“El envío de Gbagbo ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) es un acto histórico para Costa de Marfil: es la primera vez que un dirigente de alto nivel es arrestado y procesado. Como Liga Marfileña de Derechos Humanos (LIDHO) siempre hemos luchado contra la impunidad, pero tememos por la estabilidad del país en caso de que el TPI se quiera conformar con esto. Jamás podrá haber una auténtica reconciliación si la justicia sólo es la de los vencedores, o incluso si la población de Costa de Marfil se queda con esa impresión”, dice a MISNA René Hokou Legre, presidente interino de la LIDHO, contactado en Abiyán pocas horas después del traslado del ex presidente Laurent Gbagbo ante el TPI en La Haya.

   “La noticia no nos sorprendió mucho, debido a que en las últimas semanas varias declaraciones permitían entrever este hecho. Pero hoy se ha producido un silencio casi sospechoso sobre el traslado de Gbagbo a La Haya: hasta ahora no ha habido manifestaciones ni entre sus seguidores ni entre los del presidente Alassane Ouattara. Es un silencio cargado de tensión. Invitamos a todos a respetar el momento de recogimiento y de tristeza que viven las personas que permanecieron fieles al ex presidente. Y hay muchas”, agrega el activista de los derechos humanos.

   El acta de acusación emitido por el TPI – que el imputado se habría negado a firmar – declara que se sospecha su “responsabilidad directa como coautor de crímenes de guerra y contra la humanidad, y de violaciones cometidas por sus seguidores bajo su dirección, en modo coherente y planificado”. El fiscal en jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, declaró que “Gbagbo será el primero en deber rendir cuenta de sus acciones, pero no será el último”, precisando que “nadie puede huir de la justicia por crímenes cometidos en amplia escala y por ambas fuerzas opuestas, en perjuicio de la población civil, que pagó un pesado tributo en una de las crisis más violentas que Costa de Marfil haya atravesado jamás”.

   El resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre del año pasado dio lugar a meses de duros enfrentamientos entre los seguidores de Gbagbo y de Ouattara, en los que murieron por lo menos 3.000 personas. Moreno Ocampo aseguró que “la investigación está continuando para recoger elementos de prueba con toda imparcialidad e independencia y echar luz sobre ataques sistemáticos, generalizados y premeditados contra grupos de civiles considerados enemigos políticos”.

   El traslado del ex presidente, que mantuvo el poder durante diez años, se produjo pocos días antes de las elecciones legislativas del 11 de diciembre, en medio de un clima preelectoral difícil. “Independientemente del último hecho jurídico, que podría complicar ulteriormente la situación, ya había problemas de fondo no resueltos relacionados con la elección”, dice a MISNA Hokou Legre. Entre estos problemas se destacan la inseguridad persistente, el padrón electoral ya utilizado para las elecciones presidenciales y que excluye a unos 75.000 ciudadanos, y la decisión de boicotear las urnas del partido de Gbagbo. “Probablemente una buena parte de la opinión pública no se sentirá implicada en el proceso electoral, puesto que después el arresto de Gbagbo muchos de los políticos de partidos cercanos a él retiraron sus candidaturas de las legislativas”, informa el presidente de la LIDHO, manifestando temor por “el peligro de nuevas tensiones y por la contestación de unas elecciones que se preanuncian como parciales y poco democráticas” por el hecho de que han quedado en carrera sólo unos pocos candidatos, partidarios de Ouattara".

   Agencia MISNA, 30 de noviembre, 19h26m.