La ley, incorporada en el último minuto a la reforma financiera aprobada el mes pasado, aplica a todas las industrias extractivas, básicamente a las compañías mineras, de crudo, y de gas listadas en la Bolsa estadounidense.

   Estas compañías pagan miles de millones de dólares cada año a los gobiernos, bajo la forma de regalías, impuestos y otros cargos. El problema, según algunos, es que dichos pagos no suelen transparentarse. Ahora las firmas deben revelarlos públicamente.

   La ley es muy específica, no pide una cifra general sino que exige información sobre cada proyecto individual en los países donde la empresa opera. Aplicará a las firmas con sede en Estados Unidos, como Exxon Mobil, pero también a las firmas cuyas acciones se negocien en el mercado de valores estadounidense, como BP y PetroChina.

   Los partidarios de la ley sostienen que es necesaria por dos razones:

   Primero, porque proporciona a los inversionistas más información sobre los riesgos asociados a las operaciones de una compañía (si una empresa paga menos regalías en un país que en otro por la misma cantidad de petróleo, entonces el país que le resulta más barato es más importante para la hoja de balance de la firma; los inversores tienen el derecho a saber qué países son esos).

   Segundo, porque ayudará a prevenir la corrupción. "Si las personas saben cuánto reciben los gobiernos, pueden pedir cuentas sobre ese dinero. ¿Dónde están los caminos, las escuelas, los hospitales?" indica  Karin Lissakers, director de Revenue Watch, una de las organizaciones que apoya la ley.

   La corrupción, por lo demás, es un problema persistente en muchos países. Un caso de alto perfil en los últimos años involucra a Teodoro Nguema Obiang, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial: Con un salario de funcionario de 60,000 dólares al año en un país donde el 77% de la población vive por debajo del nivel de pobreza, Obiang se las arregló para comprar una casa de 35 millones de dólares en Malibú, un jet privado de 33 millones de dólares, propiedades en Sudáfrica, y una colección de autos que incluye un par de Bentleys y un Lambroghini, según informes de la prensa. Una investigación del Departamento de Justicia de EU asoció estas compras con el saqueo de los enormes recursos naturales del país.

   Pero la industria petrolera alega que la ley está mal encaminada. Las compañías que publiquen cuánto pagan por cada proyecto estarán en desventaja ante compañías que no tienen que revelar sus números. La industria reconoce que muchas empresas de las naciones emergentes como China y Brasil quedarán sujetas a la ley, pero docenas de pequeñas firmas, así como algunas grandes como las rusas Lukoil y Rosneft quedarán exentas.

   "(La ley) Pone a nuestras compañías en desventaja competitiva. Si una compañía tiene esa información confidencial en sus manos, podría usarla para negociar un nuevo contrato" argumenta Misty McGowen, directora de relaciones federales del Instituto Americano del Petróleo (API).

   La API, en cambio, apoya otra versión de la ley de transparencia (la Extractive Industry Transparency Initiative) que ya opera en 30 países y aplica a todas las compañías que operan en los países firmantes. Pero es menos específica que la nueva ley, pues exige la publicación del monto total de los pagos sin desglosarlos por cada proyecto. Por lo que en muchos casos ni siquiera se revela el nombre de las compañías que operan en los países, sencillamente se divulga la cifra total del pago.

   Aunque la nueva ley se aprobó el mes pasado, tomó a muchos por sorpresa.