente. En la práctica algunos miembros de minorías étnicas han sido discriminados por no ser miembros del grupo étnico fang, o pertenecer a un subclan fang distinto al del Presidente. Las diferencias entre los clanes del grupo étnico fang, en especial el resentimiento por el dominio político del clan de Mongomo, han sido también fuente de tensiones políticas significativas y, en años anteriores, de violencia ocasional. A partir del 24 de julio, la policía ha expulsado a, aproximadamente, 500 cameruneses de Malabo tras la implantación de una nueva política con respecto a los nacionales de los países vecinos. Un portavoz del gobierno afirmó que la política estaba diseñada para poner freno a la entrada ilegal de cameruneses atraídos por la creciente riqueza generada por el petróleo. Varios miles de ciudadanos de Nigeria, Ghana y de los países francófonos de África siguieron residiendo en el país. La mayoría eran comerciantes y empresarios. Hay informes de que la policía continuaba acosándolos y extorsionándolos así como acosando a las personas que buscan asilo de manera individual.
Sección 6 Derechos del trabajo
La Constitución reconoce el derecho a organizar sindicatos; sin embargo, la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA) es el único sindicato laboral del país reconocido legalmente. Según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Gobierno nunca ha permitido el registro de sindicatos; como consecuencia, el Sindicato de Guinea Ecuatorial ha estado obligado a llevar sus actividades en secreto. Había unas pocas cooperativas con capacidades limitadas. La legislación dispone que un sindicato para poder registrarse debe tener al menos 50 miembros de un mismo lugar de trabajo y que estén ubicados en la misma área geográfica; esto ha bloqueado de manera efectiva la formación de sindicatos. El partido CPDS intentó sin éxito legalizar su grupo afín, la Unión Sindical de Trabajadores (UST), y se ha negado el registro a un sindicato independiente, el Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a pesar de satisfacer los requisitos de la legislación. En abril, el Gobierno cerró una asociación de abogados de reciente creación, una medida que, según los informes, puso freno a anteriores esfuerzos de organizar un colegio de médicos. La Ley de Asociaciones y Sindicatos de 1992 dispone que se promulgará una ley diferente que regirá los sindicatos de funcionarios; sin embargo, esta ley no se ha promulgado. Durante este año, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó al Gobierno que se formaran organizaciones profesionales. Durante este año, los principales contratadores privados, la industria petrolera, dominada por empresas extranjeras, han seguido tomando medidas para reducir el control gubernamental en los procesos de contratación. Las compañías han utilizado métodos que han ido desde el anuncio público de los puestos y las pruebas objetivas hasta la selección de candidatos, pero solo cuando se trataba de extranjeros, en un intento de eliminar el antiguo sesgo político del proceso de contratación. Según representantes regionales de la OIT, los esfuerzos de la industria petrolera han sido en gran medida ineficaces, y el Gobierno ha seguido influyendo en la contratación en todos los sectores. En mayo de 2001, un equipo de la OIT se reunió con el Gobierno para debatir sobre las reformas de la legislación laboral del país y la asistencia de la OIT a los inspectores del trabajo; sin embargo, no se emprendió ninguna acción posterior. No hay ninguna ley que prohibiera la discriminación sindical.
La legislación reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente; sin embargo, existen muchos requisitos legales para que se pueda hacer efectiva la negociación, lo que limitaba la capacidad de los sindicatos para organizarse. No ha habido indicios de negociación colectiva por parte de ningún grupo; sin embargo, el Ministro del Trabajo ha mediado a veces en conflictos laborales. El Gobierno y los patronos han establecido los salarios, con poca o ninguna participación de los trabajadores. La legislación reconoce el derecho a la huelga. El Código del Trabajo contiene disposiciones para respetar los derechos de los trabajadores, pero en general el Gobierno no las ha aplicado, en parte porque no hay personal adecuado en el Ministerio de Trabajo. Aparte del Ministerio de Trabajo, los trabajadores han tenido pocas instancias en los que solicitar compensaciones. Hay informes de que los miembros de la Asamblea Nacional han intentado mediar en conflictos entre patronos y trabajadores sobre salarios y despidos; sin embargo, no tenían autoridad jurídica para hacerlo. No existen zonas francas.
La legislación prohibe los trabajos forzados o la servidumbre, también los realizados por niños y la esclavitud; sin embargo, los detenidos y los delincuentes condenados realizaban numerosos trabajos fuera de la cárcel, en algunos casos para los funcionarios de prisión, sin compensación alguna (consúltese la Sección 1.c.). Hay informes de que se realizaban trabajos forzados por parte de niños (consúltese la Sección 6.f.).
La edad mínima para la contratación de niños son los 14 años, pero el Ministerio de Trabajo no ha aplicado esta ley, y el trabajo infantil ha sido habitual especialmente en granjas y negocios familiares. El Gobierno tampoco aplicó la ley que dispone que la enseñanza primaria sea obligatoria. Niños menores de la edad estipulada han realizado trabajos tanto en las granjas familiares como en la venta callejera. Aunque el Ministerio de Trabajo tenía la responsabilidad de hacer cumplir la legislación laboral, el Gobierno no ha dispuesto de una política global acerca del trabajo infantil.
Los patronos debían pagar los salarios mínimos establecidos por el Gobierno, y la mayoría de las empresas han pagado más que ese salario. El salario mínimo mensual ha ido desde los 100 dólares (75.000 francos CFA) al mes para trabajadores no cualificados a los 1.000 dólares (750.000 francos CFA) al mes para los profesionales del sector petrolero. El salario mínimo obligatorio en el sector petrolero era el doble del salario mínimo en empresas comerciales, y los trabajadores del sector petrolero tenían una escala salarial mucho más alta que en ningún otro sector de la economía nacional, en muchos casos 10 veces el salario mínimo. El salario mínimo para trabajadores no cualificados se ha mostrado insuficiente para proporcionar un nivel de vida aceptable a un trabajador y su familia. La legislación establece una semana laboral estándar de 35 horas y un periodo de descanso de 48 horas, que se han cumplido en la práctica en la economía regulada. Según los informes el Ministerio del Trabajo no ha tomado ninguna medida en el caso planteado en 2001 en el que varios empleados de la administración de la ciudad de Malabo intentaron que se les pagaran salarios atrasados. El Código del Trabajo dispone la protección global para los trabajadores frente a los riesgos laborales; sin embargo, en la práctica el Gobierno no lo ha aplicado. El Gobierno tiene siete inspectores en Malabo y cinco en Bata, un número insuficiente para poder supervisar la industria local. El Gobierno ha comenzado a formar más inspectores en 2001. Los trabajadores que han protestado por las condiciones de trabajo insalubres o peligrosas se han arriesgado a perder su empleo.
la legislación no prohibe el tráfico de personas, y ha continuado habiendo informes según los cuales el país es cada vez más un lugar de destino y tránsito de personas con las que se trafica. El gobierno ha enviado representantes a Libreville para asistir a una conferencia regional sobre el tráfico de personas; sin embargo, a finales de año no se ha producido ningún cambio legislativo o de política. El tráfico con niños se ha llevado a cabo principalmente en el sector laboral urbano de Malabo y Bata, en su mayoría procedentes de Benin y Nigeria. Niñas de Benin de entre 12 y 16 años de edad trabajaban durante 12 horas al día vendiendo cosméticos en las calles de Malabo. A menudo estas niñas no han recibido compensación económica y han sido maltratadas físicamente. Niños nigerianos trabajaban en mercados de Bata, a menudo sin sueldo ni libertad personal. UNICEF ha informado que este país servía de lugar de tránsito para niños con los que se traficaba hasta llevarlos a Gabón. Ha sido tanto lugar de destino como de tránsito para mujeres con las que se traficaba, especialmente procedentes de Camerún, Benin y Nigeria. Se ha obligado a las mujeres a ejercer la prostitución para dar servicio a la creciente población de ejecutivos en Malabo.
Editado y
distribuido por ASODEGUE
|
|
|
|
|
||||
