"El Consell podrá establecer un importe superior de la tasa por crédito o curso completo a los estudiantes extranjeros no nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, sin que, en ningún caso, aquel importe exceda en cuatro veces al fijado" en las tarifas vigentes. Además, "quedarán exceptuados de lo anterior los estudiantes extranjeros que acrediten su residencia legal en España" y también los que a 1 de enero de 2012 estén cursando alguna titulación. Esta fórmula resolvió ayer, en la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, el problema que habían generado las protestas de los universitarios extranjeros no comunitarios, que veían cómo se elevaba el coste de sus estudios hasta cifras que oscilaban entre los 4.000 y los 6.000 euros.

   Una enmienda transaccional de los socialistas que aceptó el PP y permitieron tramitar Esquerra Unida y Compromís, aunque no la votaron porque mantuvieron que había que retirar el artículo, permitió rebajar el aumento y, sobre todo, excluir a los estudiantes con residencia en España. Como destacó el diputado socialista Julián López Milla, habrá que consolidar el criterio mediante un decreto del Consell que aclare definitivamente el asunto, pero se ha desbloqueado el problema.

   José Marí Olano, del PP, se felicitó de la solución y agradeció a la oposición su actitud, pero tuvo una polémica con Mireia Mollà, de Compromís, e Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, sobre el calificativo de "xenófoba" con el que los dos grupos de izquierda describieron lo que intentaba aprobar el PP. Marí, que consideró que a los estudiantes de países como Estados Unidos o Canadá sí que se les podía aplicar la subida de tasas aunque no a los de América Latina, se quejó de lo excesivo del término, pero Mollà le señaló que es "xenófobo" hacer distinciones en función de la nacionalidad y no del nivel económico. Blanco leyó la definición de xenofobia que hace la ONU y se enzarzó en una discusión con Marí cuando este negó que la educación no obligatoria sea un derecho humano.

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