Plácido Micó, tras la entrevista. (LUIS MAGÁN)  ampliar "La producción y exportación de petróleo no para de aumentar, pero apenas unas migajas de los beneficios del negocio llegan a la población" "Proclamar un Ejecutivo en el exilio [encabezado por Severo Moto] sin contar con el voto de los guineoecuatorianos es absurdo"

Plácido Micó, de 42 años, se sienta cada día en el Parlamento de Guinea Ecuatorial para hacer oposición al régimen que instauró Teodoro Obiang tras derrocar y fusilar a su tío Francisco Macías en 1979. De los 100 diputados, sólo él y Celestino Bakale cuestionan al dictador en su propio terreno. El partido CPDS, miembro de la Internacional Socialista, está arropado por el Gobierno español y Obiang no tiene más remedio que tolerar su presencia. Micó, que vino a Madrid para dar una conferencia, solicita al Gobierno español que aumente la presión para democratizar la ex colonia.

Pregunta. ¿Cómo describiría la situación actual de Guinea Ecuatorial?

Respuesta. El régimen de Obiang se dedica más a sus negocios particulares que a hacer algo para resolver los problemas de los ciudadanos. No hay intención de dar algún paso hacia la democratización del país y favorecer la reconciliación nacional. Por contra, las acciones tienden a bloquear cualquier apertura y las violaciones de derechos humanos son cada vez más frecuentes y flagrantes. La impunidad es todavía mayor. En el seno del propio régimen hay un ambiente de crispación que se traslada a la ciudadanía. A partir de 2000 el Gobierno comenzó a denunciar constantes conspiraciones y esto ha dado paso al aumento de la represión. El régimen vive con los nervios de punta. Es notable la falta de rumbo y el malestar interno, y todo esto está provocando una gran inestabilidad en el país. La producción y exportación de petróleo no para de aumentar, pero apenas unas migajas de los beneficios del negocio llegan a la población. Los hombres del régimen están obsesionados por enriquecerse rápidamente. El petróleo crea un espejismo de desarrollo económico que no es real, puesto que casi nada va para la creación de infraestructuras, o a la salud o la educación; la base del progreso.

P. ¿Qué margen de maniobra tiene la oposición?

R. Es muy estrecho. Vivimos vigilados y soportamos toda clase de atropellos. Las leyes en Guinea Ecuatorial son papel mojado para el régimen. Pero a pesar de los obstáculos que nos ponen para desarrollar nuestra actividad política, sobre todo en el interior del país, intentamos no quedarnos con los brazos cruzados. Dentro de nuestras posibilidades y recursos, hacemos giras para hablar y escuchar a la gente y a nuestros colaboradores, organizamos seminarios de debate y de formación en los valores de una convivencia democrática y mostramos cómo hacemos oposición parlamentaria. Pese al poco margen que nos deja el Gobierno, creo que tras casi 15 años de existencia de nuestro partido, 12 de ellos en la legalidad, hemos logrado el apoyo de muchos guineoecuatorianos que se han manifestado claramente contra el régimen y a favor del cambio.

P. ¿Cuántos partidos forman la oposición parlamentaria?

R. En realidad, sólo hay dos diputados de la oposición, nosotros. Del centenar de parlamentarios, hay 91 del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) y un bloque de siete diputados de cinco agrupaciones distintas. Este bloque es socio del Gobierno y en el Parlamento respalda sin fisuras al partido oficial.

P. ¿Y con la oposición en el exilio, principalmente la que está en España, qué relación tiene?

R. No tenemos ningún tipo de relación con lo que últimamente ha aparecido como oposición en el exilio. Históricamente, colaboramos con el Partido de la Coalición Democrática (PCD), que está en Madrid desde hace tiempo y cuyo máximo exponente es Francisco Jones Ivina. Con ellos nos reunimos, intercambiamos puntos de vista, hablamos del futuro del país. Cuando hemos hecho campaña en Guinea ellos han pedido a sus simpatizantes que voten por CPDS. Con los demás partidos, como el Partido del Progreso (PP) de Severo Moto, que hoy forma parte de la plataforma Demócratas por el Cambio (Decam), tuvimos relación en el pasado. En 1995, por ejemplo, nos juntamos en la Plataforma de Oposición Conjunta (POC) para competir en unas elecciones municipales. No obstante, se produjo una ruptura tras la actitud poco solidaria que tuvieron muchos de ellos tras mi encarcelamiento en 2002. Otro hecho que nos distanció fue la formación del Gobierno en el exilio , puesto que proclamar un Ejecutivo sin contar con el voto de los guineoecuatorianos es absurdo. Lo peor de todo, sin embargo, han sido los discursos y los mensajes contra nuestro partido, acusándonos de colaboracionistas del régimen de Obiang. Desde hace tres años, la oposición en el exilio hace más oposición contra CPDS que contra el régimen de Malabo. Por último, de algunos nos hemos distanciado cuando han predicado la violencia como alternativa para forzar la salida de Obiang. Nosotros sólo contemplamos la vía pacífica.

P. ¿Qué es lo que España hace y qué debería hacer para impulsar la democratización?

R. El Gobierno español ha manifestado que está intentando normalizar sus relaciones con Malabo para convencerles de lo positivo que sería para el pueblo un uso más justo y equitativo de los ingresos petroleros. No nos parece mal que Madrid mantenga un diálogo con las autoridades de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, sí creemos que esto no se puede hacer en detrimento del proceso de democratización y de la protección de los derechos humanos. La política española se enmarca dentro de una práctica muy extendida en Occidente que consiste en eludir las cuestiones que irritan a los dictadores de África, como el respeto a las libertades y la convocatoria de elecciones libres y transparentes. Muchas veces las potencias palían la falta de presión para que se respeten los derechos humanos con una gran insistencia sobre la necesidad de la redistribución de los ingresos. Lo que África necesita, por encima de todo, son Gobiernos democráticos y transparentes, porque cuando los tengamos, entonces vendrá el desarrollo. No es suficiente con que se exija a un dictador hacer una carretera, un hospital o una escuela; debe pedírsele también que deje de reprimir y atemorizar a la gente. En definitiva, lo que creo es que España debe ser el portavoz de Guinea en la comunidad internacional.

P. ¿Llega a los ciudadanos algo de información exterior sobre el régimen? ¿Ha tenido algún tipo de repercusión el escándalo por los 800 millones de dólares que la familia Obiang tenía en el Banco Riggs de EE UU?

R. Sí ha habido repercusiones por este caso, pero no tan grandes como las que se hubiesen visto en un país democrático. Cuando salta el escándalo, el régimen publica un comunicado calificándolo como una maniobra para desestabilizar el Gobierno y amenaza con la cárcel a todo aquel que vierta acusaciones basadas en esos informes falsos. Lo irónico es que el escándalo provocó un mayor desgaste del Gobierno desde dentro que desde fuera. Cuando se conocieron las millonarias cifras, muchos hombres del régimen se enfadaron al darse cuenta de que habían pillado menos que otros.

P. ¿Cuánto daño ha hecho este escándalo al régimen?

R. Bueno, entre otras cosas ha socavado aún más la pretensión de Obiang de ser sucedido por su hijo Teodorín. Hay una buena parte de la familia y de los colaboradores más cercanos que se opone frontalmente al ascenso de Teodorín. Obiang lo sabe y creo que por eso nunca ha querido forzar la sucesión. Aquí volvemos a la importancia de la presión de la comunidad internacional para evitar una nueva dictadura del hijo de Obiang o de cualquier otro. Occidente debe darse cuenta de que la dictadura ha generado una fuerte división social, étnica, tribal y regional de la población. Las injusticias y los abusos de estos 26 años han generado tanto odio y resentimiento, que no es impensable que un día los españoles despierten viendo en la televisión un estadillo de la violencia en Guinea Ecuatorial.