Fundación Paz y Solidaridad

Alicia Campos Serrano. Investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

Plácido Micó Abogo. Abogado ecuatoguineano; activista político y dirigente del CPDS.

Este estudio ha sido realizado en el marco del “Programa de apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, 2005-2007”. Además ha contado con la colaboración de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y con con contribuciones de I. Araqui, R. Baeza, I. Barreñada, A. Guisado, C. Guzmán, J. Manzanares (UGT), A. Martínez, A. Ortega, V. Montero, A. Velloso.

Notas previas y Abreviaturas

Introducción

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

A. 3. El derecho de huelga

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

2. Evolución histórica del trabajo en Guinea Ecuatorial

2.3. Franquismo y rentabilidad de la colonia

2.4. Independencia y relaciones laborales poscoloniales

3. Las relaciones laborales en una economía del petróleo

4. El movimiento sindical en Guinea Ecuatorial

RECUADRO 7: Las Campañas por la Transparencia Internacional y Guinea Ecuatorial.

Casi 40 años después de su independencia de una España aún –en 1968- bajo la dictadura de Franco, el pueblo de Guinea Ecuatorial no ha recobrado ni la libertad ni la democracia. Continúa sometido a la dictadura de uno de los gobernantes más corruptos de África: Teodoro Obiang Nguema, que sucedió a su tío, el sanguinario dictador Macías Nguema, al que derrocó en 1979.

Casi 15 años después del descubrimiento y puesta en explotación de importantes yacimientos petrolíferos en el suelo marino de la plataforma continental ecuatoguineana, que han multiplicado por 20 el PIB del país, la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. La esperanza de vida al nacer apenas supera los 43 años, la mortalidad de los niños menores de 5 años es del 146 por mil y las principales causas de muerte siguen siendo el paludismo y las infecciones respiratorias e intestinales. Ostenta, un significativo y triste record: el de mayor diferencia entre las clasificaciones mundiales de PIB per cápita y del Índice de Desarrollo Humano de la ONU: si en 1998 sólo había 4 puestos de diferencia, en 2005 Guinea Ecuatorial consiguió el record: 93 puestos.

Si el régimen de Macías, autoproclamado marxista, prescindió de cualquier tipo de legislación democrática y no ingresó en la OIT, y bajo su mandato se llegó a practicar el trabajo forzoso –en las plantaciones de cacao y la construcción civil y a través del trabajo público de los sábados-, el de Obiang ha pretendido, presionado a rachas por una variable y siempre insuficiente presión internacional, lavar la imagen de su dictadura convocando elecciones –para amañarlas, eso sí, en su realización-, promulgando leyes de apariencia democrática –que no desarrollaba reglamentariamente o, simplemente, no cumplía-, haciendo que Guinea ingresara en la OIT y ratificando a cuenta gotas alguno de sus convenios fundamentales, incluidos los números 87 y 98 que protegen la libertad sindical y los derechos de sindicación y negociación colectiva.

Las conclusiones del excelente trabajo que presentamos tienen una base muy sólida y son contundentes. Destacamos una: el modelo económico guineano -desde mediados de la década de los 90 se basa en la explotación del petróleo que genera nada menos que el 85 % del PIB- ha fortalecido la dictadura y enriquecido a los gobernantes sin que la gran mayoría de la población se haya beneficiado del incremento exponencial de la renta nacional. En palabras de los autores: “Los beneficios de la producción petrolífera alimentan la corrupción masiva y no revierten en el bienestar general de la población…favorecen las dinámicas de represión, empobrecimiento y cooptación política que son los principales instrumentos de dominación social en el país”.

La elaboración de este informe forma parte de una línea de cooperación de la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de CC.OO., destinada a apoyar el desarrollo del sindicalismo democrático de Guinea Ecuatorial como parte esencial de la imprescindible e inaplazable democratización del país. Sus autores conocen muy bien la realidad guineana. Alicia Campos es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, experta en asuntos africanos y, particularmente, en los de la antigua colonia española. Placido Micó, abogado, es uno de los principales dirigentes de la oposición al régimen de Obiang; líder del partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS), de orientación socialdemócrata, ha conocido la cárcel y otras formas de represión de la dictadura. Tras su última excarcelación vive en Malabo.

Una de las preguntas a las que el estudio de Campos y Micó da cumplida respuesta es la de por qué no hay sindicatos si se han aprobado leyes que los permiten y Guinea ha ratificado finalmente –en 2001- los principales convenios de la OIT sobre libertad sindical y derechos sindicales. Las razones políticas son sencillas: porque el régimen de Obiang elabora leyes para no cumplirlas, sólo lo hace para sacudirse la presión internacional por una temporada. Cuando después de remontar las dificultades derivadas de la falta de desarrollo reglamentario, de requisitos casi imposibles de cumplir –como el del número mínimo de trabajadores afiliados en una empresa o sector-, se solicita la autorización del sindicato a las autoridades, estas la niegan por cualquier excusa o por el silencio. Esta es la suerte que han corrido los intentos de legalizar la Unión Sindical de Trabajadores (UST), el Sindicato Independiente de Servicios (SIS), la Asociación Sindical de Docentes (ASD) o la Organización de Trabajadores del Campo (OTC). Sólo ha sido legalizada, en 2002, una organización de pequeños productores agrícolas, la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA).

No existe ninguna organización empresarial que merezca tal nombre. ¿Por qué sería necesario si no existen sindicatos? Desde el Gobierno, y por exigencia de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), se constituyó, en 1997, una patronal de ámbito nacional, formada por personas del partido del gobierno, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). También, el Gobierno de Obiang ha sido capaz de inventarse organizaciones para acudir a los foros internacionales, como ocurrió, según cuentan los autores, en 2000 en la 277ª sesión del Consejo de Administración de la OIT, donde una inexistente Unión General de Empresas Privadas de Guinea Ecuatorial (UGEPRIGE) presentó un informe que, entre otras cosas, aseguraba que en Guinea Ecuatorial se respetaba el derecho de sindicación.

Pero existen otras causas económicas y sociales que también ayudan a comprender las extraordinarias dificultades para organizar sindicatos en Guinea Ecuatorial. Son las que se derivan de su modelo productivo y laboral y su estrecha relación con los modos de gobernar y con las familias y clanes del poder. Lo explican muy bien Campos y Micó en su estudio.

Sobre una población de poco más de medio millón de habitantes, sólo existen 30.000 trabajadores asalariados: 7.000 en la industria petrolera, 13.000 en las administraciones públicas y 10.000 en el resto de los sectores, entre estos últimos la parte formal del trabajo de la madera y el cacao. La población no asalariada –campesinos e informales del comercio y el servicio doméstico, principalmente- suman 250.000.

La cuestión clave es que el acceso a este empleo asalariado está fuertemente condicionado por el poder económico y político, perfectamente confundidos en el modelo sociopolítico ecuatoguineano. Esto es lo mismo que decir que por Obiang y su familia y las redes clientelares del partido del Gobierno. Hay que mencionar que entre el Presidente, su mujer y sus hijos controlan entre otros sectores y empresas: la construcción, los supermercados, la industria hotelera, la industria maderera y grandes extensiones de suelo que venden a las compañías extranjeras vinculadas al sector petrolífero.

Particularmente corrupto es el acceso a un puesto de trabajo en el sector petrolero: a la “recomendación” política sigue la exigencia económica de las agencias de contratación, intermediarias con las empresas multinacionales, a las que hay que comprar el puesto mediante entrada y cuota mensual. Esta última puede suponer pagar a la intermediaria mucho más de lo que efectivamente percibe el trabajador.

La muy adecuada contextualización, histórica y política, de este estudio permite al lector preguntarse sobre asuntos que trascienden al ámbito geográfico de Guinea Ecuatorial y que son claves en la política mundial actual, como son: el papel de los diferentes tipos de diplomacia para promover la democratización y los derechos humanos, o la influencia de los intereses de las empresas multinacionales en la política internacional de los países desarrollados.

Hay una clara constatación que debe mover a la denuncia: la presión internacional por la democratización, principalmente impulsada por los gobiernos de España y Estados Unidos en la primera mitad de los 90, propició las elecciones menos amañadas que ha conocido Guinea, las municipales de 1995. A partir de esa fecha el fuerte incremento de las actividades de extracción petrolífera llevó simultáneamente a la marcha atrás en la democratización y a la atenuación de la presión diplomática hasta extremos difícilmente perceptibles.

Los intereses de las empresas multinacionales llevan a colaborar en el mantenimiento de una dictadura corrupta. Los gobiernos miran para otro lado. No es nuevo en la Historia. Esas empresas tienen nombres propios: ExxonMobbil, Amerada Hess, Tullow Oil, Maratón Oil, Noble Energy. British Gas, Chevron-Texaco, Atlas Petroleum Internacional, Petronas, etc., y, desde 2003, la española Repsol.

Estas empresas conocen perfectamente los mecanismos de la corrupción que permiten al Presidente Obiang y su familia, y a las otras familias que viven del poder, apropiarse de gran parte de los ingresos del petróleo, colocando una buena porción de los mismos en bancos fuera del país, mientras la mayoría de la población vive en la pobreza severa. La mayoría de las empresas, si no todas, participan en el mecanismo de la corrupción. Los gobiernos también lo saben. O bien no les importa, o consideran que es mejor adoptar una “diplomacia realista”.

A la publicación, a principios de 2004, del informe de Global Witness –Corrupción global petrolífera y minera: es tiempo para la transparencia-, siguió, en julio del mismo año, el del Subcomité Permanente del Senado de los Estados Unidos sobre la aplicación y efectividad de la legislación sobre blanqueo de dinero y corrupción en le extranjero relacionados con el sector financiero de los Estados Unidos. Reproducimos una cita que figura en uno de los anexos de este informe, la que se refiere al Banco Riggs de Washington, en donde también ocultaba Pinochet los dineros de su corrupción:

“El banco Riggs administró mas de 60 cuentas y certificados de depósito a nombre de Guinea Ecuatorial, altos cargos de su gobierno y familiares de los mismos, prestando poca o ninguna atención a las obligaciones del banco respecto al control del blanqueo de dinero. Hizo la vista gorda ante las pruebas indicativas de que el banco estaba manejando fondos procedentes de actos de corrupción en el extranjero y permitió que se llevasen a cabo numerosas transacciones sospechosas sin avisar a las autoridades”.

En las cuentas corrientes de Obiang y su familia se detectó el ingreso de al menos 13 millones de dólares, solo de dinero en efectivo.

¿Qué necesitan los gobiernos para actuar con mayor firmeza? Es difícil responder.

Lo que tienen claro Comisiones Obreras y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de la que forma parte, es que están comprometidas, junto con otros muchas centrales, federaciones y sindicatos del mundo, en una lucha permanente por la universalización de los derechos humanos y sindicales en cualquier parte del mundo. Por eso, asumen como compromiso de trabajo las siete propuestas de la última página de este libro para que, más pronto que tarde, puedan existir en Guinea Ecuatorial sindicatos democráticos y representativos que puedan defender en libertad los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este pequeño y hermoso país.

1. Las fuentes utilizadas en este estudio adolecen de las dificultades existentes para obtener datos con respecto a Guinea Ecuatorial. Las condiciones prevalecientes en el país no han permitido la realización de un mínimo trabajo de campo, con encuestas en profundidad, que hubieran constituido una fuente de primer orden: no obstante, se han realizado algunas encuestas a inmigrantes guineanos en España. Además se ha acudido a los informes sobre derechos humanos de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y a estudios de organizaciones o autores individuales sobre Guinea Ecuatorial. Se ha hecho uso de los datos cuantitativos proporcionados por distintos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco de Estados de África Central, así como de los ofrecidos por la Dirección Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial. Se ha realizado un estudio sistemático de la legislación guineana. Por último, para recrear la historia de las relaciones laborales en Guinea Ecuatorial, se ha consultado documentación de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Administración de España, así como los archivos de los sindicatos españoles Comisiones Obreras y Unión General de los Trabajadores.

2. En la bibliografía aparecen los documentos citados a pie de página, con la dirección de la página web donde pueden consultarse en su caso.

3. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el Franco CFA. 655,9 FCFA equivale a un Euro, en un cambio fijo.

ABREVIATURAS

CEACR Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Ratificaciones de la OIT

GMACL Global March Against Child Labour / Marcha Global contra el Trabajo Infantil

UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Introducción

Este estudio analiza las condiciones de los trabajadores y sus derechos en Guinea Ecuatorial, país ubicado en el Golfo de Guinea y conformado por un territorio en parte continental y en parte insular entre Gabón, Camerún y Nigeria. La situación social de este pequeño país africano está condicionada por un régimen político autoritario y represivo, y una economía de enclave basada en la producción de petróleo. La población realiza sus actividades laborales en condiciones de gran precariedad e informalidad, y con sus derechos como trabajadores escasamente garantizados.

La realidad laboral de Guinea Ecuatorial está constituida por dos ámbitos diferenciados en cuanto a condiciones y problemáticas:

1. Un sector formal asalariado, concentrado en la Administración del Estado y en las empresas privadas, entre las que destacan las del sector servicios y la construcción. El trabajo en el sector petrolífero es relevante más por sus altos salarios que por la cantidad de personas que emplea.

2. Un sector no asalariado concentrado en el trabajo agrícola, realizado por pequeños campesinos propietarios o arrendatarios y sus familias, y en el comercio a pequeña escala. Este sector se caracteriza por una intensa feminización del trabajo.

El crecimiento de la explotación petrolífera desde mediados de los años noventa ha generado un importante movimiento de población, tanto de emigrantes ecuatoguineanos retornados como de inmigrantes de toda la región. Además ha aumentado el éxodo del campo a la ciudad, así como el número de mujeres con trabajo asalariado, todo lo cual ha transformado en parte la estructura ocupacional de la población.

La primera parte de este trabajo ofrece una descripción sintética de las actuales condiciones laborales y de la situación de los derechos de los trabajadores en el país, basada en distintos informes de derechos humanos. La segunda parte recorre la intensa historia del trabajo en lo que hoy es Guinea Ecuatorial desde el siglo XIX hasta nuestros días. En la tercera parte, analizaremos las relaciones laborales existentes hoy en día, dentro del actual contexto político y económico del país, sin el que no es posible comprenderlas. Por último, en la cuarta parte, observaremos las iniciativas de organización de los trabajadores, las dificultades con las que se encuentran, y las perspectivas de futuro existentes para el sindicalismo en Guinea Ecuatorial[1].

El respeto de los derechos fundamentales referidos a los trabajadores en Guinea Ecuatorial es muy escaso, como recogen los distintos informes de derechos humanos. A pesar de estar generalmente recogidos en la legislación guineana, y de haber ratificado en los últimos tiempos (2001) los principales Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno apenas garantiza los derechos laborales, y la posibilidad de acudir a los jueces para exigirlos es casi inexistente. A continuación se considera la situación en Guinea Ecuatorial de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobada por la OIT en 1998, y que cualquier Estado miembro está obligado a respetar.

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

A.1. La libertad de asociación sindical

En Guinea Ecuatorial, el derecho de asociación sindical está seriamente restringido. La ley 12/1992 que lo regula establece algunas condiciones para formar un sindicato difíciles de cumplir en las condiciones vigentes del país, como es la exigencia de contar al menos con 50 miembros de un mismo sector. La ley sindical no regula el derecho para los trabajadores en el sector público, y prevé una legislación especial sobre sindicatos de funcionarios que todavía no ha sido aprobada. De este modo, el grupo de asalariados más amplio está privado legalmente de este derecho.

Además de estas restricciones legales, el gobierno se ha negado sistemáticamente a reconocer la existencia de sindicatos. Los trabajadores que manifiestan abiertamente su intención de organizar y formar parte de un sindicato, apoyando por ejemplo una solicitud de registro ante las autoridades, son objeto de prácticas de intimidación por parte de agentes de seguridad en sus domicilios[2].

Sólo en 2001, año en que el gobierno se adhirió a los Convenios internacionales 87 y 98 sobre libertad sindical, se legalizó la Organización Sindical de Productores Agrícolas (OSPA), que pretende reunir a los trabajadores del sector informal agropecuario. Existen sin embargo otros intentos infructuosos de reconocimiento legal de sindicatos, como el de la Unión Sindical de Trabajadores (UST), afín al partido de la oposición de filiación socialdemócrata Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), y que desde su creación en 1990 se ha visto obligado a trabajar en la clandestinidad. Sindicatos sectoriales como el Sindicato Independiente de Servicios o la Asociación Sindical de Docentes tampoco han conseguido la autorización del gobierno para funcionar, a pesar de reunir todos los requisitos exigidos legalmente[3]. La CIOSL ha denunciado repetidamente en los foros internacionales la dificultad de crear organizaciones sindicales independientes[4].

En Guinea Ecuatorial no existen vías formales de resolución de los conflictos laborales, ni está institucionalizada la negociación colectiva, aunque la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990 la considera como uno de los derechos de los trabajadores. Los salarios son establecidos por el gobierno, con consulta sólo a los grandes empleadores, pero sin participación de los trabajadores[5].

En cuanto a la resolución de los conflictos laborales, apenas existen mecanismos formales efectivos. Los procedimientos judiciales, que adolecen de la falta de independencia del gobierno, son largos y costosos y requieren del agotamiento de las vías administrativas. En algunas ocasiones, el Ministerio de Trabajo y, menos frecuentemente, miembros de la Asamblea Nacional designados en la Comisión parlamentaria de Quejas y Peticiones, han mediado entre trabajadores y empresarios[6]. Sin embargo es habitual que los conflictos queden sin resolver: en enero de 2001 un intento de mediación de un inspector del Ministerio de Trabajo entre algunos empleados del Ayuntamiento de la capital (Malabo) y el alcalde acabó con una fuerte reprimenda de éste, del partido en el gobierno, al inspector[7].

A. 3. El derecho de huelga

Según el artículo 10 de la Ley Fundamental o constitución guineana, “el derecho a la huelga es reconocido y se ejerce en las condiciones previstas por la ley”. No obstante, esta ley no ha sido promulgada desde la reforma de la constitución de 1991 que introdujo el mencionado artículo. El derecho a la huelga no se menciona en la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990, por ser anterior a la adopción formal del pluralismo político en el país. Sí lo hace, sin embargo, la Ley sobre Sindicatos. En la práctica el disfrute del derecho de huelga por parte de los trabajadores es inexistente pues el gobierno no permite su ejercicio, y quienes intentan esgrimirlo son objeto de represalias laborales y represión política[8].

En 1992, un grupo de más de 10 profesores titulados superiores fueron despedidos del instituto de enseñanza media Rey Malabo por haber organizado o apoyado una huelga. A finales de ese año y principios de 1993 se organizó una revuelta estudiantil y más de un centenar de estudiantes fueron expulsados del instituto nacional de enseñanza media de Bata acusados de participar en un conato de huelga. La reacción del gobierno fue detener y torturar a muchas de las personas que habían participado en estas movilizaciones. Desde entonces, ha sido muy difícil para los promotores animar a los trabajadores a sumarse a otras iniciativas de huelga. En alguna ocasión, las empresas del sector petrolero también han despedido a trabajadores que han protestado por las condiciones de trabajo[9].

En un sistema político fuertemente represivo, los trabajadores apenas se atreven a movilizarse para reclamar sus derechos. De ahí que las formas de protesta que alguna vez adoptan los trabajadores sean más sutiles, como ausencias laborales, lentitud premeditada en el trabajo o retención de resultados. En general, cualquiera que proteste abiertamente por las condiciones de trabajo se arriesga a perder su empleo, sin que el gobierno tome medidas contra la discriminación de los trabajadores que reclamen sus derechos[10].

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

B.1. Trabajo forzoso

La Ley sobre el Ordenamiento General del Trabajo de 1990, en su artículo 1.3, dice que la libertad de trabajar no está sujeta a restricción alguna, aunque añade “salvo las que legítimamente establezca la ley”. El artículo continúa diciendo que “nadie podrá ser constreñido a trabajar, sin menoscabo del deber social de contribuir con el propio esfuerzo a la ejecución de las tareas cívicas normales y de los pequeños trabajos comunales decididos libremente por la comunidad”.

Esta salvedad permite y ampara la existencia de una verdadera práctica del trabajo forzoso en el país, pues la mayoría de los habitantes del área rural se ven obligados a realizar trabajos de mantenimiento de las carreteras, desde nacionales a comarcales, salvo en las dos principales ciudades, Bata y Malabo. Este trabajo es impuesto a los aldeanos, no por decisión de sus respectivas comunidades, sino por imposición de la autoridad gubernativa, que castiga a los incumplidores o morosos con multas de entre 25.000 a 50.000 Francos CFA (FCFA) e incluso maltrato físico y detenciones de hasta un mes de duración, sobre todo si se trata de personas que militan en la oposición política. A pesar de los abundantes recursos económicos de los que dispone actualmente el gobierno, los campesinos siguen padeciendo este trabajo forzoso, sin remuneración alguna, con el agravante, por discriminatorio, de que desde hace más de cinco años se viene pagando un incentivo económico a los vecinos que realizan dicho trabajo en el distrito de Mongomo, de donde es originario el Presidente del país.

Asimismo, los detenidos y presos en las cárceles y otros lugares de reclusión se ven obligados a menudo a trabajar sin remuneración en labores domésticas, agrícolas o de construcción para los oficiales de las prisiones y de la guardia presidencial, así como para otros altos funcionarios del Estado y sus familiares[11].

B.2. Tráfico de personas

El tráfico de personas, especialmente de mujeres y niños, es un fenómeno creciente en Guinea Ecuatorial, vinculado a las redes existentes en África occidental y central. Según un estudio de UNICEF de julio de 1998, el país era lugar de tránsito y de reclutamiento de personas para los traficantes que alimentan el mercado laboral en los centros urbanos de Costa de Marfil y Gabón[12]. Pero cada vez más, debido al crecimiento de la industria del petróleo, el país es lugar de destino de personas.

La creciente demanda de prostitución por parte de ejecutivos expatriados de las empresas del sector petrolero en Malabo, ha generado un tráfico de mujeres provenientes de Benin, Camerún, Nigeria y China[13]. Por su parte, niños procedentes de África occidental y central son obligados a trabajar en situaciones de explotación como mano de obra agrícola, criados domésticos o vendedores ambulantes[14]. El tráfico con niños se ha llevado a cabo principalmente en el sector laboral urbano de Malabo y Bata, en su mayoría procedentes de Benin y Nigeria. Niñas de Benin de entre 12 y 16 años de edad trabajan durante 12 horas al día vendiendo cosméticos en las calles de Malabo. A menudo estas niñas no reciben compensación económica y han sido maltratadas físicamente. Niños nigerianos trabajan en mercados de Bata, muchas veces sin sueldo ni libertad personal[15].

En 2002 el gobierno asistió a la Conferencia Regional sobre tráfico de personas en Libreville[16], y en septiembre de 2004 el parlamento guineano aprobó la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que castiga los delitos de tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, así como los de abuso parental del menor y trabajo infantil. A pesar de algunos proyectos del gobierno para la concienciación contra el tráfico de personas y para asistir a los niños en riesgo[17], no se ha hecho nada en este sentido. El país no cuenta con ninguna institución pública que se haga cargo de los niños desamparados; tampoco las hay privadas más allá de los casos puntuales atendidos por alguna comunidad religiosa.

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

Según datos de la OIT, se estima en 18.000 los niños entre 10 y 14 años que son económicamente activos en el año 2000 (7.000 niñas y 11.000 niños), lo que supone el 28% aproximadamente de los niños de esa edad[18]. Los trabajos más habituales son los agrícolas y la venta callejera, y a menudo se enmarcan dentro de las relaciones económicas familiares[19]. También hay constancia de niños dedicados a la prostitución[20].

El trabajo infantil está vinculado a un sistema escolar deficiente, caracterizado por la masificación y la falta de infraestructuras[21]. La tasa de asistencia a la enseñanza primaria es sólo del 60%[22]. El grado de abandono, especialmente en la educación secundaria, es mayor en las niñas, quienes a menudo se ven obligadas a asumir obligaciones familiares y laborales a una edad temprana.

La expansión económica de los últimos años ha llevado en las dos principales ciudades del país al aumento de la explotación infantil, incluida la prostitución y el trabajo forzoso[23]. Este fenómeno está vinculado al tráfico de personas en la región ya mencionado, donde Guinea Ecuatorial se ha convertido en destino de muchas de ellas[24]. De este modo hay niños extranjeros que son utilizados como vendedores callejeros por personas que no son sus familiares, y sin que tengan acceso a la escuela[25].

La edad mínima legal para el trabajo de los niños es 14 años, según queda establecido en la Ley sobre Ordenamiento General del Trabajo de 1990, que en su artículo 11.1 prohíbe el trabajo de los menores de dicha edad. En el artículo 11.2 se hace una excepción autorizando el trabajo de mayores de 13 años siempre y cuando se trate de trabajos ligeros y que no puedan perjudicar la salud o el desarrollo del menor, o su asistencia a la escuela; y en el párrafo 3º del mismo artículo se hace otra excepción para los mayores de 12 años, estableciendo que pueden ser admitidos en determinados empleos o trabajos ligeros de carácter artesanal o agrícola. Por esta vía, cualquier padre o pariente de un menor lo puede emplear en cualquier trabajo del campo. La nueva Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas castiga los delitos de abuso parental del menor y de trabajo infantil, cuando se emplee a niños, entendiendo por tales a los menores de 10 años (art. 1.b).

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha ratificado los dos principales Convenios de la OIT sobre trabajo infantil: el 138 sobre la edad mínima, en 1985, y más recientemente el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, en 2001. Ese mismo año el Ministro del Interior prohibió la presencia en las calles y el trabajo de los niños menores de 17 años después de las 11 horas de la mañana[26].

Sin embargo, el cumplimiento de las disposiciones laborales, como la edad mínima, o de la obligatoriedad de la educación primaria, es muy deficiente[27]. No existe por parte del gobierno una preocupación manifiesta ni una política decidida dirigida a la protección de la infancia y el trabajo de los niños[28].

D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

D.1. Contratación y despidos

La contratación de trabajadores, tanto en la Administración del Estado como en las principales empresas que operan en el país, se caracteriza por una profunda politización del proceso. Las personas que no guardan fidelidad al partido gobernante, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), tienen grandes dificultades para ser contratadas tanto en el sector público como en el privado[29].

En la evaluación del Pacto Nacional de 2001 entre gobierno y partidos políticos se estableció el compromiso del primero de ordenar a los pagadores de las oficinas públicas que “[dejen] de servir de recaudadores de cuotas a favor de cualquier partido político”, lo que denota la existencia de un impuesto para los trabajadores a favor del partido oficial[30]. Asimismo se prohibía “a las empresas exigir un documento de militancia de ningún partido político a la hora de ofertar puestos de trabajo”. Ninguno de estos compromisos ha tenido efecto en la práctica.

La industria del petróleo se nutre de trabajadores a través de las agencias de contratación controladas por miembros destacados del gobierno, que perciben el salario de los empleados y se quedan con un porcentaje que supera el 50% y ha llegado hasta el 70%. Las agencias de contratación exigen el carné del partido gubernamental y dificultan que personas pertenecientes a la oposición política puedan ser contratadas en la floreciente industria petrolífera[31].

En cuanto a la rescisión de contratos, cualquier protesta por las condiciones peligrosas o insalubres de trabajo puede dar lugar a despidos[32]. La precariedad de los puestos de trabajo es muy elevada, y depende en parte de la actitud de los trabajadores en el ámbito de la ciudadanía. En la Administración pública, los recortes de personal debidos a las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años noventa se hicieron de manera discriminatoria y afectando a los funcionarios afines a formaciones políticas de la oposición[33].

D.2. Trabajo y género

La mano de obra femenina se concentra en actividades de subsistencia, que según datos de Naciones Unidas absorbe al 81,5%, mientras que el pequeño comercio y los servicios (especialmente el servicio doméstico) lo hacen del 6,9% y el 9,8% respectivamente. Además, las mujeres se encargan de la mayoría de las tareas de cuidado de las familias. Estas actividades se caracterizan por un bajo rendimiento económico, a lo que contribuyen las dificultades en el transporte y la comercialización local de los productos agrícolas. Todo ello provoca una fuerte dependencia material de las mujeres respecto de los hombres y una autonomía personal limitada, que les hace aún más vulnerables ante las adversas circunstancias políticas y limita su acceso a los servicios.

Según el Informe de Evaluación Conjunta de Naciones Unidas, “(a) nivel de las profesiones, se observa la misma estructura, donde la mujer sólo ocupa el 12,6% de las funciones ejecutivas, el 29,6% de las funciones científicas, el 26,2% de los puestos técnico-profesionales, el 25,4% de los empleados oficiales, el 3,9% de los artesanos y mecánicos, y el 2% de los operadores”[34]. Según los datos ofrecidos por el PNUD sobre la desigualdad de género, la actividad económica de las mujeres constituía el 52% de la de los hombres en 2003. Y los ingresos per cápita por trabajo remunerado que reciben las mujeres constituyen el 40% de los de los hombres[35].

Ésta es sucintamente la situación de los derechos laborales en Guinea Ecuatorial. A continuación trataremos de analizar y contextualizar, histórica, política y económicamente, todos estos datos.

RECUADRO 1:
Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial

A pesar del extraordinario crecimiento económico experimentado por Guinea Ecuatorial en los últimos años debido a la explotación petrolífera, el bienestar social de su población continúa siendo muy bajo. Ello es debido a las enormes diferencias en la distribución de los recursos y a la casi nula redistribución e inversión social de los ingresos que recibe el Estado por la explotación del crudo. En 1999 se calculaba que el 5% de la población controlaba el 80% de la riqueza, mientras que el 60% de los guineanos vivía en la pobreza absoluta[36].

Esta contradicción se pone de manifiesto al comparar la clasificación del país según su Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, que era de 5.870$ en 2003, y la que establece el Índice sobre Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH se establece en base a tres parámetros que se entienden básicos para un desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso a la educación y el conocimiento, y un nivel de vida decoroso. Pues bien, Guinea Ecuatorial es el país del mundo con una mayor diferencia entre la clasificación según el PIB per cápita y la clasificación según el IDH, que ha pasado de -4 a -93 entre 1998 y 2005.

El IDH no incluye aspectos importantes que hoy se consideran fundamentos del desarrollo humano, como la capacidad de participar en las decisiones que afectan a la propia vida y de disfrutar del respeto de otros en la comunidad[37]. Estos aspectos pueden evaluarse mejor a través de los informes sobre derechos humanos, que presentan a Guinea Ecuatorial como un país donde éstos se violan gravemente. A continuación se ofrecen una serie de datos provenientes en su mayor parte del Informe del Desarrollo Humano de 2005, el FMI y de distintos informes sobre la situación de los derechos humanos, que sintetizan el contexto social en el que debe entenderse la situación de los trabajadores y las relaciones laborales en Guinea Ecuatorial[38].

El pequeño territorio de Guinea Ecuatorial, distribuido en una parte costera continental y otra insular en el Golfo de Guinea, alberga una población de poco más de medio millón de habitantes. Se trata de una población sometida desde hace mucho tiempo a una intensa movilidad, y desde época tardocolonial ha sido habitual la emigración por motivos económicos y políticos a los países vecinos y a la antigua metrópoli. En la última década, han aumentado exponencialmente los procesos de inmigración a las ciudades (Malabo y Bata) de la población rural y de personas provenientes de países vecinos, atraída por la economía del petróleo.

PIB (mill. $) 2.368 2004[39]

Crecimiento anual del PIB 24,5% 2000-2004[40]

Población 506.350 habitantes 2004[41]

Tasa de fecundidad 5,9 hijos / mujer 2000-2005

Crecimiento población 2,7% 1975-2003

Distribución por edad 44,2% <15 años 2003

3,2% >65 2003

Población urbana 38.8% 2002[42]

PIB per cápita 5.796 $ 2004[43]

PIB per cápita en PPA [44] 30,130 $ 2000

19,780 $ 2003

Las principales causas de morbilidad en el país son el paludismo (22% de las muertes), las infecciones respiratorias agudas (20%) y las enfermedades diarreicas agudas (13%)[45]. Existe malnutrición en el país debida a una dieta diaria de 1.973 kilocalorías y 54 gramos de proteínas (la OMS/FAO recomienda 2.650 kilocalorías y 62 gramos de proteínas). Esta malnutrición provoca un 22% de bajo peso en los niños menores de 6 años, que el 70% de las mujeres adolezcan de anemia y que los niños presenten retraso en el crecimiento en un porcentaje elevado (56,1% entre los niños de 48 a 59 meses de edad)[46].

Esta situación se debe tanto a las condiciones generales de habitabilidad como al insuficiente sistema sanitario existente en el país. La tupida estructura del Sistema de Atención Primaria de Salud (APS) establecida en 1983, no está operativa en la mitad de los casos, y la mayoría de los centros no poseen equipamiento básico. La cobertura sanitaria sufre una clara desproporción espacial: el personal médico se concentra en un 89,8% en Malabo y Bata, al tiempo que la isla disfruta de mayores recursos materiales y personales que la parte continental[47].

Esperanza de vida al nacer (años) 43,3 2003

Probabilidad al nacer de
no sobrevivir a los 60 años 33% mujeres 2000-2005

30,6% hombres

Mortalidad materna 880 / 100.000 2000

Mortalidad niños menores 1 año 97 / 1.000 2003

Mortalidad niños menores 5 años 146 / 1.000 2003

Casos de malaria 2.744 / 100.000 2000[48]

Casos de tuberculosis 351 / 100.000 2003

VIH/SIDA 7% 2001[49]

Niños con bajo peso <5 años 19% 1995-2003

Niños con baja altura <5 años 35% 1995-2003

Niños con bajo peso al nacer 13% 1998-2003

Población con acceso a saneamientos
adecuados 53% 2002

Población con acceso a agua
potable 44% 2002

Gasto público sanitario 1,3% del PIB 2002

El sistema educativo se caracteriza por el ingreso tardío, las consiguientes altas tasas de sobre-edad, la frecuente deserción escolar, y la deficiencia cualitativa y cuantitativa del profesorado y demás recursos educativos[50]. A medida que se avanza en el sistema educativo, se observa un abandono mucho mayor de las chicas que de los chicos. La cooperación internacional proporciona una parte importante de la oferta educativa.

La educación técnica y superior, que adolece de graves carencias, está a cargo de varias Escuelas Técnicas integradas en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Los jóvenes que pueden prefieren cursar sus estudios superiores en el extranjero, especialmente en España o Estados Unidos.

El sistema educativo sufre de un cuello de botella en el mercado laboral, donde los puestos de trabajo son distribuidos de acuerdo a criterios personalistas, y muchos profesionales guineanos se ven relegados laboralmente y empujados a la emigración[51].

Tasa de alfabetización adultos 84,2% 2003

jóvenes de 15 a 24 años 92,7% 1990

Analfabetismo mujeres 23,6% 2003

hombres 7,9% 2003

Matriculación educación 85% primaria 2002-2003

26% secundaria 2002-2003

Matriculación de mujeres 78% primaria 2001/2002

19% secundaria 1999/2000

2% superior 1999/2000

Ratio niñas/niños matriculados 85/100 primaria 2001/2002

58/100 secundaria 1999/2000

43/100 superior 1999/2000

Asistencia 60% 1996-2003[52]

Número de aulas 1.379 1998[53]

Gasto público en educación 0,6% del PIB 2000-2002

TRABAJO Y LIBERTADES SINDICALES

EN GUINEA ECUATORIAL

Alicia Campos Serrano y Plácido Micó Abogo

Notas previas y Abreviaturas

Introducción

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. 3. El derecho de huelga

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

2. Evolución histórica del trabajo en Guinea Ecuatorial

2.3. Franquismo y rentabilidad de la colonia

2.4. Independencia y relaciones laborales poscoloniales

3. Las relaciones laborales en una economía del petróleo

4. El movimiento sindical en Guinea Ecuatorial

3. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el Franco CFA. 655,9 FCFA equivale a un Euro, en un cambio fijo.

ABREVIATURAS

Introducción

La realidad laboral de Guinea Ecuatorial está constituida por dos ámbitos diferenciados en cuanto a condiciones y problemáticas:

1. Un sector formal asalariado, concentrado en la Administración del Estado y en las empresas privadas, entre las que destacan las del sector servicios y la construcción. El trabajo en el sector petrolífero es relevante más por sus altos salarios que por la cantidad de personas que emplea.

2. Un sector no asalariado concentrado en el trabajo agrícola, realizado por pequeños campesinos propietarios o arrendatarios y sus familias, y en el comercio a pequeña escala. Este sector se caracteriza por una intensa feminización del trabajo.

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

A.1. La libertad de asociación sindical

A. 3. El derecho de huelga

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

D.1. Contratación y despidos

D.2. Trabajo y género

RECUADRO 1:
Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial

TRABAJO Y LIBERTADES SINDICALES

EN GUINEA ECUATORIAL

Alicia Campos Serrano y Plácido Micó Abogo

Notas previas y Abreviaturas

Introducción

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. 3. El derecho de huelga

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

2. Evolución histórica del trabajo en Guinea Ecuatorial

2.3. Franquismo y rentabilidad de la colonia

2.4. Independencia y relaciones laborales poscoloniales

3. Las relaciones laborales en una economía del petróleo

4. El movimiento sindical en Guinea Ecuatorial

3. La moneda oficial de Guinea Ecuatorial es el Franco CFA. 655,9 FCFA equivale a un Euro, en un cambio fijo.

ABREVIATURAS

Introducción

La realidad laboral de Guinea Ecuatorial está constituida por dos ámbitos diferenciados en cuanto a condiciones y problemáticas:

1. Un sector formal asalariado, concentrado en la Administración del Estado y en las empresas privadas, entre las que destacan las del sector servicios y la construcción. El trabajo en el sector petrolífero es relevante más por sus altos salarios que por la cantidad de personas que emplea.

2. Un sector no asalariado concentrado en el trabajo agrícola, realizado por pequeños campesinos propietarios o arrendatarios y sus familias, y en el comercio a pequeña escala. Este sector se caracteriza por una intensa feminización del trabajo.

1. Situación de los derechos de los trabajadores

A. La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva

A.1. La libertad de asociación sindical

A. 3. El derecho de huelga

B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio

B.1. Trabajo forzoso

B.2. Tráfico de personas

C. La abolición efectiva del trabajo infantil

D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

D.1. Contratación y despidos

D.2. Trabajo y género

RECUADRO 1: Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial

RECUADRO 1:
Datos sociales básicos de Guinea Ecuatorial