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31 de diciembre de 2005   

La decisión del Consejo de Ministros español en distintos medios de comunicación

   - El diario El Pais publica el artículo siguiente: "El Gobierno decidió ayer revocar la condición de asilado político al guineano Severo Moto "por su implicación en actividades contrarias a los principios y fines de la ONU". Moto, líder de la oposición guineana que tiene asilo político en España desde 1986, replicó que ha puesto la decisión en manos de sus abogados y que la considera "tremendamente injusta". La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, argumentó la revocación en que se ha "demostrado su participación en diversos intentos de golpe de Estado".

   "Diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia españoles constataron en octubre de este año la realización por parte de Severo Moto de una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea Ecuatorial, incluyendo la recluta de mercenarios y el tráfico de armas". Este argumento está recogido en la nota del Consejo de Ministros de ayer para justificar la revocación de la condición de asilado político al guineano Severo Moto. Éste negó ayer "absolutamente" estas acusaciones, pidió que le presenten "pruebas" y aseguró que quiere volver a su país.

   En mayo de este año, el Gobierno se planteó reconsiderar el estatus de refugiado de Moto después de varias informaciones según las cuales el opositor guineano habría estado en Croacia en marzo comprando armas. A su regreso a Madrid, Moto declaró que había habido un intento de asesinarle e insinuó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero estaba detrás de aquello: "No puedo afirmar que el Gobierno [español] haya estado detrás del plan para liquidarme, sólo sé que alguien les dijo a mis asesinos que los servicios secretos de España estaban detrás".

   El secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, aseguró entonces que "jamás a este Gobierno, ni al CNI, ni a ninguna instancia institucional española se le ha ocurrido hacer nada contra ese señor que, por otra parte, cuenta poco".

   Tras aquel incidente, la oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior anunció a principios de noviembre que abría expediente de revocación del asilo concedido en 1986 a Severo Moto. Ese expediente concluyó con el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer.

   El Gobierno, además, autorizó también ayer el desembolso de 213.015 euros para reparar los destrozos ocasionados en la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid el pasado 24 de junio por una concentración en la que participó Moto junto a varios opositores al régimen de Teodoro Obiang. Tras aquella concentración, el Ejecutivo de Obiang retiró a su embajador en España.

   Ayer, el Gobierno de Guinea Ecuatorial declinó comentar la decisión del Ejecutivo español sobre Moto con el argumento de que es "un acto administrativo". Moto es prófugo de la Justicia de su país desde 1997. En agosto de aquel año fue juzgado en rebeldía y condenado a 101 años de cárcel acusado de conspirar contra el régimen de Obiang.

   Desde el PP, el portavoz de Exteriores en el Congreso, Gustavo de Arístegui, aseguró que "no es prudente por parte del Gobierno" revocar la condición de asilado a Moto. Arístegui, en todo caso, admitió que el político guineano ha cometido "graves errores" y ha realizado "acusaciones muy graves" contra el Gobierno de España".

   - Firmado por Luis Ayllón, el diario ABC, incluye en su edición de hoy el artículo siguiente: "El Gobierno revocó ayer el asilo que concedió en marzo de 1986 al opositor ecuatoguineano Severo Moto, autoproclamado presidente de Guinea Ecuatorial en el exilio. La decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros «tras demostrarse su participación en diversos intentos de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial», según afirmó al término de la reunión del Ejecutivo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

   El expediente a Moto había sido abierto por el Gobierno en noviembre, después de unos meses en que sus actividades causaron gran malestar en las autoridades españolas. En abril, Moto desapareció durante varias semanas y reapareció, tras una supuesta estancia en Croacia. Poco después, en unas declaraciones a una revista croata aseguró que se había escondido porque el Gobierno de España quería asesinarle.

   El pasado 24 de junio, Moto asistió a una concentración ante la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid, que terminó con el asalto a la representación diplomática por parte de un grupo de los concentrados, entre los que no se encontraba él. Los daños causados entonces serán pagados por España, para lo cual el Consejo de Ministros autorizó también ayer el desembolso de 213.015 euros.

Actos violentos

   Según el Gobierno, «diversos informes de los Servicios de Seguridad e Inteligencia españoles constataron en octubre de este año la realización por parte de Severo Moto de una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea Ecuatorial, incluyendo la recluta de mercenarios y el tráfico de armas». En marzo de 2004 se vinculó a Moto con con una intentona golpista después de que los Servicios de Seguridad guineanos detuvieran a 15 presuntos mercenarios que se disponían a derrocar a Teodoro Obiang como presidente del país. Las actividades que se imputan a Moto son consideradas en los informes de la Asesoría Jurídica Internacional de Asuntos Exteriores y en la Abogacía del Estado en el Ministerio del Interior como incluidas dentro de los supuestos de privación de la condición de asilado.

   En declaraciones a ABC, Moto señaló ayer que sus abogados recurrirán la decisión, de la que dijo que sólo tenía conocimiento por los periodistas. Asimismo, dijo desconocer cuáles son las intenciones del Gobierno mientras se resuelve el recurso. «Pero si pretenden mandarme a otro país prefiero que me lleven a Guinea Ecuatorial que es de donde salí. Mejor es que me cubra el polvo de mi país que no el agua del mar Adriático, en Croacia o en otro sitio», enfatizó aludiendo a posibles intentos de asesinato por el régimen de Obiang.

   Moto, que dijo tener confianza en la Justicia española, acusó sin embargo al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de «dejarse chantajear por Obiang para que algunos españoles puedan obtener beneficios en Guinea Ecuatorial», en referencia a las explotaciones petrolíferas".

   - La agencia EFE publicó por su parte el despacho siguiente: "El Consejo de Ministros decidió hoy revocar la condición de asilado al líder opositor de Guinea Ecuatorial Severo Moto, "tras demostrarse su participación en diversos intentos de golpe de Estado", anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

    Asimismo, el Gobierno autorizó el desembolso de 213.015 euros para reparar los destrozos que ocasionaron en la Embajada ecuato-guineana en Madrid el pasado 24 de junio varios opositores que participaban en una concentración a la que asistió Severo Moto, un incidente tras el que el Ejecutivo de Teodoro Obiang retiró a su embajador en España.

   En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega señaló que la revocación de la condición de asilado que Severo Moto posee desde marzo de 1986 se ha
adoptado "de acuerdo con la legislación reguladora de la concesión del estatuto de asilo y del estatuto del refugiado", reformada en 1994, así como de conformidad con la Convención de Ginebra.

   El Ejecutivo considera probada la implicación de Moto en acciones "contrarias a los fines y principios" de la ONU, al realizar "una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea" que incluyen "la recluta de mercenarios y el tráfico de armas", según constataron en octubre diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia españoles.

    El acuerdo adoptado hoy por el Ejecutivo resuelve el expediente de revocación del asilo concedido a Severo Moto en marzo de 1986 que abrió a principios del pasado noviembre el Ministerio del Interior, ante la "presunta implicación" del autoproclamado líder del Gobierno de Guinea Ecuatorial en "la organización y preparación de actividades no pacíficas o violentas" en su país.

   Ya entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero precisó que, si finalmente decidía revocar la condición de asilado político a Severo Moto, líder del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial
(PPGE), "en ningún caso" se le enviaría a su patria ni a otro Estado en el que pudiera ser perseguido, sino que se buscaría "un país seguro" al que llevarlo.

   Tras recoger la notificación del Ministerio del Interior en la que se le comunicaba la apertura del expediente, Moto afirmó, en declaraciones a Efe, que deseaba tener tiempo para buscar él mismo
"dónde ir" antes de que le "echaran" de España, si bien aseguró que, en ese caso, prefería ir a Guinea Ecuatorial para que le mataran allí, antes de que le mataran "a escondidas" en un tercer país.

    El líder opositor explicó que su "idea" era buscar él por sí mismo un destino alternativo a España, pero primero necesitaba disponer de la "capacidad económica" necesaria para el viaje.

   "No la tengo, de modo que es muy fácil que me pille el toro", añadió el líder del PPGE, aunque, al ser preguntado por el destino que él elegiría, subrayó: "si me persiguen en Guinea para matarme y de España me echan, prefiero ir a Guinea y morir".

   El expediente abierto se basaba en dos principios: la participación de Moto en actividades contrarias a las obligaciones y deberes que debe cumplir como asilado político, según la definición de la ONU, y su implicación en acciones también contrarias a la seguridad del Estado que le concede el asilo, en este caso España.

   La evaluación del cumplimiento de las obligaciones del opositor guineano como asilado, iniciada a finales de junio a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, se basó en el estudio de sendos informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Ministerio de Interior, que detallan las actividades en España de este dirigente opositor.

   En aquel momento, fuentes diplomáticas explicaron que el asalto de la Embajada de Guinea Ecuatorial, el pasado junio, por varios opositores que participaban en una concentración en la que estaba presente Moto fue "un elemento muy importante", aunque "no exclusivo" en la decisión de iniciar el proceso de evaluación.

    Aquel incidente obligó al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, a pedir "disculpas" al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y motivó la retirada del embajador guineano en España, José Ela Ebang.

   La policía española detuvo a ocho personas por su presunta participación en este incidente, durante el que los asaltantes agredieron a una funcionaria y causaron destrozos en la legación diplomática.

   Al informar sobre la reparación de los destrozos autorizada hoy, el Gobierno español recalcó que estas obras permitirán a la Embajada de Guinea Ecuatorial "volver a funcionar en condiciones de seguridad adecuadas, contribuyendo con ello a la normalización de las relaciones entre ambos países, negativamente afectadas por el asalto".

   El Ejecutivo recordó en este sentido que la embajada guineana "se ha visto obligada, tras el asalto, a cambiar de sede" e indicó que será en su nueva dirección donde se realizará la "reposición de los equipos destrozados en el asalto".

 

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