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HOJAS INFORMATIVAS
1 de diciembre Los insistentes rumores sobre Armengol Ondó Nguema En los últimos tiempos no pasa una sola semana sin que varias personas del exilio nos pregunten, o nos informen, sobre la caída en desgracia de Armengol Ondó Nguema, hermanísimo del dictador y responsable de la "Seguridad" guineana. Las versiones más radicales del rumor hablan de que está (o estuvo) encarcelado o confinado en su pueblo; las más benignas dicen que ha sido "expulsado" de la Ciudad Prohibida, que no ha perdido cargos políticos pero que el enfrentamiento con su hermano es evidente. ¿Qué hay detrás del rumor? Está claro que Armengol se ha trasladado a la región continental (a Bata en concreto), pero no hay ni un solo dato que indique que haya perdido poder, que no dirija a la policía guineana o que la dirija de manera distinta a como venía haciendo hasta ahora. "Armengol está en Bata y manda sobre todo, como lo hacen siempre los del régimen", nos dice una fuente del interior. Haciendo un análisis neutral (que no es el que hace Obiang) podría decirse que Armengol ha cometido tres errores muy graves en los últimos tiempos: Ha sido durante meses presidente de la empresa utilizada como tapadera por los mercenarios surafricanos. Aparentemente no se ha enterado de nada de lo que pasaba hasta que su presencia le fue denunciada por servicios secretos extranjeros. Esta situación, grave en cualquier caso, es ridícula cuando quien la protagoniza es precisamente el jefe de la Seguridad, el jefe de la policía de un país. Es responsable del asesinato del ciudadano alemán Gerhard Eugen Merz, un hecho siempre grave, pero más aún cuando el régimen guineano quería hacer del proceso de Malabo un juicio "limpio" e internacionalmente vendible; una operación de propaganda que le presentase ante el mundo como víctima de las ambiciones de unos y otros. El asesinato a manos de la policía guineana de un ciudadano europeo hacía más difíciles conseguir estos objetivos Junto con José Oló, Armengol es responsable del fracaso general del juicio de Malabo. La policía guineana ha sido incapaz de mostrar una sola prueba favorable a las tesis del fiscal. Las únicas pruebas favorables se las prestó la policía de Zimbabwe o las pudo sacar de las primeras declaraciones de Nick Du Toit. En un país normal cualquiera de estos errores hubiera conducido a la dimisión del responsable de la policía,... pero en un país normal Armengol no hubiera dirigido nunca esa institución. La sentencia del juicio, redactada o inducida (como siempre) por el propio dictador, guarda las espaldas de Armengol en todos los casos: difumina lo sucedido en Triple Options, exagera la responsabilidad de los armenios para que parezca "normal" la tortura de su jefe, el empresario alemán, y, desde luego, da por buena toda la instrucción dirigida por el fiscal y el jefe de la policía. La sentencia tiene, además, algún matiz que la hace diferente de otras. Pretende dar cobertura legal al expolio de dos empresas, Triple Options y Tigre Air, como resultado de la cual han pasado a ser patrimonio del régimen: nueve o diez vehículos, un avión, un barco, diversos bienes inmobiliarios y, al menos, el patrimonio financiero de la primera de ellas. No es fácil saber como se han repartido el botín, pero parece que los vehículos han quedado en el ámbito de la "Seguridad". Es decir han quedado bajo el control de Armengol. ¿Es esta la situación de alguien "caído en desgracia"? Pensamos que no. Nuestra opinión es más bien la contraria. En los últimos tiempos, hace años ya, Obiang viene cerrando cada vez más el círculo de los nombramientos. Para los puestos especiales recurre cada vez más a personas de su estricto círculo familiar. Creemos que este es el caso. Quiere controlar más estrechamente las fuerzas militares y policiales de la región continental, quiere controlar más estrechamente todo lo que sucede en esta zona que considera vital para su régimen. Para esto ha mandado a Armengol a Bata. No cabe esperar nada bueno de ello.
AMNISTÍA
INTERNACIONAL
Declaración
pública Índice
AI:
AFR 24/017/2004
(Público) Servicio
de Noticias:
308/04 30
de noviembre de 2004 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR240172004 Guinea
Ecuatorial: Serios defectos en el juicio de presuntos golpistas
Once ciudadanos extranjeros y nueve guineanoecuatoriales
fueron condenados a largas penas de prisión y fuertes multas en
Guinea Ecuatorial tras un juicio flagrantemente injusto que
concluyó el 26 de noviembre de 2004. Fueron declarados
culpables de (un intento de cometer) delitos contra el jefe del
Estado y contra el gobierno. Los guineanoecuatoriales fueron
juzgados in absentia. Los abogados de los acusados extranjeros
han presentado ante el Tribunal Supremo una apelación contra
las sentencias.
Ni la declaración de culpabilidad ni las condenas se
tradujeron, y los acusados abandonaron la sala sin saber cuál
era su suerte.
Una delegación de Amnistía Internacional observó el
juicio desde su comienzo, el 23 de agosto de 2004, y, en vista
de los serios fallos de procedimiento y de la admisión de
confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura, considera
que el proceso no reunió las debidas garantías.
Se acusó a 19 personas –5
guineanoecuatoriales, 6 armenios y 8 sudafricanos– de delitos
contra el jefe del Estado, delitos contra el gobierno, delitos
contra la paz y la independencia de Guinea Ecuatorial, posesión
y almacenamiento de armas y munición, traición, posesión de
explosivos y terrorismo. La fiscalía pidió la pena de muerte
para el sudafricano Nick du Toit y penas de entre 26 y 86 años
de prisión para los demás acusados.
No se ha presentado en los tribunales prueba alguna que
sustente los cargos contra los acusados, salvo sus propias
declaraciones, que ellos afirman que fueron extraídas mediante
tortura. Sin embargo, las protestas de los acusados a este
respecto fueron ignoradas por el tribunal. Un tribunal no puede
ignorar denuncias tan graves: son motivo suficiente para que se
suspenda el juicio y se inicie una investigación. Las
declaraciones se presentaron en español y sin traducción
adecuada a los idiomas de los acusados extranjeros, ninguno de
los cuales habla español. Al menos en dos ocasiones la defensa
trató de plantear la cuestión de la tortura, pero el tribunal
la declaró inadmisible.
Otros artículos presentados
como prueba incluían contratos comerciales y listados de números
telefónicos a los que algunos de los acusados habían llamado
en febrero de 2004, poco antes de ser detenidos. La acusación
no demostró que estos artículos probaran alguno de los cargos.
También se presentaron ante el tribunal media docena de armas,
pero no habían sido halladas en poder de ninguno de los
acusados: se presentaron como ejemplo de lo que la acusación
afirmaba que los acusados pretendían comprar en Zimbabue.
A lo largo del juicio, y sin que los jueces hicieran nada
por impedirlo, los acusados extranjeros fueron denominados
“mercenarios” y “perros de la guerra”. Fueron
presentados ante el tribunal e interrogados esposados y con
grilletes, lo cual constituye trato cruel, inhumano y
degradante.
El 8 de marzo de 2004 se
detuvo a un total de 15 ciudadanos extranjeros en Malabo. Su
detención había venido precedida de la de 70 personas, en su
mayoría sudafricanos, en Zimbabue el día anterior. Gerhardt
Merz, ciudadano alemán, murió bajo custodia en la prisión de
Black Beach, en Malabo, nueve días después. Las autoridades
dijeron que había muerto de malaria cerebral, pero dos de los
acusados insistieron ante el tribunal en que había muerto
delante de ellos a consecuencia de torturas. Los cinco
guineanoecuatoriales fueron detenidos posteriormente.
La organización siente honda preocupación porque, desde
el momento de su detención en marzo de 2004, los derechos
fundamentales de los acusados se violaron de forma constante. En
el caso concreto de Nick du Toit, presunto líder de los
“mercenarios” en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo,
las autoridades lo expusieron regularmente a los medios de
comunicación internacionales y a los interrogatorios de
abogados y agentes de seguridad extranjeros. A consecuencia de
ello se limitaron seriamente su derecho a guardar silencio y su
derecho a la presunción de inocencia. Todos los acusados
permanecieron recluidos en régimen de incomunicación,
esposados y encadenados las 24 horas del día. No recibieron una
dieta adecuada, y apenas recibieron tratamiento médico para las
numerosas dolencias que sufrieron en prisión. Estas
condiciones, junto con el mínimo acceso a sus familiares que
les permitieron, tuvieron repercusiones negativas en su salud física
y mental.
A petición de la fiscalía, el juicio se aplazó
indefinidamente a finales de agosto, teóricamente ante el
descubrimiento de nuevas pruebas consideradas fundamentales. Sin
embargo, cuando se reanudó en noviembre, no se presentó ante
el tribunal ninguna prueba nueva. En lugar de eso, se añadieron
a la lista de acusados nuevos nombres, entre ellos el de Severo
Moto –opositor político exiliado en Madrid-, los de ocho
miembros de su “gobierno en el exilio” que fueron juzgados
in absentia y los de varios empresarios británicos y
sudafricanos.
Amnistía Internacional
manifiesta su satisfacción porque el tribunal no impuso la pena
de muerte. También le satisface la absolución de tres acusados
guineanoecuatoriales y tres sudafricanos. Aunque los acusados
recibieron penas de prisión más cortas de lo que pedía la
acusación, Nick du Toit fue condenado a un total de 34 años de
prisión, mientras que los otros acusados sudafricanos lo fueron
a 17 años de prisión. De los acusados armenios, uno recibió
una pena de 24 años de prisión y los otros seis de 14 años de
prisión. En contraste con esto, dos guineanoecuatoriales para
quienes la fiscalía había pedido penas de 62 y 42 años,
respectivamente, fueron condenados a una pena de 16 meses de
prisión y 1 día por imprudencia temeraria. Severo Moto fue
condenado a 63 años de prisión, mientras que los miembros de
su “gobierno” recibieron penas de 52 años.
Amnistía Internacional siente preocupación por los
siguientes procedimientos injustos anteriores al juicio: -
los acusados fueron detenidos sin orden judicial, y no
fueron informados sin demora de los cargos que se les imputaban
en un idioma que comprendieran, conforme establece la ley; -
los
acusados no tuvieron acceso a sus abogados hasta dos días después
del comienzo del juicio. Además, los abogados defensores no
contaron con tiempo suficiente para preparar la defensa, y no
tuvieron conocimiento de las pruebas de la fiscalía contra sus
clientes; -
todos
los acusados manifestaron ante el tribunal que sus declaraciones
no habían sido realizadas ante el juez de instrucción,
conforme establece la ley de Guinea Ecuatorial, sino ante el
fiscal general, que se encargaba de la acusación en este caso y
que, en virtud de la ley, no desempeña papel legal alguno en la
fase de interrogatorio de los procedimientos; -
a
los acusados se les pidió que firmaran declaraciones en español
sin la ayuda de intérpretes cualificados. Las declaraciones
iniciales de los sudafricanos fueron traducidas por uno de los
acusados guineanoecuatoriales, quien, según su propio
testimonio ante el tribunal, también declaró contra ellos. En
el tribunal, la interpretación para los acusados sudafricanos
corrió a cargo del intérprete oficial de la Fiscalía General,
lo que arroja dudas sobre su independencia e imparcialidad. Los
delegados de Amnistía Internacional observaron que se dejaban
sin traducir fragmentos fundamentales, como las declaraciones de
los acusados sobre la tortura, y que otros se distorsionaban; -
un sudafricano de origen angoleño sólo hablaba portugués.
El tribunal no tenía conocimiento de este hecho crucial, y no
le proporcionó intérprete oficial. Esto suscita una honda
preocupación en torno a las circunstancias en que este acusado
firmó su declaración.
Amnistía Internacional pide que se investiguen urgentemente las
denuncias de tortura y de conducta indebida de la fiscalía, y
que los sospechosos de estar implicado en alguno de los hechos
denunciados sean llevados ante la justicia. La organización insta a las autoridades a retirar inmediatamente las esposas y los grilletes a estos presos. También deben permitirles acceso inmediato a sus abogados y familiares, y proporcionarles comida y tratamiento médico adecuados.
¿Malas consecuencias para los intereses ingleses en Guinea? La publicación francesa Africa Energy Intelligence en su número 499, de uno de diciembre, especula sobre las posibles consecuencias que para los intereses británicos en Guinea podría tener la difusión de las noticias recientemente publicadas por The Observer: " La actividad desplegada por el bufete de abogados Pennington's, que representa los intereses [del gobierno] de Guinea Ecuatorial en la demanda de proceso presentada contra los patrocinadores británicos del intento fracasado de golpe de Estado del pasado marzo empieza a amenazar los intereses de los grupos empresariales británicos en Malabo. El bufete tuvo una larga entrevista con Johann Smith, asesor surafricano de la presidencia ecuatoguineana en materia de seguridad. Johann Smith manifestó que tuvo conocimiento en diciembre último de que se preparaba un golpe de estado en Malabo y que informó inmediatamente a los gobiernos americano y británico. Sin embargo, Londres y Washington han negado siempre tener conocimiento de los preparativos del golpe de marzo. Esta revelación, rápidamente difundida por The Observer y Sunday Times, puede llegar a causar problemas al gobierno de Tony Blair y , de rebote, a los grupos británicos presentes en Malabo, entre ellos la empresa British Gas. Esta compañía comprará durante 17 años la producción de la fábrica de gas natural licuado que construye Marathon Oil en Bioko, y recorre la región, en especial Nigeria y Camerún, buscando otros yacimientos de gas capaces de alimentar la fábrica. Señal del enfriamiento de las relaciones entre Malabo y Londres es que el presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema no se haya detenido en el Reino Unido durante su último viaje que le ha conducido durante las dos últimas semanas a Roma y a París. En Francia, Obiang se ha reunido con el ministro del interior francés Dominique de Villepin : una delegación francesa visitará pronto Malabo. Varias de las personalidades sospechosas de haber financiado el golpe de Malabo se alejan de Londres, es el caso del hombre de negocios libanés Ely Calil quien, según nuestras informaciones, ha vuelto a establecerse en el Libano"
Editado y distribuido por ASODEGUE
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